domingo, 26 de julio de 2020

III. Alertémonos sobre el Estado antipopular destapando a qué sistema sirve.


Nos impuso el 
confinamiento obligatorio
mientras desplegó
el régimen extractivista 
hacia maximizarlo.
 
Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con los bienes comunes y la autonomía de comunidades confederadas sin fronteras ni muros, sembrar reflexiones colectivas respecto a situarnos como sociedad, por ejemplo, en Ecuador para descubrirnos compartiendo:
 

De la pandemia sanitaria 

al pandemonio económico

 
 
25 de julio de 2020
Por Alberto Acosta
Debate
El momento es en extremo complicado. Las medidas recesivas que el gobierno ecuatoriano impuso en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahondan la crisis. A esto cabría añadir los brutales e irresponsables recortes de inversiones en salud pública aplicados por el gobierno de Lenín Moren
Puede decirse que nuestro problema no consiste ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear”.  –Estanislao Zuleta
(El elogio de la dificultad).
La crisis provocada por el coronavirus (Covid-19), que forma parte de la crisis multifacética global, es mayúscula. La pandemia, sin duda alguna, constituye una prueba mayor para la sociedad humana globalizada. Nunca antes tantos países han estado envueltos con tanta intensidad, en tan poco tiempo y con tanta brutalidad, en un reto que casi paraliza toda la economía y la misma sociedad. Una cuestión que no se puede olvidar es que muchos problemas ya estaban larvados o incluso ya habían aflorado antes de que aparezca esta pandemia: en la lista caben la recesión económica global y más aún el colapso climático.
Discutir los orígenes de tanto problema y entender lo que se avecina será una tarea compleja y ardua. No será fácil hacerlo con los viejos instrumentos epistemológicos considerando que la incertidumbre caracteriza como pocas veces antes el momento; tan es así que bien cabe recuperar la conclusión a la que llega Eduardo Gudynas en este contexto de crisis: “al final de cuentas la estimación de la crisis que hace cualquier vecino en el barrio, en su esencia puede ser tan válida como la de los analistas económicos o los catedráticos universitarios. En la geometría de la crisis se desvanece la pretendida superioridad del saber del experto y es necesario escuchar todas las voces”.
A pesar estas dudas, quizás podemos aceptar que toda crisis nos confronta con riesgos y amenazas, a la vez que con oportunidades. Los problemas son evidentes, pero es necesario describirlos en sus líneas gruesas, pensando sobre todo en un país como Ecuador. Tema que abordaremos en este breve texto tratando de esbozar sobre todo algunos elementos de la coyuntura económica, sin descuidar el escenario social y político. Y por cierto, al final esbozaremos un par de ideas fuerza de cuáles podrían ser las oportunidades.
Los entretelones de una crisis de larga data
El Ecuador, ya antes del coronavirus, enfrentaba una coyuntura llena de urgencias fiscales y con un ambiente internacional muy complejo que estrangulaba las cuentas externas. Tales urgencias expresan una crisis económica estructural, profunda y de larga duración. Una crisis en donde se combinan una producción y una demanda interna estancadas por lo menos desde el 2014; la creciente dependencia extractivista que caracteriza la matriz productiva; los elevados niveles de concentración de mercados, finanzas y riqueza; la incapacidad de generación de empleo con el consiguiente aumento del empleo inadecuado y de la pobreza (con mayor énfasis en las zonas rurales y campesinas); la existencia de problemas fiscales que han obligado a sostener la liquidez interna vía endeudamiento externo agresivo, especialmente desde el 2014; la carencia de una moneda propia que impide disponer de una herramienta dinámica como lo es la política monetaria y cambiaria; y, por supuesto la falta de una política económica coherente e integral. Y todo esto en un escenario de creciente desigualdades, exacerbadas por la crisis sanitaria y económica.
Esa crisis estructural, que se manifiesta por la enorme fragilidad del país ante shocks externos, empezó a ser más visible nuevamente desde fines del mencionado año 2014. Ahora esa crisis se vuelve cada vez más compleja. Con la abrupta caída del precio del petróleo vivida por el impacto sumado del coronavirus y la recesión internacional, prácticamente se han diluido los ingresos petroleros presupuestados para el presente año. Se han desplomado por igual las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior. A esto se suma la apreciación del dólar, con el consiguiente encarecimiento de las exportaciones ecuatorianas.
Para colmo, la coyuntura internacional coincide con un momento en el que, al país, agobiado por los problemas mencionados y por la misma política económica destinada a superarlos -según el discurso oficial-, se le ha vuelto extremadamente costosa la colocación de más deuda externa, con un índice de riesgo país que se ha disparado. Si bien este indicador es más que cuestionable, en especial por su carácter especulativo, es innegable que es una muestra de cuán frágil se ha vuelto la capacidad del Ecuador de acceder a los mercados financieros para financiar su economía dolarizada.
El momento es en extremo complicado. Las medidas recesivas que el gobierno ecuatoriano impuso en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahondan la crisis. A esto cabría añadir los brutales e irresponsables recortes de inversiones en salud pública aplicados por el gobierno de Lenín Moreno; tales recortes se reflejan en la caída de los montos presupuestados para el Plan de Salud: 353 millones de dólares en 2017, 302 millones en 2018 y 186 millones en 2019; esto se agrava por la incapacidad de ejecutar el presupuesto asignado -también por presiones de la austeridad fiscal- lo que se refleja en una inversión real de 241 millones en 2017, 175 millones en 2018 y 110 millones en 2019; en este año, además, fueron despedidos más de 3.000 profesionales de la salud pública. A más de los recortes, hay otros problemas de fondo en el sector de la salud, pues es insostenible mantener la visión curativa del paradigma clínico, asistencialista y mercantilista, por más hospitales que se construyan; tales problemas se agudizaron por una silenciosa privatización de la salud en el gobierno de Rafael Correa, la cual aceleró la acumulación capitalista del complejo médico industrial. Todos estos elementos están en la base de la brutal expansión del virus en este país andino, particularmente en la ciudad de Guayaquil en donde se reproducen con especial crudeza las desigualdades sociales.
Ante una crisis estructural tan compleja y con perspectivas tan difíciles, resulta angustioso constatar que el gobierno haya mantenido inalterado el curso recesivo. Las urgencias fiscales priman por sobre otras urgencias, como las sanitarias. Y las condiciones impuestas desde la lógica fondomonetarista, tanto como diversos miedos e incluso posiciones dogmáticas, centradas por ejemplo en sostener a la dolarización como un objetivo nacional, bloquean la construcción de alternativas creativas, sobre todo sustentadas en profundos criterios de solidaridad.
En ciernes la madre de todas las crisis…
En Ecuador, la necesidad de enfrentar la crisis sanitaria, en especial, parecía que le obligaba al gobierno a morigerar algunas de sus acciones abiertamente neoliberales. Con el coronavirus a la vista el régimen desplegó algunas medidas puntuales para tratar de obtener recursos “raspando la olla”, sea metiendo mano en los depósitos del sector público, sea estableciendo retenciones de impuestos, sea ignorando el oro de la reserva monetaria (como lo hizo el gobierno anterior en el año 2014 cuando el precio del petróleo bordeaba los 100 dólares por barril). Incluso se planteó una reforma legal con algún criterio de solidaridad… sin embargo este proyecto de ley no pasó de ser una intención, como veremos más adelante.
Un punto central de la gestión gubernamental radica en la fijación existente y dominante por mantener a toda costa “buenas relaciones” con el mercado financiero internacional. En plena pandemia, cuando escaseaban los recursos para la salud, se prefirió atender el servicio de la deuda externa. No es algo nuevo. En 1999, cuando Ecuador caminaba hasta la que había sido hasta ese entonces la peor crisis de su historia republicana -que es muy probable que sea superada con la actual crisis- Ana Lucia Armijos, gerente general del Banco Central, declaró que “primero es la deuda externa, después lo social… si se sigue aplazando su pago, la deuda crecerá, estrangulando toda posibilidad de desarrollo y sin desarrollo es imposible el pago de la deuda social.”
Entonces, como ahora, Ecuador no buscó un trato preferente con los organismos multilaterales de crédito, aduciendo que no es un país pobre, sino de ingreso medio. Así, en el mes de marzo, con el país colapsado por la pandemia, cuando escaseaban recursos para las demandas sanitarias, el gobierno prefirió cancelar 320 millones de dólares por el capital de los Bonos Global 2020, postergando el pago de los intereses, mientras buscaba desesperadamente nuevos créditos. Esta cifra se opacó poco tiempo después cuando se comprobó que el pago del servicio de la deuda (amortizaciones e intereses) fue mucho más elevado: en abril, el gobierno se vio forzado a pagar 865 millones de dólares de capital y 71 millones de dólares en intereses y comisiones por concepto de deuda externa a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc.; gran parte de estos egresos resultan de una operación especulativa realizada por el actual gobierno, que colocó bonos en el mercado internacional con una tasa de un 6% apalancándolos con una garantía de más de 2 millones de dólares de otros bonos; así, cuando cayó la cotización de dichos bonos de garantía, el gobierno tuvo que apuntalar las garantías. Así entre solo entre enero y abril de 2020 ese servicio de la deuda representó 4.008 millones de dólares. Téngase en mente que para el presente año el Ecuador tiene necesidades financieras por 13,5 mil millones de dólares, lo que manifiesta la complejidad del momento.
La caída estimada de los ingresos fiscales petroleros y tributarios en el año 2020 bordea los 8 mil millones de dólares, según anuncios oficiales del gobierno (a lo que se suma un déficit fiscal de 4 mil millones); simplemente para tener un idea de referencia, en abril, los ingresos petroleros para la caja fiscal fueron de 19 millones de dólares; mientras en el mismo mes de 2019 alcanzaron los 194 millones: una contracción de 90%; una situación que se explica tanto por el colapso de los precios del crudo en el mercado internacional, como por la rotura de los oleoductos a inicios de dicho mes (un hecho que no puede ser visto como un caso fortuito, pues se trató de una evidente negligencia de las empresas petroleras); adicionalmente hay que tener presente que el costo promedio de extracción de un barril bordea los 20 dólares; mientras en abril el precio promedio fue de 8,20 dólares.
La caída de las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior es muy preocupante, teniendo en consideración que han llegado a representar ingresos mayores que las exportaciones de banano. Bajo una previsión inicial del Banco Central del Ecuador, en 2020 las remesas caerían en 570 millones de dólares. Si a esto se suma los problemas propios de la pandemia y de la recesión global se tiene que, a diferencia de la crisis de 1999, la migración no será una válvula de escape.
La caída y deterioro del empleo se registra de forma sostenida desde 2015, agudizándose cada vez más desde 2018. Al inicio del año 2020 casi el 62% de los trabajadores no tenía un empleo adecuado, es decir más de 5 millones de personas. En ese momento solo 3’150.000 personas tenían empleo adecuado. A causa de la crisis del coronavirus y la rcesión, dependiendo de diferentes escenarios, la pérdida de empleo en el país se estima que afectaría de entre 500 a 750 mil personas; una situación que golpeará de diversas formas a la economía, sea por la contracción de la demanda agregada o por los menores aportes la seguridad social, a lo que podríamos añadir los impactos sobre las condiciones de vida de amplios segmentos de la sociedad, el deterioro de la educación pública e inclusive los índices de nutrición, para mencionar unos cuantos puntos cruciales. La pobreza se estima que subiría de un 25% a un 35%, o quién sabe si más aún…
En síntesis, vivimos tiempos de una crisis multifacética mayúscula y en extremo complicada. El reto es descomunal. Solo notemos que la economía caería en -6,3% en 2020 según las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI): una contracción más grave que aquella vivida en la crisis financiera de 1999 (cuando la economía cayó en -4,7%). Y el asunto sería aún mucho más grave si se cristalizan las recientes previsiones del Banco Central del Ecuador que anticipa una caída de la economía que fluctuaría entre 7,3% y 9,6%; cifras que se quedan cortas frente al pronóstico del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien anticipó que el costo de la pandemia puede significar un 10 o 12% del PIB. Y esta situación, que podría prolongarse por un largo período, hay que incorporar la compleja recuperación de la economía mundial de cuya suerte depende tanto el Ecuador.
No solo más de lo mismo, sino más de lo peor
El gobierno de Lenín Moreno –insensible y a ratos desorientado– ha presentado de manera fragmentada varias medidas económicas, destacando aquellas aprobadas por las leyes de Apoyo Humanitario COVID-19 y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, así como otras disposiciones que brevemente mencionaremos.
La primera crea un régimen especial de acuerdos privados, el cual reemplaza las actuales disposiciones legales en las negociaciones entre empresas y trabajadores, arrendatarios e inquilinos, deudores y acreedores. Aquí lo medular es la flexibilidad laboral. En concreto, el Estado deja de garantizar derechos, ingresos y estabilidad laborales. Entre otros varios puntos, se destaca, por ejemplo, la reducción emergente de la jornada laboral de hasta un 50% por un año renovable por un año más; asimismo, el salario se paga en función de las horas trabajadas, pudiendo reducirse hasta llegar al 55% del monto fijado antes de la reducción de la jornada. En el sector público se plantea la reducción de 2 horas de trabajo a los servidores públicos, con la consiguiente reducción de sus remuneraciones en un 16%; la reducción de una hora de trabajo al magisterio, con la disminución de sus ingresos en un 8%; se exceptúa en la reducción a los miembros de la fuerza pública y los trabajadores de la salud. Así, por efecto del creciente desempleo y por la reducción de ingresos, tal como dejamos constancia, caerá la capacidad de compra de amplios segmentos de la población y por cierto también de los aportes a la seguridad social.
Lo grave es que el propio presidente Lenín Moreno eliminó del proyecto de “Ley Humanitaria” su propia propuesta de establecer una contribución de empresas con grandes utilidades y también de los trabajadores; tal maniobra se muestra como clara sumisión a las presiones de las cámaras de la producción (cabe recordar que los trabajadores habían aceptado hacer un aporte solidario, con ligeras modificaciones en los montos mínimos de ingreso desde los cuales realizar el aporte).
La segunda ley establece un nuevo funcionamiento del Estado en lo relativo al gasto público y a la planificación económica: es decir, a donde van los recursos del país, quién y cómo se toman las decisiones, de qué manera se obtiene dinero para financiar el gasto y la inversión del sector público. Sin embargo, estas reformas legales más parecen responder a las presiones del FMI para la firma de un nuevo acuerdo y el acceso a más deuda; asimismo, forma parte del proyecto neoliberal –criollo y transnacional– de reducir el tamaño del Estado, visto como la principal explicación de la crisis, sobre todo en términos fiscales. Esta Ley de Ordenamiento de la Finanzas Públicas determina también que la autoridad máxima que regula las políticas de sostenibilidad fiscal, es decir que decide sobre la conducción de las finanzas públicas, es el Ministerio de Economía y Finanzas, provocando una mayor pérdida de trascendencia de la planificación del Estado; tal como sucedía hace un poco más de 20 años cuando era la Junta Monetaria el eje del control económico global.
Para enfrentar las urgencias fiscales, se plantea también una serie de privatizaciones (monetizaciones) y el cierre de varias empresas públicas, como el ferrocarril; el servicio de correos; TAME, la línea aérea del Ecuador; entre otras.
Adicionalmente el gobierno ha abierto la puerta a la renegociación de la deuda externa buscando más financiamiento. Después de haber criticado duramente los créditos con China contraídos durante el correismo, el gobierno actual se apresta a renegociar la deuda con este país asiático. El ministro de Finanzas viene anunciando desde hace rato la llegada de créditos chinos, que hasta la fecha no se concretan: se habla que entre junio y octubre llegarían 2.400 millones de dólares por concepto de créditos chinos.
Luego de posponer el pago de intereses, sin caer en moratoria, la renegociación con los acreedores de bonos privados estaría empezando. Se espera que no se pagarían intereses por unos 813 millones de dólares hasta agosto, cuando, además, se firmaría otro acuerdo con el FMI. La expectativa es conseguir una reducción del valor de dichos bonos en un 35%, hasta ese mes, para entonces comenzar a servir dicha deuda. El monto de la obligaciones por este concepto supera los 17 mil millones de dólares.
A pesar de hacer tantos esfuerzos para congraciarse con los acreedores, con los organismos de crédito es poco lo que ha obtenido hasta ahora. Contrasta la diferencia de créditos -sin condicionalidades- para  enfrentar la pandemia del Covid-19 obtenidos por Ecuador de parte del FMI: 643 millones de dólares, con los 11 mil millones obtenidos por el Perú y 10.800 millones por Colombia. Saldo, este gobierno la tiene muy clara: la deuda primero, el país después…
En este contexto, en plena cuarentena, se abrió la posibilidad para poner fin a los subsidios a los combustibles. Aprovechando que el precio del petróleo está bajo, el gobierno eliminó dichos subsidios, y deja que sus precios fluctúen con un margen de variación (bandas) del 5%. Por lo pronto, mientras el precio del petróleo esté deprimido, no se notará la decisión. Pero, poco a poco, cuando los precios del petróleo vuelvan a subir, se incrementarán también los precios de las gasolinas y del diesel. Así, se ha reemplazado a la torpe alza de dichos precios en Octubre pasado, por una salida mañosa, encubierta de tecnicismos, sin ningún criterio social, ecológico o productivo. Parecería que el único fin es ahorrar dinero para poder pagar el servicio de la deuda externa.
Esta embestida de medidas por parte del gobierno de Lenín Moreno, escudadas en la angustias vitales que acosaban a la sociedad en los más profundo de la cuarentena, refleja la intención de hacer realidad un ajuste incluso más drástico al que quedó trunco por la rebelión popular de Octubre de 2019. En particular, las mencionadas flexibilizaciones laborales y ambientales -con el fin de mejorar la conpetitividad de la economía, dirán los economistas ortodoxos- auguran un futuro de mayor incertidumbre y por cierto de explotación tanto para las clases trabajadoras del país como para la Naturaleza.
Este pandemonio se agudiza por un ambiente político cada vez más enrarecido, donde mezquinos intereses políticos están empeñados en pescar a río revuelto: unos cuantos líderes, con aspiraciones presidenciales, se ahogan en sus ambiciones cerrando la puerta a acciones solidarias sustentadas en la justicia social; otros simplemente desarrollan acciones caritativas para pulir su imagen; no ha faltado un grupo de políticos que aprovechándose de la pandemia han participado en negocios ilícitos; mientras otros buscan simplemente provocar el caos para intentar desmontar los procesos judiciales iniciados a raíz de actos de corrupción cuando eran gobierno. Y en este contexto el debilitado gobierno del presidente Moreno, que parece cumplir una serie de consignas impuestas por una curiosa mezcla de pragmatismo político y teología neoliberal, lo que espera es que concluya su mandato. El escenario político, incluyendo el inminente proceso electoral, se perfila con muchos nubarrones y grandes amenazas.
El resultado de esta evolución será, sin duda alguna, frustración y desesperanza crecientes, sobre todo en sectores populares cada vez más abandonados en medio de la incertidumbre… y así, no sería de sorprender que las protestas estén a la vuelta de la esquina.
Lo cierto es que desde la lógica del poder se impone la obsesión por los indicadores económicos de inspiración neoliberal, que exacerba las desigualdades sociales y la destrucción ambiental, y el autoritarismo para asegurar la estabilidad política, que tiene en la militarización una de las principales opciones para tratar de frenar la respuesta popular; bastaría destacar el decreto ministerial que autoriza el empleo de armas letales por parte de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. A la postre, con el incremento de las desigualdades y con el sacrificio de los derechos, se deteriora aún más la democracia.
            La oportunidad se construye
Es innegable que el Ecuador requiere de un cambio de régimen económico. Esto demanda, para no reiterar viejos errores, una lectura histórica que empiece por enmarcar la actual situación de crisis.
Así ese otro régimen económico debe partir por recuperar las experiencias acumuladas. Las más severas crisis económicas de esta república tienen algunos elementos comunes. Recordemos que la crisis provocada por los problemas de algún producto de exportación, el cacao fue superada con el advenimiento de otro producto primario, como el banano. Luego el petróleo insufló nuevos vientos en la economía, cuando se produjo la crisis del banano. Y ahora, aún existiendo otros productos primarios de exportación, los ojos de las elites, a la par que declinan las reservas petroleras, apuntan más y más hacia la megaminería. Así, manteniendo nuestra calidad de país-producto, es decir país exportador de materias primas, hemos sostenido firmemente nuestra condición de economía dependiente de los vaivenes del mercado mundial, sin siquiera haber intentado una inserción más inteligente y dinámica en el mismo; ésta es, a no dudarlo, una de las profundas causas de nuestra recurrente postración económica. En consonancia con lo dicho, nos hemos cansado de constatar, que las cri­sis del capi­ta­lis­mo dependiente y periférico ecua­to­ria­no se han pro­du­ci­do li­ga­das a las cri­sis del ca­pi­ta­lis­mo metropolitano. Como telón de fondo de toda esta compleja evolución tenemos, en estrecha relación con los puntos enunciados, a “la deuda eterna”, otro eslabón en la cadena de la dependencia con la economía internacional.
Estas constataciones, de ninguna manera, pue­de lle­var a so­bre­di­men­sio­nar la influen­cia ex­ter­na en la evolución eco­nó­mi­ca nacional; casa adentro también somos responsables de muchos de los problemas acumulados.
Pero hay más. Los pro­ble­mas am­bien­ta­les han si­do compañeros in­se­pa­ra­bles de las cri­sis ecuatoria­nas: inun­da­cio­nes y se­quías ocasionadas por masivas deforestaciones, con­ta­mi­na­cio­nes propias de extractivismos desbocados o de los incontrolados procesos de urbanización, así como pla­gas derivadas de los mo­no­cul­ti­vos, a lo que se po­dría aña­dir -como un tema externo- el colapso climático; es decir estos son problemas provocados por la acción de los propios seres humanos en el marco del capitaloceno.
Pensando en clave de alternativas, teniendo presentes las lecciones de la historia, en el corto plazo las prioridades están definidas: salud, alimentación e ingreso mínimo para sobrevivir. A lo que se debe sumar una vivienda digna. De allí urge dar un paso más: recuperar y potenciar el paradigma del cuidado que va más allá de la coyuntura; es decir esas necesidades básicas deben ser asumidas como un derecho y no más como una simple mercancía. El necesario retorno del Estado -que comienza a ser aceptado incluso por algunos defensores del mercado- debe estar influenciado por lo social y ambiental, como parte de un proceso de radicalización permanente de la democracia, como antídoto para prevenir la recuperación del Estado como un “ogro filantrópico”, en tanto garante de la seguridad de los privilegios para las minorías, empresa de reparaciones del capital, compensador de beneficios sociales y represor de tendencias transformadoras.
Simultáneamente, en sintonía con la experiencia histórica, habría que establecer las bases para un ajuste con criterios de solidaridad social y ambiental, que permita transitar paulatinamente hacia otra modalidad de acumulación que no esté sustentada en la destrucción de la Naturaleza, es decir en signo postextractivista. Y en el horizonte cabría proyectar las visiones andinas y amazónicas del Buen Vivir – sumak kawsay, como elementos referenciales de una sociedad fundamentada en las armonías, los equilibrios, la reciprocidad, la solidaridad, las igualdades y las libertades de los individuos viviendo en comunidad.
Este esfuerzo, como es evidente, reclama una nueva forma de abordar la economía. Tarea compleja y que requerirá esfuerzos que superan ampliamente los estrechos márgenes de este pequeño país andino. Para lograr esa gran transformación, entonces, se precisa una visión que supere el fetiche del crecimiento económico, que propicie la desmercantilización de la Naturaleza y los bienes comunes, la descentralización y desconcentración de los aparatos productivos y de las mismas ciudades, la redistribución de la riqueza y del poder: estas son algunas bases para una estrategia de construcción colectiva de otra economía, indispensable para otra civilización en clave de pluriverso.
Es evidente que ese nuevo régimen de acumulación, base para una sociedad democrática, a ser construido democráticamente, no se conseguirá con acciones autoritarias, más neoliberalismo y más extractivismo. La construcción de responsabilidades sociales, y sobre todo comunitarias, demanda la participación democrática de las propias comunidades en tanto actoras para enfrentar estas graves crisis, para reconstruir un tejido social vigoroso que permita asumir este tipo de retos con más capacidad e inteligencia. Las redes barriales y comunitarias que se fortalecen y conforman en medio de la pandemia para garantizar alimentación y protección a la población son un buen ejemplo del potencial que tiene la organización social. Repensar el Estado desde abajo y replantearse las relaciones internacionales es también otra cuestión de suma importancia. Por último, debe quedar claro que la tarea no basta con combatir el Covid-19 y superar la recesión para volver a la vida como de costumbre, porque esa realidad ya era un desastre. El objetivo, en cambio, debería ser enfrentar todas las pandemias tan propias del capitalismo, dando respuestas frente a la recesión, y, al hacerlo, transformar la economía priorizando efectivamente al ser humano sobre el capital, pero asegurando que el ser humano viva en armonía con la Naturaleza. Este momento, entonces, sería un error regresar a la “normalidad” anterior, que es la causa de tanto problema…         
12 de junio del 2020
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ministro de Energía y Minas del Ecuador (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-8). Profesor universitario, conferencista, autor de varios libros y sobre todo compañero de lucha de los movimientos sociales.
Artículo publicado originalmente en la revista Debate.


Pensemos que los desafíos planteados por la actual inflexión histórica interpela a todes les diverses de abajo a protagonizarlos y esto exige que una creciente mayoría de elles tengan confianza en poder participar como autores de los cambios radicales a realizar.

Silvia Federici: “Para realizar un cambio se debe colocar la vida en el centro”

20 de julio de 2020
Por Natalia Pravda
Colombia informa
16 jul, CI.- La pandemia de la Covid-19 ha provocado muchas reflexiones sobre las estrategias de salida a la crisis. Mientras que muchos abogan por un «retorno a la normalidad» y un regreso al crecimiento sin cuestionar los puntos ciegos del sistema económico dominante, ciertas perspectivas más radicales proponen salir del «capitalismo patriarcal».
La teórica y feminista marxista Silvia Federici compartió sus ideas sobre el actual momento en un seminario web correspondiente a un proyecto de investigación sobre sociedades de postcrecimiento, adscrito al Centro de Investigación sobre Innovaciones y Transformaciones Sociales de la Escuela de Innovación Social Elisabeth-Bruyere de la Universidad de Saint Paul, en Ottawa (Canadá). Colombia Informa publica una traducción al español editada de este seminario* que exploró formas de construir una sociedad más allá del crecimiento, del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
La reproducción social, los bienes comunes, la relación con el cuerpo y el territorio fueron los diferentes temas abordados en este intercambio con una de las intelectuales críticas más relevantes de nuestro tiempo.
Silvia Federici es profesora emérita de la Universidad Hofstra en el Estado de Nueva York. Miembro fundador del Colectivo Internacional Feminista en la década de 1970. Fue una de las activistas detrás de la campaña Salario para el trabajo doméstico, que continúa alimentando las luchas contemporáneas contra la invisibilización del trabajo de las mujeres. Es autora de varios libros como Revolution at Point Zero, Tareas domésticas, reproducción y lucha feminista (2012), Calibán y la bruja (2014), Reencantar el mundo, Feminism and the Politics of the Commons (2018), Le capitalisme patriarcal (2019) y Beyond the Periphery of the Skin: Rethinking, Remaking, and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism (2020).
Escuela de Innovación Social: En sus últimos libros Reencantar el mundo y Más allá de la periferia de la piel ha hablado del tema del “postcapitalismo” bajo el lente de la visión de reproducción social. ¿Nos podría compartir qué significa postcapitalismo?
Silvia Federici: Creo que es importante poner en contexto la pregunta del tipo de transformación que necesitamos. Ojalá la crisis actual, esta pandemia, sea una oportunidad histórica, un momento fundamental de toma de conciencia. El sistema social actual, de manera sistemática, devalúa la vida humana y devalúa toda forma de vida en general. Nos lleva a un ciclo infinito de crisis. Esa crisis tiene una dimensión global que está afectando todas las esferas de la vida. Ojalá sea un punto de inflexión. Estamos en un punto que no permite el retorno a la normalidad en la cual estábamos. Es un momento crítico para todo las personas en este planeta. La Covid-19 ha puesto a la luz las crisis que ya estaban y eso es muy importante. Ha hecho que sea visible y que sea inevitable ver una cantidad de crisis que ya existían, incluyendo la crisis de la reproducción por ejemplo.
El hecho de que, sistemáticamente, en los últimos 30 años el sistema sanitario y de salud haya diferenciado poblaciones en distintos grados y en distintas maneras, ha tenido un impacto diferente en muchas partes del mundo. Pero en todas partes estamos ante unos sistemas totalmente desmantelados. Por ejemplo, en Estados Unidos las comunidades racializadas y negras han sido afectadas de manera desmedida por los impactos del desmantelamiento de la salud. El sistema sanitario a nivel global ha sido privatizado.
Paralelamente, hemos presenciado un ataque sistemático al sistema agrícola en los últimos 30 años con monocultivos y agroindustria que han ido en contra de la producción de la comida (la cual es esencial para la reproducción de la vida). La producción de la comida ha sido asimilada al mundo industrial con el uso de químicos y de semillas modificadas genéticamente. Todo eso tiene un impacto directo sobre nuestro sistema corporal, social, inmunitario. Incluso tiene un impacto sobre nuestra capacidad de reproducirnos como especie. Es importante porque tenemos que ver cómo esas crisis se conectan al trabajo.
Y esto nos permite entender la razón por la cual hay tanta gente desempleada que está siendo remplazada por máquinas. Mientras que otros tienen que trabajar más que nunca. Entonces, tenemos de un lado ese desempleo y del otro esa obligación de trabajar más y más. Esta tendencia afecta, especialmente, a las mujeres.
Las mujeres se quieren hoy emancipar a través del trabajo. Pero deben tener dos o tres trabajos para poder tener algún tipo de autonomía económica. Necesitan tener más de un empleo. Es una contradicción fundamental entre la reproducción de la familia y el trabajo. Por eso vemos a los niños y a las personas de la tercera edad en esta situación.
Pero, sin extenderme mucho en este punto porque pienso que muchos de los elementos de esta crisis ustedes los conocen muy bien, ustedes saben que a distintos grados hemos vivido estas consecuencias concretas. Entonces, ¿qué está pasando hoy?
Estamos tomando conciencia de que nuestras vidas están en peligro. Hay una necesidad de cambio estructural. Una necesidad de empezar un cambio social desde la reconstrucción del proceso de reproducción social, ya que la misma lógica del capitalismo está basada en devaluar la vida humana y subsumirla a la acumulación del capital.
Este sistema económico coloca la idea de crecimiento continuo como principio de la explotación de la vida humana. Para realizar un cambio se debe colocar la vida en el centro, lo cual es un lema importante para el movimiento feminista. Poner el “buen vivir” en el centro. Estamos hablando de una sociedad que permita a los individuos y a las colectividades prosperar y que no estén esclavizadas de manera perpetua, haciendo que la riqueza producida beneficie a todos y a todas.
Para eso todos los aspectos de las reproducciones se deben de transformar. Empezando, claramente, con esas actividades centrales al desarrollo de nuestras vidas: el trabajo doméstico, la crianza de los niños, el cuidado a las personas que no son autosuficientes. Pero no es suficiente, debemos de repensar la agricultura y alejarnos del modelo de agricultura actual, que es una producción de la muerte. Si lo pensamos, reproduce carencias y muerte porque se basa en el comercio y en el mercado. Solo beneficia a las personas que tienen los medios para adquirir esta comida y, al mismo tiempo, la producción de esta comida está contaminando el agua y acabando las semillas. Estos químicos están en la tierra, están en el aire y están en nuestros cuerpos.
Cuando compramos comida, no sabemos si nos estamos nutriendo o si nos estamos envenenando. Esta es la situación actual. Comprar comida hoy es un acto de ansiedad. Tenemos que proyectarnos a una transformación fundamental y cultural. Cultural en el sentido de que tenemos que tomar el camino hacia una sociedad que llegue a acabar con esta desconfianza entre nosotros. Una desconfianza que nos ha sido inculcada por todos los medios posibles. Tenemos una relación negativa con el otro. Esta relación es el centro de nuestras riquezas y de la sociedad, al igual que nuestra relación con los animales y con la naturaleza. Esto debe cambiar y tenemos que poner fin al tratamiento barbárico contra los animales.
En el Oeste de Estados Unidos, por ejemplo, son centenares de miles de animales maltratados que morirán porque no hay en este momento suficiente personal para procesar y venderlos en el mercado. A estos animales los van a matar. Es una barbaridad, como toda la industria de la alimentación. Esta industria se construye sobre el sufrimiento. En las fábricas hay hasta 5.000 puercos o pollos que se encuentran encerrados y son alimentados con medicamentos y patógenos. Es un problema bastante grave.
Existe una conexión básica de lo que pasa a nivel ecológico (como la contaminación de los mares) con la destrucción de la agricultura. Cabe resaltar que esa transformación de la agricultura tiene que ver con el desplazamiento forzado de millones de campesinos y campesinas. Olas gigantes de migración. Esta gente no abandona sus tierras o países sin ningún motivo. La gente abandona su país porque le toca, porque sus tierras han sido privatizadas y ese es el motivo fundamental de las olas de migración mundial. Son cambios gigantes y estructurales los que necesitamos plantear.
Debemos empezar a pensar en nuestro compromiso en dos niveles.
·        Un nivel es inmediato. Hay necesidades inmediatas que se deben resolver con la ayuda mutua. Necesitamos proteger a la gente que está en peligro inmediato y que se encuentra marginalizada por esta crisis.
·        En el otro nivel, debemos pensar a largo plazo porque una sociedad postcrecimiento, postcapitalista es una sociedad en la cual tenemos que empezar a construir el proceso de producción y reproducción en un sentido amplio. Desde la casa hasta la finca. Incluso hasta la relación con la naturaleza y los animales. Eso supone un esfuerzo colectivo muy fuerte.
Mi trabajo en los últimos años se ha enfocado de manera persistente en el tema de las políticas de los comunes. Entendiendo a los comunes como un principio cultural que se refiere a una sociedad en la cual colectivamente tenemos acceso a los medios de nuestra reproducción. En donde colectivamente tomamos decisiones sobre los medios de reproducción y podemos definir sobre los temas más importantes de nuestras vidas. No siendo unos recipientes pasivos que se encuentran alienados sobre decisiones que se toman arriba. Hemos visto y de hecho tenemos una historia de más de 500 años de actividad del capitalismo que nos dice que tenemos que comprometernos, no solamente como individuos sino como un colectivo que tiene como propósito la reconstrucción del proceso de reproducción social.
Debemos cambiar la relación con los recursos y con las riquezas que estamos produciendo hacia nuestro buen vivir. Poner en el centro de esta colectividad la reproducción. Tenemos que reconstruir la reproducción de una manera más cooperativa sin que nos aisle a cada uno en casa.
Sería bueno decir algo sobre el tema de crecimiento que está muy conectado al tema del consumismo. Existen muchas críticas a los individuos por ser consumistas. Incluso gente pobre que no tiene muchos recursos y que van a gastar lo poco que tienen en comprar cosas. Eso es consecuencia del empobrecimiento que hemos sufrido. El consumismo es la respuesta a ese empobrecimiento social. Las relaciones sociales son tan insatisfactorias que nos hacen sentir como perdedores todos los días. Así es que estas necesidades incumplidas se reflejan en el consumismo. Para sentir algún tipo de poder, se nos ofrece tener la capacidad de comprar cosas.
Si pensamos en una sociedad donde nuestras relaciones sociales con el conjunto de la sociedad fueran completas y nos llenaran, no tendríamos que comprar cinco pares de pantalones para poder rellenar esa falta que sentimos en nuestra relación con el mundo. La mercancía, la “commodity”, se vuelve la manera de rellenar esa falta que sentimos. Eso tiene que ver con el crecimiento, por eso es tan importante mencionarlo.
Se deben amplificar los procesos de reconstrucción de la sociedad junto con nuestra capacidad de cooperación. Obviamente, ya hay muchas personas trabajando y no es que estemos iniciando desde el punto cero. Hay movimientos muy importantes que están trabajando en este momento. Lo que debemos de hacer es conectar nuestras luchas y trabajar juntas. Eso es fundamental, porque esta unión de luchas nos puede dar la capacidad de encontrar nuevas posibilidades para hacer surgir las cosas que queremos.
No se puede afirmar que exista un solo modelo. Es importante citar a los zapatistas: “un no y muchos sí”. Tenemos que tener mucha claridad colectiva en qué es lo que no queremos ver en la sociedad que queremos construir. Una sociedad que no queremos que destruya el planeta y que no sea injusta. Tenemos que reconocer la existencia de muchas trayectorias históricas y muchas luchas.
El Buen Vivir, por ejemplo como lo dicen en América Latina, se puede actualizar de muchas maneras distintas en cada territorio. Ese es el trabajo más creativo. Ver cómo estas luchas y cómo esta reconstrucción colectiva es un trabajo creativo que incluye esa diversidad.
Si no queremos condenar a los niños a un futuro terrible, tenemos que poner atención en lo que está pasando ahora con esta pandemia. Es un signo de alarma que debemos escuchar y tenemos que transformar esta situación con una premisa importante: los que van a determinar la salida de esta pandemia no pueden ser los que nos llevaron a la destrucción de este planeta. No podemos encargarlos a ellos de encontrar las soluciones. Nosotras debemos ser participantes de estas soluciones a la salida de la crisis.
E.I.S.: ¿Cómo podemos aprovechar este contexto para dar pasos hacia una sociedad postcrecimiento sin que la salida de esta pandemia esté totalmente apropiada por la misma élite económica y política que nos llevó ahí?
S.F.: Como venía diciendo, esta pandemia visibiliza una crisis que ya habíamos anunciado. Su existencia es de conocimiento de todos. Por eso hemos visto que las áreas de la sociedad más afectada son las personas que cuidan a las personas de la tercera edad. Hace muchos años que mi trabajo se enfoca hacia el cuidado de este tipo de población. En muchas partes del mundo el tema del cuidado de las personas mayores es terrible. La gente ya se estaba muriendo. La crisis en esta área de la sociedad ya existía. El sistema capitalista se encarga de devaluar sistemáticamente la vida y lo aplica más a unas personas que a otras.
Los mayores de las clases trabajadoras ya no son productivos. Con el neoliberalismo se recortaron los presupuestos y los recursos, sobre todo a las familias trabajadoras. Son los adultos mayores las víctimas centrales de estas políticas. No es un accidente que haya un desastre con los mayores en medio esta crisis de la Covid-19.
Siempre han existido muchos errores en términos de accesos a la salud, a medicamentos. También muchos abusos de parte del personal que atiende a las personas mayores. Estos incurren en abusos. Los hospitales no estaban preparados porque se había tomado la decisión política de no tener los recursos en los hospitales. Por tal motivo faltaron las cosas más necesarias.
Es muy importante que la gente entienda ese elemento. La falta de preparación de la sociedad ante un desastre como esta pandemia tiene que ver con lo que estaba pasando antes. Esto es el resultado de decisiones que se tomaron y nos llevaron a esta situación. Decisiones como afirmar que el derecho a la salud no era tan importante. Entenderlo es lo que nos puede llevar a resolver esta pregunta.
El objetivo principal es dar un salto cualitativo a otro nivel. Si uno ve lo que ha pasado en África, en el Sur asiático, en América Latina en los últimos 30 años, podrá constatar que han existido muchas olas de epidemias. Una tras otra, como resultado de la pobreza económica, el sistema y los ajustes estructurales.
En todo el mundo colonial ha habido una reducción de la calidad de vida. La gente ha sido víctima de muchas epidemias como la meningitis, el cólera, el zika, el ébola. Pero ahora la pandemia es global. Si no entendemos esto, no vamos a estar dispuestos a crear el tipo de movimiento que necesitamos para transformar la vida cotidiana y comprometernos con ese cambio de una manera muy profunda.
¿De qué manera debemos actuar cuando este sistema se ha construido durante siglos y es un sistema que no se va a transformar de la noche a la mañana? En el activismo del presente podemos dar respuesta a las necesidades inmediatas pero es necesario incluir una perspectiva a largo plazo. Debemos incluir una perspectiva de reapropiación de las riquezas sociales, de reclamar y reapropiarse de la tierra, de retomar el control sobre la cadena de producción alimenticia. Y volver a conectar estas luchas. La lucha estudiantil se debe conectar a la lucha del sector salud y juntas se deben conectar con las luchas campesinas.
La destrucción del ecosistema es central. Hoy la lucha social no puede ignorar la destrucción del ecosistema. Cualquier lucha debe tener una dimensión ecológica, ya que es fundamental a la reproducción. Ese sería el primer punto.
El segundo punto es que desde el inicio debemos de empezar a cambiar la manera en la cual vivimos en este mundo. Personalmente, me ha impresionado y lo he escrito en Reencantar Al Mundo (mi último libro) y en otros de mis trabajos, todo lo que he aprendido de las mujeres de América Latina. Específicamente las mujeres que viven en zonas periféricas de las ciudades latinoamericanas como las favelas y todos estos territorios que quedan en los límites de las grandes ciudades. Estas personas han estado ahí desde hace mucho tiempo, enfrentándose a lo que hoy nos estamos enfrentando. Es gente que se desplazó porque les robaron la tierra y hace mucho tiempo se dieron cuenta de que el sistema no tenía nada para ofrecerles.
Claramente, su accionar podría ser entrar en desesperación. Pero no es así. Se organizan colectivamente y en unidad miran cómo seguir negándose a perder. Crean huertas comunitarias, cocinas comunitarias y medios para acceder a la comida. En ese proceso hay un nuevo tejido social que se construye. Esas nuevas relaciones afectivas y de solidaridad son una revolución. Porque ese nuevo poder de este nuevo tejido social le da habilidad a la gente de relacionarse de una nueva manera con el Estado. No como la última línea de la pirámide, sino desde una posición que obliga al Estado a soltar algún tipo de control. Hablemos de comida, de educación, de salud, de agricultura. Sobre todo esto tenemos algo que decir. Sobre lo que pasa en los hospitales tenemos algo que decir. Sobre qué tipo de sistema de salud queremos. Esos son los pasos que debemos dar. No son utopías. No son cosas extraordinarias. Son cosas que podemos hacer y que nos permitirán tener un tipo de control sobre nuestra forma de vivir cotidiana.
*Esta conferencia continúa en una segunda entrega.
CI SF/BJ y PC/16/07/2020/14:30

  

sábado, 25 de julio de 2020

Asumamos qué democracia tenemos si sus pilares fundamentales son los feudos provinciales y villas Miseria.

Nos urge solidarizarnos con todes nuestres hermanes que el capitalismo ha sobreexplotado
al tomar posesión de sus territorios, cuerpos y espiritualidades.Porque hoy el sistema viene por
todes les diverses de abajo

Hemos sido indiferentes a los barones del conurbano y las satrapías de muchas provincias. Tampoco reaccionamos en contra de las condiciones de vida y trabajo en que muchísimes hermanes, al desarraigarles décadas atrás, han sido arrojades  en las barriadas hoy oficializadas como vulnerables y desde 2003 ocupadas por una fuerza de seguridad pues Kirchner atendió a que la Seguridad Hemisférica está amenazada, entre otras potenciales rupturas del 'orden', por la pobreza.

Hoy es patente que la nueva normalidad del sistema mundo capitalista y su local implica total acaparamiento del territorio para la agricultura digitalizada, la cría de millones de cerdos, la megaminería, las mega represas, los megaemprendimientos turísticos e inmobiliarios y fracking no sólo en Vaca Muerta. Comprendamos qué significa dejando de ser racistas y decolonizando nuestros sentipensares. E involucrémonos en confraternizar y aprender de:

Pueblos originarios en Argentina

El genocidio permanente

22 de julio de 2020
 
Por Andrés Pabón Lara (Rebelión)
La represión policial de los pueblos originarios no es, desafortunadamente, un hecho exclusivo de la excepcionalidad pandémica.
Recientemente ha sido publicado un estudio científico elaborado por un grupo plural de investigadores e investigadoras de distintas pertenencias institucionales y académicas, titulado ‘’Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas de la RMBA, NOA, NEA y Patagonia’’.(1) En este trabajo se señalan las particulares repercusiones de la pandemia global sobre los pueblos indígenas del país que a la crisis sanitaria que afecta a sectores vulnerables de la población por la precariedad del sistema de salud y la falta de atención médica, se suman afectaciones económicas particulares relacionadas con condiciones de marginación social, falta de agua potable, los altos niveles de hacinamiento a que han sido llevadas varias comunidades y, también, la discriminación social e institucional aún vigente. A ello se suman cuadros de enfermedades previas como la tuberculosis, parasitosis, anemia y desnutrición, que completan un cuadro de problemáticas vinculadas a la alimentación y la pobreza.
En uno de los apartados del informe se hace referencia expresa a la criminalización, reseñada como ‘’la exacerbación de experiencias históricas de racismo, discriminación, violencia verbal, física, a través de acciones arbitrarias, y/o graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad en el contexto de aislamiento en virtud del COVID-19’’.(2)
El pasado mes de mayo en múltiples medios de comunicación se replicó la noticia de la represión sufrida por familias del pueblo Qom en Fontana, provincia del Chaco. El accionar policial que ya es objeto de investigación judicial y que además fue difundido a través de video y fotografías que circularon en redes sociales, implicó además de violación de domicilio y golpizas por parte de miembros de la fuerza pública, la detención ilegal, torturas y abusos sexuales para 4 jóvenes de esa comunidad. La magnitud de los hechos evidencia que resulta imposible que solo los 4 agentes de policía implicados hayan podido ejecutar su accionar represivo sin ningún conocimiento por parte de otros miembros de ese cuerpo. La reciente renuncia de la cúpula policial del Chaco, en respaldo de los agentes investigados, confirma la implicancia institucional.   
La represión policial de los pueblos originarios no es, desafortunadamente, un hecho exclusivo de la excepcionalidad pandémica. En los hechos de mayo, los policías torturadores rociaron con alcohol a dos jóvenes mientras les gritaban ‘’indios infectados’’, los golpeaban y amenazaban con prenderles fuego. Pero, más allá de este caso, que no es aislado, un repaso informativo de los últimos años evidencia la sistematicidad de las acciones de violencia institucional y violación a los derechos humanos a los pueblos originarios, tanto en el norte como en el sur del país. En particular la región chaqueña argentina (Provincias del Chaco, Formosa, Santiago de Estero, norte de Santa Fe y este de Salta) ha sido escenario de acciones que, de forma directa o indirecta, resaltan la conflictividad en torno a la tierra como una constante del accionar represivo que ubica a la fuerza pública estatal como agente de los intereses terratenientes que buscan despojar, desplazar o arrinconar a los indígenas. 
Esta problemática no es coyuntural. Si bien ha afrontado un reavivamiento a partir de las políticas extractivistas que caracterizaron a los todos los gobiernos de este siglo XXI, la activa participación del Estado en torno a lo que es ya ampliamente reconocido como un genocidio a los pueblos originarios parece constituir una característica esencial del modelo estatal moderno.
Desde luego, esta política tuvo su inicio en la invasión europea del siglo XV, y desarrolló, en términos cuantitativos, su mayor capacidad de exterminio a lo largo de los siguientes tres siglos de colonización. Pero, como es sabido, en el siglo XIX, las autoproclamadas elites gobernantes dentro de modelo republicano vinieron a completar lo no logrado por sus antecesores. 
La matriz capitalista que acompañó a los ‘’próceres de la patria’’ hizo que la ansiada integración al mercado mundial de estas tierras, como proveedoras de materias primas para nutrir las fábricas europeas, requiriera la ampliación de la frontera agropecuaria o, lo que es lo mismo, la incorporación productiva de tierras que hasta ese momento hacían parte de la territorialidad ancestral de distintas comunidades indígenas. El capítulo más representativo de esa incorporación fue la llamada ‘’campaña del desierto’’, ideada por las elites bonaerenses y ejecutada por el ejército argentino, proceso que, además de la desposesión territorial y la apropiación ilegitima de grandes extensiones de tierra para dichas elites, terminó con el genocidio de miles de indígenas.(3) 
Resulta necesario recordar que, tomando como un punto de partida la definición aceptada por la ONU, el genocidio comprende actos criminales, deliberada y sistemáticamente perpetrados, con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En aquel momento de finales del siglo XIX, como preludio de la consolidación de la nación argentina, las voces más distinguidas de la época hicieron eco del llamado sarmientino que condenaba a los indígenas como parte de una barbarie que chocaba con las aspiraciones de una nación culturalmente idealizada bajo los parámetros europeos y económicamente doblegada a los intereses del sistema capitalista. Parte de ese andamiaje se basó en la concepción de la idea de ‘’desierto’’ como categoría para referir a la territorialidad indígena que la elite dominante aspiraba poseer.  El genocidio pampeano y patagónico de la ‘’campaña del desierto’’ se perpetuó como parte de un plan sistemáticamente desarrollado para la expansión del territorio explotado para la economía exportadora. El discurso civilizatorio legitimó la represión.  
En la ya citada conceptualización del genocidio se hace referencia a la intención de destrucción, en este caso, de los pueblos indígenas, más allá de que tal destrucción no alcanzara como resultado la desaparición física de todos sus integrantes. Es importante marcar esta perspectiva, pues resulta mayormente reveladora de la continuidad del genocidio que se extendió luego hacia la región chaqueña. Allí, bajo los mismos parámetros discursivos e intereses económicos, los pueblos indígenas fueron no solo despojados de su territorialidad, sino además violentamente insertados en un sistema de explotación de su fuerza de trabajo, que los convirtió, de nuevo con ayuda del ejército argentino y de otras agencias del Estado, en un verdadero proletariado rural. Despojados de sus fuentes de subsistencia, particular y cruelmente explotados, denigrados con distintos dispositivos de marginación y discriminación. Los ingenios azucareros de Tucumán y Salta, así como las empresas algodoneras y de extracción maderera se favorecieron de ese genocidio continuado. 
Pero el ideal de ‘’blanqueamiento’’ de la población no se quedó como una aspiración de los gobernantes decimonónicos. Si bien sus herederos posteriores modificaron la retórica, el racismo continuó siendo un elemento protagónico de la pretensión permanente de homogeneización como premisa para la identidad nacional. En el mismo sentido, la búsqueda de una delimitación territorial, como fundamento de la organización de la nación, más allá de sus manifestaciones retoricas y/o normativas, se mantuvo como premisa del orden. El ‘’territorio nacional’’ es una categoría que expresa al mismo tiempo la necesidad de control ejercido por un sector de la sociedad sobre ciertas porciones del territorio con el fin de utilizarlas en favor de la satisfacción de sus intereses. Las manifestaciones contemporáneas de discriminación y racismo son la formulación cultural de la necesidad de esos mismos sectores de disciplinar y subordinar a otros sectores de la población con el objetivo de legitimar la explotación de su fuerza de trabajo en condiciones de extrema precarización. 

La diferencia que puede reconocerse entre el genocidio indígena adelantado en el siglo XIX y su clara continuidad en épocas más recientes estriba en el carácter multifacético y, si se quiere, sofisticado que asume en el presente. Con discursos que se amparan en conceptos hegemónicos sobre el ‘’desarrollo’’, el ‘’progreso’’, el ‘’crecimiento’’ o la ‘’productividad’’, la conflictividad territorial que enfrenta a los pueblos indígenas contra los intereses del sistema capitalista y que hace de los primeros un estorbo que debe ser removido, ya por cooptación o por eliminación, se mantiene como matriz del proceso permanente de construcción estatal propio del sistema. En efecto, se parte acá de la base de entender al Estado como un ejercicio permanente de control, que debe ser recreado de forma continua (y no como la simple fundación de ciertas instituciones). 

El reconocimiento del carácter continuo y permanente de la conflictividad territorial y de la generación del accionar represivo del Estado como política para las relaciones interétnicas, es a su vez consecuencia del reconocimiento del carácter problemático y permanente de la construcción de la estatalidad. Este proceso, a su vez, en atención a los intereses del contexto y de las particularidades regionales respectivas, se asumió de formas variadas y a través de disimiles dispositivos. Como resultado de la complejidad de esta intervención del Estado, las sociedades indígenas resultaron receptoras de formas de sometimiento y disciplinamiento heterogéneas que concurrieron sin embargo en la aspiración de la transformación del indígena como presupuesto de su vinculación al modelo estatal.    

Esto puede clarificarse si se retoma un ejemplo del tratamiento gubernativo dado a los indígenas en pleno siglo XX. Particularmente, puede hablarse del periodo comprendido entre 1946 y 1955, años del primer gobierno peronista, una coyuntura particular en la que el modelo de dominación impuesto en Argentina reconoció varios matices particulares. La pregunta sería, ¿qué significó este modelo político para los indígenas?
Un lugar común historiográfico apunta a reconocer una efectiva democratización del bienestar, que mejoró sustancialmente la calidad de vida de amplios sectores de la población. Sin embargo, al especificar sobre las consecuencias de ese modelo de Estado regulador frente al sector indígena como receptor específico de esta «democratización del bienestar», se señala que ‘’el interés por mejorar la situación de las comunidades indígenas resultó tardío y limitado, no alcanzando a revertir la situación de postergación ese sector’’.(4)
El gobierno peronista se limitó a impulsar un reconocimiento de tipo jurídico hacía los indígenas, con el objeto de establecer su condición de ciudadanos, con lo cual, de ninguna manera se avanzó de forma concreta para resolver problemas claves de las comunidades como la escolarización o la tenencia de las tierras.
Los debates legislativos dados por aquel entonces mostraban la relevancia que el tema electoral tenía en relación a la ciudadanización de los indígenas, en tanto potenciales votantes. Para muchos de los legisladores de la época, a la concreción de la participación electoral se reducía la idea de integración a la ´´vida política de la nación´´. 
Para el gobierno peronista reconocer a los indígenas como ciudadanos argentinos implicaba que los aborígenes debían pasar a formar parte de las masas trabajadoras, sin hacer distinción de sus problemas particulares. No obstante, no pocos líderes indígenas trataron de hacer funcionales aquellas promesas retoricas típicas del modelo político peronista para lograr mayor visibilización y la ayuda oficial. ‘’Ellos entregaron una petición tras otra a varias autoridades a nivel nacional y regional, pidiendo tierras, herramientas agrícolas, semillas, víveres y nuevas escuelas para sus hijos’’.(5)       
Las relaciones interétnicas que se desarrollaron en el periodo estuvieron enmarcadas dentro de un escenario de disputas de poder político, económico y cultural. La interlocución con el Estado no fue la única vía en que se desarrollaron dichas relaciones. Por el contrario, una manifestación elocuente de la continuidad de las prácticas estatales de genocidio se manifestó nuevamente con la llamada masacre de Rincón Bomba, acaecida en la actual provincia de Formosa en 1947. En ese hecho fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado (Gendarmería) un número no establecido de indígenas, pero que los datos más aproximados refieren entre 400 y 500, entre varones, mujeres y niños, en lo que ha sido claramente señalado por varios autores como un verdadero genocidio.(6)
Como se viene sosteniendo, existen amplias evidencias para reconocer la precariedad de la situación socioeconómica de los indígenas, manifiesta en la carencia de tierras y la falta de protección estatal frente a su explotación como peones rurales. Pero el peso de la historia oficial ha servido para ocultar tal aspecto característico de aquella época.  
Ante esto, son las fuentes orales las que han permitido la más reciente reconstrucción de aspectos críticos que permitan controvertir los idealizados ‘’años peronistas’’, así como reconstruir la real magnitud de la mencionada masacre de 1947. Así, han sido testimonios de sobrevivientes del hecho los que confirman la participación de tropas de Gendarmería adscritas al Regimiento 18 de las Lomitas que, en un número no determinado de efectivos, protagonizó la matanza indiscriminada de indígenas Pilagá que se encontraban reunidos en el paraje de la Bomba en ejercicio de una congregación de tipo religioso. 
El carácter premeditado de esa masacre se vislumbra en los informes previos que, a través del conducto de la Dirección General de la Gendarmería, fueron conocidos por el Ministerio del Interior, así como por la Dirección de Protección al Aborigen, dependiente de este Ministerio a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Tal Dirección envió en los días previos al 10 de octubre a un funcionario con el objetivo de dispersar la congregación de indígenas. Lo propio hizo la Gendarmería acercándose para entregar alimentos, que todos los indígenas declaran que se encontraban en mal estado y fueron causa de enfermedad para quienes los consumieron.
Los informes elaborados en ese momento aducían a una actitud desafiante y amenazadora por parte de los indígenas, pero, aunque esa dudosa situación llegase a ser cierta, no lo era el hecho de no encontrarse ningún tipo de armas en la congregación. Por ello, el cerco tendido por los gendarmes en la tarde del 10 de octubre, y el inicio indiscriminado de disparos que causaron las muertes y heridas para una población indefensa, difícilmente pueden ser catalogados de forma distinta a una acción premeditada con intención de asesinar a esa población. Además, la matanza inicial se continuó con persecuciones a los sobrevivientes que incluyeron posteriores fusilamientos a más de 30 kilómetros de la Bomba, torturas, violación de mujeres y quema de cuerpos por parte de la gendarmería, así como ocultamiento de pruebas y tala de árboles que guardaban en sus troncos las señales de los miles de disparos lanzados contra los indígenas. 
Por su parte, la prensa nacional hacía uso de los sentidos racistas fuertemente instalados en la opinión pública para inculpar de los hechos de violencia a las victimas indígenas, utilizando calificativos como sublevación de indios, rebelión, levantamiento armado, atentado, desmanes, saqueos o, el aun usado argumento de la ocurrencia de un ‘’malón’’. 4 días más tarde, una conferencia de prensa ofrecida por el Gobernador del Territorio Nacional de Formosa en compañía del Ministerio del Interior, desmentía la gravedad de los hechos y condenaba al olvido aquel genocidio.
Parece evidente concluir que, tras la envergadura de los hechos y el conocimiento manifiesto de tantas agencias del Estado, pueda ser siquiera posible pensar este hecho como aislado o desconocido por las máximas instancia de decisión del poder ejecutivo, es decir, del propio Juan Perón. Esta evidente conclusión se respaldaría con el repaso de otra muestra del accionar de ese gobierno frente a los indígenas, patente en la represión sufrida por los integrantes del llamado ‘’malón de la paz’’ que caminaron en 1946 desde sus lugares de origen en distintos pueblos del interior con la esperanza de ser recibidos por el Presidente, pero solo encontraron como respuesta su violenta expulsión de la ciudad, y la amenaza para que concluyeran sus reclamaciones. Otro hecho que, la propaganda de la época rápidamente se encargó de ocultar.(7)  
Pero, gracias al accionar de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, en julio de 2019, hace exactamente un año, y a más de 72 años de la perpetración de la masacre de la Bomba, el Estado argentino, a través de su poder judicial, hizo expreso y formal reconocimiento del carácter de genocidio para la masacre de Rincón Bomba, y de la responsabilidad estatal en la  comisión de dichos crímenes. Más allá de las reparaciones patrimoniales, que por cierto han sido estimadas como insuficientes por parte de la Federación, y de reparaciones no patrimoniales como la orden de levantar un monumento en el lugar de los hechos para reparar la memoria histórica o de instituir la fecha del 10 de octubre como efeméride nacional de la ‘’masacre de La Bomba’’, resultan muy relevantes las apreciaciones dadas en el texto de la sentencia para clarificar la concepción del genocidio continuado y de la conflictividad territorial como eje de las relaciones interétnicas o de las políticas estatales frente a los pueblos indígenas. Al respecto se señala que,  
Desechado entonces que el daño directo a reparar sean las muertes, violaciones, dolores, y padecimientos sufridos por cada una de las victimas individuales, hemos de concluir que lo que debe repararse es el daño que la etnia Pilagá sufrió como grupo social como consecuencia de esas muertes, violaciones dólares y padecimientos que, sufridos en la carne y el espíritu de las víctimas se propagó al tejido social en conjunto. Este padecimiento comunitario no anida en abstracto sino en los integrantes de la comunidad, y emerge con claridad en las expresiones y dichos declaraciones de los integrantes de la etnia que declararon… (8)
En otras palabras, las victimas siguen siendo los indígenas del presente. Además, si bien este hecho no estuvo directamente relacionado con una disputa por la tenencia de la tierra, si resulta claro que el genocidio estatal pretendió generar una clara afectación sobre elementos concretos que articulan la organización social de esa comunidad y que constituyen fundamento de su existencia. Se señala en la sentencia del Juzgado Federal de Formosa que conoció de la demanda instaurada por los indígenas que ‘’ese daño a la comunidad se produjo sobre los cuerpos de las victimas individuales que fueron intoxicadas, baleadas, obligadas a refugiarse en el monte, perseguidas, torturadas y violadas, y de diferente modos llevadas a la muerte y al dolor, y los sobrevivientes “reducidos” y sometidas a trabajos forzados y a la negación de su identidad’’. Así, la pretensión de destrucción del pueblo Pilagá se ve reflejada no solo en la matanza, sino además en hechos posteriores que significaron persecuciones y encierro en ‘’Colonias’’ para no pocos sobrevivientes. 
Los actos barbáricos realizados por el Estado, cuyo punto culminante fue el ingreso a las reducciones de los indígenas sometidos a los maltratos y reducidos a esclavitud o servidumbre forzada, además de las violaciones concretas de los derechos individuales a esos ciudadanos a los cuales se les negó tal carácter, también tuvo como efecto haber interrumpido los procesos de organización social de las comunidades.(9)
Los procesos de organización social, los tejidos comunitarios de interacción y la territorialidad son dimensiones de la existencia misma de una colectividad no basada en los parámetros individualistas de las sociedades capitalistas modernas. Por ello, el genocidio organizado durante el gobierno peronista no puede ser visto por fuera del avance sistemático sobre los pueblos indígenas y como la cara que hasta el presente ha mostrado el modelo estatal para su ‘’incorporación’’. La masacre de la Bomba no parece directamente motivada por una disputa territorial, pero la forma en que fue perpetrada si permite reconocer su objetivo de infligir un daño al tejido social en su conjunto, diezmando las articulaciones que permiten la subsistencia de las poblaciones originarias en los contextos adversos de su sometimiento al Estado en los términos hasta ahora señalados. La suma de desaparición física de una parte sustantiva de la población a la amenaza latente de la persecución, el olvido y negación institucional y el sostenimiento de la matriz racista del nacionalismo moderno, son medios que históricamente ha usado la clase dominante en ejercicio de gobierno o por fuera de él, para respaldar su avanzada sobre el despojo y la apropiación territorial.  
No parece entonces muy esperable que el presente gobierno peronista asuma una política radicalmente distinta a la históricamente entablada por las elites gobernantes en sus distintas facetas partidistas. Estos primeros meses del ‘’nuevo’’ mando ejecutivo así lo demuestran. La conflictividad territorial que ha victimizado a los pueblos indígenas por oponerse con su mera existencia y con la lucha por la salvaguarda de sus tradiciones ante el modelo de explotación y mercantilización de la tierra propio del sistema capitalista, continuará. Pero, ello no quiere decir que no sea posible hacer algo para detener el genocidio como práctica constante, aunque invisibilizada, del Estado. Levantar una voz de denuncia, que se suma a otras tantas, para ser millones, es el sentido de este escrito.    
NOTAS:
[1] Una reseña del mismo se encuentra disponible en: https://www.unsam.edu.ar/tss/wp-content/uploads/2020/04/0-INFORME-Efectos-COVID19-PI-LIAS-UNLP-ICA-FFyL-UBA-Informe-FINAL.pdf. Rescatado el 17 de julio de 2020.
Ídem.

  

Preguntémonos qué trabajo es el de policía, de gendarme y el de todes les pertenecientes al Estado represor.

 
Desde este cuestionarnos podemos avanzar a
interrogarnos qué orden defienden y cómo también
nosotres participamos.
 
 
Observamos que la adaptación al sistema implica mercantilizarse y subordinarse a las jerarquías económicas, políticas, eclesiásticas, etc.. Pero nada de cuidar por la justicia social, la ecológica o los derechos de les diverses de abajo. Reflexionemos sobre el funcionamiento estatal de total desprecio por la vida sobre todo de adolescentes y jóvenes desposeídos o sobreexplotados por el sistema:

Argentina. 

Gremial de Abogados y Abogadas afirma que 

no existe

la “justicia” tal como nos dicen 

que debería existir

Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020

La Gremial de Abogados y Abogadas ante los asesinatos masivos, desapariciones y otros crímenes de los Estados Nacional y Provinciales.
El rol de las instituciones oficiales y las secretarias de DDHH ante esas atrocidades. Desafiamos discutir abiertamente.
Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir contra los policías.
Por supuesto, los policías están libres, y aquí no ha pasado nada, y esos organismos estatales ni parpadean. En algunos casos porque realmente creen en la Justicia y en el Derecho, (y además creen aún más en sus rentados puestos administrativos) no hacen mucho más de lo que su protocolos y códigos de procedimiento les especifican.
Esto lo venimos viendo desde (mínimo) hace diez años, o sea, desde que volvimos a reflotar la Gremial de Abogados y Abogadas.
Montones de organismos del Estado, o con sueldos del Estado que salen apresurados a “contener” a las familias de los asesinados por fuerzas de seguridad a quien les paga el mismo patrón que a ellos.
Lo grave es, justamente, que esas instituciones estatales o para-estatales con sueldos del Estado, jamás considerarán la responsabilidad del propio Estado, sea por sus limitaciones ideológicas, sea porque tienen otras ideas políticas, sea para mantener sus puestos rentados.

Porque de lo que se trata es de establecer la máxima responsabilidad ante una muerte, una desaparición o una tortura, y eso corresponde al Estado.
El máximo responsable de las torturas a los Qom en el Chaco es el Gobierno del Chaco y su gobernador. El máximo responsable de la desaparición de una persona en la Provincia de Buenos Aires o Tucumán son igualmente las máximas autoridades provinciales.
Si quieren pensar, decir y tratar de quitarles responsabilidades políticas a sus jefes y empleadores pueden hacerlo, pero no pretendan que todos los demás lo creamos así.
Hace años que los familiares de Kosteki y Santillán bregan por tratar de que los administradores de Justicia accedan a hacer lugar al planteo respecto de la responsabilidad jurídica y penal, de los funcionarios políticos del Gobierno (de Duhalde primero, de los Kirchner después y hoy nuevamente de este actual Gobierno) pero ahí empieza la divisoria de aguas, porque ni muchos organismos de DDHH acompañarán a las familias de esos dos cros caídos, ni mucho menos las “Secretarías” de DDHH de Nación o Provincia de Buenos Aires.
Y es entendible, no se tirarán contra sus empleadores o contra las conducciones de las fuerzas políticas que esos funcionarios “de DDHH” integran.
Junto a ésta nota, la Gremial de Abogados y Abogadas adjunta una planilla detallada de los casos de muertos, o desaparecidos durante la cuarentena, que hasta el momento que la elaborábamos eran veinte pero al escribir esto ya son veintidós y siguen subiendo. (en el enlace a la web)
Pero para ayudar a pensar (o a que nos puteen) vayamos a lo concreto de un ejemplo con algunas preguntas:
La Gendarmería Nacional, es una fuerza nacional o provincial??
Es Nacional y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio
 de Seguridad es una estructura autónoma o dependiente??
Es dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación o sea del propio Presidente de la Nación.

Entonces, si la gendarmería asesina a un chico como lo hizo en el Bajo Flores, con personal uniformado, en funciones de prevención, con armas reglamentarias, ¿el responsable es solo el gendarme que dispara o hay una responsabilidad en la cadena de mandos? Lo que se llama responsabilidad indirecta.
Para la Gremial de Abogados y Abogadas la responsabilidad de la muerte de ese chico llega hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a la Presidencia.
Acaso no se planteó así cuando desapareció Santiago Maldonado?
Acaso no culpábamos a la Ministra Bullrich y al Presidente Macri? Acaso no nos enfrentamos con Bullrich y Macri cuando asesinaron a Rafita Nahuel?
 
Es distinta la Gendarmeria de Bulrich que la de Fernández?
 
Demos otro ejemplo, los juicios de Lesa Humanidad, en estos juicios se ha condenado a altos oficiales de las FFAA por atroces delitos como muertes, torturas, etc.
Por supuesto no habrá una sola prueba que indique que Videla o Massera mataron o torturaron ellos personalmente a alguien. La responsabilidad es indirecta, si Videla era el Presidente o fulano o mengano eran los Jefes de Ejército o Armada, tendrán entonces una responsabilidad por torturas, fusilamientos o apropiación de bebés.
Los organismos de DDHH, las Secretarías de DDHH (querellantes en esas causas), festejan las condenas cuando se aplican las responsabilidades indirectas, pero miran para otro lado cuando se asesina alevosamente a un pibe pobre de un barrio pobre en un proceso de control poblacional como se viene haciendo durante la cuarentena.

He ahí la certeza de la Gremial cuando afirma que no existe la “justicia” tal como nos dicen que debería existir.
Los organismos estatales o para-estatales ahora se hacen los tontos cuando las fuerzas de seguridad del gobierno que integran producen semejantes matanzas.
Porque en este caso las instituciones que dirigen esas fuerzas de seguridad también les pagan sus sueldos a ellos y además son dirigentes del mismo proyecto político que es el del gobierno, o los de los gobiernos provinciales cuando es el caso.

Desde la Gremial de Abogados y Abogadas somos conscientes que hay muchos que no acordarán con estos planteos nuestros, sea por convicción o por conveniencia, pero instamos a las militancias de partidos y organismos de DDHH y sobre todo instamos a los familiares de muertos y desaparecidos a que hagan un esfuerzo para pensar, para reflexionar y para llevar la discusión de estas cuestiones a donde sea que haga falta.-
Ya no podemos ser “cuidadosos” o “diplomáticos” para tratar de evitar una discusión real y concreta que tiene responsables reales y concretos en una situación de represión que avanza y que será cada vez peor.
No podemos decir y repetir como lo hacemos “El Estado es responsable” pero callar ante determinado gobierno. Si el estado es responsable lo es con Duhalde, con Macri, con Kirchner o con Fernández.
La Gremial de Abogados y Abogadas se pondrá a la cabeza de esta discusión y no cederá ni un milímetro en estos planteos, porque surgen de hechos indiscutibles como son los que acá volcamos en la lista que adjuntamos.

Y quisiéramos ser objeto, más de críticas que de aplausos o acuerdos, porque estos últimos nos vienen siempre en la cara, pero los primeros son solapados y no se animan a decírnoslo.
Desafiamos a las autoridades de las Secretarías de DDHH de Nación y de cualquier provincia, a las Fiscalías de DDHH, de Género, de Violencia Institucional, a los jueces y fiscales de cualquier jurisdicción, a los Organismos de DDHH o colectivos de juristas y, por supuesto al o los Ministerios de Seguridad sea Nación o provincia. A cualquiera de todos estos, a que se animen a debatir con la Gremial de Abogados y Abogadas, en los términos que nos impongan, con los moderadores que nos indiquen y con los temarios que acordemos.
Quizás un debate de este tipo, por duro y áspero que sea, pueda evitar más muertes y la sangría que están produciendo en los barrios y zonas de los pobres, o al menos determinar las responsabilidades.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Julio
 2020.
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Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir … Sigue leyendo

 
 
Apreciemos cómo nuestres hermanes chilenes reaccionan frente a la gran represión estatal y desprotección ante la pandemia.
 

Chile. Convocan a crear

Comités por el Derecho a La Vida

Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020.

Hoy más que nunca en Chile ha quedado expuesta la miseria moral de quienes nos gobiernan. Frente al deber del Estado de proteger la Vida y el bienestar del pueblo, han optado por privilegiar la economía y los negocios de los dueños del país. Todas las medidas que han surgido del gobierno derechista han sido tardías e insuficientes, porque la Vida de los sectores populares, de los trabajadores No les importa; para ellos son realidades desconocidas y lejanas, somos un número más.
Sólo los habitantes organizados pueden enfrentar los problemas que nos aquejan, y que la pandemia ha mostrado en toda su expresión.

Los territorios debemos desarrollar espacios democráticos y autónomos de organización en torno a los problemas esenciales, con independencia de las decisiones del gobierno de turno y el Estado neoliberal que no refleja la autenticidad de nuestras reivindicaciones. Por ello debemos crear las formas, los mecanismos para consagrar en nuestros espacios territoriales el Derecho a la Vida, a la Salud, al Trabajo, a la Educación, a la Alimentación, a la Vivienda ; a elegir la forma en que queremos construir nuestro país, de que modo distinguiremos a nuestros nuevos lideres, desterrando a los corruptos y como nos desarrollamos con armonía en el entorno.
 
Proponemos
1.- La creación de Brigada de Salud que posibilite entregar a los pobladores antecedentes del Derecho a la Salud que debe estar privilegiada por el Estado por sobre el negociado de los mercaderes privados de la salud ( Isapres, hospitales y clínicas privadas ) esto significa fortalecimientos de la Salud Publica. los Cesfam y en el caso del Territorio de Playa Ancha exigir el traspaso del antiguo Hospital Naval a la salud Municipalizada.
a) invitar a voluntarios profesionales y/o estudiantes de la salud a participar en equipo operativo que permita detectar por barrios del territorio a posibles enfermos de la pandemia, atención de pobladores de tercera edad crónicos, atención de niños y pobladores que no han asistido a los cesfam, esto significa información precisa de la cual se le exigirá al Estado via Municipalidad que coloque los recursos necesarios para resolver todo esto que puede ir apareciendo.
b) promover la atención on line de profesionales que permita identificar diagnósticos de enfermedades que requieren mayor atención.
 
2.-El Derecho al Trabajo nuevamente ha sido pasado a llevar, los trabajadores a través de sus fondos financian su cesantia y los patrones no aportan nada y mas encima el Estado Neo Liberal financiado por nosotros y que les da las atribuciones de hacer y deshacer en lo legal via las leyes que el parlamento les brinda ( AFP ) ya están recibiendo los recursos que los colocara a flote, ante esto se debe conformar Brigada Laboral que asesore a quienes deben de pelear reincorporaciones, y con respecto a quienes quedan cesante debemos de construir una nueva forma de producir de acuerdo a los tiempos que se nos vienen, fomentaremos manualidades y artesanías, talleres de confección de ropa, productos gastronómicos , huertos barriales, gasfitería, ferias populares, etc ,etc solicitando apoyo de las Universidades en aquellas carreras que se enmarque como parte del curriculum apoyo a la comunidad, será tarea de esta brigada HACER EL CATASTRO SOCIAL POR CALLES Y BARRIOS.

3.- Defensa de la Educación Pública y ligazón con el movimiento de profesores que trabajan con los niños del territorio y que conocen realidades precisas que las encuestas no detectan, es a través de ellos que via los apoderados se pueden fortalecer estas brigadas y que deben de utilizarse ya sea como espacio de reunión, de acopio, de capacitación, etc, etc.

4,- Apoyar la creación de Ollas Comunes que se cuente con la participación activa del Barrio, no esperar la ayuda del cielo, el estar compartiendo y turnándose en esta actividad esencial es la que nos forjara como sujeto social y participante.

5.-Crear forma de abastecimiento y distribución de los insumos básicos a precios justos, pedir consecuencia al comerciante del barrio que no se exceda en los precios y la respuesta debe apoyarlo a el por sobre los supermercados que son grupos económicos que se han enriquecido mas en esta pandemia y que cuentan con el apoyo incondicional del gobierno central y regional.

6.-Brigada de vigilancia ética y de seguridad que salvaguarde la relación del barrio, que no sea excluyente y que fomente la vigilancia grupal por lo delictivo que atente contra los vecinos, que registre en fotos los despliegues represivos de carabineros o marinos y publicarlo, no debemos de dejar que nos aplasten ni la represión ni vecinos políticos o malulos con poder.

7.-Democratizar todas las decisiones, todos valen un voto, somos personas, queremos vida, queremos salir todos juntos, la mayoría decide.

8.-Tareas Civiles que se aproximan, entender la necesidad de cambiar la Constitución de la dictadura por una en el cual la base sean los Derechos Humanos, privilegiando la transformación de él Estado subsidiario por un ESTADO SOCIAL que pueda intervenir productivamente, ya sea nacionalizando empresas o como creación de una nueva manufactura vía empresas públicas, debemos aprobar el cambio de la constitución y la creación de una Asamblea Constituyente, soberana e independiente que permita el recambio de esta clase política corrupta.

9.- Debemos de Estatizar la carga y descarga marítima portuaria por empresa pública administrada por Municipalidad de Valparaiso, capitales estatales y privados con la participación activa de la comunidad porteña.

10.- Democratizar las Fuerzas Armadas y ligar al proceso social nuevo que evite entender que ellos se crean autónomos y con el derecho a enriquecerse los altos mandos a costa de nosotros. No, ellos son financiados por el pueblo y debemos de fiscalizarlos, creación de nueva fuerza policial que defienda los intereses del pueblo y eliminar las formas represivas actuales, generar un acuerdo de 50 años de no beligerancia con los países hermanos que eviten inversiones que favorecen a la industria militar del Imperio norteamericano.

11.- Brigada por el derecho a la vivienda, ubicar terrenos expropiables en el territorio que permita una vivienda social digna y que sea financiada por el nuevo Estado Social que construiremos

12.-Como Cine Forum, medio de comunicación popular generaremos una radio on line donde se estará conversando, apoyando y difundiendo la creación de estos comités por el derecho a la vida, entevistando y dando a conocer los nuevos liderazgos que surgen de octubre en adelante a través de entrevistas que destaque su rol en defensa de los derechos del pueblo.
COLECTIVO CINE FORUM DE VALPARAISO
JULIO DEL 2020