Un legado del 19y20 es la democracia directa.

 

Para qué Estado construir, significa romper con la lógica electoral y

 

unir la diversidad de asambleas u otras organizaciones populares

 

en lucha por la vida y la dignidad humana.

 

Segunda parte

 

 

Reasumamos  la «crisis de representación» de fines del 2001 y comienzos del 2002 mediante el compromiso con construcciones culturales a la vez que políticas de las organizaciones populares que no se resignan a vivir sea como sea según disponen los poderes establecidos con terrorismo de estado y legalizados-legitimados gracias a la democracia restringida.

 

Pensemos la historia desde el año 2004. Con motivo de la gran movilización del 24 de marzo surge una oposición de gran representatividad abajo en la ciudad de Buenos Aires: la cruzada de Blumberg. Leamos:

 

AntiRrepresivo: Editorial - Agosto 2004
26 de agosto de 2004

Correpi

1.- Blumberg y su cruzada
El secuestro y asesinato de Axel Blumberg en marzo de este año generó la irrupción de su padre en el escenario político nacional. El ingeniero textil devenido en un “líder involuntario” según Mariano Grondona, se ubicó como referente y gurú de la seguridad nacional a partir de su tragedia personal. Su Cruzada por Axel, centrada en un petitorio a las autoridades con el aval de millones de firmas de ciudadanos, es otro ataque represivo contra el pueblo: más mano dura y menos derechos y garantías para los sectores radicalmente excluidos.
En su convocatoria inicial se mezclaron sectores medios y altos con madres y familiares de los pibes humildes asesinados por la policía, quienes muy pronto vieron que no era con ellos que se alineaba el canoso empresario. Este prefirió rodearse de personajes como Ruckauf, Casanovas o Durrieu al grito de “ley y orden”.

Desde su primera aparición pública CORREPI caracterizó al “líder involuntario” como un integrante -y ahora vocero- de los sectores más reaccionarios para promover una fuerte corriente de opinión favorable al endurecimiento del sistema penal y a la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad. Estuvimos solos en aquel momento, ya que incluso importantes organizaciones populares anunciaron que acompañaban “con sus propias consignas” la marcha en la Plaza Lavalle, lo que no modificaba la naturaleza antipopular del acto, ni el contenido del famoso petitorio, conocido por menos de la mitad de quienes lo firmaron. [1]
El tiempo confirmó nuestra posición. Fue necesario que Blumberg dijera lo que dijo de Sebastián Bordón y que designara a un conocido fascista como su abogado para que esos apoyos desaparecieran.
Desde su instalación como figura pública, Juan Carlos Blumberg, especie de Mirta Pérez ilustrada [2], fue objeto de una suerte de tironeo entre esos sectores que lo rodearon desde un principio y el propio gobierno nacional, que es mucho más prolijo a la hora de exponer su política represiva. El hombre era el personaje ideal para promover y propagandizar una corriente de opinión pública favorable a una serie de proyectos que desde hacía mucho tiempo dormían en despachos oficiales, algunos desde hacía varias administraciones. Inviable sin consenso, finalmente vieron la luz integrando el Plan Nacional de Seguridad [3].
Hasta el presente sólo se han implementado o comenzado a implementar las medidas del Plan y las reformas legislativas que más claramente señalan su carácter represivo, casualmente aquéllas que poco o nada tienen que ver con la supuesta prevención de delitos como el padecido por la familia Blumberg, sino que fortalecen el aparato represivo del estado a la vez que satisfacen viejas exigencias de la política continental del imperio, contenidas en los viejos proyectos de Ley Antiterrorista.

Blumberg, mientras tanto, fue recibido por el Presidente Kirschner. La prensa informó, sin que el gobierno lo desmintiera, su compromiso a realizar gestiones ante empresas privadas para financiar la Fundación Axel.
Es de conocimiento público que tanto el empresario como su videlista abogado han viajado a Estados Unidos, donde se entrevistaron con funcionarios políticos y policiales para gestar convenios de “perfeccionamiento y capacitación” de las fuerzas de seguridad con la policía yanqui, y luego a Europa, donde la visita al Papa fue foto de tapa de los diarios argentinos. [4]

2.- El debate en el estado - cómo reprimir con consenso y sin costo político
En el marco de nuestra democracia formal, nunca ha sido materia de debate entre los distintos sectores del poder si se reprime o no, sino cómo se ejercen esos necesarios mecanismos de control social y disciplinamiento. Aquella división entre “manoduristas” y “garantistas” refleja en realidad la diferencia entre quienes sinceran sus ansias represivas y apuestan al apoyo histórico que el autoritarismo tiene en algunos sectores sociales argentinos, y los que prefieren buscar el consenso de quienes tienen tanto horror al desorden como al terrorismo de estado.
Son mucho más aparentes que reales las infladas controversias sobre las políticas represivas del estado que pueden esquematizarse entre el discurso del gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. No se trata de un verdadero debate de ideas acerca del rol del estado, sino de una discusión acerca de su aparato represivo: cómo se puede reprimir más y mejor, con el menor costo político. Ese es el nudo de la cuestión.
Los distintos intereses económicos representados en las variantes políticas que ejercen el poder marcan el ritmo del maniqueo debate. Los voceros de las empresas privatizadas y de los inversionistas extranjeros permanentemente agitan con la necesidad de “seguridad jurídica”, y reclaman palo y a la bolsa ya. Se publican artículos en diarios del exterior, como El País de Madrid, alertando sobre la desconfianza que el problema piquetero produce en potenciales inversores, y hasta don Roger Noriega se preocupa públicamente por la seguridad del emporio McDonald.
Raúl Alfonsín reclama reprimir “la violencia del palo”, y el ministro de economía Lavagna y el de seguridad bonaerense, León Arslanián salen en su apoyo, de manera más o menos explícita.
Del otro lado del escenario, los Fernández y Gustavo Béliz cumplen su tarea de ser “la voz de la cordura”, defendiendo una y otra vez la decisión del gobierno nacional de no reprimir con la fuerza. En una jugada magistral para desprenderse del costo político de la necesaria represión, le pasan la pelota al poder judicial, lo que implica la judicialización del conflicto.
El permanente repiqueteo belicista (de Béliz) instando a los jueces “a actuar con el código penal en la mano” responde a la lógica de no querer cargar con el costo político de la represión. Todos la quieren usar, pero ninguno sabe cómo hacerlo sin perder consenso. De allí que aunque en apariencia haya dos discursos, como intenta presentarlo el Diario La Nación en su edición del domingo 11 de julio de 2004, prosperan las iniciativas de articulación de fuerzas federales y provinciales como los proyectos “Policía de Buenos Aires II” y la “Fuerza Federal de Paz”.
En la entrevista queda clara la esencia de la discrepancia. Dice Béliz: “…en el caso en el que se produzca una actividad delictiva para cuyo cese se corra algún tipo de riesgo de agravar la situación, se consulta a un juez y a un fiscal para que dispongan qué hacer”. Y responde Arslanián: “Hay que diferenciar muy bien dos tipos de situaciones, la de flagrancia y la del hecho consumado. En la flagrancia debemos actuar autónomamente. A partir del momento en el que toma intervención un juez, la fuerza pierde capacidad de acción autónoma y depende de la directiva judicial. Nosotros decimos que si intentan tomar una comisaría tenemos el derecho, la facultad legal y la obligación de usar la fuerza, aunque es un recurso extremo.”
Pero a renglón seguido, aclara Béliz: “El uso de la fuerza en términos racionales, proporcionales y directamente encaminados a hacer cesar una situación en que se pueda violar la ley, el Estado la tiene como monopolio y no está en tela de discusión. Lo que hay que medir es que la reacción en un determinado tipo de manifestación no genere una situación de violencia mayor.”
O sea, “no vamos a hacer un Puente de Corrientes, un 20 de diciembre o un 26 de junio porque sabemos que se generaría una reacción antirrepresiva y nos pasaría como a De La Rua y a Duhalde, y nosotros hemos aprendido esa lección. Sin consenso no reprimimos”.

A dos años de transcurrida la última masacre, y pese al éxito parcial de la política de deslegitimación y de cooptación de los movimientos populares encarada por el gobierno, debe haber sido para ellos un trago duro de pasar la multitudinaria marcha del 26 de junio.

Es esa búsqueda de consenso lo que marca la política del gobierno nacional. Para obtenerlo no desperdicia la oportunidad de agitar con éxito el supuesto discurso contrario. Es así que algunos –muchos- creen que es mejor apoyar este gobierno “un poquito popular” antes que correr el riesgo de que se fortalezcan los López Murphy, Macri y otros ejemplares de Jurassic Park como el marido de la locutora chilena.
3.- La bronca popular
Paralelamente, todo sirve para instalar la idea de que “así no se puede seguir”. Como uno de los objetivos es lograr consenso para reprimir a los movimientos piqueteros no transversales, todo lo que ocurre se les endilga, sea o no fruto de su movilización.
Los vecinos de Tres Arroyos apedrean una comisaría, y el fiscal dictamina que, como la mayoría eran pibes de 15 o 16 años, eso prueba que alguien los manipuló, cuando no hace falta explicarle a un adolescente pobre que la policía es su enemigo.
Los familiares de víctimas de gatillo fácil impiden la inauguración de una comisaría en Villa Tesei, y a la semana llenan de huevos y pintadas otra, y los diarios titulan “piqueteros atacan comisaría”. De la policía de gatillo fácil, de la auténtica bronca popular, no se dice nada.
Un diputado provincial kirschnerista toma una comisaría federal porque uno de sus militantes fue asesinado, y el hecho se discute en los medios como si “los piqueteros” hubieran instalado una nueva modalidad de lucha: tomar comisarías. Las autoridades provinciales anuncian sanciones y exoneración para el comisario “que se deje tomar una comisaría”. El mensaje es claro: o disparan, o los echamos.

La prensa, como en el caso Blumberg, cumple un rol funcional a la creación de consenso tanto al apoyar al padre dolorido que quiere justicia como para denostar a quienes no concuerdan ni con las exigencias de la derecha más recalcitrante ni con las soluciones lavadas del gobierno. Por un lado, mantienen la agitación de la “inseguridad”. Por otro, reeditan escenas setentistas contra la “violencia” piquetera, a la que no sólo La Nación o Radio 10 han comparado con organizaciones armadas.
Finalmente, se silencia la otra cara de la represión del estado, la que no ataca organizaciones sino indiscriminadamente individuos: los más débiles y vulnerables. El gatillo fácil, la aplicación sistemática de la tortura y las detenciones arbitrarias no sólo no han decrecido, sino que los índices aumentan en todo el país. En distintas provincias, como Santa Fe, se relegitiman las facultades policiales para detener a cualquiera sin motivo, y se incumple la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó al estado argentino revisar y modificar su legislación interna en materia de detenciones arbitrarias.

No sólo siguen vigentes herramientas como la averiguación de antecedentes y las contravenciones, sino que se avanza sin cesar hacia más facultades para reprimir, como ocurre en estos días en la ciudad de Buenos Aires con la sanción del nuevo Código Contravencional. En la Audiencia Pública convocada por el Gobierno de la Ciudad, que denunciamos como una farsa y cuyas conclusiones fueron totalmente omitidas en el debate legislativo, fue ampliamente mayoritaria la postura contraria al sistema contravencional, pese a lo cual insisten medios y funcionarios en que “los vecinos” sostienen el código.
La oposición a la reforma represiva del código es presentada por los medios como exaltada y revoltosa minoría de inadaptados; minoritaria turba, ruidosa y soez, integrada por piqueteros, prostitutas, travestis y vendedores ilegales, de comportamiento irascible y procaz [5], eficaz modo de relegar el debate sobre el sistema de faltas y contravenciones a esos sectores marginados, a quienes sin dudas afecta primordialmente, porque son parte del segmento social que debe ser disciplinado y del que forma parte la enorme y empobrecida mayoría del pueblo argentino, esa que todavía busca su destino. NOTAS: (…) Fuente: http://correpi.lahaine.org/?p=491

 

Evidenciamos, el 14 de junio de 2004,  una vez más la criminalidad capitalista y la posibilidad de la mayoría del país de prever la déKada si hubiese preferido escuchar a los santacruceños en vez de a los Kirchner.

La muerte de 14 obreros en Santa Cruz: lo menos turbio es el río
17 de junio de 2008

Al cumplirse cuatro años de la muerte de 14 obreros en la mina de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, la justicia decidió procesar a tres ex directivos de la empresa. Sin embargo, no avanza en las responsabilidades políticas que sembraron el terreno para que esta ¿tragedia? sea posible: los organismos del estado y la gestión privada del empresario Sergio Taselli, calificado como “otro Yabrán” por Hebe de Bonafini. Un testimonio del momento de aquel Cromañón minero.

La causa que investiga el crimen de 14 obreros dentro del yacimiento de carbón de Río Turbio parece por fin apuntar hacia parte de los responsables verdaderos. El juez federal Gerardo Caamaño dictó el procesamiento de los ex directivos de la empresa, Fermín Lauro Garnica, Eduardo Schabner y Esteban Loncaric, por el delito de homicidio culposo y sobreseyó a los trabajadores Ramón Pazos, Gregorio Tolosa y Tomás Rodríguez, quien habían sido inculpados del “accidente”.

Éxito empresarial
A pesar del rumbo que tomó el caso, el trabajador Raúl Wanzo quien además es dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierte que todavía hace falta determinar las responsabilidades políticas, señalar a los que pasaron por alto los controles. Dice que la mina en 2004 trabajaba a sabiendas de que había sido destruida por la gestión privada de Sergio Taselli, una especie de “vaciador serial” que entre sus victimas incluye a las firmas Parmalat, Metropolitano y Matarte.

Raúl recuerda que “cuando el empresario se hizo cargo del yacimiento generó mucho miedo en el sector de supervisores y jefes, se rodeó de obsecuentes que pusieron en marcha su estrategia: funcionar, pero con menos gente y menos gastos”.

Socios 
Desde noviembre del 94 hasta mediados de 2002 cuando se le rescinde el contrato a Taselli y vuelve al Estado, los organismos de control documentaron todas las falencias en materia de seguridad del yacimiento de Río Turbio. Inclusive el Ministerio de Trabajo de la Nación realizó un informe de más de ciento cincuenta páginas detallando cada falla, cada violación a la seguridad laboral. Sin embargo, algunos funcionarios miraron para otro lado mientras los trabajadores y la comunidad intuían que un “accidente” podía ocurrir en cualquier momento.

El lunes 14 de junio de 2004 a las 22.30 un chispazo en uno de los rodillos de la cinta transportadora que saca el carbón de la mina a la superficie inició un incendio. Enseguida una mezcla de gases tóxicos que se desprenden de las paredes de los yacimientos de carbón hizo un muro que sepulto a 14 obreros a 600 metros de profundidad. Raúl recuerda que esa noche trabajó y que fue uno de los que llegó al lugar. Vio como salieron los 43 sobrevivientes. “Yo tengo esa imagen que me vuelve cada tanto, de los compañeros que salían de una pared de humo con la boca llena de espuma y, a la vez, sentía la angustia de contar los minutos y saber que era imposible que otros pudieran sobrevivir”.

Poco de accidente tiene el episodio, la gestión privada exigió extirpar puestos de trabajo y uno de ellos fue el del empleado que se encargaba de controlar el funcionamiento correcto de la cinta trasportadora. Raúl denuncia que “la subsecretaria de trabajo de la provincia fue habilitando y consintiendo que se trabaje de todas maneras, siempre la desidia, o el arreglo político para que todo funcione igual”.

A callar
El dirigente de ATE actualmente es el único querellante en la causa por el vaciamiento del yacimiento de carbón de Río Turbio contra Taselli. Opina que el gobierno provincial puso plata para calmar la bronca de la comunidad. Cuenta que “les fueron dando trabajo a los familiares de las víctimas, a algunos le pintaron la casa, les dieron ladrillos”. Dice que en un pueblo chiquito como ése se ven todos los movimientos y que el reclamo de justicia en parte de la sociedad se fue acallando.

Para Raúl la muerte de los 14 obreros de la mina en Santa Cruz, Cromañon y el incendio del avión de LAPA, muestran coincidencias: corrupción, desidia y la precariedad como situación generalizada. El Estado y el mercado, cuando trabajan armoniosamente bajo la ley de la impunidad.

“Otro Yabrán”
Hace dos años la presidenta de la Asociación Madre de Plaza de mayo, hasta Hebe de Bonafini, más allá de su reconocida solidaridad con el gobierno, denunció a Sergio Taselli y sus vínculos con el gobierno de Nëstor Kirchner. Dijo textualmente Bonafini sobre Taselli, el 2 de febrero en Plaza de Mayo:
“No quiero pensar que sea amigo de alguno de los que están en la Casa de Gobierno. Espero que no, porque si es amigo de alguno de ellos tenemos que empezar a escupirlo. Y nosotras siempre dijimos que los amigos de nuestros enemigos también son nuestros enemigos. Si Taselli tiene algún amigo en la Casa de Gobierno ése pasará a ser enemigo de los trabajadores de Gándara, de los trabajadores de las minas –que también él las negoció- y también pasará a ser enemigo de las Madres. Porque Taselli es un atorrante; es peor que Yabrán, es peor que Moneta y que todos estos atorrantes juntos. Ojalá que ninguno sea amigo. Y si lo es ya empezaremos a decir lo que tenemos que decir, que lo decimos ahora: los amigos de nuestros enemigos son también nuestros enemigos. Las Madres no queremos tener amigos que tengan amigos ladrones, chorros, coimeros, que se hacen ricos a partir del trabajo de los hombres y mujeres que trabajan en sus fábricas”.
Luego dijo a lavaca “Yo sé de lo que hablo. Este tipo fue el que hizo todo el quilombo de las minas donde murió la gente. Y ahora compra por un peso las empresas, y después no le paga a la gente durante meses, la mata de hambre. Compra por nada, remata por nada, echa a la gente”. (Aclaración: Taselli compró las empresas como Gándara por un valor simbólico, y supuestamente se hace cargo de las deudas, muchas veces las liquida, aunque todas estas maniobras podrían definirse, por así decir, como un verdadero río turbio).

-¿Por qué lo llamó otro Yabrán? (Alfredo Yabrán, empresario telepostal cercano a la dictadura y luego al menemismo, inesperadamente suicidado en mayo de 1998).
-Porque ¿qué hizo Yabrán con el Correo, o el otro, Moneta (Raúl Moneta, conocido como uno de los tantos “banqueros de Menem”, y actual accionista en diversos medios de difusión)? Son tipos chorros, mafiosos, como que nadie los puede tocar. Y este Taselli es igual o peor, pero fijate que nadie publicó nada de lo que dije

-Lo de Taselli y su relación con el gobierno, ¿es una sospecha o una certeza?
-Es seguro que hay alguien o algunos dentro del gobierno que son amigos de él. Y se va a descubrir. Siempre se descubre. Alguien le hace la palanca. Estos tipos siempre tienen una palanca, un juez, un ministro, o el gobernador, y eso es lo que no hay que permitir. Es un tipo del duhaldismo, pero supuestamente Duhalde ya no tiene más poder. Entonces, ¿cómo sigue haciendo lo que hace? Algún lazo tiene que haber con gente del gobierno, y si no, que salgan a decir que no.

Las batallas de Silverio
Un testimonio conmovedor, publicado por lavaca es esta carta del abogado Dino Zaffrani, donde traza un perfil de Silverio Méndez, uno de los mineros fallecidos en los túneles de Río Turbio. Fue escrito cuando la suerte de Silverio aún era incierta, bajo los escombros, el 15 de junio de 2004. La carta además es un repaso en el momento de lo que venía ocurriendo y del perfil de Méndez, descripto como un referente “que ha estado en todas: como militante, como delegado, dirigente combativo y como simple trabajador.”
Este es el texto completo de la carta de Zaffrani:

“Río Gallegos, 15 de junio de 2004
Entre los 14 compañeros mineros atrapados dentro del Yacimiento de Río Turbio a la altura del marchante 22 donde se produjo el derrumbe, se encuentra Silverio Méndez. El es jujeño y al decir de otros como él, “…he nacido entre las piedras, doctor”, se enorgullecía del mojón inicial de su origen humilde, qué digo …..humilde. Silverio fue el Secretario Adjunto de la Seccional ATE Río Turbio desde 1999 al 2003, disidente del ATE Degenarista. Ha estado en todas, como militante, como delegado, dirigente combativo y hasta hoy 15 de Junio como simple trabajador en uno de los turnos que ingresaron a la mina. El último turno de Silverio y sus 13 compañeros. Las peleó todas, encabezando asambleas, juntando firmas, marchando a Río Gallegos para reclamar ante casa de Gobierno por cada reivindicación y cada promesa incumplida. Oponiéndose a la entrega menemista del Yacimiento al concesionario Sergio Taselli en 1994, en la toma de la mina aquel año y en las posteriores para que se fuera, exigiendo el cumplimiento del pliego de bases y condiciones que jamás cumplió ante la cómplice mirada del gobierno provincial de Néstor Kirchner, que nunca lo controló como era su obligación. Silverio no hablaba al bulto, lo hacía uno por uno convenciendo a cada compañero y a fuerza de perseverancia se había ganado el respeto entrañable de todos. Deja compañera e hijos como el resto de los trabajadores que han quedado atrapados. Ellos no han muerto por accidente, ni por autocombustión de los gases dentro de la mina.

Han dejado sus vidas de laburantes desconocidos por la desidia y complicidad de los gobernantes que antes eran menemistas y hoy se dicen progresistas. Porque durante la década pasada no hubo control a la voracidad de Taseli, el concesionario asociado de la burocracia de Fatlyf (Federación de Luz y Fuerza), hoy trenes Metropolitanos y Zapla, que no invirtió un miserable mango en seguridad. Porque la mina como antes del 2002 y hasta hoy, no tenía seguridad, igual que en las épocas de Taselli. Porque el Estado se ocupaba simplemente del pago de sueldos. En ese sentido el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio se convierte en una sentencia firme contra todas las políticas privatizadoras y de entrega del país, que no han sido revertidas por el actual gobierno. A esos mineros los mataron por trabajar. Porque los hacían trabajar a la qué me importa.

 En una asamblea reciente Silverio trató al entonces interventor de la mina Eduardo Arnold de “negrero”, reclamándole con pasión por estas cosas pequeñas como la seguridad y la falta de inversión y el peligro de trabajar en una mina que estaba literalmente parada, en riesgo permanente. “Chiquito” Arnold, un tipo de honor, prefirió en vez de ocuparse de estas cosas de laburantes, en ir a contratar a un abogado para querellar a Silverio por calumnias e injurias. Y como si esto fuera poco -como dicen en los colectivos los vendedores ambulantes- le reclamó $ 50.000 de indemnización por daño moral. A un trabajador reclamarle $ 50.000, ……….vaya honor.

Me tocó defender a Silverio como letrado. Finalmente Arnold desistió de la querella, tal vez en conocimiento de que en Santa Cruz le devuelven el dinero de tasa de justicia al desistirla, como ocurrió con el entonces Gobernador -hoy Presidente- cuando me reclamara $ 1.000.000 por acusarlo de complicidad con Carlos Menem y Taselli al permitirle que vaciara la empresa que hoy se llevó puesto a mi amigo Silverio. Arnold y otros, antes menemistas, después duhaldistas, hoy “progres”, es actualmente el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ha venido a Turbio a derramar lágrimas de cocodrilo. Los compañeros y mi amigo Silverio no ocupan ninguna banca ni juran por nada, sólo el polvo, el monóxido implacable y la bronca le hacen compañía en el fondo de la tierra y las piedras, de donde vino. La historia de Silverio no figura hoy en la tele que se ocupa de la liberación de Cristian y del superclásico Ríver-Boca. Taselli sigue al frente de Trenes Metropolitanos que cobró subsidios estatales del Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, quien no le rescinde el contrato no obstante lo desastroso de la gestión ferroviaria privada en Buenos Aires que también se cobró muchas vidas. Pero la muerte de Silverio es un grito de vida y un dedo acusador a estos cachivaches que simulan estar haciendo historia y a la hora de los bifes rajarán en polvorosa”.
Dino Zaffrani *
*Ex abogado de la Seccional ATE Río Turbio, amigo de Silverio Méndez y dirigente del Movimiento Antiimperialista y por la Paz Mundial (MAP) Fuente: http://www.lavaca.org/notas/la-muerte-de-14-obreros-en-santa-cruz/

Advirtamos cómo se enriquece el gran empresariado local que el gobierno K nos impone subsidiar y contentarnos con salarios por debajo de la canasta familiar. "Sean racionales" les dijo la Presidenta a los trabajadores en lucha por su dignidad de vida.  Al mismo tiempo que alababa el crecimiento de esa burguesía argentina pero también de la imperialista como si fuese el del país.

Los conflictivos negocios del empresario Taselli

22 de mayo de 2007

Cuando sus negocios cobran repercusión pública, siempre es a partir del escándalo. Así ocurrió con Parmalat a principios de 2006, cuando la firma dejó de producir. Lo mismo ocurre hoy con esa compañía láctea, que tiene a sus empleados protestando frente a la estación Constitución. Y justamente allí, de modo más ostensible, cuando la tradicional terminal del Ferrocarril Roca fue destrozada, el martes 15, por los enardecidos usuarios del ramal que gerencia su empresa Metropolitano. Con estos antecedentes, podría pensarse que Sergio Tasselli es un empresario agobiado por los problemas. Pero los números dicen otra cosa: su grupo facturó cerca de $ 800 millones en 2005, y $ 900 millones (12,5% más) a lo largo de 2006, con una estructura de personal que se mantiene estable en 15.000 empleados. Mientras, mantiene aún cerrado el frigorífico de Santa Elena.Cuando sus negocios cobran repercusión pública, siempre es a partir del escándalo. Así ocurrió con Parmalat a principios de 2006, cuando la firma dejó de producir. Lo mismo ocurre hoy con esa compañía láctea, que tiene a sus empleados protestando frente a la estación Constitución. Y justamente allí, de modo más ostensible, cuando la tradicional terminal del Ferrocarril Roca fue destrozada, el martes 15, por los enardecidos usuarios del ramal que gerencia su empresa Metropolitano. Con estos antecedentes, podría pensarse que Sergio Tasselli es un empresario agobiado por los problemas. Pero los números dicen otra cosa: su grupo facturó cerca de $ 800 millones en 2005, y $ 900 millones (12,5% más) a lo largo de 2006, con una estructura de personal que se mantiene estable en 15.000 empleados. Mientras, mantiene aún cerrado el frigorífico de Santa Elena.

Tasselli, nacido en Italia pero llegado a la Argentina con sólo seis años, no le huye a los problemas. Al contrario, aprovecha las coyunturas difíciles para crecer en sus negocios. Como un típico empresario nacional acostumbrado a las turbulencias, detecta oportunidades donde otros se abruman por las dificultades. Así compró, por la deuda más un precio simbólico, la acería Altos Hornos Zapla por sólo un dólar y la láctea Parmalat, por un euro. 

Su modus operandi es adquirir quiebras, por eso su mayor raid de compras fue realizado durante la peor recesión de la historia argentina: Zapla en 1999, Materfer al año siguiente, Agrinar en 2001. Tras la recuperación experimentada desde mediados de 2002, que no era percibida por igual por todos los agentes económicos, Tasselli se quedó con la ex Grassi (aleaciones), los frigoríficos Santa Elena y Villa Ruiz, o la planta de jugos SACIC, entre otras instalaciones con maquinarias y bienes de capital inactivos. Prejuicio dos: es un empresario en problemas. Incorrecto, los aprovecha para hacer negocios.

Tras los incidentes en Constitución, el presidente Néstor Kirchner fue más literal que metafórico: "A los sinvergüenzas que no hacen inversiones, el Estado les dará una patada donde corresponde". Esta frase podría dar lugar a un tercer prejuicio: que Tasselli es un empresario maldito para el oficialismo. La realidad se ubica más cerca de un punto medio. Ni amado ni odiado por Kirchner, "El Tano" podría perder la concesión de la ex Línea Roca –una posibilidad hoy remota– pero mientras tanto recibe cuantiosos subsidios y le vende maquinaria agrícola a Venezuela gracias al fideicomiso ideado entre Chávez y su par argentino. 

"Mis negocios más importantes no tienen nada que ver con el Estado", se defendió Tasselli ante FORTUNA en febrero de 2006. En parte, es cierto: Zapla, Electroaleaciones, Petroquímica Bermúdez y Acepar lo certifican. En parte, no: sus trenes reciben dos pesos de subsidio por cada peso obtenido en las boleterías.

Su relación con el kirchnerismo, en tanto, registra dos importantes concesiones rescindidas. Yacimientos Carboníferos Río Turbio en 2002, cuando el actual presidente gobernaba la provincia en la cual se ubica esta empresa, Santa Cruz. Y el Ferrocarril San Martín en 2004, reestatizado y nunca reprivatizado. En ambos casos, Tasselli pareció desquitarse de dos lastres que sólo eran rentables mediante subsidios. ¿Pensará lo mismo de las ex líneas Roca y Belgrano Sur? Durante 2004 ya amenazó con retirarse de Grupo Metropolitano, declarando que iba a "poner en venta mi participación accionaria" en el negocio ferroviario, porque "nos deben $ 25 millones de subsidios operativos y $ 400 millones de inversiones realizadas". Por falta de interesados, y con un Estado que se transformó en mejor pagador de lo que era, Tasselli no cumplió con su palabra.

La frase se hizo popular durante los ´90: "El agua y los trenes son los patitos feos de las privatizadas". Es decir, las concesiones menos codiciadas por su escasa rentabilidad, bajas tarifas y una problemática relación con los usuarios. Con la devaluación, esta caracterización se agudizó. El agua fue reestatizada tras un sinfín de idas y vueltas. Los trenes, en cambio, funcionan gracias a subsidios que resultan escandalosos para la oposición y siempre insuficientes para los empresarios obligados a dar el servicio.

El desembolso del Estado se triplicó entre 2002 y 2006, pasando de $ 75,9 millones a $ 238,5 millones, considerando los aportes realizados a través del fideicomiso Sistema Ferroviario Integrado (SIFER). En los últimos años, cuando el gas oil que usan las locomotoras comenzó a subir de precio, el generoso erario público sumó partidas para que su costo siguiera por debajo de $ 0,40 el litro para los operadores del servicio. Y ante cada aumento de sueldo otorgado a trabajadores del sector, ¿quién puso la diferencia? El Estado, otra vez. 

A pesar de tanto esfuerzo, las dos líneas que controla Tasselli (Roca y Belgrano Sur), como todo el sistema ferroviario, siguen presas de la falta de inversión en infraestructura. Durante los primeros tres meses de 2007 recibió más de $ 23 millones, 40% de lo recibido en todo 2003 ($ 56,2 millones). Pero nada alcanzó para evitar que un tren se parara a ocho cuadras de la terminal Constitución, y entonces taponara toda entrada y salida de esa estación. La explosión humana que siguió es conocida, las razones económicas de fondo no tanto. 

"El problema es que todo el material ferroviario está obsoleto", señala Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, el gremio de los conductores de trenes. Y entra en detalles: "La señalización es de 1915; las locomotoras tienen 30 o más años de antigüedad, cuando en los Estados Unidos se prohíbe su circulación luego de 15 años. Además, las vías dobles deberían ser cuádruples". El último punto señalado por Maturano alude al cuello de botella que paralizó Constitución el último martes 15. Un reclamo en el cual, en líneas generales, coinciden todos los especialistas del sector: los tramos Constitución-La Plata (ex línea Roca) y Moreno-Once (ex Sarmiento) deberían ser de cuatro vías. "Con el actual esquema, donde las inversiones son pagadas y decididas por el Estado, los operadores están condenados a ser simples administradores", concluye Maturano. 

De todas maneras, los "simples administradores" hacen buenos negocios mediante sus concesiones. Tasselli declaró, horas después de los destrozos, que "no ganamos plata". Pero gente ligada a Metropolitano opina lo contrario. "Con los $ 15 millones de subsidios que recibe la empresa por mes, ahora gana plata", comenta una fuente que prefiere el anonimato.

De todas maneras, aunque la operación estrictamente ferroviaria no fuera rentable para Tasselli, el alquiler de locales en la Estación Constitución sí lo es. Ese fue el objetivo de la ambiciosa remodelación que se hizo en el histórico edificio, y que como parte del proyecto incluye la posibilidad de oficinas sobre el frente de la avenida Brasil. 

En definitiva, con un negocio de rentabilidad modesta pero asegurada, de gran complejidad operativa y cuya calidad de servicio (o falta de ella) impacta sobre el humor popular, nada hace pensar en una reestatización. En el peor de los casos para Tasselli, puede haber un cambio de manos, pero difícilmente aparezcan interesados en operar las líneas Roca y Belgrano Sur, que recorren zonas muy distintas a las del Mitre (Retiro-Tigre).

El caso Parmalat es, en un sentido distinto al de Metropolitano, un buen ejemplo de la "filosofía Tasselli" para hacer negocios. El ítalo-argentino, antes de invertir un peso, debe estar convencido 100% de hacerlo y apuntar a un negocio seguro. El siempre necesario acero (Zapla), la provisión de servicios a empresas del mismo grupo (Electroaleaciones, Materfer), o sectores con grandes ventajas de costos relativos (Marani-Agrinar), entran en la lógica Tasselli de negocios tan rentables como seguros. Parmalat, que debe pagar los insumos en efectivo y luchar contra un líder como La Serenísima, definitivamente no.

"La planta de Parmalat está en condiciones de volver a producir. Pero, para eso hacen falta dos o tres millones de dólares que Sergio no está dispuesto a desembolsar", comenta alguien que conoce el caso de cerca. "Además –agrega– de la decisión política para afrontar la gran cantidad de pasivos y juicios laborales que se arrastran". 

Parmalat no es la única empresa en la cual Tasselli prefiere tomarse todo el tiempo del mundo tras la compra de su quiebra, y antes de ponerla en marcha. También están paralizados los frigoríficos Santa Elena y Villa Ruiz, a pesar de las buenas perspectivas de precio que tiene la carne, y la planta de jugos SACIC. "Soy un comprador de negocios que están mal, pero que se pueden dar vuelta", declaró hace más de un año a esta revista. 

El "dar vuelta", sin embargo, nunca parece tener plazos para Tasselli. En la misma entrevista declaró que en Parmalat "ya se van a acomodar las cosas", pero quince meses después no se ve una luz al final del túnel. A mediados de 2006, se había llegado inclusive a cierto acuerdo con los trabajadores para que algunos retiros voluntarios ajustaran la plantilla, y se habló de porcentajes de sueldo para quienes quedaran suspendidos mientras de retomaba lentamente la producción.

Pero a Tasselli nunca le cerró una exigencia de los tamberos: el pago de la leche en efectivo. Los mismos que le dan 30 días a La Serenísima, piden cash (y no le dan) a Parmalat. Tras un año y media cerrada, es probable que en poco tiempo Compañía Láctea del Sur, nombre actual de la firma, deje en la calle a más de 250 trabajadores. Tras los incidentes en Constitución, sería el segundo impacto mediático negativo para este empresario, y en menos de un mes.

Con tanta demora, la ex Parmalat pasó de un contexto favorable en la producción de leche (más de 10.000 millones de litros a lo largo de 2006), al actual desabastecimiento producido por las inundaciones y el boom exportador. La planta de Pilar está tan cerrada que hace un año ni siquiera recibe visitas del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). Cuando una empresa láctea está en funcionamiento, el ente oficial realiza auditorías diarias sobre el control de calidad. La última vez que esto ocurrió en la empresa de Tasselli fue en mayo de 2006. 

Metropolitano y Parmalat pueden ser, para Tasselli, la punta del iceberg. Debajo del agua aparecen los factores subyacentes: su poca afición por delegar decisiones y manejo de empresas; cierta lentitud para realizar inversiones; y hasta la futura sucesión familiar en la titularidad del holding, en la cual parece picar en punta su hijo Máximo, que conduce con éxito Marani-Agrinar. Tasselli está en crecimiento, pero también vive una encrucijada: cambiar o perder. 
(*) De la revista Fortuna. Fuente: http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=58687

----

El fiscal pidió que el empresario Sergio Taselli vaya a juicio

por la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio
2 de enero de 2015 

 

El empresario era funcionario del gobierno de Carlos Menem en el momento en que se privatizó YCRT.

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que el empresario Sergio Taselli sea enviado a juicio oral y público por defraudación cuando estuvo al frente de la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) S.A,. Delgado hizo el pedido de envío a juicio oral a través de un dictamen que presentó al juez federal Sergio Torres en el que acusó a Taselli del delito de administración fraudulenta.

El entonces presidente Carlos Menem privatizó Yacimientos Carboníferos Empresa del Estado (YCF) mediante el decreto 988 de 1993 y Taselli se hizo cargo de la administración del complejo carbonífero, ferroviario y portuario de la compañía.

El fiscal Delgado entendió que durante la administración, Taselli cometió distintas irregularidades.

"Debía custodiar, mantener y conservar los bienes transferidos por el Estado Nacional, sin posibilidad de su reasignación o traslado sin el consentimiento o la autorización de la autoridad de aplicación", explicó Delgado sobre las funciones del empresario, según publicó Fiscales.gob.ar. Sin embargo, según la investigación judicial Taselli aumentó fraudulentamente el patrimonio de YCRT en 10 millones de pesos con el solo objetivo de cobrar subsidios estatales.

Debía custodiar, mantener y conservar los bienes transferidos por el Estado Nacional, sin posibilidad de su reasignación o traslado sin el consentimiento o la autorización de la autoridad de aplicación

"Taselli habría desviado parte de los fondos de los subsidios estatales percibidos a otras de sus firmas, en vez de mantener operativa la firma YCRT S.A.", sostuvo el fiscal.

El empresario también está acusado de haber comprado de manera ficticia máquinas para la empresa. En la causa estuvo imputado el ex secretario de Energía de la Nación Daniel Cameron, quien integró la Comisión de Fiscalización Río Turbio (CFRT), en representación de la provincia de Santa Cruz. Había sido procesado por el juez Torres pero luego la Cámara Federal revocó esa decisión y lo sobreseyó.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1757087-el-fiscal-pidio-que-el-empresario-sergio-taselli-vaya-a-juicio-por-la-privatizacion-de-yacimientos-carboniferos-rio-turbio

 

El 30 de diciembre de 2004 vuelve a suceder "un hecho criminal ligado de modo indisoluble al modelo empresarial legitimado desde el poder".Pero en esta ocasión hay rupturas culturales con repercusión entre los de abajo bonaerenses que alumbran caminos de recuperar la política para el bien común.  "Cromañón como hecho produjo una conmoción, un sismo en la sociedad, que desembocó en la desnaturalización de la precariedad. Esto generó múltiples efectos, alguno de los cuales se expresan en las protestas de estudiantes secundarios y de vecinos, que ahora denuncian la precariedad como algo anormal e insoportable, a través de acciones directas, interpelando la responsabilidad del Estado como agente regulador y proveedor. Estas demandas pueden sintetizarse en la contundente frase “No queremos otro Cromañón”, que más allá de las hipérboles, instaló un nuevo umbral desde el cual pensar ciertos hechos, antes vividos como naturales o simplemente trágicos. Sin embargo, el “efecto Cromañon” quedó trunco, pues si bien mostró cual es el lugar que este tipo de sociedad reserva a la juventud, considerada como población sobrante, esto no conllevó replanteamiento alguno, operándose así un nuevo ocultamiento".
 

Origina:

• "Pensar Cromañón es un ciclo de debates realizados en el año 2007.
• Pensar Cromañón es este libro que está en tus manos.
• Pensar Cromañón es la invitación que te hacemos, para que elaborando las preguntas entre todos podamos llegar, algún día, a las repuestas que aún buscamos".

"El ciclo de charlas y este libro hubiesen sido una utopía irrealizable sin la invaluable ayuda y participación de muchas personas. Intentar una listo de nombres sería como pretender mencionar todas las islas del océano. A todos ellos, gracias por participar del proyecto haciéndolo real, gracias por saber compartir el dolor y el ansia de verdad que desde la noche del 30 de diciembre de 2004 nos guían.

Este libro está dedicado a las víctimas de Cromañón. A los sobrevivientes. A los familiares. Y a todos los que directa e indirectamente se consideran víctimas de Cromañón, por haber perdido a un pedazo de la nueva generación allí, y por vivir en un mundo injusto y cruel que pone una y otra vez en peligro la vida humana".

Indaguemos en:

Pensar Cromañón

Publicado el 22/8/2008

Por / Maristella Svampa*

 

No es fácil abordar la pluralidad de sentidos que alberga Cromañon para la sociedad argentina. Y no es fácil, no sólo porque esta pluralidad obtura cualquier lectura en términos unívocos, sino también porque a tres años de aquellos hechos, Cromañón nos sigue planteando una serie de interrogantes muy incómodos, antes que un diagnóstico cerrado o definitivo. Para comenzar, creo que hay que distinguir lo que Cromañón significa como Hecho y lo que significa como Movimiento. Si no realizamos esta primera distinción, corremos el riesgo de enredar aún más la necesaria reflexión acerca de esa pluralidad de sentidos, tan controvertidos y ambivalentes, que ponen de relieve algunos puntos ciegos de la sociedad argentina contemporánea.

El Hecho Cromañón
El Hecho Cromañón remite a lo sucedido aquel 30 de diciembre de 2004, que produjo la muerte de 194 jóvenes que fueron a escuchar a su banda de rock favorita. En primer lugar, hay que decir que, en tanto hecho, Cromañón no fue un accidente (que guarda siempre una entera contingencia y como tal podía haberse evitado), tampoco una desgracia o una catástrofe (esto es, una devastación producida por un huracán, el desborde de los ríos o el movimiento inevitable de los astros); no fue una tragedia (pues no había un desenlace fatal o fuerzas ciegas que condujeran el destino), pero tampoco puede conceptualizarse sin más como una masacre, en el sentido riguroso del término, pues aunque presenta un carácter colectivo, no estuvo marcada por la intencionalidad de los actores. Cromañón es un hecho de carácter criminal, ciertamente, pero un hecho polifacético, por momentos inclasificable, y al mismo tiempo emblemático de la Argentina contemporánea. En este sentido, Cromañón es un hecho que ilustra el cruce perverso entre la precariedad, como forma generalizada de las relaciones sociales, y el proceso de exclusión de la juventud, concebida como población sobrante. Veamos rápidamente ambas cuestiones.

Sabido es que en los ´90, en el marco del capitalismo flexible y neoliberal, la precariedad amplió sus fronteras y cobró un impulso exacerbado. Acompañada por el aumento del desempleo, erigido en mecanismo disciplinador, la precariedad potenció aún más la asimetría existente entre capital y trabajo. Rápidamente el riesgo laboral, las grandes ganancias empresariales, la reducción de costos y la imposición de condiciones indignas de trabajo, se constituyeron en una suerte de mal necesario al cual había que adaptarse en el marco de las nuevas reglas de juego. La precariedad como situación generalizada apuntó al quiebre de solidaridades (sociales, laborales y políticas), fragmentó aún más la experiencia de los individuos, e insertó la vida en un horizonte signado por la inestabilidad y la incertidumbre. Pese a ello, como toda nueva situación, un día dejó de ser “nueva” y tendió a ser vivida como algo “natural”.

Como forma de relación social, la precariedad se nutrió en nuestro país de una espesa trama de corrupción, que potenció su peligrosidad, frente la complicidad activa del aparato del Estado, el cual cambió ostensiblemente su manera de intervenir sobre la sociedad, empeñado en apoyar, facilitar e institucionalizar la colonización de lo privado sobre lo público.
Una de las mayores expresiones de la precariedad fue el accidente de LAPA, ocurrido el 31 de agosto de 1999, donde murieron 67 personas. En realidad, LAPA también fue algo más que un accidente, algo más que una catástrofe producida por la negligencia y la imprudencia: fue un hecho criminal ligado de modo indisoluble al modelo empresarial legitimado desde el poder. Otro hecho comparable fue la muerte de 14 mineros en el yacimiento de Río Turbio, ocurrido en junio de 2004, en una mina que tenía un índice de accidentalidad que duplicaba el promedio estimado para la actividad. En esta misma línea debe insertarse el incendio en los talleres textiles ocurrido en abril de 2006 en la ciudad de Buenos Aires, que dejó 6 muertos, todos ellos bolivianos y varios menores de edad, con la particularidad de que aquí hizo su aparición pública el último eslabón de la precariedad: el trabajo esclavo. En fin, la lista podría continuarse…
Ante estos hechos, la respuesta de los gobiernos fue espasmódica, con políticas de corto alcance, a fin de frenar la presión de los familiares de las víctimas así como la indignación de la sociedad. Asimismo, en su gran mayoría, las respuestas apuntaron a clausurar el horizonte de posibilidades de justicia, instalando una vez más la dolorosa marca de la impunidad.

La precariedad terminó entonces por configurar una matriz criminal, que pone de relieve tanto la responsabilidad de los agentes privados como del Estado meta-regulador y patrimonialista, en sus diferentes niveles y jurisdicciones. Ninguno de estos hechos fue así el producto de una “falla” sino el resultado de una configuración social, que funciona y reproduce sus efectos en diferentes registros, más allá de la esfera laboral, organizando la vida –los espacios de ocio y de actividad- de las personas.

En esta línea de lectura, Cromañón podría ser incluido en la larga lista de muertos producidos por la ampliación de las fronteras de la precariedad, con su trama oscura de complicidades, aquiescencias, corrupciones e impunidad, estatal y privada. Sin embargo, a los ejemplos citados, hay que añadir un segundo elemento que marca su carácter único y explosivo: la presencia de los jóvenes, de muchos jóvenes, casi niños, como víctimas de esta maquinaria criminal.

Nadie puede desconocer que, en la sociedad actual, los jóvenes constituyen el sector más vulnerable de la población. Por un lado, éstos devienen los destinatarios privilegiados del nuevo modelo de relaciones laborales; por otro lado, sin un horizonte de expectativas y despojados de derechos (a la protección, a la seguridad, a la vida), los jóvenes aparecen como la expresión por antonomasia de la población sobrante, aquella que no tiene un lugar en la sociedad. La expresión paradigmática de esta forma de exclusión es el gatillo fácil, que lleva contabilizado más de mil jóvenes asesinados por la policía desde 1983 en adelante. Entre esos dos polos que definen tanto el límite de la inserción como el horizonte de la exclusión, se fueron configurando los nuevos marcos de referencia de las conductas juveniles, donde conviven diferentes principios y valores: la naturalización de la situación alterna con un talante antirrepresivo; el rechazo a los políticos, con una actitud antisistémica, pocas veces politizada; la conciencia del horizonte de precariedad duradera, con una necesidad de descontrol de las emociones y las sensaciones. El rock chabón o barrial, es una de las expresiones de este nuevo ethos juvenil, de carácter plebeyo y nutrido de la precariedad reinante. Por ello no es casual que los músicos de Callejeros hayan quedado atrapados en el dispositivo dominante, constituyéndose a la vez en víctimas y cómplices del mismo.

En fin, Cromañón como hecho produjo una conmoción, un sismo en la sociedad, que desembocó en la desnaturalización de la precariedad. Esto generó múltiples efectos, alguno de los cuales se expresan en las protestas de estudiantes secundarios y de vecinos, que ahora denuncian la precariedad como algo anormal e insoportable, a través de acciones directas, interpelando la responsabilidad del Estado como agente regulador y proveedor. Estas demandas pueden sintetizarse en la contundente frase “No queremos otro Cromañón”, que más allá de las hipérboles, instaló un nuevo umbral desde el cual pensar ciertos hechos, antes vividos como naturales o simplemente trágicos. Sin embargo, el “efecto Cromañon” quedó trunco, pues si bien mostró cual es el lugar que este tipo de sociedad reserva a la juventud, considerada como población sobrante, esto no conllevó replanteamiento alguno, operándose así un nuevo ocultamiento.

Cromañón como movimiento

Cromañón también alude a un movimiento social. Con ello nos referimos a las formas que fue adoptando el reclamo de los familiares y sobrevivientes, a partir de las sucesivas marchas y protestas. Esas marchas, al principio grandes movilizaciones, fueron desembocando en la formación de colectivos, voceros y acciones, que si bien conmovieron en un principio a la sociedad, luego fueron produciendo reacciones ambivalentes y rechazos. Claro que Cromañón, antes que un movimiento único emergió como un espacio heterogéneo de sujetos, cuyo elemento aglutinante era el dolor, la situación de pérdida. No obstante, la heterogeneidad de este espacio de resistencia fue rápidamente escamoteada, o bien utilizada en contra del propio movimiento. 
Así, con el eficaz aporte de los medios de comunicación, que siempre tienden a proyectar una mirada homogeneizante, Cromañón comenzó a ser identificado sin más con la imagen de padres airados, descolocados por el dolor, que hacían un uso indiscriminado de la acción directa y de la presión a las autoridades. La tendencia fue tomar la parte por el todo (el efecto metonímico), dejando en un segundo plano lo que Cromañón nos decía como sociedad, y focalizando la atención sobre aquella desesperación que terminaba en la amenaza de hacer justicia “por mano propia”. Contrariamente, si las lecturas reconocían niveles de heterogeneidad, era para marcar la falta de unidad, y señalar entonces la existencia de grupos manipulados políticamente, o funcionales a los intereses de la derecha. Así, un sector del llamado “progresismo” cerró filas e impulsó –sobre todo a la luz del juicio político al jefe de gobierno de la ciudad- esta interpretación lineal y estigmatizante.
 

Cierto es que el propio movimiento de Cromañón no logró trasmitir adecuadamente a la sociedad las diferencias en cuanto a las dinámicas externas (la heterogeneidad), ni tampoco estaba en condiciones de mostrar que, desde adentro, había un trabajo terapéutico y una reflexión política que apuntaba a la construcción de un colectivo. No ayudaron ciertas acciones, como la agresión a Estela Carlotto o los cercos a Omar Chabán. Antes bien, estas acciones sirvieron para invisibilizar un conjunto de actividades públicas, políticas y culturales, y desacreditar a todo el movimiento, colocándolo aun más en el terreno de la “tragedia”, relativizando el carácter criminal del hecho. Así, fue realizándose una suerte de desplazamiento: las fuerzas descontroladas no eran ya los actores económicos y políticos, cuyo castigo se reclamaba a viva voz, sino los padres enfurecidos en su dolor.

Pero hay más, pues Cromañón como movimiento es portador de una fuerte acción destituyente, que dio origen a otras ambivalencias. Desde ciertos sectores, esa energía destituyente se procesó positivamente y en línea de continuidad política con las jornadas de diciembre de 2001. Pero, a diferencia de aquellas movilizaciones, la experiencia de Cromañón señaló que era posible colocar límites a la impunidad política, haciendo converger la potencia destituyente de un movimiento, a través de la vigilancia movilizadora de familiares y sobrevivientes, con los dispositivos institucionales que, por primera vez, entraban en función. Sin embargo, ésta no fue la lectura dominante. La remoción de Ibarra generó polarizaciones y lecturas conspirativas -que buscaron escamotear la significación de esta articulación, hablando de un “golpe institucional”-, pero que en realidad parecían ocultar algo mayor: el temor a la participación popular, bajo las formas que se desarrollan la Argentina contemporánea.

De esta manera, desde la sociedad, Cromañón como movimiento social, estuvo lejos de constituirse en un modelo ejemplar, en la medida en que terminó por encarnar el desborde, el exceso, en el marco de una Argentina movilizada. Esto generó múltiples rechazos y temores, no sólo porque algunos creyeron leer en esto una continuación de la “tragedia” por otros medios, sino también porque el juicio político puso una vez más al descubierto la dificultad acerca de cómo procesar las actuales formas de participación popular. Una cuestión crucial e irresuelta bajo los moldes de dominación vigentes que, al igual que la situación de los jóvenes, constituye un punto ciego, que se niega a ser pensado desde nuevos marcos sociales e institucionales por el grueso de la clase política argentina.

Las distancias entre sociedad y movimiento

Cromañón es un movimiento complejo y controvertido, que pone de manifiesto dimensiones políticas y sociales irresueltas. Ante esta multiplicidad de dimensiones de difícil elaboración, la distancia entre sociedad y movimiento fue amplificándose. Es curioso, pero la sociedad argentina que no dudó en solidarizarse con Blumberg ante la pérdida de un hijo (y alinearse tras un discurso de corte represivo), rápidamente comenzó a quitar su apoyo o a mostrarse indiferente ante los familiares y víctimas de Cromañón. Sus errores comenzaron a ser absolutizados. Pocos repararon en lo difícil que resulta asumir una posición única e inconmovible, en una situación de dolor extremo y de duelo, que no podía tener sino un carácter público, frente al necesario reclamo de justicia. La memoria, siempre selectiva, olvidó también ciertos episodios de represión que sufrieron las movilizaciones de familiares y sobrevivientes. La sospecha y la estigmatización fueron construyendo así un nuevo cerco sobre las propias víctimas.
Desde el movimiento, estos procesos produjeron una suerte de repliegue, de impulso de reflexión hacia adentro, apoyado tanto en la reconstrucción de las identidades, como en la continua búsqueda de justicia. Hoy, como sociedad, desconocemos todo ese cotidiano trabajo terapéutico que realizan familiares y sobrevivientes, acompañados por psicólogos y especialistas, al tiempo que invisibilizamos el conjunto de actividades y espacios culturales novedosos que los jóvenes vienen desarrollando de manera persistente. Como afirma el psicólogo Jorge Garaventa, “nunca se dice que los grupos confluyen desde hace 29 meses en una reunión general de articulación de actividades, en las que sólo excepcionalmente han debido votarse decisiones, ya que lo que prima es la necesidad de llegar a un consenso. Nada de eso se escucha en los medios”.
Los tiempos de la sociedad y los tiempos de los movimientos sociales no suelen ser los mismos. La historia argentina está cargada de ejemplos. Habrá pues que tender puentes, que escuchar y reflexionar sobre los diferentes mensajes y miradas. Y preguntarnos con honestidad acerca de quiénes son los que en realidad están aplicando una suerte de justicia sumaria y definitiva.

*Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Es investigadora Independiente del Conicet (Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), en Argentina, y Profesora Asociada de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Provincia de Buenos Aires).

Página Personal de M. Svampa – 29.12.2007  Fuente: http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2576

 

En el año 2013: "Familiares y víctimas de causas como Cromañon, Once, violencia institucional, fumigación contaminante de agrotóxicos, violencia policial, trata de personas, entre otros, impulsan la Campaña “funcionario hacete cargo” para que los crímenes sean imprescriptibles. El objetivo es que el hecho de ser funcionario “no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad” ".

 

 

A 9 años de Cromañón: Lucha que persiste – Esperanza Viva
31 de diciembre de 2013

(...) Este 2013 fuimos sacudidos en abril por otro desastre que nos llenó de tristeza: las terribles inundaciones de la ciudad de Buenos Aires y La Plata.

Desastre que aún está contabilizando fallecidos, siendo de 8 víctimas fatales en Buenos Aires y 78 en La Plata cifras provisorias , cuestionadas por todas las agrupaciones de damnificados y asambleas de vecinos, y por el propio juez interviniente. En La Plata, se produjo la inundación más grande en su historia, que afectó al 34,7% de los hogares. Pero fue una calamidad anunciada, ya que hubo dos catástrofes similares de menor envergadura en fecha reciente: la de febrero de 2008, con saldo de un muerto y 90 mil afectados y la de 2002 con 70 mil personas evacuadas. En el ínterin, ¿qué obra pública fue realizada para evitar otra catástrofe? NINGUNA.

Las responsabilidades son compartidas entre el gobierno nacional, el provincial y el municipal. En este dolor abrazamos a los hermanos inundados y decimos que otra vez operó la lógica Cromañón de la precarización y falta de respeto por la vida.

La misma del desastre del tren de Once y de las inundaciones anteriores de Santa Fe en el 2003. La “lógica Cromañón” merece un amplio debate en la sociedad, empezando por la alta responsabilidad del Estado en su producción. La lógica Cromañón no se puede maquillar con discursos de culpabilización de las víctimas, absurdos cierres de centros culturales comunitarios ni con mayores poderes a una Agencia Gubernamental de Control creada por Macri para cuidar al propio gobierno de la Ciudad y no a sus habitantes. La AGC creada en 2007 demostró su total ineficacia para prevenir muertes por derrumbes en obras en construcción, edificios y comercios socavados por la voracidad inmobiliaria así como en boliches sin controles. La lógica Cromañón no se resuelve con un número telefónico para denunciar la situación.

* También en el transcurrir de este 2013 , las víctimas de impunidad en democracia expresamos nuestro repudio a la reciente reforma del Código Civil, que recibió la primera aprobación (aunque no definitiva) de la Cámara de diputados con mayoría oficialista. El Código Civil tiene importancia en nuestra vida cotidiana. Regula nuestra vida de relación. Su modificación debe ser analizada y decidida a puertas abiertas, previa discusión de toda la sociedad y no a sus espaldas. Este nuevo Código que se intenta imponer excluye de su ámbito al accionar del Estado y de sus funcionarios por su responsabilidad civil frente a terceros y a sus propios dependientes. Elimina así la aplicación de las disposiciones del Código Civil ante daños causados por la actividad estatal y la remite al derecho administrativo, con una ley especial. Al colocar la responsabilidad civil del Estado fuera del código, esta ley genera más impunidad, planteando en la práctica una auto amnistía para los funcionarios estatales.

Como familiares y amigos, proponemos lo contrario : proponemos una mayor responsabilidad de los funcionarios en los crímenes cometidos desde el estado. Exigimos que los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su función, sean declarados imprescriptibles, así como lo fueron los de Lesa Humanidad. Así, los funcionarios se harían cargo de su responsabilidad y su rol social. Porque la corrupción mata, debe ser castigada y puede en parte prevenirse, con la fuerza de una ley de imprescriptibilidad. Apoyamos la campaña FUNCIONARIO HACETE CARGO e interpelaremos con esta idea a nuestros representantes en las Cámaras legislativas.

* En enero pasado, también, revivimos el horror de Cromañón en Brasil: el incendio de la discoteca Kiss en Santa María que se llevó la vida de 239 jóvenes y muchísimos heridos. Así como estuvimos acompañando a las víctimas, hoy les decimos desde la distancia: estamos con ustedes. Ycuá Bolaños en Paraguay, Factory en Ecuador, Utopía en Perú, Divine en Chile, Kheyvis, Beara y Cromañón en Argentina, son todos eventos en que la corrupción, negligencia y desidia estatal-empresarial se llevaron la vida de cientos de chicos y chicas.

La lógica Cromañón opera continuamente y debemos combatirla.

* Porque somos disidentes de la corrupción instalada y de la falta de respeto por la vida, seguimos movilizándonos a 9 años, denunciando incansablemente y con total independencia de cualquier instancia gubernamental.

En estos 9 años, hemos logrado junto a las organizaciones que nos acompañaron, mucho y poco: destituir a un Jefe de gobierno corrupto que mal desempeñó sus funciones, llevar a juicio penal a parte de los responsables de la masacre, lograr condenas de cumplimiento efectivo, e instalar en la sociedad la idea de que no podemos naturalizar la muerte joven. Es mucho y es poco, frente a la pérdida irreparable de 194 vidas y el sufrimiento de miles de sobrevivientes que siguen soñando esa noche en pesadillas. En estos 9 años, “desde dentro del corazón también experimentamos la tentación de la fatiga, del escepticismo del “nada va a cambiar”, o del “no podemos remar contra la corriente”, la decepción, la postración. (2). Sin embargo, desde la memoria de nuestros pibes y los imperativos del momento, no podemos bajar los brazos. Porque frente al discurso de los “derechos humanos” cada vez más poco creíble con el nombramiento del cuestionado Milani y otros gestos, vemos que persiste la impunidad en democracia. Porque queremos seguir acompañando y encontrándonos con las luchas de los familiares de Luciano Arruga, del cual en enero se cumplirá otro aniversario de su desaparición; porque saludamos los éxitos de la lucha tenaz en Tucumán por el esclarecimiento de la muerte de Paulina Lebbos; porque queremos estar presentes el 22 de febrero junto a nuestros hermanos de la tragedia de Once, porque queremos abrazar a los hermanos inundados el próximo 2 de abril. Leer

 

 

No sólo el Código Civil y Comercial fue promulgado por voto de la mayoría automática sino que otra vez más está el Rally Dakar.

Rally Dakar 2015 en Argentina

FUNAM denunció penalmente a funcionarios públicos nacionales y provinciales

 por no proteger al ambiente, los ciudadanos y sus bienes
5 de enero de 2015 

 Rebelión

 

 La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, presentó ayer una denuncia penal contra funcionarios provinciales y nacionales por su inacción ante la inminente realización del Rally Dakar 2015 en Córdoba y otras provincias de Argentina.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, sostuvo que las autoridades de Ambiente de Córdoba "debieron informar públicamente y con varias semanas de antelación los lugares y horarios precisos de de la competencia pero prefirieron obedecer las instrucciones de la empresa francesa organizadora, Amaury Sport, y de sus responsables, Etienne Lavigne y David Eli. Esta grave omisión no solo impidió que los ciudadanos tomaran recaudos para proteger sus vidas y bienes, sino que aumenta la posibilidad de que los competidores, al no estar familiarizados con los recorridos, sufran y provoquen accidentes que le cuesten la vida a personas inocentes".

El Rally Dakar ha producido directa e indirectamente más de medio centenar de víctimas en África y América del Sur, y destrozado en forma irreparable ambientes y yacimientos arqueológicos y paleontológicos en Argentina, Chile y Perú.

La denuncia efectuada por el Dr. Raúl Montenegro y FUNAM contra funcionarios públicos fue ingresada en la Delegación de Policía Federal de la ciudad de Córdoba con el patrocinio del abogado Alejandro Zeverin. La causa está siendo analizada por el Juez Federal de Feria Alejandro Sánchez Freytes.

"El gobierno de la nación y los gobiernos provinciales que le dijeron sí al Dakar no sólo debieron pagar para que pueda realizarse la competencia. También aceptaron las temerarias e ilegales condiciones de secreto que imponen Etienne Lavigne y David Eli, de la empresa francesa Amaury Sport. Anunciar a la población y a los pilotos los recorridos con apenas uno o dos días de antelación es una irresponsabilidad inaceptable. Equivale a aumentar los riesgos de que muera gente y se destrocen ambientes, porque al Rally Dakar lo conforman los vehículos que compiten, los vehículos de soporte y el movimiento de espectadores", sostuvo Montenegro.

"Tanto el gobierno nacional que le pagó 4 millones de dólares a la empresa francesa Amaury Sport, y destina 28,5 millones de dólares de su presupuesto para el Dakar 2015, como los gobiernos provinciales, entre ellos el de Córdoba, que también gastan mucho dinero en la competencia, usan demagógicamente al Rally Dakar. No les importa que la carrera cueste la vida de personas inocentes y destroce ambientes únicos. Mientras puedan estar en los medios de comunicación social, a los políticos de turno –muchos de ellos candidatos en las próximas elecciones- no parece afectarles demasiado aparecer en fotos manchadas de sangre".

La denuncia se agrega una causa sobre el Rally Dakar que investiga el Juzgado Federal n° 1 de Córdoba.

La denuncia se agrega a la causa sobre el Rally Dakar 2013 que está investigando el Juzgado Federal n° 1 de Córdoba, en la cual Raúl Montenegro es querellante particular "per se" y por FUNAM. En dicha causa se analizan las graves violaciones a leyes vigentes que habrían cometido funcionarios de la Nación, como el Ministro de Turismo Enrique Meyer, funcionarios de ambiente del gobierno de Córdoba, funcionarios de otras provincias afectadas al Rally Dakar 2013, y los responsables por la empresa Amaury Sport, Etienne Lavigne y David Eli. Esta causa también es patrocinada por el Abogado Alejandro Zeverín.

El Dr. Raúl Montenegro indicó que "d esde el inicio del Rally Dakar en Argentina, tanto los organizadores franceses de la competencia como funcionarios provinciales y nacionales de nuestro país han venido violando todo tipo de normas para que el lucrativo espectáculo continúe. Primero se toman las decisiones y luego se hacen los estudios ambientales a fin de aparentar legalidad. Como parte de ese desquicio el gobierno argentino amplió el gasto y redistribuyó 308,9 millones de pesos en el presupuesto 2014 para financiar los costos del Rally Dakar 2015, pero sin que antes estuvieran hechos los estudios de impacto ambiental ni emitidas las autorizaciones".

Agregó que "afortunadamente la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba estableció que las denuncias judiciales efectuadas por FUNAM contra los organizadores locales y extranjeros del Rally Dakar 2013, y contra funcionarios nacionales y provinciales de nuestro país, deben seguir siendo investigadas por la Fiscalía de Enrique Senestrari".

Contenidos de la presentación efectuada ayer sábado en la Justicia Federal de Córdoba

La presentación efectuada indica que el denunciante "Viene a ampliar oportuna denuncia en trámite por ante Juzgado Federal n° 1 de esta ciudad [de Córdoba] en los autos de mención en contra de funcionarios públicos a identificar por la instrucción, a título de culpa por negligencia estarían permitiendo conductas de particulares que en sus emprendimientos comerciales con fines de lucro, ponen en riesgo la vida, bienes y hacienda de habitantes del suelo argentino, en el caso particularmente de habitantes de la provincia de Córdoba, omitiendo cumplir con sus funciones, Artículo 249 C.P.P. Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos".

Se pide al Juez Federal de Feria que ordene a "Las Autoridades de Aplicación del Gobierno de Córdoba y de la Nación -Secretaría de Ambiente- y a los organizadores internacionales y nacionales del Rally Dakar 2015, que informen públicamente y por medios masivos de difusión, con urgencia, lugares y horarios precisos de la competencia, prohibiciones de seguridad, tramos de enlace, horarios, en el ámbito de la provincia de Córdoba" donde la competencia se realizará el día 5 de enero de 2015.

Se requirió además al Juez de Feria que informe a las Autoridades de Aplicación de los gobiernos de San Juan, La Rioja, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, y cualquier otra provincia en la cual se realice el Rally Dakar 2015, como asimismo al gobierno nacional y a la empresa privada organizadora del Rally Dakar "de la medida dispuesta en esta provincia y en relación a los presentes autos, para su conocimiento y actuación".

"De esta forma", indicó el abogado patrocinante, Alejandro Zeverín, "buscamos que estén protegidos no solamente los habitantes de las zonas afectadas al Rally Dakar 2015 en Córdoba, sino también los de otras provincias donde se realiza la competencia". Aclaró que "la única información parcial sobre los lugares afectados por el Dakar en Córdoba fueron difundidos por secciones de deportes de medios locales, prácticamente a horas de que comience la competencia entre Córdoba y San Juan".

Ecuador le dijo no al Rally Dakar y bloqueó la posibilidad de que se extienda a Colombia. FUNAM denunció los "pequeños Dakar preparatorios"

FUNAM recordó que el gobierno de Ecuador "rechazó formalmente el pedido de Amaury Sport para realizar el Rally Dakar en ese país" y que lo hizo "en base a tres informes técnicos realizados por organizaciones no gubernamentales de Chile, Perú y Argentina. Uno de los documentos decisivos fue precisamente el aportado por FUNAM". La negativa de Ecuador bloqueó la posibilidad de que la empresa francesa extienda su competencia a Colombia.

El Dr. Raúl Montenegro alertó además sobre los "pequeños Rally Dakar preparatorios que se vienen realizando en varios países de América del Sur y otros continentes, y que los organizadores franceses de Amaury Sport bautizaron como 'Desafíos Dakar'. Todos ellos repiten los aspectos coloniales y depredadores del Rally Dakar principal, y como éste son un redituable negocio para la empresa francesa". "Hasta ahora –sostuvo- se realizaron en nuestra región el 'Desafío de la Ruta 40' en Argentina, el 'Desafío Guaraní' en Paraguay y el 'Desafío Inca' en Perú. Fuera de América del Sur se concretaron el Tecate Store Baja en México, el Toyota Kalahari Botswana 1000 en Botswana -un reingreso africano con nombre diferente- y y el Australasian Safari en Australia. Todos ellos preparan el terreno y las relaciones gubernamentales para la gran competencia".

El Dr. Raúl Montenegro consideró que el Dakar "será finalmente expulsado de América del Sur como ya ocurrió en África. Es una cuestión de tiempo y de debate social. Lo lamentable es que cuando eso ocurra habrán muerto muchos más inocentes, y se habrán afectado en forma irreversible ambientes únicos. Esperamos, sí, que los señores responsables de esta competencia de la muerte, entre ellos Etienne Lavigne y David Eli, de Amaury Sport, y los funcionarios públicos que los apañaron, respondan ante la justicia y la sociedad".

"El Rally Dakar es uno de los más recientes y toscos episodios de colonialismo, donde unos cientos de tontos pueden jugar a la aventura con vidas y ambientes ajenos ante la complicidad canallesca de gobiernos y funcionarios irresponsables", señaló.

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193951

 

Apreciemos que frente a la Lógica de Cromañón los diversos de abajo -con ejercicio de la ciudadanía otra- constituyen:  "el Encuentro de Lucha por los Derechos Humanos, integrado por víctimas de impunidad y desaparecidos en democracia. Y somos conscientes que todo esto debe caminar hacia la construcción de espacios internacionales donde las víctimas de impunidad sean tristes protagonistas de estas luchas. Desde estos espacios llamamos a tener en cuenta a nuestros muertos y desaparecidos en democracia y se convoca a otros casos a acercarse para luchar unidos por los Derechos Humanos para todos. En esta década de lucha hemos sido acompañados por colectivos y organizaciones sociales que se han solidarizado con nuestra búsqueda de justicia.

En ese sentido, abrazamos la lucha de todas las víctimas de impunidad. Su lucha es nuestra lucha!".

 

 

 

“La Lógica Cromañón es el funcionamiento perverso del Estado y los empresarios”

31 de diciembre de 2014

La Articulación de grupos de Familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón, junto a diversas organizaciones sociales y políticas, realizaron ayer una jornada en Plaza de Mayo en reclamo de justicia a 10 años del incendio del boliche de Once. Hubo una radio abierta, charlas-debate, intervenciones artísticas, muestra de fotografías, música y murga en vivo, y la lectura del documento consensuado por los familiares. Luego se realizó la tradicional marcha hasta el santuario ubicado en Plaza Miserere, donde se realizaron proyecciones, se leyeron los nombres de las 194 víctimas y se realizó una suelta de globos en homenaje. Compartimos el documento leído en Plaza de Mayo e imágenes de la jornada. 

 

Foto-informe: ANRed.

 

Difundimos el documento consensuado y leído ayer en Plaza de Mayo por la Articulación de grupos de Familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón:

 

Documento a 10 años una década de Lucha, Dolores y Ausencias

Hace 10 años, un principio de incendio con humo tóxico en el boliche de Rafael Levyy Chabán, controlado por Aníbal Ibarra y sus funcionarios provocó casi 200 muertes, cientos de heridos, más miles de sobrevivientes, un millón seiscientas mil personas afectadas vinculadas a una víctima y un país herido para siempre de muerte joven evitable.

Por esto, hablar de Cromañón es hablar de injusticia. La primera y más grande injusticia es la muerte antinatural y evitable de jóvenes , como se produjo el 30 de diciembre. Y no sólo muertes físicas, también muertes simbólicas de vidas que continúan pero de diferente manera, ya que nunca volvimos a ser los mismos. Y de esa masacre se desprendieron un gran número de injusticias con diferentes niveles o grados, pero injusticias tras injusticias:

* casas vacías, vidas robadas, y la eterna necesidad del ausente.
* padres que han muerto de dolor por no resistir tanta impunidad.
* suicidio de sobrevivientes por la ausencia de acompañamiento integral del estado.
* tardanza en el dictado de sentencias, cambios de carátulas, condenas insuficientes, libertades precarias que de manera perversa agravaron el dolor.
*cobardía y complicidad de quienes toleran a Ibarra e incluso lo acompañan políticamente.
* la permanente repetición de cromañones a lo largo y ancho del país.
* y la falta de castigo a los responsables como Aníbal Ibarra.

Ni bien ocurrida la masacre denunciamos que Cromañón no fue un accidente porque existían responsables y se podría haber evitado. Señalamos inmediatamente a Aníbal Ibarra como su principal responsable político, porque su estructura partidaria se financiaba con dinero que salía de la corrupción. A fuerza de lucha, movilizaciones multitudinarias, actos en la calle, lágrimas, huelgas de hambre, presión moral a los legisladores que querían hacer la vista gorda, y el acompañamiento de parte de la sociedad y organizaciones sociales, logramos el Juicio Político y su destitución. Este hecho sentó precedente y llevó a otros procesos de destitución de intendentes en otros municipios. Fue una gran victoria que se vio opacada por no lograr su inhabilitación para ejercer cargos políticos. Agravado con que a pesar de existir tantísimas pruebas que lo incriminaban, como alertas permanentes durante todo el 2004 de la prensa, otros poderes del Estado y ciudadanos sobre la situación de los boliches, o su decisión política de desarticular el área de inspecciones a fines de 2003, fue impunemente sobreseído en la causa penal, sin ser siquiera citado a declarar. Esto lo dejó apto para volver a candidatearse al mismo cargo del que fue destituido.

Le informamos a los ciudadanos que estén pensando en votar a Ibarra que su plataforma son 194 muertos, y su proyecto político, no tenemos duda, es más corrupción, son más negociados, es más negligencia y sobre todo muerte joven evitable.

Pero los Cromañón no pasan solamente porque existen políticos corruptos. Se necesitan empresarios como Rafael Levy, el dueño de Cromañón, personaje siniestro que se ha escondido en empresas off shore, ha lavado millones de dólares, esclavizado trabajadores en talleres textiles clandestinos, y actualmente sostiene un prostíbulo a la vuelta de Cromañón con la complicidad de la Agencia Gubernamental de Control de Mauricio Macri!

Su condena a cuatro años y medio es importante, pero no es suficiente!

Estamos de acuerdo en que la música no mata. Desde un principio cantamos "ni la bengala ni el rocanrol, a nuestros pibes los mató la corrupción". Por eso decimos: la corrupción sí mata. Los músicos, políticos y empresarios corruptos, matan. Si bien actualmente la banda Callejeros está dispersa, los músicos excarcelados siguen lucrando con la fama obtenida después de la masacre, sin haber asumido nunca su responsabilidad. Los que viven de la fama letal de la banda como Palazzo y otros, son impulsores de todo un "merchandising"; que les hace ganar muchísimo dinero. No nos olvidamos que cobardemente acusaron al que tiró la bengala de haber generado Cromañón. Si sus intereses hubieran sido contrarios a sólo ganar mucha plata y triunfar en el mundo de la fama, se hubieran ocupado de reunirse con otros músicos para denunciar el estado de los boliches en los que tenían que tocar. Pero Callejeros no lo hizo antes ni lo hizo después, porque sus objetivos eran egoístas, individualistas.

No nos pone contento la muerte de Chabán. Estando él muerto, advertimos a la sociedad que no se olviden quién fue y qué hizo, de su ambición de poder y de dinero, y de su culto al incumplimiento de las normas. Y peor aún, parece que muerto lo recordamos como un promotor de la cultura. Él murió cuidado junto a su familia y con atención médica, no como nuestros pibes que fueron amontonados y abandonados en rincones oscuros.

A fuerza de lucha hemos logrado algunas cosas en estos diez años. Pusimos en marcha el mecanismo constitucional que permite crear una Comisión Investigadora para realizar un Juicio Político a un funcionario (paradójicamente, votado en su oportunidad por el concejal Ibarra); logramos su destitución; logramos un Juicio Penal iniciado a pocos años de la masacre, que dio lugar a que se reactiven otras causas impunes; mandamos a la cárcel a funcionarios políticos (aunque ahora hayan sido temporalmente excarcelados, en una nueva demostración de protección del poder a los funcionarios); también enviamos a la cárcel al empresario mafioso dueño de Cromañón; y somos padres y jóvenes que continuamos luchando después de diez años. Eso es una gran conquista!

Son pequeñas reivindicaciones a fuerza de lucha, pero de tipo paliativas. La verdadera conquista vendrá junto con la erradicación de la Lógica Cromañón que genera nuevos crímenes sociales evitables. En esta década de dolor también tuvimos que soportar los intentos del poder político, del poder mediático y del poder económico de desprestigiar la lucha del Movimiento Cromañón. A pesar de que no todos pensamos lo mismo, sí entendemos que en la lucha por castigo a los responsables tenemos que estar juntos. Estos poderes crearon mitos para responsabilizar a las víctimas de lo ocurrido, para permitir que los empresarios sigan lucrando con el negocio de la ilegalidad y para proteger a los principales responsables de la masacre, como lo hizo siempre el Kirchnerismo.

En esta década de lucha hemos batallado contra estas grandes mentiras creadas, como por ejemplo que en el baño del boliche había una guardería. Nos hemos cansado de repetir que nunca existió tal guardería, que los pocos niños que fallecieron eran en su mayoría los hijos de los empleados de República de Cromañón, y que esa noche (la última laborable del año) fueron con sus familiares. Estos poderes también acusaron a los padres de no haber cuidado a sus hijos. Sin embargo, más del 80 % de los jóvenes fallecidos eran mayores de edad, y los chicos de 15 a 18 años estaban dentro del horario permitido a menores (de 16 a 24 horas).

Como si esto fuera poco, muchos sobrevivientes han sido ninguneados, demonizados o estigmatizados por haber estado en Cromañón. Parte de la sociedad los señala como drogadictos, vagos, irresponsables, descerebrados, lo que se ha traducido en dificultades concretas para conseguir empleo, para acceder a los servicios de salud, a un cuidado integral y a la posibilidad de recomponer los proyectos de vida. Y encima, fueron estos mismos pibes los que entraron como héroes anónimos una y otra vez a sacar a los chicos atrapados. El 40% de los fallecidos perecieron intentando salvar a otros. ¿Por qué? Porque el Estado, en la emergencia, también nos abandonó. Y, ¿adivinen qué? En estos diez años donde familiares y sobrevivientes necesitamos atención integral, el Estado Local y Nacional también nos abandonó.

Otro modo de desprestigiar nuestra lucha fue querer asociarnos con el macrismo durante el Juicio Político a Aníbal Ibarra, operación digitada por el gobierno Nacional, Aníbal y Alberto Fernández y Juanjo Álvarez. Se nos acusó de macristas cuando nosotros siempre luchamos contra la lógica Cromañon sea el gobierno que sea. Como muestra de lo contrario, denunciamos que existen más de cien narcoprostíbulos identificados en la Ciudad durante este año! ¿Por qué la AGC ni fue a inspeccionarlos? Porque ese negocio de ilegalidad y corrupción también sostiene a este gobierno. Sin embargo, somos los familiares y sobrevivientes los que cargamos con nuestros dolores, con nuestros gritos y nuestras ausencias, como las están cargando los familiares reciente incendio en el conventillo de La Boca, el derrumbre del boliche Beara o el incendio de Iron Mountain en Barracas.

Denunciamos también que la Agencia Gubernamental de Control fue implacable para clausurar y cerrar tantísimos centros culturales independientes y autogestivos, sostenidos con participación y compromiso juvenil, ya que utilizando la excusa Cromañón, el gobierno no ha asumido su verdadera responsabilidad: ofrecer el apoyo necesario para que existan dichos espacios en las condiciones que debe ser. La persecución del macrismo a los espacios culturales se da en el marco de una política que busca transformar la cultura porteña en un circuito exclusivo para unos pocos. Así, la refuerza a la lógica.

En esta década de pérdidas hemos denunciado sistemáticamente que no existen Levys sin Ibarras, ni Ciriglianos sin Kirschners, como en la Tragedia de Once.

Eso es la Lógica Cromañón: el funcionamiento perverso del Estado y los empresarios que enceguecidos por buscar acumular poder político o maximizar ganancias económicas toman decisiones que ponen en peligro la vida del pueblo. Y que se agrava cuando mediante corrupción se violan las normas para asegurar ganancias ilegales para empresarios y funcionarios del estado, sean éstos policías, bomberos, inspectores o funcionarios políticos. La vimos en Kheyvis, en Cromañón, en Beara, pero también en la tragedia de Once, en las Inundaciones de Santa Fe y La Plata, en los casos de asesinato por gatillo fácil, y en los 25 pibes que mueren de hambre o enfermedades evitables por día, en nuestro país. Advertimos al pueblo que la Lógica Cromañón se alimenta de impunidad, y que siempre la muerte es de trabajadores o sus hijos!

Por eso si no queremos que mueran nuestros hijos o amigos en un incendio por salir a bailar, en un choque por ir al trabajo en tren o en una inundación en su casa por un temporal, hay que salir a luchar!

Si bien se habla de la década de los Derechos Humanos, queremos dejar en claro que el Gobierno Nacional siempre negó que Cromañón también les pasó a ellos. Y tenemos la seguridad de que el Kirchnerismo integrará en sus listas a Aníbal Ibarra para el 2015, como lo hizo durante todos estos años. Pero no nos extraña, porque siempre han ninguneado la lucha del Movimiento Cromañón. Agravado con la brutalidad en las palabras de la Sra. De Carlotto tras la represión y asesinato de decenas de personas en Tucumán a principios de diciembre del 2013. Expresó que "hay que investigar bien la muerte de esas personas, quiénes son los que las provocaron, por qué murieron, en dónde y quiénes. Eso está por verse". Su advertencia sobre por qué murieron se asemeja al "algo habrán hecho" de los dictadores genocidas. Nos duele que aparezca en la boca de quienes pelearon contra esa misma difamación que convertía a las víctimas en victimarios. Nos preocupa profundamente. A tragarse el sapo Milani, la ley antiterrorista y el Plan X. Pertenecer tiene sus privilegios.

Es necesario entender integralmente los Derechos Humanos, pues no sólo fueron violados durante la última dictadura cívico-militar, sino también existen repetidas y sistemáticas violaciones a los mismos en Democracia. En Argentina República Cromañón suceden "Cromañones" permanentemente en tanto formas de violar los Derechos Humanos. Por esto es necesario solidarizarnos y fortalecer la unidad con otras víctimas de impunidad para hacer más fuerte la lucha por justicia, porque las razones que generan nuevas pancartas con nuevos rostros son las mismas y todas conducen a la responsabilidad del Estado y de empresarios. Por esto, destacamos la constitución del Encuentro de Lucha por los Derechos Humanos, integrado por víctimas de impunidad y desaparecidos en democracia. Y somos conscientes que todo esto debe caminar hacia la construcción de espacios internacionales donde las víctimas de impunidad sean tristes protagonistas de estas luchas. Desde estos espacios llamamos a tener en cuenta a nuestros muertos y desaparecidos en democracia y se convoca a otros casos a acercarse para luchar unidos por los Derechos Humanos para todos. En esta década de lucha hemos sido acompañados por colectivos y organizaciones sociales que se han solidarizado con nuestra búsqueda de justicia.

En ese sentido, abrazamos la lucha de todas las víctimas de impunidad. Su lucha es nuestra lucha!

Queremos reivindicar y destacar la importancia de que existan trabajadores que luchan por mejores condiciones de trabajo! Y denunciar que la respuesta del estado local y nacional a dichas luchas viene siendo sistemáticamente la represión!

Repudiamos el sobreseimiento a los funcionarios macristas responsables del derrumbe en Beara!

Queremos también enviar nuestra solidaridad a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México. Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

Como siempre hemos luchado por la juventud, por su derecho a la vida y a la diversión, como Movimiento estamos convencidos que los jóvenes no son peligrosos, sino que está en peligro. En este sentido llamamos a toda la juventud a comprometerse con la transformación de la realidad, a luchar por la erradicación de cualquier forma de injusticia y a exigirle al estado que garantice todos los derechos humanos, los de ayer y de hoy.

Denunciamos que en nuestra Argentina República de Cromañón, las condiciones están dadas para que sigan pasando este tipo de crímenes!

A 10 años los familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas, seguimos exigiendo

Justicia, memoria, cárcel efectiva a todos y cada uno de los culpables de tanta muerte joven y evitable!

No queremos prebendas, sino justicia. y justicia es todos los responsables presos y que nunca más suceda otro cromañón!

Basta de impunidad!

Basta de muerte joven evitable!

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!

Seguiremos luchando por los que no están, por los que sí están y por los que vendrán!

Los pibes de Cromañón! presentes! ahora y siempre!
Los padres fallecidos en lucha ! presentes, ahora y siempre!
Los sobrevivientes que se suicidaron! presentes! ahora y siempre!

Los sobrevivientes en lucha! Presentes! Ahora y siempre!
JUSTICIA!

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9096

 

 

Constatamos que con terrorismos genocida, económico (hiperinflación) y laboral (despidos masivos) se reestructuró el país a favor de la constante acumulación de riquezas y poder de los capitales concentrados.

 

 

Precarización laboral: La tercerización mata
3 de octubre de 2013

Gustavo Val (ACTA)

Se llamaba Antonio Molina, tenía 55 años y se cayó desde 12 metros de un poste en el cual trabajaba tendiendo cables para Telecom. Estaba subcontratado por otra empresa (Valltelina SPA). Trabajaba más horas que los compañeros de planta de Telecom, hacia los trabajos más riesgosos y cobraba la mitad que sus compañeros por estar tercerizado. Es el segundo trabajador telefónico que muere este año.

La tercerización mata. Así es que la vida y la muerte de Molina es el ejemplo de la cruda realidad en la que viven día a día miles de trabajadores tercerizados que actualmente sufren la desidia y el abandono del Gobierno.

Como declara Jorge Castro, Secretario General de la Unión de Empleados y Técnicos de Telecomunicaciones (UETTEL-CTA): “Las multinacionales ganan a costa de la sangre de los trabajadores. Nosotros venimos denunciando desde hace años toda la precarización a la que estamos sometidos los trabajadores de este sector. Hemos hecho miles de denuncias y la realidad es que estas denuncias no llegan a nada. Las empresas cuentan con la complicidad de este gobierno que vota leyes que son favorables a la parte empresarial y acá pareciera que la vida de los trabajadores es cuestión de números, no se toma la parte humana”.

A partir de la dictadura cívico-militar en 1976 y alcanzando un mayor implementación y perfeccionamiento en las década del noventa, la Argentina se embarcó en un proceso de reformas estructurales de la economía, entre las cuales se destaca un conjunto de cambios regulatorios en el mercado laboral que se inscriben dentro de la lógica de utilización flexible de la mano de obra. Estas modificaciones sirvieron para legalizar las transformaciones que en la organización del trabajo exigían los capitales concentrados.

Para Eduardo Ahamendaburu, Presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) de Córdoba, “con el objeto de garantizar el “abaratamiento de los costos laborales”; es decir, bajar los salarios, e introducir una brutal regresión en la distribución del ingreso nacional, la tercerización fue una de las formas que asumió la flexibilización laboral. Transformaron al trabajo humano en un insumo más y descartable de los procesos de producción y servicios. Desde el inicio de los noventa se crearon por lo menos diez formas distintas de los llamados contratos basura y rompieron con la indeterminación del plazo del contrato de trabajo. Otra de las formas de abaratamiento, fue la tercerización de parte de los procesos productivos, creando de hecho dos clases de trabajadores, para eludir fraudulentamente los legítimos encuadramientos convencionales. Con quienes ya venían con contratos por tiempo indeterminado, la forma de abaratamiento fue el invento de los conceptos “no remunerativos”, tirando por la borda el concepto de salario establecido por la Ley 20744 de Contrato de Trabajo”.

“El compañero que perdió la vida tenía 50 años y estuvo toda su vida trabajando en esta actividad. Para nosotros el trabajador tiene que estar seguro que puede volver a su casa porque tenemos un trabajo de mucho riesgo porque es en altura. Hay muchos trabajadores que tienen los estribos a partir de los 5 metros cincuenta y hacia abajo hay que poner una escalera. Tiene un cinto de seguridad pero la realidad es que es muy complicado porque también se cruzan los cables de media tensión, el video cable y entre todos esos cables el compañero tiene que subir y trepar. Por eso nosotros decimos que para eso están los elevadores y de esa manera se resguardaría la vida de los trabajadores. Lo que pasa es que eso lo utilizan los compañeros de planta permanente y el compañero tercerizado está obligado desde que se levanta a la mañana y los 30 días del mes en esa maldita producción que termina en la muerte. Si a esto no le damos un giro vamos a seguir enterrando compañeros”, subraya Castro de UETTEL.
Trama de complicidades
La reestructuración de la economía significó profundos cambios en la organización del trabajo, entre los que se destacan la flexibilización y la precariedad laboral. Una de las herencias persistentes de las modificaciones en el mercado de trabajo introducidas por el neoliberalismo, es la llamada tercerización laboral, hija dilecta de la flexibilidad aprobada con la tristemente célebre Ley Banelco.
La tercerización está vigente y es estimulada desde el Gobierno como quedó demostrado en el asesinato de Mariano Ferreyra. Las conversaciones grabadas entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y José Pedraza de la Unión Ferroviaria dan una muestra palpable y categórica de esta convivencia. La tercerización es una "política de Estado", que cuenta con el consenso del Gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales corruptos.

En palabras de Ahamendaburu: “Las luchas de resistencia de los trabajadores en todos estos años comienzan a dar sus frutos. No podemos hacer otra lectura, por ejemplo, de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), sobre libertad sindical y sobre que los mal llamados conceptos “no remunerativos” forman parte del salario del trabajador, volviendo a la letra original de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, una forma más silenciada y ominosa de reducción de costos laborales fue la Ley de Riesgos del Trabajo 24557, cuya piedra angular son las ART, hundida por sus inconstitucionalidades por la CSJN. Una demostración de la continuidad del sistema de los noventa, fue su presuroso salvataje por parte del Gobierno Nacional en las postrimerías del 2012, a través de la Ley 26773, que no ha hecho otra cosa que prolongar la agonía de un sistema perverso”.

Con este marco jurídico la generalización de vínculos laborales inestables y sin protección en el caso de la Argentina, puede pensarse y llegar a argumentarse como algo estructural. El grupo de asalariados precarios, cada vez más numeroso, se enfrenta a una situación caracterizada por la inestabilidad y la flexibilidad. Por un lado, no tiene garantizada su permanencia en el mercado laboral y por otro, los ingresos que percibe son muy variables y sensiblemente inferiores a los de los trabajadores protegidos, brecha que se amplía con el correr de los años.

“Continúa vigente el modelo de flexibilización laboral de los noventa. Estas formas de bajar los costos de producción no sólo siguen teniendo vigencia; sino que son absolutamente funcionales a un sistema económico reprimarizado y extractivista. No podemos dejar de mencionar que todas estas formas se complementan con el trabajo “no registrado” o “en negro” y con todas las formas subempleo y desempleo que son sutiles herramientas para el disciplinamiento social”, sostiene el “Vasco” Ahamendaburu.

En esta situación de transformaciones regresivas del mercado de trabajo bajo la invocación del "aumento en la productividad" y en rigor, del crecimiento de la tasa de ganancia empresaria, deben ser interpretadas los datos que nos hablan del exponencial aumento de los accidentes en el trabajo, las enfermedades laborales y las muertes de los trabajadores.

Para Jorge Castro, “el tema de la productividad es lo que también lleva a este tipo de accidentes fatales porque el compañero está obligado a hacer cierta cantidad de instalaciones por día para poder llevar el mango a su casa”. (J.C)

Mientras que en opinión de Ahamendaburu, “en Argentina, el sistema de riesgos del trabajo contiene sólo la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) del país. Está avalado por trabajos estadísticos internacionales que los índices de accidentes, enfermedades profesionales y enfermedades accidentes se disparan en la franja de trabajadores que no integran plantas permanentes y el incremento se torna exponencial cuando se trata de trabajadores no registrados. La estimación estadística de los Premios Nobel Doll y Peto establece en un mínimo del 4% la proporción de muertes debidas a cánceres de origen profesional nos lleva a una cifra de aproximadamente 2200 muertes por tumores malignos de origen profesional en nuestro país. Y estamos hablando tan sólo de una causa o agente. Una simple extrapolación de los valores estadísticos a toda la PEA y consideráramos la estimación de muertes por enfermedades profesionales y enfermedades por accidentes, y le sumáramos las muertes ocasionadas por accidentes de trabajo, afrontaríamos cifras de catástrofe, superior a las 7500 muertes anuales, que empalidecerían las producidas por otras causas. Esta situación colisiona con las cifras suministradas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T), que en su anuario estadístico 2010, tan sólo reconoce 830 muertes”. Existe una estrecha vinculación entre las condiciones de trabajo y las condiciones de vida y tienen su expresión específica en el proceso salud-trabajo y desarrollo social. El modelo de desarrollo económico que ha venido imperando en el mundo globalizado, ha generado concentración del capital, mayor pobreza, desempleo, flexibilización y precarización del trabajo, impactando de forma muy negativa el medio ambiente y la salud de los trabajadores.

Por otra parte, Jorge Duarte (periodista especializado en temas gremiales) enfatiza que: “La precarización es un fenómeno que se presenta en el mercado laboral pero que se extiende a todos los niveles de la vida de los trabajadores que se encuentran imposibilitados de cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, precarizar el trabajo, es precarizar el acceso a la salud, precarizar el acceso a la educación, precarizar el acceso a la vivienda y termina imposibilitando la realización de los trabajadores como individuo. La precarización muta en tercerización o en trabajo no registrado, en definitiva son diferentes formas fraude laboral”.

Los números que reflejan la situación del mercado laboral expresan que el total de trabajadores asalariados es de 12.236.181, de los cuales 8.003.394 son trabajadores registrados y 4.211.409 son trabajadores no registrados. Esto enuncia que entre los asalariados 1 de cada 3 (34,4%) se encuentra en situación vulnerable a causa de la precarización. Además, se registran un total de 3.109.914 trabajadores tercerizados. Entre ellos también se extienden figuras de distintos contratos laborales que son mutaciones de la precarización o situaciones de fraude laboral.

Como vemos, el problema tiene una dimensión tan extensa que marca gran parte de la dinámica laboral. En este sentido es importante remarcar que, de acuerdo a la correlación de fuerzas, los empresarios imponen las peores condiciones a los trabajadores con menos capacidad (o nula) de negociar con la patronal, que son, por supuesto, los trabajadores tercerizados. Esta situación hace que se ensanche la brecha que existe entre los dos sectores y pauperiza, todavía más, la situación de aquellos que se encuentran tercerizados.

La tercerización se convierte así en una fuerza disciplinadora muy importante para los trabajadores e impone condiciones que regulan la correlación de fuerzas en el mercado laboral, tanto en lo concerniente a la puja distributiva, como a las condiciones de empleo.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 97 correspondiente a los meses agosto-septiembre de 2013
Fuente: http://www.argenpress.info/2013/10/precarizacion-laboral-la-tercerizacion.html

 

Aportemos que esa correlación de fuerzas conseguida por el capital concentrado con terrorismos varios hoy se profundiza al punto de que se vean positivos tanto la asignación universal por hijo como el Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil  que se establecen no sólo con la violencia de la miseria e inseguridad laborales sino también con la violación de derechos porque:

• "La tercerización es una "política de Estado", que cuenta con el consenso del Gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales corruptos".
   
•  "Una demostración de la continuidad del sistema de los noventa, fue su presuroso salvataje por parte del Gobierno Nacional en las postrimerías del 2012, a través de la Ley 26773, que no ha hecho otra cosa que prolongar la agonía de un sistema perverso”.

Con este marco jurídico la generalización de vínculos laborales inestables y sin protección en el caso de la Argentina, puede pensarse y llegar a argumentarse como algo estructural. El grupo de asalariados precarios, cada vez más numeroso, se enfrenta a una situación caracterizada por la inestabilidad y la flexibilidad. Por un lado, no tiene garantizada su permanencia en el mercado laboral y por otro, los ingresos que percibe son muy variables y sensiblemente inferiores a los de los trabajadores protegidos, brecha que se amplía con el correr de los años.

“Continúa vigente el modelo de flexibilización laboral de los noventa. Estas formas de bajar los costos de producción no sólo siguen teniendo vigencia; sino que son absolutamente funcionales a un sistema económico reprimarizado y extractivista".
Es decir, el modelo extractivista (agronegocios, mega minería, súper explotación pesquera e hidrocarburíferas) no sólo multiplica las zonas de sacrificio en todo el país sino también consolida el acaparamiento económico territorial de las transnacionales y sus socios locales y  la flexibilización y la precarización laborales.
Pero otra estructura social de poder gran burgués le garantiza el Partido Justicialista con los neofeudalismos provinciales y las CGT mafiosas. En confrontación está la Coordinadora contra la represión policial e institucional que nos explica su actividad y : “Apenas se produjo el ataque de la Triple Alianza Antiobrera contra los trabajadores tercerizados del Roca y las organizaciones que solidariamente los acompañaban en su reclamo, nos pusimos a disposición de los compañeros agredidos, al mismo tiempo que nos sumábamos a la inmediata movilización en Callao y Corrientes. De allí que fuera sólo natural que aceptáramos con entusiasmo la propuesta del Partido Obrero de patrocinar, junto a los compañeros de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha), a sus militantes heridos el 20 de octubre de 2010, Magalí Elsa Rodríguez Sosa, Nelson Aguirre, Arnaldo Esteban Duré Duarte, Miguel Hugo Espeche, Emiliano Francisco Bonfiglio, Federico Manuel Lugo y María Wenceslada Villalba”. Leer

En su feudo provincial, la Presidenta Cristina Fernández ejemplifica a qué está dispuesta para garantizar el crecimiento a tasas chinas de las petroleras y para destruir al sindicalismo combativo:

"El 25 de enero de 2006 comenzaron una huelga contra el impuesto a las ganancias y contra el fraude laboral que significaba que a muchos de ellos los encuadraran en el convenio de la UOCRA para pagarles un salario significativamente menor a lo estipulado en el convenio petrolero. Según la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la cuenca del golfo San Jorge, se cuantificó las pérdidas en 1.981.140 de barriles de petróleo luego de quince días de huelga (ver http://www.lanacion.com.ar/779202-perdidas-millonarias-por-el-paro). En un hecho completamente antidemocrático e ilegal la justicia decide mandar a detener al soldador Mario Navarro por ser uno de los “cabecillas” del reclamo gremial. El mismo Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz, reconoció que su detención se produjo por pedido de las empresas petroleras"...)".

 

 

Los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua son inocentes

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos www.ceprodh.org.ar Marzo / 2014

Los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua son inocentes La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2014, transmitido a todo el país mediante la cadena nacional, justificó la escandalosa condena que, en un fallo dividido, recibió un grupo de trabajadores de la localidad santacruceña de Las Heras. Estas condenas han sido recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de la Presidenta, lo que hace que sus palabras revistan de una gravedad institucional por el evidente condicionante que cuenta hoy ese tribunal para fallar en forma imparcial.

 

En su discurso a la Nación, la Primer Mandataria defendió unas condenas dictadas sin pruebas en un juicio donde se corroboró la existencia de apremios ilegales durante la instrucción. 

 

Sumario del juicio y de la sentencia 

Este informe incluye las razones y algunos de los documentos que confirman que hace tres meses la Cámara del Crimen de Caleta Olivia condenó, en un fallo dividido, a cuatro inocentes a cadena perpetua por la muerte del oficial Sayago. Esa misma sentencia condenó a otros seis trabajadores petroleros a cinco años de prisión por los delitos de coacción agravada y lesiones. Antecedentes Cuando se produjo el homicidio del policía Jorge Sayago los intereses económicos de las multinacionales petroleras venían siendo afectados por la lucha que venían dando los trabajadores de los yacimientos petroleros.

 

El 25 de enero de 2006 comenzaron una huelga contra el impuesto a las ganancias y contra el fraude laboral que significaba que a muchos de ellos los encuadraran en el convenio de la UOCRA para pagarles un salario significativamente menor a lo estipulado en el convenio petrolero. Según la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la cuenca del golfo San Jorge, se cuantificó las pérdidas en 1.981.140 de barriles de petróleo luego de quince días de huelga (ver http://www.lanacion.com.ar/779202-perdidas-millonarias-por-el-paro). En un hecho completamente antidemocrático e ilegal la justicia decide mandar a detener al soldador Mario Navarro por ser uno de los “cabecillas” del reclamo gremial. El mismo Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz, reconoció que su detención se produjo por pedido de las empresas petroleras.

 

Así surge de sus declaraciones efectuadas en conferencia de prensa y reflejadas por el diario Página/12 del 8 de febrero de 2006 (ver http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-62776-2006-02-08.html).Esta detención ilegal genera la mayor movilización popular en la historia de la ciudad de Las Heras. La inmensa mayoría del pueblo se dirige pacíficamente a la comisaría a solicitar la libertad del dirigente petrolero. La respuesta de la Policía fue la represión. Esto fue reconocido por concejales kirchneristas de esa ciudad. Así se puede observar en la misma fuente señalada arriba. En el marco de esa represión el oficial de la Policía de Santa Cruz, Jorge Sayago, es herido por un impacto de bala y distintos golpes, y muere a las horas mientras era trasladado a la ciudad de Comodoro Rivadavia. A partir de ese momento la Justicia y la Policía de Santa Cruz hicieron todo lo posible para que nunca se sepa la verdad y que este hecho sirva de excusa para militarizar a la población y asestarle un duro golpe al tradicional movimiento obrero combativo de la zona. Desde el inicio del expediente se propusieron líneas investigativas que la jueza de instrucción jamás llevó adelante. A fojas noventa y tres (93) de la causa que terminó con esta injusta condena, es decir, al inicio de las investigaciones, un letrado propone que se profundice la investigación en relación a lo dicho por el entonces presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, y del entonces diputado Luis D’Elía en relación a la existencia de infiltrados, sectores de derecha y empresarios. Sin embargo, la jueza de instrucción jamás citó a declarar a estos funcionarios y descartó sin más esa hipótesis. La siguiente cita es copia fiel de la foja noventa y tres (93) del expediente, donde un letrado en calidad de amicus curiae propone: Como se puede consultar en el sitio web Infojus (http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/petroleros-de-las-heras-tres-condenados-aprision-perpetua-978.html), el día que se iniciaron las audiencias del juicio oral el tío de Sayago, Víctor Álvarez, había reiterado que quienes estaban sentados en el banquillo eran unos “perejiles”. 

 

Hacia dónde y cómo se llevó adelante la investigación 

A este respecto son esclarecedoras las palabras del párroco de Las Heras, Luis Bicego: “Fue el reino del temor. Había setenta personas presas cuando volví de Italia. Había gente en la parroquia porque tenían miedo de que se los llevaran. Porque la metodología era la metodología represiva de los años de plomo de la dictadura. Te agarraban a uno y lo torturaban para que dijera a quién tenía al lado esa noche. Es increíble pero pasó. Y ahora los que lo están pagando son los obreros, los más pobres”. El audio de esta declaración puede escucharse en el siguiente link: http://www.laretaguardia.com.ar/2014/02/luis-bicego-parroco-de-las-heras.html. A pesar de la evidente incompatibilidad, la jueza de instrucción decidió que la investigación de la muerte de Sayago sea realizada por sus propios camaradas de fuerza, la Policía de Santa Cruz. Esto significó que se viviera un virtual estado de sitio en dicha ciudad. Ante las reiteradas violaciones a las más elementales libertades democráticas que se empezaban a conocer a nivel nacional, distintos organismos de derechos humanos se hicieron presentes en la ciudad de Las Heras. Horrorizados de lo que encontraron hicieron la siguiente presentación en el expediente que figura a fojas 512: La jueza de instrucción de la causa ignoró por completo esta denuncia de los organismos de derechos humanos, realizada por quienes vivieron presencialmente cómo se llevaba adelante la represión a la lucha petrolera, se cercenaban derechos y garantías al pueblo de Las Heras y se incriminaba a trabajadores inocentes por la muerte de un policía. Por el contrario, las únicas pruebas por las que fueron condenados los petroleros de Las Heras son unas contadas declaraciones testimoniales que, como se expresara cuando declararon en el juicio oral llevado adelante el año pasado, las realizaron porque eran torturados con el fin de que incriminen a algún manifestante cuyo nombre conocían. Las denuncias de torturas, además de ser realizadas por el párroco de Las Heras y los organismos de DD. HH., fueron efectuadas hasta por un jefe de la Policía santacruceña, pero esa causa caducó por falta de impulso de los fiscales. El párroco Bicego señaló al respecto: “El jefe de Policía de la provincia de Santa Cruz denunció -en aquellos días- al grupo GEO por torturas, pero la causa caducó porque los fiscales de Pico Truncado (donde estuvo al comienzo) y de Las Heras no hicieron nada. Yo me presenté a declarar en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia por torturas y apremios, y no pasó nada”. El fiscal Ariel Candia, que es el que llevó adelante la acusación contra los trabajadores, directamente defendió la validez de testimonios obtenidos bajo tortura.

 

Tal como puede obtenerse de las actas del juicio oral, este funcionario dijo: “Dos cachetadas y una capucha no determinan ningún testimonio” (sic). Este mismo fiscal tuvo que actuar tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral. El motivo constituye una prueba cabal de que este ha sido un juicio viciado de arbitrariedad manifiesta de principio a fin. El fiscal que debía tomar la causa en la etapa oral, Dr. Rearte, rechazó en dos oportunidades llevar a juicio oral a los acusados porque las pruebas eran nulas, insuficientes, y porque, a pesar de todo tipo de inventos, del expediente mismo surge que no está determinado de qué conducta específica se los acusa para declararlos culpables de un homicidio. Lo que en verdad se probó durante el juicio es que hubo torturas. Uno de los jueces que condenó a perpetua a los trabajadores manifestó que, como los “supuestos” torturados no se autoincriminaron, sino que señalaron a terceros como autores del crimen, las declaraciones son válidas. Esto consta en la página 184 del fallo contra los petroleros. Pero, como bien lo expresa el párroco de la iglesia de Las Heras, las decenas de denuncias de torturas que le llegaban coincidían en que estas estaban orientadas a que los detenidos acusen a terceros que habían participado de la movilización. El también juez de Cámara que falló contra los trabajadores, Dr. Juan Pablo Olivera, reconoció que testigos de la causa denunciaron durante el juicio oral que realizaron dichas declaraciones por “presiones” de la Policía y de la jueza.

Este juez reflexiona en su fallo que los cambios en las declaraciones de los testigos no tienen como origen los apremios ilegales. Los cambios, según el fallo de Olivera, están motivados por el mismo sentimiento de grupo que se da entre los narcotraficantes, los barrabravas o los genocidas de la dictadura. Copiamos aquí los fragmentos del fallo al que hacemos referencia (páginas 187 y 188 del fallo citado): Pero este crimen no se dio en la más plena intimidad. Se dio en el marco de la movilización popular más numerosa en la historia de la ciudad de Las Heras.

 

Con cientos y cientos en el lugar del hecho. Con decenas de policías a metros del lugar donde fue herido el uniformado Sayago. El juez Olivera habla de fuertes intereses grupales. En cualquier caso, es inadmisible la comparación. Pero además demuestra un total desconocimiento de los sujetos a los que se refiere. Entre los testigos y los acusados que denuncian torturas hay una maestra de jardín de infantes como Graciela Valencia, un empleado municipal como el condenado a cadena perpetua Ramón Cortés, un repartidor de pizza que también fue condenado como homicida de Sayago, trabajadores petroleros, desocupados y un alcohólico en tratamiento. 

No hay pruebas porque no son culpables Para finalizar este informe es útil hacer un análisis global sobre la supuesta prueba utilizada para condenar a los petroleros a prisión perpetua y sobre los planteos que realizaron los/as abogados/as de los trabajadores. No nos referiremos en profundidad a los demás acusados ya que los mismos fueron condenados por el mero hecho de participar de una manifestación que solicitaba la libertad a un preso por luchar, y se les aplicó uno de los delitos predilectos a la hora de criminalizar la protesta social, que es el delito de coacción agravada (contra el juez Gargaglione para que libere al dirigente Navarro).

 

La condena es inexplicable toda vez que en el juicio NO DECLARÓ este juez supuestamente “coaccionado”. Es decir, la supuesta víctima jamásdijo sentirse amenazada/coaccionada por manifestantes que se encontraban a ochenta y cinco kilómetros de su despacho. Durante la pueblada el juez se encontraba en la localidad de Pico Truncado. Sólo mencionar, como muestra de la falta absoluta de seriedad de esta causa, que estuvieron en el banquillo de los acusados, y detenidos durante un tiempo, trabajadores que no fueron mencionados por ninguno, NINGUNO, de los noventa y ocho testigos que declararon en el juicio oral. En base a la total falta de pruebas para incriminar a los acusados, la presidenta del Tribunal, Dra. Cristina de los Ángeles Lembeye, votó por la absolución de 12 de los 13 imputados. Las “pruebas” contra José Rosales Uno de los trabajadores condenados a cadena perpetua es José Rosales. La “prueba” por la que es condenado está basada en el testimonio de un trabajador petrolero que denunció haber sido torturado con el fin de incriminarlo. El testigo Torres hizo la denuncia de esas torturas. Así consta en el fallo en su página 193: (…)Aún no es tarde Los trabajadores fueron condenados a pasar el resto de su vida en prisión por un crimen que no cometieron. Esta sentencia fue apelada por los abogados defensores. Como planteó el escritor Osvaldo Bayer, este caso es comparable con el de los Mártires de Chicago, que también habían sido acusados falsamente de matar a un policía. La justicia norteamericana reconoció el error cien años después. Para los petroleros de Las Heras aún no es tarde. Cientos de personalidades de la Argentina y de todo el mundo ya se manifestaron por la absolución de estos condenados de Las Heras a sabiendas de que en este juicio se hizo todo lo posible para que nunca se descubra quiénes son los responsables de la muerte de Sayago. Este fallo, que representa uno de los ataques más graves contra la clase trabajadora desde el retorno de la democracia, busca disciplinar a los trabajadores de la Patagonia y del país.  Fuente: http://www.ceprodh.org.ar/IMG/pdf/Informe_Las_Heras_Ceprodh.pdf

 

Hemos resumido cómo, a diferencia del 19y20, hay un protagonismo popular que avanza en organización y lucha por la Memoria, Verdad y Justicia. No sólo instala las violaciones de derechos que la democracia legaliza e invisibiliza sino también nos interpela a no reconciliarnos con nuestros opresores y represores.

 

 

Marcha por Julio López: "8 años de impunidad y encubrimiento"

19 de septiembre de 2014

 

Por Indymedia Derechos Humanos
 

Este 18 de septiembre se cumplieron 8 años -2922 días- de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio que condenó por genocidio al represor Miguel Etchecolatz. En distintos puntos del país se realizaron actividades denunciando la persistencia de la impunidad y el encubrimiento. En Ciudad de Buenos Aires, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia movilizó desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo, en una marcha encabezada por las Madres de Plaza de Mayo Cristina Cabib, Elia Espen y Mirta Baravalle, junto a numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales. En el documento, que compartimos a continuación, se señaló una vez más “la inacción de la causa judicial que debiera investigar la desaparición de Julio López y la inacción de los gobiernos Nacional y Provincial que decidieron no investigar el entorno del genocida Etchecolatz ni a las mafias de la Policía Bonaerense para asegurarse su gobernabilidad”. Fotos: Indymedia Derechos Humanos.

 

Documento a 8 años de la desaparición de Jorge Julio López

 

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Estamos en esta Plaza, enfrentando el silencio y la negación oficial, para denunciar que Julio López, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura, fue secuestrado y desaparecido por segunda vez hace 8 años, cuando culminaba el Juicio a Etchecolatz .

Estamos hoy aquí, en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, exigiendo al Estado Nacional su aparición con vida.

 

El 18 de septiembre de 2006 Julio López, que después de muchos años de silencio puso en palabras el horror vivido en los campos de concentración de la dictadura, para cumplir su compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias, en la que se daría la sentencia de prisión perpetua al genocida Etchecolatz.

La respuesta de nuestro pueblo a la desaparición de Julio no se hizo esperar y miles salimos a las calles reclamando su aparición con vida YA!

La respuesta del poder también fue inmediata: el gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y Binstock, declararon frente a los organismos de derechos humanos que reclamamos por Julio que su preocupación era la gobernabilidad de la policía bonaerense. Hoy, después de 8 años, es indiscutible que esa ha sido la principal preocupación de todos los poderes del Estado. Por eso en la causa López no hay sospechosos, ni imputados, ni detenidos.

Por eso denunciamos que, desde el primer momento, los funcionarios nacionales y provinciales renunciaron a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y por lo tanto renunciaron también a detener, juzgar y condenar a los responsables de su secuestro.

La Policía de la Provincia de Buenos aires, al momento de la segunda desaparición de López, tenía en sus filas más de 9.000 efectivos que habían actuado durante la dictadura. Ningún gobierno constitucional los separó ni investigó.

El gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires desplegaron desde el primer momento un discurso plagado de cinismo. Durante el primer año decían que buscaban a Julio como si hablaran de un niño perdido camino a su casa y en los últimos años nos dicen que tenemos que aceptar que Julio está muerto pero no dicen quién lo secuestró, quién lo mató, quién dio la orden y quien la ejecutó. Nunca quisieron investigar y ahora, después de 8 años de inacción y de impunidad, usan el nombre de Julio para bautizar una plaza o lo declaran “ciudadano ilustre” pretendiendo naturalizar su desaparición y disimular la impunidad de los autores políticos y materiales de su secuestro.

En todos estos años, aunque el rostro de Julio estuvo y está presente permanentemente en la denuncia y el reclamo de justicia de nuestro pueblo, hemos recibido por única respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.

Julio López no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición reinstaló la desaparición como práctica genocida, poniendo en jaque al llamado Nunca Más.. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos: la impunidad sólo genera más impunidad.

 

La persistencia de la impunidad es la que permite que López esté desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales y políticos del secuestro.. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como señalamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial.

El Estado, con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos las unas a las otras.

Por eso decimos que el gobierno tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y la Federal.

Nunca se investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, ni el asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.

Por eso decimos que el gobierno nacional es responsable por la aparición con vida de Julio y que debió haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.

Desde hace dos años, la única novedad en la investigación judicial fue una denuncia contra las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de Julio de “no haberlo cuidado”. Este año, el nuevo fiscal que tomó la causa dice que va a empezar de cero y su primera medida es investigar……a los hijos de López.

Ante la inacción de la Justicia, y el silencio del poder político, en los últimos años fuimos las organizaciones que reclamamos por la aparición con vida de Julio las que aportamos novedades a la causa.

El año pasado el encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una campaña nacional de presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados automáticamente, poniendo en evidencia que no es preocupación de esta justicia terminar con la impunidad. En Puerto Pirámides el juez Ricardo Sastre contestó al habeas corpus , diciendo que “el señor Jorge Julio López NUNCA estuvo detenido en ninguna repartición de las fuerzas de seguridad”, negando de este modo hasta el primer secuestro de Jorge Julio López. Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo se pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y se llame la atención al Estado por el encubrimiento de este crimen.

Hoy, a 8 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.

 

BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

Por eso exigimos al gobierno:

Aparición con vida YA de Julio López

Juicio y castigo a los responsables

Compañeros y compañeras:

La impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la represión actual a las luchas obreras y populares.

La negativa de los gobiernos nacional y provincial a impulsar que se investigue entre las filas de la Policía Bonaerense y de los servicios de inteligencia del Estado refleja el pacto de encubrimiento sobre los crímenes y negocios ilegales del aparato represivo, que los sucesivos gobiernos han mantenido hasta el día de hoy a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo.

La política represiva se agudiza ahora que el colapso de la política económica conduce al gobierno a redoblar la entrega para pagar la deuda externa. Las designaciones de César Milani al frente del Ejército y de Sergio Berni en la Secretaría de Seguridad apuntan a quebrar mediante palos y provocaciones la resistencia obrera y popular a los despidos, suspensiones, retrocesos salariales, ajustes, tarifazos y recortes en la asistencia social que el gobierno impone para congraciarse con el capital financiero internacional.

Eso se expresó en la brutal represión que sufrieron los obreros que salieron a defender sus puestos de trabajo, como ocurrió en Lear , Gestamp, Emfer, Calsa, Kromberg. Los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad también estuvieron presentes ante los piquetes realizados durante el paro general del 28 de agosto.

El país entero pudo ver en detalle, gracias a las filmaciones de periodistas y militantes, las provocaciones de la Gendarmería contra los trabajadores de Lear. La expulsión del Ministerio de Seguridad Nacional del ex carapintada Galeano, infiltrado en las manifestaciones, fue una manera de ocultar que actuaba bajo las órdenes de Berni, y por lo tanto, del gobierno nacional.

En los últimos años el presupuesto destinado a inteligencia militar –bajo la tutela de Milani- prácticamente se triplicó. Este genocida, premiado por el oficialismo con el cargo de Jefe del Ejército, que debiera estar preso por su actuación durante la dictadura, es el elegido por el gobierno nacional para encabezar un operativo dirigido a rehabilitar la injerencia del Ejército en la seguridad interior. Por eso hoy las leyes antiterroristas promovidas por el gobierno, se constituyen en una amenaza cada vez más peligrosa a todos aquellos que luchan por sus derechos.

El desalojo con métodos nazis del barrio Papa Francisco, mostró, como ocurrió con el Indoamericano, la complementariedad de las políticas represivas del gobierno nacional y las de Macri en la Ciudad. Arrasaron las viviendas y desalojaron a los más humildes mientras dejaron instaladas a las bandas del narco.

 

Las declaraciones fascistas y xenófobas de Berni tienen como objetivo dividir al pueblo y conseguir piedra libre para sacar de las calles a los que enfrentan la política del ajuste.

Mientras Macri mantiene su propio aparato de espionaje, la justicia de la ciudad lleva a juicio a los dirigentes barriales Diosnel Pérez y Luciano “Tano “ Nardelli, por el único delito de ser solidarios.

La Metropolitana reprime con balas de plomo –como lo hemos comprobado en el Indoamericano y en el desalojo de la Sala Alberdi- del mismo modo que ocurre en Formosa, Jujuy y Chaco con gobernadores alineados con Cristina Fernández, donde se ha reprimido salvajemente a docentes, estatales, jubilados, desocupados y pueblos originarios. En Córdoba fueron reprimidas vigilias y marchas contra el monopolio envenenador Monsanto.

 

En estos 11 años de gobierno kirchnerista , suman 22 los compañeros asesinados a raíz de la protesta social.

La política de “mano dura” , en cuya aplicación coinciden el gobierno nacional, Scioli, Massa y otros sectores del oficialismo y la oposición tiene como objetivo profundizar la criminalización de la pobreza y no sólo no resolverá los problemas de inseguridad sino que reforzará la represión a las luchas, el gatillo fácil y la corrupción policial. La militarización de los barrios y la creación de policías comunales no ha hecho más que agravar la situación de los miles de habitantes de los barrios más humildes.

Actualmente son más de 5000 los procesados por luchar. El bloque de diputados oficialista promueve la sanción de una ley contra las manifestaciones, que fue reclamada por Cristina Fernández en el Congreso y aplaudida a rabiar por el bloque macrista.

El proyecto de ley contra la criminalización de la protesta, promovido por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y presentado a la Cámara de Diputados con la firma de más de 20 legisladores, permanece ignorado por el oficialismo y por la mayoría de la supuesta oposición. Rechazamos la pretensión de la diputada Diana Conti de canjear el apoyo a la ley que persigue las manifestaciones por una amnistía fraudulenta.

Reclamamos el cierre de las causas, la anulación de las condenas y la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos, de los compañeros Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano, de los cinco hermanos wichí de la provincia de Formosa y de los cinco compañeros de Ate Rio Gallegos arbitrariamente detenidos desde octubre del año pasado.

Desde este acto, exigimos una vez más la absolución de los compañeros de Las Heras, condenados a prisión perpetua al término de un juicio infame.

Las denuncias del fiscal contra los compañeros de la comisión interna de Lear y de dirigentes políticos solidarios con su lucha, el procesamiento de los delegados de Emfer-Tatsa, los pedidos de desalojo contra la ocupación de Donnelley y la gestión cooperativa del Bauen son expresiones de la judicialización de la protesta social.

La militarización de los conflictos obreros tiene otro punto de apoyo en el accionar de las patotas de la burocracia sindical. Las provocaciones de Pignanelli contra los trabajadores de Lear son las mismas que utilizaron Pedraza y sus matones contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y que finalmente derivaron en el crimen de Mariano Ferreyra. El gobierno nacional utiliza ante cada conflicto a estos verdugos de los trabajadores para tratar de frenar el surgimiento de cientos de jóvenes dirigentes que se organizan democráticamente para reclamar por sus derechos enfrentando a sus patrones aliados con la burocracia sindical.

Como castigo por su participación en el paro nacional del 28 de agosto, Randazzo, en sociedad con los jerarcas de la Unión Ferroviaria, impulsa el desafuero de los delegados de la línea Sarmiento y sanciones a los activistas del Mitre.

La presencia de la patota del Smata en la tribuna del Congreso para insultar a los diputados de la izquierda –con la complicidad del presidente de la Cámara, Julián Domínguez- confirma que estas bandas están hoy al servicio del gobierno nacional. Las amenazas de sanciones y expulsiones en las legislaturas provinciales contra los diputados de la izquierda se inscriben como otra variante de represión política.

Por eso decimos: basta de ajuste, despidos y suspensiones. Reincorporación ya de todos los despedidos.

Basta de represión, muertes y patotas. Cierre de las causas y anulación de las condenas contra los luchadores. Libertad a los presos políticos. Fuera Berni. 

 

Hoy, el gobierno nacional pretende apropiarse del prestigio y los recursos del Banco Nacional de Datos Genéticos para ponerlo al servicio de un negociado con los laboratorios privados de la medicina genómica. Este Banco fue clave en la identificación de la mayoría de los 115 nietos recuperados.

Por otra parte, al limitar la competencia del Banco a los casos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983, quedan desprotegidas miles de personas que buscan su identidad y los más de 200 casos de desapariciones posteriores al 83, como Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel Solano en río Negro y, por supuesto, Julio López.

 

Por eso decimos: No a la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos, acceso universal al derecho a la identidad!!!!

En defensa de la memoria, nos oponemos a transformar los Centros Clandestinos de Detención en lugares de recreación, porque las generaciones que nos siguen deben saber que allí se torturó a hombres, mujeres y hasta niños, para lograr imponer en nuestro país un orden político y económico en contra de las mayorías populares.

El gobierno nacional se adueñó de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, después de haber logrado, en alianza con el macrismo , la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. Y ahora el Secretario de Derechos Humanos, Miguel Ángel Fresneda,ha decidido que el Servicio Penitenciario Federal sea el encargado de la custodia de los Ex Centros Clandestinos de Detención de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante años participamos y acompañamos las luchas populares por la señalización de estos sitios, por la expulsión de las fuerzas represivas de los mismos, por la construcción de proyectos de memoria que recuperen las historias de vida de nuestros compañeros desaparecidos y que denuncien las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy.

Estos hechos no hacen más que seguir desvirtuando la memoria de lo ocurrido durante la dictadura militar y apuntalan los proyectos de reconciliación con las fuerzas represivas que se pretende llevar adelante desde el gobierno nacional, de la mano del genocida Milani.

Compañeros y compañeros

El testimonio de Julio no sólo sirvió para que Etchecolatz fuera condenado por genocida, sino que es parte de la construcción de una memoria y una historia que, además de poner al desnudo la crueldad y brutalidad del poder, rescata las luchas, las banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin represión.

En este 18 de septiembre reafirmamos:

No olvidamos a Julio y por eso con su presencia y su ausencia , estamos en esta plaza exigiendo justicia por su desaparición.

No olvidamos el compromiso de Julio con sus compañeros de ayer y tampoco olvidamos nuestro compromiso con los que luchan hoy.

No olvidamos que el proyecto genocida vino a terminar con una generación de luchadores que quería construir un país sin opresión y sin explotación.

No perdonamos a los genocidas y sus cómplices que siguen gozando de libertad y de impunidad y que están hoy al servicio de la represión contra el pueblo.

No nos reconciliamos con nuestros verdugos de ayer, ni tampoco con nuestros verdugos de hoy.

 

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS

APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ

BASTA DE ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

FUERA MILANI-FUERA BERNI

BASTA DE REPRESIÓN A LOS QUE LUCHAN

COMPAÑERO JULIO LÓPEZ ¡PRESENTE!

30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTE!!

Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2014/09/866384.php

Necesitamos no entregar nuestras luchas a quienes se postulan para representarnos en instituciones hechas para el saqueo y la impunidad de los poderes establecidos con terrorismos varios. Reflexionemos sobre:

¿Democracia o partidocracia?

 

K.Raveli 2011 (Ezk. Iraulka '94 jatorrizkoa)

¿Puede ser llamado democrático el régimen político-institucional adoptado como modelo por las sociedades capitalistas modernas? ¿Es mejorable en sentido democrático? ¿Corresponde en alguna medida, en cualquiera de sus formas y aplicaciones, a un sistema de poder del pueblo, que es lo que realmente tendríamos que entender con el término de democracia? De entrada, sabemos por experiencia histórica que nunca han existido procesos de poder popular que hayan podido plasmarse de forma duradera por la vía del régimen parlamentario capitalista. Hablamos de procesos efectivamente controlados por colectivos de base y redes sociales con intereses de concreto e indudable carácter popular. La república española de 1936 o el gobierno de Unidad Popular de Chile de 1973 podrían ser dos ejemplos elocuentes para ilustrar como, por encima del régimen parlamentario, existen estructuras y mecanismos de poder dispuestos a invalidar con todos los medios un desarrollo o, simplemente, una utilización democrática, popular, de este modelo institucional. Es decir que, en los pocos casos en los que unos movimientos de amplio carácter social han llegado a alcanzar cualquiera de los niveles de poder teóricamente accesibles por vía electoral y parlamentaria (que se reducen, en definitiva, al gobierno institucional del estado y a una ocupación importante de los escaños parlamentarios, generalmente sólo en las cámaras bajas), el sistema general no los ha aguantado por mucho tiempo. En pocas palabras, no parece que se trate de un régimen que esté pensado para responder a las exigencias de procesos políticos con características radicalmente populares, de poder real, efectivo, por parte de las mayorías sociales de un país. 

 

Entonces, ¿si el régimen parlamentario no es realmente una democracia, qué es? ¿Es posible plasmar un modelo íntegramente democrático, con todas sus consecuencias? ¿Es planteable una democracia real, entendida en su sentido lógico y natural de poder del pueblo, es decir: de poder popular absolutamente profundo y general? Vamos a intentar responder a estas preguntas, ofreciendo de forma sucinta algunos de los múltiples elementos que pueden ilustrar la mistificación democrática del régimen parlamentario. Procuraremos señalar al mismo tiempo algunos caminos interesantes para un realizable desarrollo democrático de una civilización socialmente avanzada.

 

Estos son los argumentos que vamos a tocar:  Los partidos  El poder local  El derecho  La democracia entendida como proceso permanente  La dialéctica mayorías-minorías  La representatividad  Las votaciones y las elecciones  El concepto de poder  La ética social

 

Los partidos. 

Los partidos son las estructuras políticas portantes, indispensables e insustituibles del modelo parlamentario. Por lo que a éste se le denomina a veces partitocracia. Casi todos los engranajes de funcionamiento y control interno del régimen se plasman ahora a través del juego de los partidos. Un juego que forma una pantalla-espectáculo en continuo movimiento, casi impenetrable – para lo que llaman el "ciudadano" común - al reconocimiento de los verdaderos mecanismos autocráticos de todo el sistema. Nadie puede negar que, en general, tratamos de formaciones estables que se rigen con estructuras y procesos que de ninguna manera se pueden definir democráticos. A pesar (¿o justamente?) porque juegan sobre discursos ideológicos que en realidad recubren casi siempre intereses de índole bastante diferente, y hasta opuesta, a estas ideologías, éticas e ideas profesadas (socialistas, liberales, populares o populistas, nacionalistas, cristianas, fundamentalistas, sionista, de derechas, de izquierdas, centristas, demócratas, socialdemócratas, republicanas, monárquicas, progresistas, conservadoras, etc.). En lo esencial, estos intereses corresponden a los de sectores más o menos amplios de titulares del poder real, el económico, y que por este poder pragmático y efectivo tienen la posibilidad de utilizar o condicionar a los partidos. Es lo que vemos con los impresionantes gastos electorales, accesibles sólo a algunos de ellos. Un vasallaje económico ya casi normalizado, a pesar de que resulte antagónico con esas ideologías, conceptos y lenguajes utilizados en programas, propaganda, discursos parlamentarios y debates en los mass media. Las estructuras de todos los partidos suelen ser muy rígidas y prácticamente infranqueables para los simples militantes de base, sobre todo cuando éstos no se adecuan a esta ambivalencia entre discursos y prácticas reales. Sus mecanismos de organización se caracterizan, en general, por una sumisión jerárquica a decisiones adoptadas en círculos restringidos. Por lo tanto, prácticamente secretas como las cuentas de su gestión, por lo que concierne los datos más sensibles.

Decisiones transmitidas después de forma burocrática de arriba abajo, favoreciendo muy a menudo el clientelismo-amiguismo y hasta el nepotismo, por lo tanto con la manipulación y desactivación controlada de todo debate crítico y franco. Sus "congresos" y "asambleas", en lo que concierne las resoluciones de fondo, son verdaderas parodias de un debate democrático, cuando no simples representaciones de imagen y propaganda para la galería mediática. Por otro lado, no hay prácticamente ninguna posibilidad de participar en algún nivel de actividad del régimen (elecciones, representaciones, administración, gobierno, judicatura, etc) sin pasar por un partido. Las demás expresiones sociales (organismos y movimientos populares, por ejemplo) o bien se someten a esta lógica, o bien tienen que desarrollar procesos externos y hasta desestabilizadores para poder lograr una incidencia político institucional. Dicho de otra forma, las puertas oficiales quedan cerradas a cualquier impulso o estímulo directo que sea realmente crítico - colectivo o individual - y dirigido directamente hacia cualquiera de los mecanismos político-institucionales del régimen. Los partidos interpretan los intereses del pueblo - así se afirma – sobre la base de una determinada ideología o línea ideológica, y los transforman en presunta o real – pero siempre condicionada – representación fundada en mayorías y minorías electorales y parlamentarias, apoyada por discursos ofrecidos en la conocida y muy controlada escena mediática. Es decir, que los institucionalizan en un lugar que llaman de representación de la voluntad popular, pero donde todas las decisiones, después de un recorrido tan condicionado, raras veces responden realmente a las necesidades sociales originariamente reconocidas. Ese mismo juego de mayorías y minorías - que se nos presenta como manifestación y plasmación de democraticidad y representatividad del parlamento – está totalmente sometido a la dinámica interna de estas instituciones y, sobre todo, al poder real de otros factores de poder, en su mayoría económicos, a través de grupos de presión (por ejemplo las famosas lobbies de presión parlamentaria) y otras articulaciones y dispositivos oligárquicos. Algunos oficiales y reconocidos; otros mucho más discretos, como se suele decir. Sea de carácter nacional, estatal o supranacional. Sin olvidar el poder mediático y, ahora cada vez más predominante, la producción y utilización mediática de encuestas, sondeos y otros artefactos manipuladores de la ciencia sociológica dominante. Por supuesto, hoy tenemos que incluir en el modelo parlamentario este protagonista determinante en manos del poder económico: los mass media, decisivos para condicionar mejor a la misma partitocracia, y desde donde se deconstruye y manipula de forma muy sofisticada las contradicciones entre intereses populares y discursos políticos. Sin embargo, entramos ahí en otro terreno, el del llamado cuarto poder, que habrá que tratar a parte. (...)

 

 El derecho. 

Por supuesto, el "derecho" se ha convertido en el gran tótem del régimen parlamentario. 

 

Un tótem tan arraigado que, a pesar de una realidad diaria que nos revela la impresionante corrupción o degeneración ética de la justicia institucional, casi nadie se atreve a contestar radicalmente, en su esencia y ética material, real. Que encubren valores e ideologías virtuales o Más que un tótem se ha vuelto un verdadero tabú, este pilar del régimen parlamentario y del dominio de clase. Sobre todo si hablamos de casi todas las estructuras judiciales y legales y de los demás mecanismos y artificios generados con y por el derecho positivo, con sus ritos, lenguajes y costumbres incrustadas en aparatos descomunales e impenetrables al ciudadano, El "Estado de Derecho" es la gran coartada del régimen. La mitificación y mistificación del "derecho positivo" ha llegado a niveles tan increíbles que casi nadie se atreve a poner en cuestión a este rey ya casi del todo desnudo. Y no sólo en regímenes tan degradados como el español, donde la tortura es todavía un instrumento de acción judicial, política y social. De hecho, el derecho positivo es el producto y la expresión tan integrada como sofisticada de la ética y de los intereses de unos poderes fácticos, esencialmente de naturaleza económica, que determinan qué tenemos que pensar - por medio del control educativo, mediático y cultural -, a través de quienes tenemos que hacer representar nuestros presuntos intereses - unos partidos más o menos dirigidos económicamente -, y cómo tenemos que participar, sólo muy puntualmente, en los mecanismos del régimen parlamentario: con un sistema electoral gravemente manipulado. En la teoría dominante, el derecho positivo se describe como una serie de normas que adquieren su legitimidad a partir de lo que denominan "soberanía popular" y “contrato social”.

 

Es decir, un instrumento de normalización y que rige en la práctica la totalidad de los comportamientos sociales, y cuyos incumplimientos suponen el uso de la coacción por parte de las instituciones legitimadas por esa 'soberanía'. Un contrato interclasista impuesto, luego una soberanía inexistente, si no es con la coerción cultural de una bien determinada tradición clasista, determinada por un sistema económico muy sólidamente establecido. Un planteamiento democrático tiene que desarrollar una concepción diferente del derecho, de la ley, de los reglamentos y de las normas, superando las categorías éticas y culturales sobre las que se apoya actualmente. Rompiendo la dinámica homogeneizadora de la normalización y de la leificación, que todos padecemos por educación y por presión cultural.

 

Es necesario poner en marcha un serio trabajo colectivo de crítica radical al derecho llamado positivo. Sólo el movimiento ciudadano asociativo, con su dialéctica de trabajo popular ligado a un permanente debate ético y social, puede generar formas de reglamentación activa y pasiva que sirvan para generar y afianzar un desarrollo democrático. Por lo tanto, hay que hablar de la necesidad de un derecho crítico, de una reinstrumentación de la jurisprudencia en función de la participación ciudadana, enfocada al desarrollo cultural y biorregional, y a una socialización de la riqueza, de los bienes comunes, hacia una perspectiva cooperativa general de toda la actividad humana. La productiva y económica, en primer lugar. Estos tienen que ser los motores de la evolución del derecho, invirtiendo radicalmente las posiciones y el sentido de los procesos sociales con relación al mismo concepto de derecho, y superando las realidades actuales de coacción y normalización social. Un trabajo creativo que es posible únicamente si una ética social se establece por encima de los valores y lenguajes propugnados por las minorías que deciden y controlan el desarrollo actual de la sociedad. Desde unos principios democráticos, sólo es posible una dialéctica de derecho crítico y transitorio, en permanente evolución según el desarrollo de la sociedad, que garantice los logros éticos y sociales alcanzados en cada etapa de participación y confrontación cívica entre movimientos populares. Por eso entendemos la democracia como indispensable y permanente proceso de desarrollo de formas y contenidos del poder popular. Hablamos de una evolución de fondo y no superficial, asumiendo además que las reuniones populares, las asambleas, pueden participar en la legitimación y gestión de los procesos jurídicos, sobre la base de reglamentaciones regionales transitorias, apoyadas en formas de consenso mucho más definidas de la actual imposición cultural dominante sobre el concepto de derecho. Además, tenemos que asumir que la idea de un derecho crítico se funda también en los principios de la diversidad biorregional. Es decir, adecuado no sólo a todos los géneros humanos, sino al ecosistema y a todas sus necesidades. Podríamos hablar de biodemocracia, para el día en que se circunscriban algunos intereses de las sociedades humanas respecto a las exigencias del ecosistema.(...) Leer