Nosotros, los de abajo, debemos y
podemos decidir qué país necesitamos.
Tercera parte, algunas pruebas sobre cómo el
extractivismo destruye Argentina y Nuestra América.
Nosotros debemos erradicar la impunidad de los poderes establecidos y
constituidos desde, fundamentalmente, los setenta. No podemos seguir
ignorando por ninguneo y racismo, suscitado desde los de arriba, en qué
consiste el extractivismo y cómo se lo está profundizando
hasta exterminios masivos o genocidios silenciosos.
Primero es importante tener presente que este apoderamiento económico
territorial a gran escala de todos los ámbitos
rurales y urbanos de Argentina se hace de modo 'democrático'. Comprobemos en
qué radica la fase oculta de "gobierno K versus Mesa de Enlace":
La
“sintonía fina” del modelo sojero
Cristina Kirchner,
Rockefeller, Monsanto y
la nueva oligarquía
agroindustrial
15 de enero de 2013
15 de enero de 2013
Por Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza
Grupo de Reflexión
Rural
Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de
los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la
cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia
en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si
bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de
aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000
millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto
del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que
la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago
esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.
En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de
determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos
alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo,
agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la
demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los
planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.
Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales
del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal
2010-2020 (PEA2) [1]:
incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la
superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la
producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20
millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de
maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7
millones de has.), entre otros objetivos.
Como dato adicional, es importante destacar el PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.
La discusión en torno a
estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y
el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no
prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de
derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso
pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los
grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no
discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne
al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.
En este artículo enunciamos una serie de
acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de
desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos
para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios
escenarios de luchas y resistencias sociales.
Bioceres,
Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial
como política de estado
En febrero del año pasado, durante una
videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de
Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya
implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en
contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la
empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a
la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el
CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].
Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a
su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en
Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado
“Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.
Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de
Kirchner consideró que “si se
adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se
obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y
que “se trata de uno de los
descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las
semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el
Conicet, para la Universidad del
Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción
agrícola del país” [5].
Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó
que “este caso permite demostrar
que hemos instalado en la Argentina algo
que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se
protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través
de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece
importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de
provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en
las próximas décadas”.
Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado
por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según
consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] ,
dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol
(el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta
natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y
salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva
tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la
calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores
climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades
climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías
apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la
región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de
la megaminería.
Cabe destacar que el patentamiento de dicho
descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la
titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en
absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas
prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y
explotación durante veinte años.
En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el
nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa
estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización
internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas
GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja
resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] .
En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los
próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su
introducción en nuestro país y los mercados globales.
Monsanto,
el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la
propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio.
El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas
después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de
Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos
representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8].
Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.
Durante el encuentro, la presidenta anunció
algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy
mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la
inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de
investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en
Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que
agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación
de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su
productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones
genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal
sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los
productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de
los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender
la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.
Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.
Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima
de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del
magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto
junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John
Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado
fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación
Cóndor en América Latina [10].
Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11] , también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.
Lo curioso es que
al día siguiente de
aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que
desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13],
en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este
hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente
Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para
destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días.
Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más
y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más
reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo
Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una
intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los
organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón
genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe
mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de
Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó
con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado”
en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional
que lo propiciara.
Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda
generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa
Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del
agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron
producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y
Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la
Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos
miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].
A modo de
conclusión
El brutal proceso de sojización inaugurado en
la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades
más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo
como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos
presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los
bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran
que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un
antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.
Desde la aprobación ejecutada por el menemismo
en 1996 de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la
soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi
dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los
herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en
1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa
prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A
esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012
se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.
El tutelaje estatal del excedente es
fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el
neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por
la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor
producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas
indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM
que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado
Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de
retenciones (casi el 10% de la recaudación total).
La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.
Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la
falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y
sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente
hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las
preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y
configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con
inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.
Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los
agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado
hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las
necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las
retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de
la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades
propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la
tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del
actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha
sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse
de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos
para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al
servicio del capitalismo global.
La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.
Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza
nos proponen al finalizar el documento:
Tenemos que salir de la encerrona racional,
urbana e industrial periférica que nos propone la globalización. Necesitamos
desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso
y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de
mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.
Es por ello que necesitamos recrear un
pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia
nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos
permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos
de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las
luchas contra el capitalismo y el colonialismo.
Luchamos por retomar el derrotero americano del
arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida
en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.
"Se trata de descubrir un nuevo horizonte
humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que
desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las
revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil
por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad,
con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].
Consideremos otros
modos 'democráticos' de imponer los
privilegios de los grandes capitales por sobre la vida y la dignidad de los
pueblos.
El Centro
Mandela denuncia trampas legales para
explotar
el monte Impenetrable.
13 de marzo de 2013
El Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela emitió un nuevo documento en el cual denuncia “más trampas legales para hacer explotar el monte”.
Fotos
tomadas por este medio. Años anteriores..
Este es el
escrito acercado a NORTE: “La emergencia forestal continúa, según un documento
difundido el pasado mes de enero por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos
Naturales y Fundación Vida Silvestre Argentina.
Señalaron que
“Argentina cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas de bosque nativos,
lo que equivale sólo al
30% de la superficie forestal original.
El Centro Mandela
efectuó una nueva denuncia sobre maniobras para seguir desmontando en el Chaco.
Nuestro país se
encuentra en una verdadera emergencia forestal, acentuada fuertemente en los
últimos 15 años por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria.
Según datos oficiales, la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida en los artículos 7 y 8 de la Ley de Bosques (desde su sanción a fines de 2007 hasta que las provincias realizaran el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos), no fue respetada: durante ese período en la región chaqueña, la selva misionera y la selva de yungas, se deforestaron más de 470.000 hectáreas.
Si
bien desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual
disminuyó casi un 20 % (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al
año), el mismo sigue siendo muy elevado: entre 2008 y 2011 se desmontaron
932.109 hectáreas.
Santiago del Estero (399.660 ha), Salta (222.868 ha), Formosa (113.109 ha) y
Chaco (102.592 ha) han sido las provincias con mayor deforestación. Si sumamos
estos datos a los oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques hasta fines
de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas, lo que promedia 229.009 hectáreas
por año, 627 hectáreas por día, y 26 hectáreas por hora”.
Las referidas
organizaciones ambientalistas lamentaron que no exista información oficial para
poder establecer qué porción de los desmontes han sido realizados con
autorizaciones de las administraciones provinciales y cuáles serían ilegales.
En cuanto a las
provincias, señalaron que Santiago del Estero ha desmontado 195.001 ha en zona
amarilla y 6.719 ha en zona roja, mientras que Salta desmontó 31.749 ha en zona
amarilla y 8.080 ha en zona roja. Respecto del Chaco, mencionaron que se
desmontó 21.749 ha en zona amarilla. Destacaron que son los casos más graves de
deforestación en zonas protegidas por la ley de bosques.
Desmontes, silvopastoriles y explotaciones forestales
En la práctica,
el monte chaqueño no está protegido con el fin de asegurar su explotación
racional y su correcto aprovechamiento socioeconómico integral, tal cual lo
dispone el artículo 44 de nuestra Constitución.
El monte no tiene
futuro. Esta es la realidad, lo que nos permite compartir el análisis y las
conclusiones contenidas en el documento elaborado por las organizaciones
ambientales. Efectivamente, fueron pocos los avances concretos que se lograron a
partir de la nueva ley nacional 26.331 de presupuestos mínimos (ley de bosques).
Dicha ley nacional debería tener vigencia real en el Chaco por aplicación de la
ley provincial 6.409 y el decreto reglamentario 932/10.
Sin embargo, por
medio de estas herramientas legales locales se inició un extraordinario proceso
de creciente implementación de planes de cambio de uso de suelos con montes con
el objetivo concreto de ampliar la frontera agrícola, ganadera y forestal, que
progresó casi sin límites reales y legales.
En el curso de
los últimos 40 meses ingresamos en una etapa netamente inflacionaria en la
entrega de tales autorizaciones, que sumados a los desmontes, silvopastoriles y
explotaciones forestales clandestinas, están diezmando el monte hasta el punto
que es probable que no pueda reponerse.
Trampas legales
Se aplican todo
tipo de artimañas para aparentar que se cumple con la ley. Se armó una
organización a tales fines, que funciona aceitadamente de la mano del dinero.
Algunas hasta son
ingeniosas, especialmente para las mentalidades lucrativas extremas, entre los
que se destacan los más altos funcionarios del gobierno actual que postulan
posiciones productivistas, también excesivas, apoyándose en la idea del progreso
perpetuo y de las máximas rentabilidades para los pequeños grupos o empresas que
concentran todas las ganancias, a despecho de las grandes mayorías sociales
rurales, que son expulsadas de sus minifundios o pequeños campos porque no
pueden sobrevivir en condiciones más o menos dignas porque no tienen ingresos
dado que no pueden financiar sus pequeñas actividades productivas.
Terminan por
alquilar o vender sus campos a los pools de siembra o venden sus montes a los
explotadores forestales y se agrupan en los asentamientos precarios de las
localidades del interior o migran al área metropolitana. Las trampas se han
hecho más visibles en el curso de los últimos tiempos.
Para ir por todo
el monte, especialmente por los algarrobos y los quebrachos utilizan la
Disposición 039/10, sancionada por la Subsecretaría de Recursos Naturales. Se
valen de la amañada excepción que establecieron en el último párrafo del
artículo 11 de dicho instrumento. La regla general establece una secuencia de
contenidos bastante apropiados, que se orientan a proteger el suelo, el agua, la
vegetación (el monte) y la fauna, o sea el ecosistema considerado integralmente.
Por esta cláusula
se obliga al que solicita el otorgamiento de un plan de cambios de uso de suelo
que cumpla con todas las condiciones previstas en dicho artículo, que son muchas
y muy exigentes, entre las cuales se obliga al beneficiario a presentar un
resumen legal y forestal, la determinación de los productos forestales que
pretende extraer, con detalles de los tramos, especies y productos, más las
imágenes satelitales del predio, el mapa de ubicación del campo, el mapa con
categoría de conservación, el comportamiento del clima en período mayor de 10
años, la cartografía de uso de suelo, el plan de manejo de suelos y agua, la
vegetación existente, un inventario forestal, las habilitaciones del suelo,
cortinas vegetales, las planillas de inventario forestal y un plan de trabajo,
entre las condiciones perfectamente establecidas en la Disposición 039, que
luego se frustran como consecuencia de las trampas legales porque al final del
artículo 11 la Subsecretaría dispuso que todas estas condiciones no se deben
cumplir cuando los aprovechamientos forestales comprendan superficies menores de
10 hectáreas, que sean propiedad de “pequeños productores”, siendo suficiente
para que exploten el monte que presenten la voluntad de extracción total.
Para lograr tal
fin, aparentemente altruista, consideran suficiente la realización de un
inventario rápido, efectuado por personal técnico o profesional de Dirección de
Bosques, en un trámite gratuito.
Esto, que parece
un acto de bondad de una gestión que se postula progresista hacia los pequeños
productores, se transformó en un herramienta formidable para atacar el monte,
fundamentalmente para explotar algarrobos y quebrachos, especialmente los que
están en tierras fiscales porque hasta los simples ocupantes – muchas veces
ficticios- pueden solicitar estas autorizaciones con la intervención de los
empresarios o productores forestales, quienes intervienen y manejan las
actuaciones administrativas para solicitar la extracción completa del monte
representando a personas que no son propietarias, con la venia ilegal del
Estado.
Por ese motivo
aparecieron muchos “nuevos ocupantes”, que una vez que se termina la extracción
de la madera se van del lugar o nunca habitaron las tierras fiscales donde se
explota la madera. De este modo están diezmando el monte bajo el auspicio de la
actual administración.
El daño que están
provocando se concentra e intensifica en el Departamento Güemes, donde todavía
existen especies centenarias en pie. Están destruyendo El Impenetrable. Con los
permisos para sacar madera en superficies menores a 10 hectáreas, estimaban que
podían sacar dos equipos de algarrobo; sin embargo, sacaron hasta ocho camiones
llenos en sus chasis y acoplados, con más de 30 y 35 toneladas por viaje.
Propiedades comunitarias indígenas explotadas
Uno de los
grandes objetivos de los explotadores forestales ha sido y son los algarrobos de
las propiedades comunitarias indígenas, especies centenarias que se preservaron
como consecuencia natural de la cosmovisión de los pueblos originarios,
actualmente en crisis producto de los intereses personales de algunos de sus
dirigentes y representantes.
El caso más
paradigmático es el de la asociación civil Meguesoxochi, que es titular de la
propiedad comunitaria de las 150 mil hectáreas ubicadas en el Interfluvio. Allí
están exterminando el monte de algarrobo, mientras las familias indígenas
continúan en situación de pobreza extrema.
Algunos
explotadores forestales siguen de fiesta ante el festival de autorizaciones
otorgadas al amparo de la tramposa excepción incorporada al art. 11 de la
Disposición 039/ 10.
Es tan evidente
el fraude a la ley que hacen figurar a familias indígenas como pequeños
productores, cuando no lo son, autorizándose la explotación del algarrobos en
superficies de hasta de 10 hectáreas cuando públicamente se sabe que la
propiedad comunitaria es enorme por su gran superficie, de tal modo que no debe
ser categorizada como exceptuada de las condiciones establecidas en art. 11 de
la referida disposición.
La maquinación se
multiplica entregando muchas autorizaciones para extraer madera en superficies
menores a 10 hectáreas, con lo cual amplían el radio de explotación según el
interés directo del empresario, que acumula autorizaciones, lo que le permite
una gran escala territorial de explotación y de ganancias.
Además, varias de
las explotaciones superan el límite de 10 hectáreas e, incluso, se realizan en
lugares distintos a los autorizados. Convirtieron a la Megue en un verdadero
mercado persa, hasta la extinción de los algarrobales. Últimamente van por el
monte de la propiedad comunitaria wichí de la asociación civil Misión Nueva
Pompeya. Quieren quedarse con los algarrobales centenarios que allí existen.
En reuniones con
las asociaciones aborígenes, los funcionarios públicos insisten en que corten
los algarrobos y saquen la madera, para lo cual realizaron varias ofertas.
También irán por la reserva mowitob, a propósito de que ya sacaron gran parte de
los algarrobos del monte de galería de ambas márgenes del río Bermejito”.
Fuente
original: diario Norte
Fuente:
http://elimpenetrablehoy.com/el-centro-mandela-denuncia-trampas-legales-para-explotar-el-monte
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Acuerdo
Capitanich-Arabes genera temor en los pobladores
1 de marzo de 2012
1 de marzo de 2012
(Noelia Carrazana – Red Eco) – Chaco – Con este convenio, el gobierno chaqueño da en concesión 220.000 hectáreas fiscales de El Impenetrable, lo que según advirtieron pobladores y diputados, como Clelia Avila, acompañada por el vicepresidente del Interbloque de la Alianza Sergio Vallejos y los diputados Avelino Milar, Delia González y Marilyn Cristófani estaría violando lo establecido en la Constitución Provincial y en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Según explicaron los legisladores, las 220.000 hectáreas están en zona amarilla y roja, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, es decir que no son aptas para la agricultura.
Grupos de campesinos; nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, entre otras organizaciones; reclamaron ante esta situación y recordaron a casi un año de su fallecimiento a Mártires López, quien se hizo conocido en los medios nacionales por defender su territorio y a sus hermanos de este tipo de atropellos que diariamente reciben de parte del gobierno provincial.
Presidenta avala soja resistente a la sequía
La noticia sobre el convenio llega en el momento en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció con bombos y platillos que Gustavo Grobocopatel, “el rey de la soja”, ya tiene patente para producir semillas de soja tolerante a la sequía, por lo que hace pensar que si bien la zona concesionada a los empresarios árabes figura como no apto para el cultivo, con estos nuevos avances tecnológicos sembrar allí sería posible ya que la empresa Bioceres, Grobocopatel, obtuvo la aprobación del Gobierno, quien también será beneficiado con las regalías que deje la patente ya que el trabajo se realizó en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Además, este proyecto degradaría las tierras, y afectaría los bosques nativos y a los pobladores que hoy se benefician ya de manera escasa para su subsistencia de los montes de El Impenetrable. Los legisladores explicaron a medios locales que actualmente “están desalojando como el caso del productor Maldonado de Tres Isletas".
Este proyecto, como indica el Centro de Estudios Nelson Mandela, estarían violando las pautas especificas que en materia de administración de tierras fiscales contempla la Constitución Provincial y la ley 2913-más su modificatoria 4133.Y también se debe tener en cuenta que este proyecto es una burla más a la ley de no a la extranjerización que se discute por iniciativa del gobierno nacional, ya que de llevarse adelante lo firmado implicaría una transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales que se entregarían bajo el régimen de concesión, comodato o arrendamiento, una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras nacionales que luego se devolverían en condiciones inservibles. Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=7565&Itemid=130
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En 2013 Cristina Fernández, durante
su segundo mandato,designa Jefe
de Gabinete de
Ministros a Capitanich "pese a" o "quizás por" su estar contra las necesidades y aspiraciones
populares.
Argentina:
Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich,
da permiso al
Comando Sur
para instalar una base militar de “Ayuda humanitaria”.
21 de marzo de 2012
21 de marzo de 2012
Visor del
sur – Matriz del sur
Funcionará
este mes, según lo anunciado.
El edificio que será inaugurado este mes está ubicado en el predio del aeropuerto de Resistencia -capital de la provincia norteña del Chaco- y se encuentra en su etapa final de construcción, será así el primer centro de operaciones en Argentina. “Solo resta equipar con tecnología informática y amoblar el lugar para luego culminar con una capacitación al personal”, dijo el comandante estadounidense Edwin Passmore, del Comando Sur, quien se reunió semanas atrás con el gobernador Jorge Capitanich.
El edificio que será inaugurado este mes está ubicado en el predio del aeropuerto de Resistencia -capital de la provincia norteña del Chaco- y se encuentra en su etapa final de construcción, será así el primer centro de operaciones en Argentina. “Solo resta equipar con tecnología informática y amoblar el lugar para luego culminar con una capacitación al personal”, dijo el comandante estadounidense Edwin Passmore, del Comando Sur, quien se reunió semanas atrás con el gobernador Jorge Capitanich.
El Comando
Sur de los Estados Unidos (COSUR) y la embajada estadounidense impulsaron un
“Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias” aprobado en
2006 por el ex Ministro de Justicia, Aníbal Fernández bajo el título "Programa
de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias", así se le dio entrada
al Comando Sur en territorio argentino. Ello implica realizar campañas de "concientización
humanitaria" y de instrucción a la población, para luego en un futuro cercano,
establecer tropas para "ayuda humanitaria". Así han hecho en países como
Ecuador, Honduras, Costa Rica, Paraguay y en Colombia.
El
gobernador del Chaco ya había recibido en diciembre pasado al ministro consejero
de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Jefferson Brown, con quien
analizó los proyectos conjuntos que definieron la inauguración del primer
“Centro de Emergencias” de Argentina, que operará en los próximos días desde la
ciudad de Resistencia del que aseguran especialistas en seguridad es en realidad
una base militar de control y monitoreo de los Estados Unidos en territorio
argentino encubierta como “centro de ayuda humanitaria”.
En la
oportunidad, Brown aseguró que “este es uno de los proyectos más importantes que
el gobierno norteamericano tiene con Argentina. Se trata del primer Centro de
respuesta a emergencias que demandó una inversión de 3 millones de dólares y que
fue ejecutado a través de la donación de la Embajada de Estados Unidos”.
En la
reunión, realizada en el salón de Acuerdo de Casa de Gobierno, estuvieron
presentes el comandante Edwin Passmore; la formadora de emergencia de la
embajada de Estados Unidos, Silvia Maurizio y el representante de la Agencia de
Inversión, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Chaco, Marcos
Sotelo.
El militar
estadounidense explicó que el centro de operaciones “está pensando para
emergencias naturales como inundaciones o sequias, pero también puede
utilizarles, por ejemplo, para epidemias como el dengue”. Señaló que además el
sitio contendrá la informática necesaria para realizar la coordinación con los
organismos necesarios antes los eventuales sucesos; “es solo una herramienta
para que ellos puedan responder con todos los participantes”, manifestó.
Passmore
detalló que la construcción había sido acordada hace dos años entre Capitanich y
el ex embajador Earl Anthony Wayne- actual embajador en México- y que “Permitirá
que las diferentes áreas de gobierno hablen un mismo idioma operativo a la hora
de prevenir, mitigar y superar desastres naturales”. Aseguró que el programa,
exclusivamente civil, es financiado por el Comando Sur de los Estados Unidos y
que tanto la mano de obra que lo construyó como los muebles y los equipos son
chaqueños.
Capitanich relanza la “Unión Americana”
El
gobernador Jorge Capitanich ya había recibido en septiembre a una delegación de
legisladores de Estados Unidos quienes, invitados por una Fundación local,
visitaron la provincia para estrechar vínculos entre ambos países.
El gobernador convocó a los visitantes a construir una relación estratégica
entre América del Norte y América del Sur para que el continente, unido, pueda
reposicionarse como una potencia mundial; “voy a defender esa idea”, aseguró
intentando reconstruir un nuevo ALCA.
Además
Capitanich recomendó a los jóvenes legisladores -a quienes calificó como la
nueva generación de políticos estadounidenses- tener como estrategia, para
reposicionar a Estados Unidos después de la crisis actual, la unión americana y
de esta manera convertir al continente en una potencia mundial. “Juntos seremos
la mayor reserva de minería, agua dulce, alimentos, energía, industria cultural,
atractivos turísticos, talentos de recursos humanos y tecnología vinculada a
procesos productivos”, explicó el gobernador que casi hablaba como un mandatario
presidencial.
“Desde
América del Sur vemos con tristeza que Estados Unidos no nos considere un
aliado”, manifestó en la oportunidad asegurando que está crisis es una
oportunidad para potenciar las relaciones. “Defiendo una alianza estratégica y
estoy dispuesto a luchar por esa idea”, afirmó.
La
delegación estadounidense, , está integrada por Lance Gooden (miembro de la
cámara de Representantes de Texas), Sarah Beth Gregory (miembro de la cámara de
Representantes Kentuck), Curtis Johnson (Director Asociado Asuntos
Gubernamentales, departamento de Transporte de Washington DC -demócrata),
Monisha Merchant (directora senior de Gestión de Producto Nivel III de
Comunicación (CO) -demócrata), Daniel Patterson (Cámara de Representantes de
Arizona -demócrata), Lisa Stickan (asistente Fiscal de la Federación Nacional de
Jóvenes Republicanos -republicana), Manny Flores (director de la División de
Banca del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illions).
Del
encuentro participaron además el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini; el
secretario de Gobierno, Juan Chaquires; el presidente de la Fundación Construir,
Oscar Valdez; la intendente de Resistencia y miembro de la fundación, Aida Ayala
y demás funcionarios municipales.
Asimismo y
como parte del paquete firmado con los Estados Unidos, la empresa Forbes Energy
prevé invertir 100 millones de dólares en el Chaco para producir bioetanol a
partir de la caña de azúcar. La planta del combustible incluye la siembra de 50
mil hectáreas. La producción de caña de azúcar transgénica se elevará a 160
toneladas por hectárea de las 70 toneladas actuales. “Hemos recorrido la zona
norte de Argentina y hemos focalizado nuestro interés en Chaco por sus
importantes condiciones productivas. Ahora sólo debemos definir algunos puntos
fundamentales pero ya estamos listos para invertir en la provincia”, aseguró
Alexander Forbes, gerente de la empresa.
Esta llamativa posición de un gobernador kirchnerista en defensa de la unión
estratégica con los Estados Unidos permite que el Comando Sur se instale como
“base de ayuda humanitaria” en territorio argentino permitiendo el monitoreo y
control satelital de toda la región ubicada cerca de la Triple Frontera
Argentina-Paraguay- Brasil y sobre el deseado Acuífero Guaraní, mayor reserva de
agua dulce de Sudamérica.
Este
Programa ha generado desde sus comienzos fuertes rechazos en la provincia:
muchos de sus habitantes esperan que la asistencia a los pobladores afectados
por las inundaciones sea brindada por instituciones especializadas, como la Cruz
Roja o UNICEF, y no por una organización vinculada a una fuerza militar
extranjera como el Comando Sur.
Advirtamos cómo la
déKada logró perfeccionar la democracia
para la seguridad jurídica de los
saqueadores oficializados como
inversores fundamentalmente extranjeros mediante institucionalización de las dirigencias
pertenecientes a organismos de derechos humanos, a algunos partidos de izquierda.
También a las del MOCASE
y del MNCI de suerte que
"no
sólo se está legitimando el agronegocio, sino que por convicción de las
dirigencias campesinas (...) se coloca a la
Agricultura Familiar en una posición de evidente complicidad y
corresponsabilidad de las múltiples consecuencias sociales, económicas y
ecológicas producidas por el modelo productivo hegemónico de la sojización,
ya que aquella agricultura familiar y campesina, se convertirá
inexorablemente por este camino, en socia menor de la agroindustria y del
modelo de los agronegocios".
Este posicionamiento campesino significa imposibilitar el futuro de
soberanía alimentaria, en esencia, por dialogar y no confrontar a la alianza
entre los capitales y estados imperialistas con los locales. Además, la
agricultura familiar es anacrónica frente a la realidad contemporánea del
capitalismo. Emanciparnos del presente neocolonial requiere la
autoorganización popular para llevar a cabo la reforma agraria integral que
arranque de comunidades locales como sujetos colectivos afirmándose en
territorios libres del extractivismo.
Examinemos cómo las dirigencias campesinas posibilitan el embaucamiento K
sobre la convivencia de los agronegocios globalizados con la agricultura
cuando son incompatibles por creciente concentración ec
Agronegocios y agriculturas de la tierra:
avanza la construcción de la coexistencia entre ambos modelos.
25 de noviembre de 2014
25 de noviembre de 2014
GRR - Grupo de Reflexión
Rural
www.grr.org.ar
En Salta, pocas semanas atrás, se ha
realizado un nuevo encuentro [1] entre los grandes sojeros de ACSOJA y AAPRESID,
y la dirigencia del MOCASE-VC, el MNCI y otros grupos campesinos, convocados
todos por el Ministerio de Agricultura y por la Iglesia Católica.
Se trató de una "Mesa de Diálogo" o encuentro entre dirigentes, que
nos indica el modo en que se desarrolla la nueva estrategia de legitimación del
modelo de los agronegocios. La llamada “Coexistencia” o “Convivencia” entre
ambos modelos, se está
construyendo por lo bajo y a espaldas del debate y de la participación pública,
a fin de asegurar la continuación en el tiempo del actual modelo de
colonización.www.grr.org.ar
Tal como se había dado cuenta en el documento de lanzamiento de la campaña “No nos patenten la vida”[2] en que participamos activamente como GRR, desde el Gobierno Nacional y desde las Corporaciones, se ha lanzado la propuesta de integrar a los agronegocios, la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo, sosteniendo de manera explícita y desembozada que ambos modelos, ambos paradigmas o cosmovisiones, podrían Coexistir o Convivir frente a las reglas del mercado, sin que estos últimos pierdan las características que los identifican.
De hecho, se había expuesto, asimismo, y de manera solapada esta misma posibilidad, en el texto que se conoce como anteproyecto de modificación de la ley de semillas, siendo un proyecto de Ley pensado a la medida de las Corporaciones Transnacionales y particularmente de la empresa Monsanto, para la privatización discrecional de la Biodiversidad, explicita la nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico, al reconocer la excepcionalidad de las obligaciones de dicha Ley, para todos aquellos que se encuentren registrados en la Secretaría de Agricultura Familiar que conduce Emilio Pérsico en el Ministerio de Agricultura.Las iniciativas y posiciones asumidas en Argentina por la Pastoral Social de la Iglesia, Fundapaz, MNCI-VC (Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina), Acina (Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino), FNC (Frente Nacional Campesino), Fonaf (Federación de Organizaciones nucleadas de la AF) y FAA (Federación Agraria Argentina), de participar en la "Mesa de Diálogo para una Agricultura Sustentable", espacio donde se está construyendo la propuesta de la Coexistencia, están configurando amenazas gravísimas para la prosecución de las luchas que desde hace años las organizaciones populares están llevando contra los agronegocios y contra el nuevo modelo de colonialidad. Es en ese sentido que, aquellas acciones deleznables de ciertas dirigencias campesinas, aunque de origen técnico profesional y de la izquierda neo-desarrollista, nos conciernen y comprometen a todos, más allá de que seamos o no seamos campesinos.
En esos encuentros, por otra parte, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, ha solicitado a los representantes del agronegocio un incremento del 2% de las retenciones que pagan al Estado a través de los exportadores, dejando al desnudo la asociación explicita entre su cartera y la agricultura industrial [3]. De este modo, no sólo se está legitimando el agronegocio, sino que por convicción de las dirigencias campesinas que, tal como han manifestado, consideran que “no hay Agricultura Familiar sin presupuesto”[4], se coloca a la Agricultura Familiar en una posición de evidente complicidad y corresponsabilidad de las múltiples consecuencias sociales, económicas y ecológicas producidas por el modelo productivo hegemónico de la sojización, ya que aquella agricultura familiar y campesina, se convertirá inexorablemente por este camino, en socia menor de la agroindustria y del modelo de los agronegocios.
Inmersos en un nuevo clíma político y cultural propio de los finales de un ciclo político, cuando se evidencia la carencia por parte del gobierno de una continuación política partidaria cierta, son impuestas tanto por el Estado como por las corporaciones y en aras de fortalecer un modelo necesitado de relegitimarse, estrategias de “Responsabilidad Social” y de “Maquillaje Verde”. Todo ello se produce en un contexto crítico desde el punto de vista económico, social y ambiental, cuando este tipo de entendimientos, inspirados en una dudosa voluntad común para la “pacificación” y resolución de conflictos, no hacen más que ocultar el conflicto por la tierra, de larga data en la Argentina.
En un tiempo político electoral tal como el que vivimos actualmente, en que pareciera existe cada vez más conciencia y oposición al modelo productivo imperante, cuando se multiplican las luchas contra las prácticas extractivistas y el modelo de sojización, así como contra las fumigaciones, mientras se reproducen las propuestas de otras agriculturas y la imperiosa necesidad de una alimentación que reemplace las actuales ingestas de comida chatarra. Cuando el creciente repoblamiento de la ruralidad enamoran a una ingente cantidad de jóvenes, nos resultan a todas luces insostenibles y propios de la desesperación del sistema de poder, los acuerdos asumidos por estos actores de una izquierda neo-desarrollista y colonizada con los funcionarios del progresismo, los representantes de los agronegocios y los pooles de siembra transgénica en la Argentina.
Estos encuentros actuales nos recuerdan a otros intentos del pasado en el mismo sentido de legitimar los agronegocios, “integrando” la participación de las organizaciones que le son supuestamente opuestas, tal como lo fuera La Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS), ahora con el agravante de que lo que se propone y fundamenta es directamente la legitimidad de la Coexistencia, para acabar así con las luchas contra el agronegocio.
Consideramos que hubo un punto de ruptura en la historia de estas luchas, cuando los representantes de los sectores campesinos firmaron, junto a los más altos representantes del agronegocio en la Argentina, la Declaración de Añatuya del 27 de Febrero de 2014 [5], donde, con los auspicios de la Comisión Episcopal de Pastoral Social [6], se avalaba explícitamente la posibilidad y la necesidad, de la "coexistencia de distintos esquemas de producción", entre los grandes representantes de la agroindustria y los productores familiares campesinos.Nos llama profundamente la atención, en primer lugar la actitud de algunos Obispos, en los que justificamos sobradas razones religiosas para tratar de evitar las confrontaciones y manifestar una práctica piadosa sobre la nueva oligarquía sojera y los grandes propietarios de la tierra. Lo que se nos hace difícil comprender es que el amor al lobo los conduzca a entregarles el propio rebaño de las ovejas que constituirían su feligresía. Aun peor todavía, quisiéramos recordar que, en las luchas que hemos llevado contra el modelo agro biotecnológico, nos hemos preocupado particularmente por no legitimar a los sojeros e inspiradores del modelo, en la esperanza de que alguna vez hubiese justicia y pudiesen ser juzgados por las consecuencias espantosas del modelo que impusieran en los años noventa a espaldas de la democracia y que, bajo ciertos criterios, podrían incluso hasta constituir delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, hoy debemos reconocer que ha sido nada menos que la Iglesia, a través de sus Obispos, la que ha desmontado aquella barrera moral y ética, haciendo sino aceptable -al menos en la práctica corriente- lo que hasta ayer hubiese sido considerado en el campo de las luchas populares como un crimen imperdonable.
Nos preocupa por todo ello, la convivencia y la connivencia expresa entre estos actores y presuntos dirigentes, particularmente cuando la Vía Campesina Internacional viene denunciando desde antiguo y sistemáticamente la desaparición de todas las formas de agricultura para la alimentación de nuestros pueblos, y ello como consecuencia de la acelerada expansión de los monocultivos transgénicos, del acaparamiento de tierras y de la privatización de las semillas. Pero mucho más nos preocupa en lo particular el público alineamiento de las dirigencias del MNCI y del MOCASE-VC no sólo con los agronegocios y con los representantes de los sojeros, sino también con alguna de las expresiones de la actual política productiva argentina, tal como el Ministerio de Agricultura y su Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEAA). Sosteniendo, por lo demás, como organizaciones campesinas, a candidaturas electorales propias del continuismo gubernamental, que como las de Jorge Taiana y el Movimiento Evita, apoyan claramente la profundización del modelo corporativo. Nos preocupa además que. de similar manera a como el MST brasileño hiciera poco tiempo atrás respaldando discrecionalmente la candidatura de Dilma Rousseff, lo hagan ellos ahora utilizando de manera pública el sello de la Vía Campesina Internacional para ese apoyo electoral, sin que ello haya producido escándalo alguno a nivel de esas organizaciones campesinas en el plano internacional.
Reiteramos, nos sorprende profundamente la participación de las organizaciones campesinas integradas en La Vía Campesina en estos sórdidos connubios, ya que estas posiciones diferirían a nuestro buen saber y entender, con los grandes lineamientos trazados por la Vía Campesina Internacional desde sus inicios. Entendemos así que, estas políticas que se llevan a cabo en la Argentina por parte del MOCASE-VC y del MNCI, confrontarían con los principios que dan vida a la existencia de la que fuera en su momento la más importante organización mundial en defensa de las agriculturas ancestrales. Confirma nuestra preocupación una de las últimas publicaciones de la Vía Campesina, y particularmente la que se titula: "Desenmascarando la Agricultura Climáticamente Inteligente" [7] donde se expone claramente que "no hay lugar para los campesinos y pequeños propietarios en la agricultura industrial" y el comunicado de prensa del 25 de septiembre de 2014, en donde expresan que “Mientras los movimientos sociales, como La Vía Campesina, ven a la agroecología como la alternativa a la agricultura industrial, y destacan su promesa transformadora de las realidades rurales, la apertura institucional actual, es mas bien a una agroecología acotada, que se limita a agregar nuevas herramientas a la caja de herramientas de la agricultura industrial; o sea, métodos para reducir los impactos negativos en su futura productividad. Los que promuevan este enfoque, suelan usar nombres como 'intensificación sustentable,' o 'ecológica,' o 'agricultura inteligente para el clima,' para referirse a esta visión, que erróneamente plantea que la agroecología sea compatible con las grandes extensiones de monocultivo, los agrotóxicos, y las semillas transgénicas. Para La Vía Campesina, esto no es agroecología, sino un intento de cooptación, que habrá que denunciar y resistir.”
Es por la extrema gravedad de todo lo anterior, que hacemos un llamamiento indignado a todos aquellos que están participando de estos encuentros legitimantes del modelo devastador y genocida de la sojización compulsiva, para que cesen en la participación de una construcción conjunta e inmoral con las corporaciones y el gobierno del agronegocio, manifestándose abiertamente en contra de esas políticas, tal como lo hacemos ahora nosotros como GRR, denunciando a su vez con valentía las connivencias entre sus presuntas dirigencias y pronunciándose en contra de la Coexistencia entre los agronegocios y las diferentes formas ancestrales y locales de agricultura, así como los diversos modos y prácticas de cultivo del suelo y la autosuficiencia. Leer
Memoricemos que el
gobierno K ha destapado quiénes son esos dirigentes e intelectuales hoy
colaboracionistas del avance capitalista e imperialista que describe:
Desigualdad global y devastación
12 de enero de 2015
Por Silvia
Ribeiro - Investigadora del Grupo
ETC
A
principios de 2014, un reporte de Oxfam resumió gráficamente la desigualdad que
impera en el mundo: 85 individuos concentran más riqueza que los 3 mil 500
millones de habitantes más pobres en el planeta, mitad de la población mundial.
El informe, llamado Gobernar
para las élites: secuestro económico y desigualdad económica, indicaba desde el
título que la situación se mantiene porque las políticas gubernamentales se
hacen para favorecer a los más ricos.
Lo
cual no sorprende, en la vasta mayoría de los casos los gobiernos y legisladores
llegan a sus cargos apoyados en las contribuciones, por decir lo menos, de esas
élites de poder económico.
En un año, los 85 más ricos aumentaron su fortuna en 14 por ciento, que se
tradujo, en conjunto, en ganancias por 668 millones de dólares diarios, o casi
medio millón de dólares por minuto.
En octubre 2014,
el banco Credit Suisse publicó un informe sobre la riqueza mundial en el que
resaltaba la preocupación por los niveles de desigualdad que siguen creciendo,
lo cual considera un factor de riesgo. La riqueza mundial pasó de 117 mil
billones de dólares en el año 2000 a 262,000 billones de dólares en 2014.
El
uno por ciento más rico de la población mundial tiene actualmente casi la mitad
de la riqueza global (48.5
por ciento). Al mismo tiempo, el 50 por ciento de la población más pobre tiene
menos de uno por ciento de los ingresos y de ellos, 90 por ciento vive en países
del Sur. Si estas cifras son difíciles de digerir, casi lo es más saber que 70
por ciento de la población mundial tiene en conjunto ¡menos de 3 por ciento de
los ingresos!
La región con mayor índice de desigualdad en el mundo es América Latina y el Caribe, pese a que en los últimos años, algunos países, como Uruguay y Venezuela, han contribuido a bajar el promedio continental. México y Chile son los países con mayor desigualdad de todos los miembros de la OCDE, e integran los 10 más desiguales de la región, junto a Honduras, Brasil y Colombia, entre otros. En el último año el número de mil-millonarios en la región aumentó 38 por ciento.
La
desigualdad global creció particularmente en las últimas tres décadas, pero la
brecha se hizo mayor a partir de las crisis de 2007-2008.
Según Credit Suisse,
los países donde aumentó más la desigualdad son China e India, donde ahora se
encuentran algunas de las mayores fortunas y corporaciones del planeta.
Estados
Unidos sigue siendo el país que, con distancia, concentra la mayor parte de los
ingresos. Allí radica el 49 por ciento de los individuos llamados ultra-ricos,
con una fortuna mayor a los 50 millones de dólares.
Esos no son los
que sufrieron con la crisis financiera que ellos mismos provocaron. Por el
contrario, el uno por ciento más rico de Estados Unidos capturó el 95 por ciento
del crecimiento y ganancias posteriores a 2009, mientras 90 por ciento de la
población se hizo más pobre. Y esto sin tener en cuenta las sumas ingentes de
dinero público que se gastaron para rescatar a instituciones financieras en
crisis, de las cuales esos mismos ricos son propietarios total o parcialmente.
A estos análisis,
es necesario superponerle la enorme concentración corporativa que tomó vuelo en
la década de 1990, en la que las fusiones y adquisiciones empresariales
crecieron 757 por ciento y siguieron en ritmo ascendente, aunque más lento,
hasta 2007. Con las crisis financieras, económicas y alimentarias de 2007-2008,
bajó el porcentaje de fusiones, pero la concentración empresarial ya establecida
nunca volvió a bajar del nivel alcanzado en 2000, e incluso subió en algunos
años del siglo XXI. Según el estudio La
red de control corporativo global de
los investigadores Vitali, Glattfelder y Battiston (2011), mil 328 corporaciones
trasnacionales tienen 60 por ciento de los ingresos globales y están
interconectadas entre sí por dos o más relaciones mutuas, con un promedio de 20
interconexiones. En esta telaraña de relaciones que tienen atrapado al mundo, el
estudio identificó una súper entidad corporativa, como una araña en la red,
integrada por 147 corporaciones que detentan 40 por ciento de los ingresos de
todas las trasnacionales y que tienen un enorme poder de decisión sobre toda la
red corporativa mundial. Tres cuartas partes de éstas son instituciones
financieras, que a su vez están estrechamente ligadas con las mayores
trasnacionales de sectores claves de la economía, como energía, petroquímica y
química, comunicaciones, construcción, minería, alimentación y agricultura,
etcétera.
Son los intereses de lucro de esta extraordinariamente ínfima minoría de ricos los que modelan regulaciones nacionales e internacionales para mantener sus privilegios, las que empujan los modelos industriales de producción y consumo masivos, y los responsables de la devastación social, ambiental y las crisis planetarias. Apenas un ejemplo: sólo 90 empresas, la mayoría privadas, de petróleo, carbón, gas y cemento son responsables de dos terceras partes de las emisiones de gases que han provocado el cambio climático.
Hay muchos
factores que se imponen para mantener la desigualdad, incluido un amplio aparato
bélico y represivo, en general pagado con fondos públicos. Pero también hay
muchos y diversos focos de resistencia y construcción colectiva desde abajo, sin
duda lo que sigue haciendo el mundo habitable y en definitiva las únicas
alternativas reales a estas nuevas formas de esclavitud global.
Fuente
original: La
Jornada Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Desigualdad_global_y_devastacion
Indaguemos en qué consiste el extractivismo a través del historiador y
economista colombiano.
Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental
18 de
agosto de 2014
Por Renán Vega Cantor
Revista CEPA
En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador,
similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha
venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del
capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la
expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas
comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir
bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado,
pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo
extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor
importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.
Características
El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación.
En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas…
Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y éste es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio.
Características
El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación.
En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas…
Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y éste es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio.
El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los emprendedores extranjeros. En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase” a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso.
Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales que son un componente esencial del modelo extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y controlada por las multinacionales.
En concordancia la economía y el territorio colombianos se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales. En términos de la propaganda, adquieren fuerza el imaginario de enclave y la mentalidad extractivista (propio del colonialismo interno) que se basa en el prejuicio de pensar que el comercio internacional en sí mismo es la garantía de acceder al progreso, la modernización y la prosperidad. Ese mentalidad extractivista domina todas las actividades, como el deporte, la educación o la salud, por lo que no sorprende que los padres quieren que sus hijos sean exitosos futbolistas que conquistan el mercado europeo, o que el objetivo de los dueños de las universidades sea la competitividad, para lo cual preparan fuerza de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo transnacional en distintos frentes. Con el imaginario de enclave se impone la idea que el modelo exportador constituye la tabla de salvación del país, y quienes se oponen –trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes- son considerados como enemigos del progreso y del bienestar que se supone genera el libre comercio.
Consecuencias
El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos.
La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales.
Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el
segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos
como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron
miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado
de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo
extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los
acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta
de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta
montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de
cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye
la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención
de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad
productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de
las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra
afectada por las modificaciones climáticas.
En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.
La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”.
Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa.
Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola.
Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático. Luchas En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti.
La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios.
Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona.
Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Notas: (…)
En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.
La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”.
Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa.
Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola.
Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático. Luchas En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti.
La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios.
Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona.
Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Notas: (…)
Constatemos cómo se da el extractivismo
urbano. Escuchemos qué nos dice el Espacio Intercuencas.
"Nuestra
región metropolitana ha crecido de manera desigual y excluyente marcada por la
asociación de intereses empresarios y los poderes políticos locales, que
privilegian los negociados de corto plazo por sobre un plan de ordenamiento
urbano que responda a las necesidades de las mayorías populares a una vida
digna. Las ciudades costeras desarrolladas sobre el Delta hasta La Plata se
construyeron ganando terrenos al Río de la Plata, y sobre el curso de arroyos
que las surcaban, los cuales en la actualidad han sido en gran parte entubados
total o parcialmente, secados y utilizados para la expansión inmobiliaria".Explica
su lucha:
No a los Negociados Inmobiliarios.
No cambiemos
Verde por Verde$
junio de 2013
Espacio
InterCuencas RRR
Este sábado 8 de Junio a las 12 hs en Costanera Sur (frente al monumento a Lola Mora – Entrada de Reserva Ecológica) hacemos un Festival en Defensa de la Costa Pública, los humedales y espacios verdes en la Costanera Sur. Nos autoconvocamos para denunciar los negociados inmobiliarios sobre el patrimonio público, natural e histórico, que pretende cambiar Verde por Verde$$.
Este sábado 8 de Junio a las 12 hs en Costanera Sur (frente al monumento a Lola Mora – Entrada de Reserva Ecológica) hacemos un Festival en Defensa de la Costa Pública, los humedales y espacios verdes en la Costanera Sur. Nos autoconvocamos para denunciar los negociados inmobiliarios sobre el patrimonio público, natural e histórico, que pretende cambiar Verde por Verde$$.
Nuestra
región metropolitana ha crecido de manera desigual y excluyente marcada por la
asociación de intereses empresarios y los poderes políticos locales, que
privilegian los negociados de corto plazo por sobre un plan de ordenamiento
urbano que responda a las necesidades de las mayorías populares a una vida
digna. Las ciudades costeras desarrolladas sobre el Delta hasta La Plata se
construyeron ganando terrenos al Río de la Plata, y sobre el curso de arroyos
que las surcaban, los cuales en la actualidad han sido en gran parte entubados
total o parcialmente, secados y utilizados para la expansión inmobiliaria.
El saqueo del patrimonio público, las tierras y espacios verdes configuran una ciudad cerrada para pocos; los mayores negociados son para barrios privados, torres, shoppings y casinos, que destruyen la trama urbana que identifica a nuestros barrios, sobrecarga la demanda de servicios públicos ya colapsados y tienen un alto impacto ambiental negativo. La privatización de las costas y espacios públicos, destruyen los humedales, perjudicando además con los rellenos a las poblaciones vecinas preexistentes que sufren inundaciones cada vez más severas, contaminación, pérdida de espacios verdes públicos, pérdida de modos de vida y subsistencia, desarraigo.
Este modelo es socialmente excluyente, ambientalmente insostenible y apropiador de costas, bienes y espacios públicos, privando de sus beneficios al conjunto de la población.
A diario se
suceden desmontes y apropiación indebida de predios públicos en función de
negociados inmobiliarios. Lo observamos desde Green Village en Hudson o el
proyecto de construcción del camino costero en la ribera de Berazategui, con el
negocio inmobiliario de Techint denominado Nueva Costa del Plata en Avellaneda,
(con una medida de no innovar que suspende las obras hasta la resolución del
pleito), pasando por los intentos de IRSA de replicar un Puerto Madero II en la
Costanera Sur, por la explosión inmobiliaria de torres y la construcción del
vial costero en Vicente López, el otorgamiento de predios públicos a colegios y
clubes privados en la costa de San Isidro,el proyecto Venice en Tigre, (que
pretende crear una Venecia en el antiguo predio de los Astilleros Astarsa,
centro de detención ilegal donde se registran numerosos desaparecidos durante la
última dictadura militar), hasta Escobar y Pilar, entre otros distritos del
norte de la región metropolitana, plagados de emprendimientos inmobiliarios como
Nordelta, el Complejo Villa Nueva, Ciudad del Lago, Colony Park, etc., todo para
construir barrios exclusivos a costa del patrimonio público y que además, en
muchos casos, están destruyendo los humedales existentes y privatizando las
riberas.
Pese a la
existencia de diversos Comités de Cuencas que debieran intervenir en un
planeamiento urbano ambiental integral que gestione del ordenamiento
territorial, regulación de valles de inundación, las obras hídricas, etc.
predomina un planeamiento urbanístico direccionado por el eufemismo del
“mercado” esto es por grandes grupos económicos que, aliados con los poderes
públicos, obtienen rentas extraordinarias aprovechándose de las obras públicas.
A cinco
meses de haber Declarado Reserva Natural a la Laguna de Rocha, la legislatura
provincial a 20 días de las inundaciones que afectaron gravemente la ciudad de
La Plata votó la desafectación de 64 has de dicha Reserva para cedérselas a los
clubes de Boca Juniors y Racing.
Esta falta
de planificación estratégica, destrucción de humedales y construcción
indiscriminada sobre ríos, cuencas y arroyos expulsó a los pobres en los bordes
de zonas inundables y terminó en tragedia criminal en las recientes inundaciones
que afectaron la región y que tuvo en la ciudad de La Plata y Capital Federal
sus consecuencias más trágicas, donde todavía no se ha reconocido la cantidad
demuertes ocurridas a causa de la inundación.
Las
inundaciones afectaron a toda la región metropolitana, a numerosos barrios
populares (en La Matanza, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente
López, entre otros) que no tuvieron “prensa” para que se conociera su situación.
En numerosos distritos, las autoridades municipales se negaron a reconocer las
consecuencias que generaron las inundaciones, privando así a miles de
bonaerenses del acceso a alguna reparación.
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| Inundación en La Plata |
Hacen falta obras
hídricas, pero a la vez si éstas no preservan y potencian el rol de humedales
y si no se interviene en una regulación y control sistemático del mercado
inmobiliario, la recurrencia de estas catástrofes no podrán ser atribuidas a
fenómenos atmosféricos, sino a la trama de interesesde las
corporaciones y el poder político, cuyos negociados conspiran para que se puedan
vetar emprendimientos nefastos para la vida de nuestro pueblo y definir otro
modelo de ciudad abierta e inclusiva socialmente.
En todos los
distritos ribereños vecinos agrupados en Foros y Asambleas Barriales vienen
reclamando por la defensa de las costas y patrimonio público, enfrentando en
numerosas ocasiones represión de parte de las autoridades locales, en
connivencia con las provinciales.
Por estas
razones nos autoconvocamos para reclamar a los órganos del Estado Nacional,
Provincial y Distrital que pongan en consideración los planes de manejo, que
venimos presentando y promoviendo para proteger los humedales, las costas
públicas, los bienes culturales, históricos y naturales, para que nuestra región
se transforme en una ciudad abierta, socialmente inclusiva, basada en la
participación de la comunidad en el planeamiento urbano.
Nos
movilizamos para exigir a las autoridades que:
- Se declare la emergencia socio ambiental que frene todo desmonte y destrucción de los humedales.
- Se conformen comités de emergencia que involucren a todas las áreas estatales y organizaciones sociales ante la eventualidad de reiterarse inundaciones, para tener previstos planes de contingencia para atender a la población afectada.
- Se aplique la ley vigente de Bosques para que desde Zárate-Campana hasta la Bahía de Samborombón sea declarada reserva natural protegida y se la coloque dentro de la Categoría I (rojo), es decir sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse.
- Prohibir los emprendimientos inmobiliarios (edificios torres, countries, clubes de campo, barrios privados y barrios náuticos cerrados exclusivos y excluyentes, construcciones que afectan las barrancas) sobre las costas ribereñas. Impedir la concesión y/o privatización de tierras públicas de la ribera para emprendimientos privados. Impedir volcar rellenos de construcción en la costa.
- Prohibir la instalación de parques industriales en zonas urbanizadas. Exigir que las industrias tengan plantas de tratamiento de efluentes industriales para que no contaminen los cursos de agua superficial y subterránea. Resulta imperioso regular y controlar la sobreexplotación de los acuíferos por parques industriales que sin ninguna previsión están generando conos de depresión y el consecuente deterioro de la fuente de provisión de agua subterránea.Prohibición de emprendimientos como el puerto regasificador de Escobar, que debe ser trasladado a alta mar o a la costa marítima, en zona despoblada, y que los procesos de regasificación que se seleccionen respeten el equilibrio ambiental, las leyes nacionales, internacionales y normas de seguridad específicas de GNL.
- Protección de los humedales existentes y recreación de los mismos limitando las consecuencias de una urbanización descontrolada que puedan afectar aún más el eco sistema existente. La degradación y, por ende, desaparición de los humedales constituyen un daño ambiental irreparable que deber ser evitado. Consideramos que deben restaurarse y rehabilitarse como una prioridad.
- Monitoreo del agua superficial y subterránea a nivel municipal con los municipios ribereños de Argentina y Uruguay. Estudios químicos, bacteriológicos, que permitan disponer de información para detección, alerta, intervención y remediación de sustancias contaminantes
- Protección del eco sistema de flora y la fauna del área. Detección de especies en peligro, amenazadas y vulnerables.
- Revisión y modificación de los Códigos de Ordenamiento Urbano (COU), para determinar entre otros aspectos los siguientes temas: Diagnóstico de las zonas inundables y su actualización e inclusión en los COU como zonas de riesgo y planeamiento prioritario de obras; Apertura de arroyos entubados, instalación de plantas de tratamiento de agua y lagos de regulación; Planificación de espacios verdes para facilitar la absorción de los suelos; Prohibir la alteración de la topografía y de las cuencas inundables; Definir una Valuación Ambiental Estratégica (VAE), que permita evaluar todos los planes y programas que afecten el medio ambiente, desde el inicio de los proyectos hasta su ejecución asegurando, además de la realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de cada obra, el acceso a la información para la sociedad, la necesaria coordinación, control, corrección y/o anulación según la gravedad de los casos, de todos los efectos negativos que puedan afectar la vida de nuestro pueblo y el ambiente.
- Sancionar una Ley de Protección de Humedales, que disponga una gestión adecuada a que cumplan su funcionalidad y determine la prohibición de: cambiar el curso de las aguas, modificar su hidrología y crear nuevos espejos de agua. En caso de ser necesarios para asegurar vías navegables, los refulados por dragado de ríos y arroyos se realizarán sólo con los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la aprobación de los mismos mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) dictadas por la autoridad de aplicación.
- Asegurar el libre acceso al río y a la ribera como espacio verde público de esparcimiento y recreación. En tanto se siga ocupando el escaso espacio público que queda (invadiéndolo con autopistas, edificios, emprendimientos comerciales y barrios privados), del mismo modo, tendremos el derecho a tomar las calles, rutas y avenidas para abrir caminos en defensa de los bienes públicos y del derecho a lograr una vida digna para todos y todas.
Organización y movilización social para salvar nuestros bosques nativos, humedales y espacios verdes ribereños
Con fecha 14
de mayo de 2014, el Colegio de Auditores Generales de la Nación resolvió aprobar
el informe de auditoria de gestión ambiental realizado en la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación respecto a la ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
La Ley
26.331, aprobada en el año 2007 y reglamentada recién en Febrero de 2009 fija
los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques
nativos y de los servicios ambientales que estos brindan. El Decreto 91/09
designó como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS), que no cumplió con la aplicación de la Ley. A nivel de las
jurisdicciones provinciales, es autoridad de aplicación el organismo que las
provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de
cada jurisdicción.
Casi cinco
años después de reglamentada la ley, la Auditoria General de la Nación verifica
una serie de debilidades de enorme importancia, que en los hechos crea los
baches suficientes para que esta ley caiga en saco roto y la voracidad de
quienes solo piensan en los negocios siga avanzando sobre los espacios verdes
vitales para el mantenimiento de muchos ecosistemas. En criollo los negocios
sojeros, y las especulaciones inmobiliarias aún encuentran resquicios para sus
negociados debido a que aún falta la reglamentación de algunos artículos, a raíz
de lo cual las jurisdicciones la interpretan de manera desigual.
Por otro
lado, algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo
establecido en la Ley nacional. Entre ellos se destaca el caso de Salta, donde
se han realizado recategorizaciones, incumpliendo con el Decreto 91/09, art. 9,
y los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad de la Ley General
del Ambiente.
A su vez,
transcurridos más de cuatro años de la reglamentación de la Ley, faltan OTBN en
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja y
Santa Fe.
En la
provincia de Buenos, la Oficina para el Desarrollo Sostenible (OPDS) pretende
enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley que significaría la
perdida de los humedales costeros y espacios verdes de enorme trascendencia.
Sólo la organización y movilización popular puede detener estos planes e
implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la
superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie
perdurable en el tiempo.
Descargar
mapas e información de consulta sobre el OTBN (Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos). Clic
aquí
Ver
resolución del Colegio de Auditores Generales de la Nación. Clic
aquí
Ver
publicación de Auditoría General de la Nación. Clic
aquí
Fuente:
http://www.espaciointercuencas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=1
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