sábado, 3 de enero de 2015

Un legado del 19y20 es la democracia directa.


 
Para qué Estado construir, significa romper con la lógica electoral y
 
unir la diversidad de asambleas u otras organizaciones populares
 
en lucha por la vida y dignidad humana.

Primera parte
 
 
El desafío abajo y a la izquierda es reasumir la «crisis de representación» de fines del 2001 y comienzos del 2002 empezando por cuestionar la autoridad de quienes ejercen los poderes públicos y eclesiástico, los fueros parlamentarios y los privilegios de los jueces. Pensemos la historia desde ese período de rebeldía mayoritaria. Descubriremos que a poco tiempo Página/12 y D'Elía  fueron volviendo al redil e impulsando a hacer lo mismo a los de abajo. También hubo engrosamiento de la parte de los 'nadies' que diciendo querer vivir tranquilos, ocultan sus miedos a arriesgar lo poco que tienen.  Este retiro de hacer posible a nuestra capacidad de transformaciones emancipatoria lo concretaron sin intervención K. Leamos:
 
EL PAIS › PRESENTARON UN PRINCIPIO DE ACUERDO CON EL GOBIERNO

El diálogo alcanzó hasta los piqueteros

20 de febrero de 2002 
El acuerdo está muy cerca. Los líderes piqueteros Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete se reunieron ayer con los integrantes de la mesa coordinadora del Diálogo Argentino y les dieron una buena noticia: si el presidente Eduardo Duhalde reconoce políticamente a sus organizaciones, pone en marcha un mecanismo de reparto de planes sociales del que puedan participar y libera a Emilio Alí –preso desde hace más de un año y medio por pedir comida en un supermercado– se firmaría un convenio. Que, según explicó D’Elía a Página/12, “no implica una tregua social, pero les garantiza que si nos dan un vaso de agua no vamos a volver a movilizarnos por un vaso de agua”. 
D’Elía estaba contento. “La verdad es que este acuerdo nos conviene a nosotros y a ellos también”, reconoció a este diario. Por la mañana, en una reunión que mantuvo en
Cáritas junto a Juan Carlos Alderete con la mesa coordinadora del diálogo argentino, informó de un “principio de acuerdo” con el Gobierno. Los principales puntos expuestos son los siguientes:
- Reconocimiento político de las organizaciones que integran D’Elía y Alderete. De esta forma, los líderes piqueteros estarían parados desde otro lugar para negociar directamente con el ministerio de Trabajo el reparto de Planes Trabajar.
- Que haya “coincidencias” en la administración de los planes sociales.
La propuesta del gobierno de Duhalde, en un primer momento, fue darles los planes a las provincias y que éstas los giren a los municipios, desde donde un organismo llamado “consejo consultivo” –en el que pueden participar diversas organizaciones– vota cómo repartir los subsidios. Los piqueteros se oponen porque los consejos suelen llenarse de punteros que terminan ganando la votación y, por ende, la discrecionalidad en el reparto de los planes. Ellos quieren intervenir directamente en el otorgamiento de los beneficios.
- La libertad de Alí antes de la firma del acuerdo. “Si Alí no está libre y no participa en el acto, no habrá acuerdo para la implementación de planes sociales”, aseguró, terminante, D’Elía. Ese es el punto más importante. En el Gobierno están pensando cómo resolver el tema.
A cambio, D’Elía y Alderete se comprometieron a no reclamar por las cosas que ya les hayan sido concedidas. “Pero eso no significa ninguna tregua. Estaremos hoy protestando contra el presupuesto y allí donde creamos que haya que manifestarse”, explicó. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/2082-1127-2002-02-20.html
 
 
La Mesa del Diálogo es un antecedente de la convergencia de Néstor Kirchner con el titular de Cáritas para descalificar a los piqueteros aduciendo que la situación de ellos era resultado de no querer trabajar y aprovechar para aislar a sus sectores de izquierda que intentaban instalar la lucha contra el neoliberalismo. Consideremos cuándo surge la Mesa del Diálogo, quiénes la promueven y con qué  propuestas seductoras como las K se instala mediante el siguiente artículo:
 
 
¿Diálogo? ¿Paz? ¡NO CONCILIAMOS!
Argentina ya tiene una solución consensuada, pero la dirigencia política no quiere aplicarla porque, si bien recuperaría al país, también traería la pérdida de sus privilegios.
 
La Mesa del Diálogo Argentino presentó el 11/07/02 en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, las “Bases para las Reformas: Principales Consensos”, un documento que es el resultado del trabajo realizado en la Mesa de Diálogo y que refleja valores y coincidencias básicas.
La Mesa de Diálogo surgió en Diciembre del 2001 por pedido del Presidente De la Rúa a la Iglesia y al PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) a los fines de encontrar consensos para superar la crisis que avanzaba. En Enero 2002 el nuevo presidente Duhalde solicitó al PNUD y a la Iglesia que continuara la Mesa de Diálogo recién formada, afirmando en el acto de asunción del cargo que su gestión de transición se iba a guiar por el cumplimiento de las propuestas y resoluciones que fuera tomando la mesa. La intención real parece no haber sido esa sino ganar tiempo y dejar pasar las conclusiones y consensos porque evidentemente estas afectarían las situaciones de "privilegios" antidemocráticos que los dirigentes políticos, empresariales, sindicales y financistas, han tejido alrededor de sus actividades, con su escasa mira puesta en el bien propio y soslayando el bien común.
Pero tanto la Iglesia Católica como las Naciones Unidas tomaron muy en serio la oportunidad de promover cambios positivos y evitar la crisis, y se reunieron con representantes de numerosas organizaciones y del gobierno, profesionales y expertos; recogiendo  los consensos alcanzados entre 2000 personas y 800 instituciones en 300 reuniones, de las que participaron 80 profesionales y expertos.
La Mesa de Diálogo Argentino tenía como objetivo que el documento se firmara en un acto público conmemorativo del 9 de Julio 2002, del que participarían miembros del Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores, legisladores y representantes de organizaciones no gubernamentales. Para esto los consensos fueron hechos llegar al presidente y legisladores a comienzos de Mayo promoviendo su firma de adhesión para el 9 de Julio, día de la Independencia Argentina.
Los consensos no recibieron respuestas de la dirigencia política que prefirió ignorarlos y recurrió al "laisser faire, laisser passer",  esperando que se deslizaran y quedaran en nada la reformas propuestas y, sobre todo, la supresión de sus privilegios. De esta manera, pasada la fecha patria y ante la falta de reacción positiva, la Mesa de Diálogo tomó otro camino y presentó públicamente al Presidente Duhalde las "Bases para las Reformas", difundió por internet y por diarios estas bases y anunció una comisión que acompañará su conversión en leyes y decretos. Puso a todos los laicos del país en Cabildo Abierto para que se trataran y difundieran las bases para las reformas y solicitó su  difusión en reuniones y por internet, en una participación activa.
El documento consigna, finalmente, con detalle y precisión, la agenda de las decisiones que los poderes públicos deberán adoptar, desde hoy y hasta junio de 2003, para que las reformas propuestas se efectivicen y entren en vigor.
Se trata de evitar que la dirigencia mire para otro lado evitando entrar en las reformas, y pone en evidencia a cada uno en sus actitudes de apoyo o rechazo y sus causas. Se inicia así  una segunda etapa del diálogo, en la que tendrán mayor participación los laicos.
La Mesa del Diálogo Argentino terminada su primera etapa de trabajo tendrá la tarea de convocar a juristas para debatir una nueva reforma de la Constitución para llevar adelante una reforma política seria y  un cambio profundo en la política fiscal actual.
En esta nueva etapa, la Mesa del Diálogo se propone trabajar sobre tres temas fundamentales:
·       El seguimiento del cumplimiento de las exigencias planteadas en la primera parte como la reformas del estado y política.
·       Controlar el  proceso de internas abiertas para garantizar su transparencia.
·       Avanzar en un documento destinado a cerrar con los candidatos un acuerdo de gobernabilidad sobre cuatro o cinco ejes centrales.
Entre esos ejes estaría precisamente la reforma de la Constitución, aunque la idea es avanzar en ella sólo si se logra el consenso de los distintos actores.

Es de destacar en el documento Bases para las Reformas, que además de propuestas tiene una especial preocupación por los PRIVILEGIOS como causas de la crisis y de la decadencia argentinas. Y en el documento enfatiza en cinco lugares sobre estos:
·       En el punto 1. Equidad en los costos de la crisis: Los inevitables costos de esta profunda crisis deben ser distribuidos con equidad. Para ello es necesario eliminar todos los privilegios y excepcionalidades vigentes en los presupuestos públicos
·       En el punto 6. Reforma del sistema político y de representación: d) la abolición de los regímenes especiales de privilegio, la depuración del sistema de pensiones graciables y la aplicación del impuesto a las ganancias a las remuneraciones de los jueces
·       En el punto 7. La reforma de la justicia: es imprescindible facilitar a todos, y particularmente a los más pobres, el acceso a la justicia, desterrar la impunidad y las situaciones de privilegio; lograr su completa independencia de los otros poderes; asegurar la aplicación de la ley de modo igualitario, y mejorar su eficiencia.
·       En el punto 11. Un nuevo sistema impositivo: inversión de capital, especialmente la orientada a las actividades más intensivas en trabajo, a la exportación y a la sustitución eficiente de importaciones y, que elimine todo tipo de exenciones o privilegios.
·       En la Agenda: Abolición de todo régimen de privilegio, con plazo en Setiembre 2002 y como responsable de llevar esto a cabo, el Congreso de la Nación.
 

 
Esa brega de la Iglesia Católica por pacificar a los de abajo precede, entonces, a la actual militancia del Papa Francisco para recomponer  la subordinación de los pueblos al capitalismo mundializado por creencia en que el presente de injusticias puede transformarse mediante encuentros en el Vaticano. También como en aquéllos años lo central de dicha intervención es crear la convicción mayoritaria de que la violencia es la lucha de los oprimidos y reprimidos por dejar de serlo. Es decir trata de invertir la realidad o de poner el mundo al revés.  Duhalde, perdedor en las elecciones frente a la Alianza, implanta el orden en constante avasallamiento de derechos mediante la violencia de los grupos de choques y del régimen parlamentario. Pero la mayoría de nosotros lo naturalizó como Presidente y no reconoció su carácter de facto. Reflexionemos sobre:
 

Los saqueos y los “fantasmas” de Duhalde
10 de diciembre de 2002

Por Emmanuel Goldstein emmanuelgoldstein@online.ie
Las declaraciones de Duhalde y los demás, son claramente una señal de amenaza para amedrentar a quienes pretendan participar de las manifestaciones conmemorativas de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre.

Hilda Duhalde, que actualmente detenta el cargo de esposa del senador Duhalde, exhortó a través de los medios masivos a las organizaciones sociales y a los manifestantes a recordar en paz el 20 de diciembre: "Por Dios, que no haya violencia", y nos recordó a todos que hace un año "perdimos 33 argentinos" y además advirtió que "eso sería trágico para la Argentina". 

El senador Duhalde desde su programa radial dijo entre otras cosas: "Me parece que se están agitando inútilmente fantasmas, creo que es bueno y saludable que muchos argentinos se movilicen para expresar su repudio a la violencia que lleva a la muerte, porque ninguna violencia es buena para nada". 

El domingo pasado Mariano Grondona, defensor de los golpes de estado, por su parte nos develó desde su programa en el canal 9 "la trama secreta de los saqueos". Todo el debate sobre los saqueos y las conclusiones a las que se arribó se basaron en la extraordinaria investigación de su producción que consistió en párrafos de un reportaje a una persona no identificada, con su rostro oculto. 
 
Algunas aclaraciones 
Hilda de Duhalde se equivoca cuando clama a Dios y a las organizaciones sociales; los treinta y cinco argentinos que “perdimos” fueron en su abrumadora mayoría asesinados por las fuerzas represoras del estado bajo órdenes, responsabilidad y amparo del poder político, a cargo del renunciante Fernando De la Rúa. Fueron asesinados, no se perdieron. 

A diferencia de su esposa el senador Duhalde apela a la magia y nos habla de no agitar “fantasmas”. El 19 y 20 de diciembre de 2001 no hubo “fantasmas”, hubo individuos pertenecientes a las fuerzas de seguridad del estado, uniformados y con ropas de civil, que se encargaron de meterle palo y balas de plomo al pueblo que se “movilizó para expresar su repudio”. 

La trama nada secreta de los saqueos del 2001 
La trama de los saqueos no es tan secreta como pretende establecer Grondona con 1 testigo anónimo y 9 comerciantes "saqueados". 
 
Según la consultora Equis, Argentina se encuentra entre los 15 países que tienen la peor distribución de la riqueza. El 20% de la población más rica, que en 1974 ganaba 7,8 veces más que el 20% más pobre, ahora percibe 14,6 veces más. Los índices de pobreza e indigencia aumentaron abarcando a vastos sectores de la población (1).

Según el INDEC antes que estallara la crisis el 35,4% de la población del Gran Buenos Aires se encontraba por debajo de la línea de la pobreza (4.295.000 personas) y el 12,2% por debajo de la línea de la indigencia (1.480.000 personas). La población en situación de indigencia en la zona metropolitana paso de un 7,7% (940.000 personas) en octubre de 2000 a un 12,2% (1.5 millones de personas) en octubre de 2001, lo que implica un aumento de casi el 60% en un año. 

La desocupación alcanzaba un índice del 18,3% y el subempleo el 16,3% (2). Según los datos del Ministerio de Trabajo el 41,1% de los asalariados (3.744.497 personas) trabajaba en la clandestinidad, fuera del sistema de seguridad social (3). 

Grondona y los medios de comunicación centran el foco de atención en el “temor” de los comerciantes ante la posibilidad de nuevos saqueos.La ONG IPS (4) estimó en 200 los comercios saqueados el 19 de diciembre de 2001. 

Se estima que durante octubre del 2002 como consecuencia del sistema económico imperante, cerraron aproximadamente 3000 pequeños comercios en todo el país, unos 100 por día. Un comerciante saqueado dijo frente a las cámaras de Grondona que “se había recuperado”, pero que “esta vez iba a estar armado y disparar si le levantaban la persiana”. Entre enero y setiembre del 2002 se estima en 15.000 el promedio mensual de pequeños comercios que tuvieron que bajar sus persianas a causa del sistema económico imperante (5). Más de 400 comercios cerrados silenciosamente por día, sin la espectacularidad mediática de los saqueos, cierres que se suman a los millones de excluídos que se pretenden silenciar. 
 
Evidentemente los punteros políticos pueden desplegarse e inducir saqueos sólo con la complacencia de la policía, los medios masivos y el poder político. La policía reprime y asesina con la cobertura del poder político, judicial y mediático. Las consecuencias nefastas del sistema económico imperante son miles de veces más destructivas y "violentas" que los saqueos de diciembre.
 
Las víctimas 
Además de las tragedias y el drama personal de los cientos de comerciantes afectados por los saqueos, 35 personas fueron asesinadas, en su gran mayoría por las fuerzas del Estado, durante las movilizaciones y saqueos que tumbaron el gobierno encabezado por Domingo Cavallo y Fernando de La Rua. A diferencia del ciudadano que se había “recuperado” y que ahora iba a “tirar a matar”, ninguno de los asesinados en diciembre del 2001 va a poder ser recuperado por sus familiares. 
 
Cientos de familias viven el drama de tener familiares heridos por las fuerzas de represión -por los “fantasmas” de Duhalde- durante los hechos de diciembre, muchos no se van a poder recuperar. En las tribunas de Grondona no estaba sentado ninguno de ellos. 

Todas las tribunas de los estadios del país no alcanzan para dar cabida a los millones de desocupados, pobres e indigentes que han perdido todo y no tienen nada. Los niños desnutridos podrían llenar casi 5 estadios del Boca de Mauricio Macri -no tendrían cabida en el estudio de canal 9-, que por un lado organiza partidos "contra el hambre" a beneficio y por otro le baja el salario a sus empleados ; los despide; no paga al Estado ciento de millones de dólares de canon y califica a los cartoneros como delincuentes (6)prometiendo sacarlos de las calles para que se mueran de hambre fuera de la vista de los ciudadanos de bien y no entorpezcan lo que el califica como el "negocio millonario de la basura". 
 
¿De qué "violencia" hablan desde el gobierno? 
Se repite con algunos matices diferentes la estrategia médiatica del 26 de junio, dónde se anunciaba que no se iba a permitir los cortes de rutas y se hablaba de "violencia" y "delitos". Estrategia que condujo a los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. 

La nueva estrategia desplegada por el gobierno y con la complicidad de los medios, consiste en hacer llamamientos en contra de la “violencia”. "Violencia" que es presentada en forma genérica y difusa, siendo que el 19 y 20 de diciembre y el 26 de junio la violencia fue practicada en forma concreta por las fuerzas del estado en contra del pueblo que se manifestaba.
 

El "progresista" Juan José Álvarez nos da pistas a través de sus informantes que en el diario La Nación del 6-12 dijeron que parte del operativo para el 20 se vio el martes (refiriéndose a la marcha por los 5 meses del asesinato de Kosteki y Santillán), operativo que consideró criminales a los trabajadores desocupados que se manifestaban y se pretendió que fueran cacheados. Juan José Álvarez es el mismo que el 26 de junio declaró: "que el personal policial que actuó con su uniforme y equipo antidisturbios, no estaba equipado con balas de plomo"(7). 

El gobernador Solá, una de las supuestas palomas entre los halcones del gabinete de Duhalde, sin ningún tipo de precisión y seriedad dijo que : "Tenemos algún run-run (sic) de acciones más perversas, ¿no?, que son acciones que tengan que ver con lo político interno, (pero) hasta que no sepamos bien qué es, no lo vamos a decir, y si sabemos, lo vamos a anticipar". 

Solá, para ensuciar aún más las cosas tildó, sin presentar ninguna prueba concreta, de violentos a las organizaciones componen a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón: "no estamos hablando de los movimientos piqueteros tradicionales, sino de los grupos más radicalizados como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)".Según se consignó, el MTD tendría "problemas internos y gente que se corta sola y puede provocar desmanes". 

Solá pretende dejar en el olvido que uno de los grupos más violentos son las fuerzas de seguridad que el comanda. Quedó demostrado abrumadoramente con pruebas irrefutables que su policía, asesinó a trabajadores desocupados del MTD el 26 de junio, apaleó a mujeres y niños , hirió a 90 personas -muchas por balas de plomo-, y solo dos de sus policías asesinos resultaron heridos sin ningún tipo de gravedad. Además sus fuerzas de seguridad disfrazadas de civil, incendiaron colectivos y rompieron vidrieras para culpar a los trabajadores desocupados. Por supuesto de esta violencia demostrada mediante pruebas al gobernador Solá no le conviene hablar . 

Solá, es el mismo que se comunicó con Duhalde diciendo que la policía se había defendido "de un ataque organizado" (8) o después cambió su discurso diciendo que: "se trató de una venganza personal de un grupo de policías"(9). Solá pretendía ignorar la gran cantidad de pruebas periodísticas que lo contradecían su burda explicación y que mostraban por ejemplo que prefectura también había disparado (se sospecha que asesinaron a Kosteki), que policías de civil incendiaron por lo menos un colectivo, hicieron detenciones y que además fueron fotografiados disparando balas de plomo sobre los trabajadores. Todas pruebas que abrumadoramente hablan de una represión planeada y ejecutada en forma sistemática, y no el resultado del accionar de un comisario "loco". 

Las declaraciones de Duhalde y los demás, son claramente una señal de amenaza para amedrentar a quienes pretendan participar de las manifestaciones conmemorativas de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre. Los "fantasmas" que amenazan y asesinan a los trabajadores y desocupados, son individuos de carne y hueso, que actúan en el marco de las fuerzas de seguridad. La violencia de la que tanto hablan es practicada abrumadoramente por las fuerzas de seguridad del estado; la otra violencia, la de la marginación y la pobreza es consecuencia del sistema económico que él pretende perpetuar mediante el miedo y la represión. 

Notas 
(1) "Estudio Distribución del Ingreso y brecha entre ricos y pobres. Participación en el PBI y disponibilidad de ingreso anual y diario para la población total desagregados por decil de hogares. Comparación con países seleccionados según datos PNUD/ONU y entre provincias. Evolución de los últimos 25 años", Equipos de Investigación Social, Equis, noviembre de 2001 
(2) Medición del INDEC, octubre de 2001. En algunas localidades, tales como Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, se registraron tasas de desempleo superiores al 20 % 
(3) Publicados en el diario Clarín el 14-07-01. 
(4) IPS es una organización no gubernamental, estructurada como Asociación Internacional de Periodistas sin fines de lucro. En las Naciones Unidas, tiene status consultivo Categoría I como ONG 
(5) Publicado por Diario El Mundo de España, suplemento económico el 04-11-02 
 
 
 
La diferencia entre Duhalde y el gobierno K es que el último expropió demandas con representatividad y a la vez, proclives a ser manipuladas para contribuir a la restauración de la obediencia debida en el grueso de la población de Argentina. La déKada ha significado la entrega de las luchas de organismos de derechos humanos, de organizaciones piqueteras, de CTERA, de partidos de izquierda y de artistas e intelectuales a la pleitesía de un  presidencialismo que ostenta garantizar el funcionamiento autoritario de los otros dos poderes públicos. Por supuesto, encubre a quiénes disponen nuestro destino común que no es la Presidenta ni su gabinete de facto (como durante todo el período de 'democracia'). Ahora consideremos:
 
 

El Papa Francisco y los movimientos sociales
2 de noviembre de 2014
Por Raúl Zibechi
 
El Papa Francisco invitó al Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, celebrado esta semana en Roma, a un gran número de organizaciones de todo el mundo, a quienes recibió con un mensaje que, en opinión del periodista uruguayo, «sintoniza con las políticas sociales de los gobiernos progresistas». Sin embargo, Zibechi considera que la propuesta de Francisco está a una gran distancia de la Teología de la Liberación y la práctica de las comunidades eclesiales de base.
Entre el 27 y el 29 de octubre se celebró en Roma el Encuentro Mundial Movimientos Populares convocado por el Papa Francisco. No es algo habitual que la mayor autoridad de la Iglesia católica se reúna con más de cien dirigentes sociales de todos los continentes para debatir sobre tres ejes, tierra, trabajo y vivienda; sobre los grandes problemas y desafíos que enfrenta la humanidad desde la perspectiva de las organizaciones de los pobres y excluidos.
La convocatoria fue realmente amplia. De América Latina acudieron organizaciones tan importantes como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, el Comité de Unidad Campesina de Guatemala, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, la Corriente Villera Independiente de Argentina, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay, la organización de mujeres Bartolina Sisa de Bolivia y el Sindicato Mexicano de Electricistas, por mencionar sólo a las más conocidas en cada país.
Del Estado español fueron invitadas la Asociación Democracia Real YA y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Salvo excepciones no hubo centrales sindicales, siendo mayoritarias, por los menos por Latinoamérica, las organizaciones de cartoneros y recicladores de basura, trabajadores de empresas recuperadas, campesinos, comunidades negras, habitantes de favelas y villas miseria, así como pueblos indígenas. Las delegaciones de Asia y Africa fueron muy numerosas, destacando la organización campesina de Palestina. Participó también el presidente Evo Morales.
Por el tipo de organizaciones invitadas, el Papa priorizó a los trabajadores precarizados, temporales, migrantes y los que participan en el sector informal sin protección legal, ni reconocimiento sindical ni derechos laborales. A los campesinos sin tierra y pueblos indígenas en riesgo de ser expulsados del campo a causa de la especulación agrícola y de la violencia, y a los que viven en suburbios, sin infraestructura urbana adecuada. En suma, a las capas más pobres en cada país, que son en realidad los protagonistas de las luchas más importantes de los últimos años.
Los objetivos centrales del Encuentro, según Joao Pedro Stédile, coordinador del MST, consistieron en compartir el pensamiento social de Francisco, contenido en su Exhortación Apostólica «La Alegría del Evangelio», difundida en noviembre de 2013. También se trató de reflexionar sobre las injusticias y las «formas de interacción con las instituciones y las perspectivas futuras», en una reunión que fue preparada durante más de un año y en la que Vía Campesina jugó un papel destacado (Adital, 24 de octubre de 2014).
En su intervención en el Encuentro, Francisco no se limitó a criticar la economía actual, a la que definió como «Imperio del dinero», sino que habló largamente de los movimientos: «No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONG, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Esto es medio peligroso. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar».
Además, les propuso «luchar contra las causas estructurales de la pobreza», advirtió contra «estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos» y terminó con un «sigan con su lucha», porque nos hace bien a todos.
Francisco tiene una larga experiencia con los movimientos de los más pobres. En 2009, tuve una larga conversación con el padre Pepe, José María Di Paola, en la villa 21 en el barrio Barracas de Buenos Aires. Es una villa poblada por paraguayos inmigrantes, con viviendas precarias autoconstruidas, muy pobres, donde el padre Pepe trabajó diez años hasta que tuvo que salir amenazado por bandas de narcotraficantes. En ese momento Pepe tenía 46 años, pelo largo, ropa informal y se expresaba como un vecino más.
Hablamos de Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, un hombre a todas luces conservador, al punto que algunos lo acusaron de haber colaborado con la dictadura, pero comprometido con los pobres. «Viene a la villa en micro (transporte colectivo), viene solo, camina hasta la iglesia y toma mate con los vecinos. No viaja en el coche del arzobispado. Conoce nuestro trabajo, apoya a los curas villeros que vinimos a aprender de la gente, no a decirles lo que tienen que hacer».
La anécdota vale para recalcar un hecho que me parece indudable. El Papa Francisco cree en la necesidad de que los pobres se organicen y que luchen por sus derechos. Piensa así desde mucho antes de haber sumido el trono de Pedro y ha codificado sus ideas en textos que sintetizan sus postulados sociales y políticas. No veo dobles intenciones por ningún lado.
Siento, sin embargo, una gran distancia entre la propuesta de Francisco y aquellos años sesenta y setenta cuando predominaba la Teología de la Liberación y la práctica de las comunidades eclesiales de base. Encuentro dos diferencias importantes. Una, en las propuestas que defiende el Papa. La otra, en el modo como se propone modificar el estado actual de las cosas.
Ciertamente, la «exhortación apostólica» de Francisco sostiene que «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio». Tanto en su doctrina como en vida pastoral, los pobres juegan un papel central. Sin embargo, a lo largo del texto de 142 páginas aparecen más como objetos de ayuda que como sujetos de su liberación. Destaca un capítulo que titula «La inclusión social de los pobres», que siento contrasta con la «opción por los pobres» de los teólogos de la liberación y sintoniza con las políticas sociales de los gobiernos progresistas.
En segundo lugar, la Teología de la Liberación fue en gran medida consecuencia de la práctica de millones de creyentes en sus comunidades eclesiales de base, pero también en una amplia gama de movimientos, desde los campesinos y sindicales hasta las guerrillas armadas. La reflexión teológica se nutría de una práctica transformadora, y a menudo revolucionaria, a la cual servía. No siento una tensión similar en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Quiero decir, que no veo una voluntad de poder como la que impregnó a los cristianos cuatro décadas atrás.
Es posible que esa diferencia esté ligada al cambio de época (ya no se habla de revolución ni hay fuerzas que la promuevan) y no tanto a una intención explícita de integrar más que en transformar. Los curas de la liberación tenían muy claro que el sujeto no eran ellos, ni la Iglesia, sino los pobres. Aún es pronto para saber hacia dónde se dirige este impulso de Francisco. Pese a las cautelas necesarias, y a las limitaciones que se adivinan es, en todo caso, un aire fresco tan necesario como urgente.
Fuente: http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/gara_2014-11-02-06-00/hemeroteca_articles/el-papa-francisco-y-los-movimientos-sociales
 
Veamos en qué se concreta. Las luchas de quienes concurrieron tienden a conformarse con la inclusión de su militancia en el funcionamiento  del Estado vigente. Que no sólo es mafioso sino neocolonial. De modo que resultan callejones sin salida de emancipación del sistema opresor y represor. Ejemplifiquemos con:
 

1º Encuentro Nacional de Tierra y Techo en la CTEP

11 de diciembre
En la Sede Nacional de la CTEP, durante los días 9 y 10 de diciembre se reunieron referentes de los distintos conflictos vinculados a la vivienda y el hábitat popular, con el objetivo de darle organicidad al trabajo del sindicato en esta área y mapear las experiencias que en todo el país se vienen construyendo nucleadas en la CTEP.
Durante las 2 jornadas participaron también el Presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua-FUCVAM- Darío Rodríguez y Humberto Antúnez, de la directiva nacional de la Federación.
En el primer  día se realizó una reunión de trabajo con la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, en la que participó su responsable nacional, el arq. Rubén Pascolini. Junto el Secretario General de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro, firmó un Convenio de Cooperación, para enmarcar las acciones que se desarrollarán entre el sindicato de la economía popular, y la cartera que recientemente ascendió en rango, funciones y presupuesto.
Luego de la ronda de presentación de los compañeros presentes de más de 10 provincias y de una veintena de organizaciones de base, la Secretaría de Acceso al Hábitat expuso las distintas formas de intervención en el territorio que se vienen desarrollando.
Esto funcionó como disparador para trabajar luego en 3 comisiones que relevaron las experiencias y generaron el insumo para encarar una agenda de trabajo conjunto entre la organización popular y el Estado.
Como cierre de la primera jornada de producción, se  realizó una mesa de trabajo en la que se balanceó el reciente Encuentro de  Movimientos Populares en el Vaticano. En la mesa participaron el Presidente de la Pastoral Social Porteña padre Carlos Acaputto, el “Gringo” Castro por la Ctep y los directivos de la FUCVAM. Se valoró la expectativa que deja planteada el encuentro, en el que el mismo Papa Francisco pidió que cada familia tenga su vivienda, condenó la usura y la cultura del descarte que guiada por el dios dinero posterga la resolución de la vivienda, el trabajo y la tierra para las mayorías del planeta.
Como síntesis de lo producido en las dos jornadas, surgieron distintas valoraciones e iniciativas, entre ellas:
·  Impulsar políticas a nivel local, provincial y nacional que promuevan la autogestión con amplia participación de las organizaciones populares, para la resolución integral de la problemática de la vivienda y el hábitat popular.
·  Impulsar la nacionalización de la Ley 341 de la C.A.B.A. y la ley 14.449 de la Provincia de Buenos Aires como políticas públicas exitosas.
·  Avanzar en el estructuramiento de punta a punta del país de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Popular de la CTEP.
·  Ratificar la importancia del convenio firmado con la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat y trabajar para que se plasme en acciones concretas en todo el país.
·  Ratificar la importancia de haberse incorporado a la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular-SELVIHP.
·  Redoblar el trabajo, realizando todo lo necesario para lograr el reconocimiento sindical de la CTEP/UTEP.
·  Sistematizar todos los recursos del Estado vinculados a la Tierra y el Hábitat, para que todas las familias de las organizaciones enroladas en la CTEP puedan lograr el acceso a los mismos.
·  Diseñar un sistema de formación que ponga en valor los saberes de nuestras organizaciones en la resolución de la problemática del hábitat popular.
·  Impulsar un nuevo encuentro Federal, garantizando la participación de los compañeros de todo el país, para el mes de marzo en la provincia de Córdoba.
SOMOS LO QUE FALTA
 
Pedro Echague 1265
 
Es un abandono de la lucha  contra el poder territorial del PJ y en menor escala de la UCR y los derivados de ambos. Poder que convierte a las elecciones en fachada de democracia de la dictadura de los monopolios e implica la verdad conocida por todos que Emmanuel Goldstein  sintetiza:
los punteros políticos pueden desplegarse e inducir saqueos sólo con la complacencia de la policía, los medios masivos y el poder político. La policía reprime y asesina con la cobertura del poder político, judicial y mediático. Las consecuencias nefastas del sistema económico imperante son miles de veces más destructivas y "violentas" que los saqueos de diciembre.
 
 
 
El relato K construye el mito de gobierno nacional-popular por tergiversación de la realidad. Examinemos qué nos dice la Agencia Paco Urondo y comparemos con la nota  (año 2005) sobre "violencia, secuestros y amenazas a testigos de los hechos en Avellaneda y a movilizaciones populares en Lanús" y con el Documento de las organizaciones en lucha inclaudicable ante los 10 años del asesinato de Maxi y Darío para ratificar la verdad que todos conocemos sobre la vigencia del desafío abajo y a la izquierda de “trabajo, dignidad y cambio social”.
 
 
10 AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA

Kosteki y Santillán y el nacimiento del kirchnerismo

MARTES 26 DE JUNIO DE 2012
En este editorial se proponen puntos de contactos entre la lucha de los jóvenes y el proyecto político que se articuló desde 2003. "El kirchnerismo nunca hubiera existido sin la entrega de los dos heroicos luchadores".
Hoy se cumplen diez años de la Masacre de Avellaneda. El 26 de junio de 2002 caían asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán víctimas de la represión organizada por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Una década después encuentra a uno de los dos condenados con cadena perpetua, el ex comisario Alfredo Fanchiotti gozando de un régimen de penal abierto en la cárcel de Baradero. A su vez en el Congreso se discute un proyecto de ley para denominar a la estación de Avellaneda Darío y Maxi. De aprobarse se ratificaría en el plano legal lo que las organizaciones populares han implementado de hecho.
Más allá de estos aspectos no menores cabe una reflexión sobre el significado histórico de aquel suceso. El asesinato de Kosteki y Santillán y su posterior repudio en las movilizaciones del 27 de junio y del 3 de julio fueron un punto de inflexión en la política argentina. A partir de entonces el fuerte protagonismo popular potenciado por las jornadas del 19 y 20 de diciembre modificó la correlación de fuerza hacia los sectores populares.
El gobierno de Duhalde se debatía entre líneas contradictorias. Su programa devaluacionista apoyado por la UIA y repudiado por el gran capital extranjero implicó un retroceso del proyecto dolarizador. Si bien la retórica gubernamental culpaba a los bancos por el desastre económico y proponía un modelo basado en la producción, la devaluación significó un duro ajuste para el conjunto del pueblo. La puja por arriba entre quienes propugnaban reactivar el aparato productivo y los que buscaban hacer del país un country financiero se había resuelto a favor del primer grupo.
El proyecto de Duhalde implicaba una línea industrialista pero también la subordinación a los dictados del FMI. Para lograr un acuerdo con el organismo multilateral de crédito el gobierno necesitaba poner coto a las protestas que se desarrollaban a lo largo y ancho del país. En especial debía terminarse con los cortes de ruta de los piqueteros, el principal bastión de resistencia al proyecto duhaldista. Según datos del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) en 2002 por primera vez la cantidad de protestas de desocupados superaron a las convocadas por otro actor social.
La represión realizada por el gobierno no pudo acallar las protestas del movimiento piquetero. El repudio popular al hecho obligó a Duhalde a adelantar las elecciones sin que el problema pudiese resolverse. Los debates previos a las elecciones del 27 de abril de 2003 mostraron a los candidatos Carlos Menem y Ricardo López Murphy proponiendo una salida represiva más intensa para garantizar el regreso del país al mercado financiero global.
Por su parte el proyecto de Néstor Kirchner planteaba otra alternativa. Su programa era una bandera de la no-represión de la protesta social. La solución para el problema de los cortes de ruta no provendría de la represión sino de la creación de fuentes de trabajo. Para lograrlo el país debía implementar una política a contramano de las recetas del FMI que aunase el crecimiento económico con la caída en los índices de desocupación. Ese proyecto fue finalmente el implementado.
¿Qué rol jugaron Kosteki y Santillán para que ese cambio fuese posible? El MTD de Guernica y el MTD de Lanús a la que ambos respectivamente pertenecían formaban parte de la Coordinadora Aníbal Verón, luego MTD Aníbal Verón. Políticamente estaban organizados bajo los principios del autonomismo. Desde esa perspectiva el Estado era percibido llanamente como un aparato de opresión. Esa mirada tenía asidero en un país donde los gobiernos neoliberales garantizaban el retiro del Estado en salud, educación y otras áreas esenciales a través de la represión estatal.
Paradójicamente muchos de los reclamos de los MTD fueron satisfechos por  el Estado bajo el gobierno de Kirchner. Probablemente la consigna de “trabajo, dignidad y cambio social” sostenida por la Verón fue vivenciada por amplias franjas de la probación como una realización del kirchnerismo.  No es casualidad que en 2004, según datos del PIMSA y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, cayeran abruptamente las protestas de desocupados. El objetivo se logró casi sin  represión y gracias a un programa que hizo de la creación de empleo uno de sus pilares más importantes.
Nunca sabremos que opción política hubieran elegido Darío y Maxi ante este panorama. Tal vez hubieran sido parte del kirchnerismo o quizá habrían integrado alguna de las organizaciones que hoy reivindican su herencia y mantienen duras críticas al gobierno nacional. Este artículo no pretende arrogarse la representación de ninguno de los dos. Sólo busca afirmar que la lucha de Darío y Maxi fue una condición necesaria para que el proyecto nacional y popular surgido en 2003 pudiese nacer. El kirchnerismo nunca hubiera existido sin la fuerza, protagonismo y entrega de aquellos dos heroicos luchadores.
 
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Identificaron al policía y radicaron denuncia
Intentan detener ilegalmente en su domicilio y
amenazan de muerte al hermano de Darío Santillán
1 de julio de 2005
 

Prensa de Frente
 
Mientras trabajaba esta mañana junto con sus vecinos en el mejorado del tendido eléctrico frente a su propio domicilio, en el Barrio La Fe, Leonardo Santillán intentó ser detenido sin motivos ni orden judicial por integrantes de la policía bonaerense que se desplazaban en el patrullero número 8160, patente EKB-536, perteneciente a la comisaría 6º de Monte Chingolo, Lanús. Ante la reacción vecinal, el agente que después fue identificado como Máximo Ponce, lo amenazó de muerte en presencia de testigos que ya radicaron la denuncia. Según declaró Marcelo, vecino de Leonardo y uno de los testigos, el policía dijo antes de retirarse atropellando a quienes se habían acercado: “cuando estés solo te vamos a hacer cagar”, señalando a Santillán.

El intento de detención ilegal y la amenaza se producen dos días después de haberse conmemorado el tercer aniversario de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y en un momento de mayor exposición pública de Leonardo, ya que en los últimos días dio entrevistas televisivas y radiales en reemplazo de su padre Alberto, quien habitualmente lo hace pero que actualmente se encuentra indispuesto por una afección renal. Otros elementos agravan la situación: Leonardo está citado como testigo el próximo 17 de julio en el juicio en el que son juzgados ocho policías por el asesinato de su hermano y de Maximiliano Kosteki. En su declaración deberá hablar de los uniformados que vio entrar a la estación de trenes de Avellaneda minutos antes de haber sido asesinado Darío, ya que él también estuvo allí. Por otra parte, el pasado 8 de junio Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, había denunciado ante el ministro de Seguridad provincial León Arslanián las amenazas hacia su persona que viene recibiendo desde hace un año, y que recrudecieron con el inicio del juicio.

La particularidad de este caso es que los vecinos pudieron identificar al policía y radicaron la denuncia. Acompañados por integrantes del MTD de Lanús (donde militaba Darío Santillán) y la Asociación Madres de Plaza de Mayo (con quien el MTD desarrolla emprendimientos productivos en la zona), Leonardo y los vecinos que presenciaron el intento de detención se dirigieron a la comisaría 6º de Lanús, a exigir la identificación del agente policial. El teniente Ignacio Valenzuela, a cargo de la dependencia en ausencia del comisario, informó que el agente que los vecinos volvieron a identificar en la misma seccional es el oficial Máximo Ponce, legajo personal nº 144.857. En ese mismo instante Santillán y los testigos radicaron la denuncia, que fue elevada con posterioridad a la UFI nº 9 de Lomas de Zamora. 

En la denuncia penal, a la que tuvo acceso Prensa De Frente, Santillán relató que se “encontraba trabajando en la puerta de su domicilio, poniendo una llave térmica, emprolijando así la instalación domiciliaria”; que ante el requerimiento policial se identifica; que “los policías le obligan al denunciante como así a sus amigos a colocarse contra el móvil policial (...); que ante ello el deponente juntamente con los otros amigos le refieren `nosotros no estamos haciendo nada, sólo estamos trabajando`” .Entonces “la policía intenta meterlo dentro del móvil policial, aglomerándose un montón de personas”. Entre los vecinos que presenciaron las posteriores amenazas y se presentaron como testigos se encontraba Pablo Solana, referente del MTD, quien también acompañó la denuncia dejando constancia que tras el intento de detención “mantuvo un diálogo personal con el policía Ponce” para apaciguar la situación, ante lo que éste aceleró (el patrullero) y amenazó: “a aquel, cuando lo agarre solo lo voy a hacer cagar”, esto referido al denunciante (Santillán)”. Los testigos explicaron que, en el léxico barrial, “hacer cagar” refiere claramente a una amenaza de muerte.

Antecedentes de violencia, secuestros y amenazas a testigos de los hechos en Avellaneda y a movilizaciones populares en Lanús:


El ex comisario Felix Osvaldo Vega, jefe de Fanchiotti, está procesado por encubrimiento en la causa que investiga los asesinatos de Darío y Maximiliano, ya que el fiscal entiende que entorpeció la investigación después de cometidos los crímenes. Su nombre aparece cuando se busca establecer alguna vinculación entre los hechos del 26 de junio y la violencia político-policial en la zona sur del conurbano. Hombre del duhaldismo en la policía bonaerense y vecino de Lanús, Vega estaba a cargo de la Departamental Lomas de Zamora el 26 de junio de 2002 por pedido de Quindimil, quien lo apadrinó a lo largo de toda su carrera policial. También había estrechado relación con el vicejefe de la SIDE Oscar Rodríguez, en su paso como comisario en la zona de Guernica cuando Rodríguez era intendente. Dos meses después de haber sido destituido a causa de la Masacre de Avellaneda, Vega le pidió al intendente Quindimil que intercediera para que pudiese recuperar un cargo de importancia en la función pública. De la conversación surgió la posibilidad de que el ex comisario ocupase la Dirección de Vigilancia de la Municipalidad de Lanús, es decir, la estructura de seguridad propia del municipio, paralela a las fuerzas policiales. Lo conversado en esa reunión fue reflejado por el periódico zonal La Defensa en su edición del 4 de septiembre de 2002: “Son contadas las horas de Carlos Avido a cargo de la Dirección de Vigilancia. En su lugar iría el recientemente destituido jefe departamental, Osvaldo Vega, el comisario preferido por Quindimil”. El escándalo después de esta publicación impidió que el presidente del Partido Justicialista de la provincia pudiera nombrar a su protegido en un cargo político bajo su órbita. Los aprietes a testigos, amenazas y balaceras en el distrito, en cambio siguieron.

El pasado 9 de junio, otro agente, en este caso del Servicio Penitenciario, fue condenado a 5 años y seis meses por balear una movilización frente al municipio de Lanús, en abril de 2002. En el fallo, el tribunal estableció que el agente Cabrera había efectuado "al menos tres disparos" ante "centenares de personas que manifestaban por el cobro adeudado de planes sociales por parte del Estado" hiriendo gravemente al manifestante Juan Arredondo, según fundamentó el presidente del tribunal oral nº 5 de Lomas de Zamora, Dr. Pedro Raúl Pianta. Además del fusilamiento de Darío y el balazo que recibió Juan Arredondo frente a la municipalidad de Quindimil, distintos hechos de violencia policial o parapolicial se repitieron en el distrito en torno a la causa por los asesinatos de Kosteki y Santillán. Otro vecino baleado fue Luis Barrios, de la Coordinadora de Unidad Barrial. Era el miércoles 3 de julio de 2002 y bajo la lluvia se preparaba en Avellaneda la movilización de repudio por los crímenes del 26 de junio. Luis iba al volante de su camioneta, preparado para salir del Centro Popular de Remedios de Escalada. Una persona se acercó abruptamente y disparó al interior de la camioneta, contra él. El mismo miércoles 3, dos horas después de que en Remedios de Escalada el silenciador evitó que se escuchara el ruido del disparo, en la parroquia San Juan Tadeo, en Lanús Centro, se escuchó el sonido del teléfono: “Si dicen la misa son boleta. Los hacemos mierda. Los vamos a matar”, fue el mensaje que dejaron para el sacerdote. A una semana de los fusilamientos de Avellaneda y justo el día en que Maxi hubiera cumplido 23 años, sus compañeros de colegio habían pedido una misa en su memoria. El sacerdote se asustó y prefirió suspender el oficio religioso. Dos días antes, justo frente a la estación de trenes de Lanús, otro mensaje llegaba por vía telefónica, esta vez en el estudio del abogado de las víctimas, Claudio Pandolfi: “Te vamos a matar como a un perro, como a Santillán”, le dejaron grabado en el contestador. Cuatro meses después balearon el frente del estudio jurídico del doctor Smietniasky, donde trabaja Cherco, socio de Pandolfi. “Para que se dejen de joder con los amigos de Lomas”, dijeron esa vez.

En el mismo Barrio La Fe donde vive Leonardo y ahora fue amenazado, otros testigos, compañeros de Darío Santillán, ya habían sido intimidados: “En lo que ya aparece como un patrón de seguimientos, llamadas y aprietes, dos hombres armados rompieron la casa de un piquetero en el barrio La Fe” relató el 2 de setiembre de 2002 el diario Página 12. En el mismo artículo, la periodista Laura Vales describe: “En el barrio La Fe, también otros piqueteros han sido amenazados. Carlos Leiva, quien aportó datos sobre la represión en la causa judicial, denunció que fue seguido por un Siena gris sin patente el día anterior a que debiera declarar en la fiscalía. Otras dos militantes de la Verón, que todavía no han decidido presentar la denuncia a la Justicia, refirieron que fueron amenazadas desde automóviles sin chapa cuando salían de La Fe. A una de ellas le tiraron el vehículo encima. Las amenazas contra desocupados y testigos ocasionales comenzaron el día después de las muertes de Santillán y Kosteki, cuando los comerciantes de la estación Avellaneda fueron visitados por personas de civil que les advirtieron sobre el peligro de declarar. “Vos no viste nada porque tenías los ojos irritados por los gases”, le dijeron a una de las empleadas del lugar. El sábado 29 de junio, Sergio Kowalewsky, fotógrafo que captó imágenes del asesinato en la estación, recibió una intimidación en su teléfono particular.”
Todas las novedades del Jiucio por la Masacre de Avellaneda, en el Diario Del Juicio
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Bajo la consigna El 26 de junio todos y todas al Puente Pueyrredón las organizaciones que realizaron la vigilia y acampe se concentraron a las 11 en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda) y a las 12 dio comienzo el Acto en el Puente Pueyrredón. Aqui, el documento leido allí. Fotos: Los Ojos de Anita
ANRed reproduce:
Documento leído en el acto en el Puente Pueyrredón
 
·        Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de avellaneda
·       De Duhalde a los Kirchner 10 años de impunidad
·      Cárcel ya a Duhalde, Solá, Fernández , Vanossi, JJ Álvarez.
·        Basta de represión, espionaje y judicialización, abajo el proyecto X y la ley antiterrorista
·       Juicio y castigo a todos los culpables por el asesinato de Mariano Ferreyra. Exigimos justicia por el asesinato de Carlos Fuentealba, de los hermanos Qom en Formosa, por los asesinados en las tomas de tierras del ingenio Ledesma , en el Indoamericano, en Santiago del Estero, en Rosario a principio de 2012 así como la ultima semana nuevamente en Rosario
·         Exigimos la aparición con vida de Jorge Julio López y Luciano Arruga.
·         Que la crisis no la paguen los trabajadores ni el pueblo.
·         Basta de ajuste y saqueo del gobierno K y las multinacionales.
·         Juicio y castigo a los responsables políticos y económicos del genocidio, cárcel a Blaquier, socio del gobierno.
 
Hoy se cumplen 10 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos con el puño en alto recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la SIDE, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.
La decisión política de tamaña represión fue fogoneada por los organismos internacionales, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias: AEA, UIA, SRA, ADEBA y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Felipe Solá a la cabeza.
El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.
La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La memoria de lucha y resistencia obrera y popular de los trabajadores ocupados y desocupados y de la juventud de nuestro país se manifestó en aquellas jornadas históricas.
Hoy, a 10 años de sus asesinatos, Darío y Maxi siguen siendo la expresión viva de esa juventud rebelde y combativa que se fogueó en las luchas, piquetes y puebladas contra el menemismo, contra la Alianza de De la Rúa y Chacho Álvarez y contra Duhalde. Darío y Maxi, como muchos otros jóvenes que hoy recorren el camino de la organización y la lucha junto a los trabajadores y el pueblo, fueron protagonistas de aquella rebelión del año 2001.
Darío y Maxi dieron su vitalidad y sus convicciones en cada construcción que encararon, con un compromiso inclaudicable en la lucha contra la opresión, la explotación, la represión y el hambre. Esa llama está viva en miles y miles de jóvenes que militamos día a día en los barrios, en las escuelas, en las universidades y en los lugares de trabajo. Esa llama está viva en la juventud trabajadora que se organiza en fábricas y talleres contra la superexplotación y la precarización laboral y es enemiga irreconciliable de la burocracia sindical.
Darío y Maxi son hijos del pueblo y de sus organizaciones. Son la contracara de las agrupaciones construidas desde arriba, con los recursos del Estado y al abrigo del poder de turno; las que nutren de funcionarios al gobierno y tiene a sus jefes rodeados de lujos y privilegios.
Hace 10 años, el movimiento piquetero supo disputar y ganar terreno para la independencia política de la clase trabajadora, frente a las estructuras punteriles que responden a los dirigentes políticos de las clases dominantes y sus partidos, como el PJ. Pasan los años y nos seguimos organizando en los barrios, seguimos construyendo independencia de clase. Darío y Maxi siguen vivos en cada lucha de nuestras organizaciones, en cada joven que se acerca a pelear, en cada compañera que se rebela contra el sometimiento, en cada trabajador y trabajadora ocupado o desocupada que se organiza para defender sus derechos.
Hoy, una vez más, denunciamos que la Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. Durante los meses previos, las organizaciones en lucha y muchos de nuestros militantes y dirigentes, sufrieron agresiones, con el único objetivo de amedrentar a las movilizaciones que se multiplicaban. Nuestros reclamos y reivindicaciones no eran escuchadas por Duhalde ni Solá. En ese contexto de aprietes y amenazas, fue asesinado Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y, unos meses después, baleado el compañero Juan Arredondo en Lanús.
El pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Esas movilizaciones obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.
Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, por José Luis Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil. De la misma manera, no olvidamos que Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es Senador Nacional, fue otro de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Tampoco olvidamos que Carlos Soria, ex gobernador de la provincia de Río Negro, fue designado candidato directamente por Cristina Fernández; Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y murió sin ser juzgado por su activa responsabilidad en esta masacre.
Como cada 26 de junio, desde hace 10 años, estamos hoy aquí para exigir juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Estos personajes siguen perteneciendo al establishment, muchos dentro del actual esquema político kirchnerista y otros en la oposición patronal.
El gobierno kirchnerista intentó cooptar y engañar a las compañeras, compañeros y familiares de Darío y Maxi. Ofrecía “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora prometida nunca existió y los que hoy estamos aquí, levantando esta tribuna, jamás aceptamos abandonar la movilización en la calle y nuestra independencia, tal como nos proponían como si se tratara de una moneda de cambio.
Con la fuerza de la lucha y la movilización constantes - en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y en todas las plazas del país- logramos que los responsables materiales paguen por los asesinatos. Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.
Venimos a denunciar que los asesinos Fanchiotti y Acosta acaban de ser beneficiados con su traslado a un régimen penal semiabierto, lo cual significa que gozarán de privilegios a los que casi ningún preso común accede, que podrán gozar de salidas transitorias y eventualmente ser liberados, en tanto sus sentencias no sean reafirmadas por la suprema corte de la provincia de Buenos Aires, que hoy integra uno de los responsables políticos de la masacre, Luis Genoud.
A pocos días del décimo aniversario de sus brutales asesinatos, la resolución de los jueces en beneficio de Fanchiotti y Acosta constituye una provocación y un agravio a las memorias de Darío y Maxi y a una década de lucha popular.
Mientras casos como el de Fernando Carrera sacan a la luz que miles de personas inocentes o sin sentencia se pudren en las cárceles, dos asesinos probados, fotografiados en el momento del crimen, repudiados por todo un pueblo, pasarán el tiempo en prisiones VIP que son la antesala de su liberación. Hace pocos días, vimos fotografiado al asesino de Carlos Fuentealba, José Poblete, paseando por Zapala, Neuquén, donde se supone que se encuentra purgando condena también a cadena perpetua –mientras existen compañeros condenados y procesados por repudiar este brutal asesinato.
¡Exigimos cárcel común y efectiva para Fanchiotti y Acosta! ¡Ningún privilegio para los asesinos de Darío y Maxi! Saludamos desde aquí el formidable paro de los docentes neuquinos contra la impunidad de Poblete y por el castigo al ex gobernador Jorge Sobisch.
El gobierno kirchnerista hizo todo para salvaguardar a Duhalde y a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Nunca abrió los archivos de la SIDE y mantuvo intacto el aparato de la policía bonaerense. Recientemente, el Juez Ariel Lijo –un juez puesto a dedo por Néstor Kirchner bajo su presidencia- ordenó archivar la causa federal iniciada en el 2002 para investigar las responsabilidades políticas de la Masacre. Nunca solicitó los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriores a la represión del 26 de junio del 2002.
Venimos a este histórico Puente Pueyrredón para reclamar el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda, para denunciar la impunidad de sus mentores y para exigir el cumplimiento efectivo de las condenas que recibieron Fanchiotti y Acosta. Esta impunidad de la que gozan Duhalde y demás responsables políticos es el producto de las alianzas y protecciones entre los poderosos de siempre, que se cubren las espaldas mientras reprimen, asesinan y encarcelan al pueblo con la complicidad de los grandes medios, tanto opositores como oficialistas. Denunciamos el papel de Clarín y los grandes medios de comunicación que el 26 de junio difundieron la versión oficial de que los piqueteros “se mataron entre ellos”, versión que fue desbaratada por la movilización popular y por el compromiso de los trabajadores de prensa.
Luchamos contra la impunidad y por eso también reclamamos por la aparición con vida de Julio López, por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, por la aparición de Luciano Arruga, por el castigo a Sobisch por el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte, por Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas, de Bariloche; por Roberto López y Mario López, de los Qom de Formosa; por Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez, del Indoamericano; por Mártires López, de Chaco; por Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán, de Jujuy; por Cristian Ferreyra, de Santiago del Estero; por Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, de Rosario; por Noemí Condorí, de Escobar y por César Oviedo, de Rosario - y contra la impunidad de la policía bonaerense y federal que junto con la gendarmería mata a miles de pibas y pibes de los barrios populares.
Desde esta tribuna, reclamamos el castigo a todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra y denunciamos las operaciones políticas del gobierno, que negocia con Pedraza de cara al juicio contra él y su patota que comenzará el próximo 6 de agosto, en función de la reorganización de los negociados ferroviarios y de su intento por copar la CGT y la Unión Ferroviaria.
 
Luego de diez años de gobierno kirchnerista, la mitad de la clase trabajadora continúa precarizada y sin derechos laborales, mientras otras decenas de miles aún revisten en las filas de la desocupación.
Mientras la crisis capitalista recorre el mundo, el gobierno de Cristina se prepara para aplicar los ajustes sobre los trabajadores y el pueblo.
La sintonía fina ya la vemos en el comienzo de despidos y suspensiones, en el tope a las paritarias, el impuesto al salario, el tope a las asignaciones familiares, la proliferación de la precarización laboral y el trabajo en negro. Al servicio de estas políticas hay un crecimiento de la criminalización de la protesta social, como se expresa en la votación de la nefasta ley antiterrorista y la utilización del código penal contra el derecho a huelga y en más de 5000 procesados por luchar.
Como asi también lo vemos en la utilización de las fuerzas represivas contra los pueblos que luchan contra la megamineria, contra los movimientos de desocupados, contra los trabajadores que luchan contra las patronales y la burocracia, contra los que luchan por tierra o contra la reciente huelga de camioneros.
La seguridad democrática de la que habla Garré, no es más que un maquillaje a estas políticas que se basan en la preservación del aparato represivo, en la judicialización, la represión, el espionaje como salió a la luz con el Proyecto X de Gendarmería, patotas con las que se terceriza la represión, y un constante discurso contra la huelga y las medidas de acción directa de los sectores populares.
A su vez, el gobierno intenta dividir lo que no puede controlar y ha dado la orden de fracturar las organizaciones populares, sindicales y estudiantiles. Rechazamos la injerencia del Estado en nuestras organizaciones.
 
Apoyamos y compartimos la lucha contra la minería depredadora y contaminante junto a las asambleas y organizaciones de Andalgalá, Famatina, Amaycha del Valle, Belén y Tinogasta; repudiamos la represión de los gobiernos nacional y provinciales al servicio de las corporaciones mineras.
Exigimos justicia para las 51 víctimas de la masacre de TBA, que son víctimas de los negociados y la inoperancia de los empresarios apañados por el Gobierno. Apoyamos la lucha de los trabajadores ferroviarios que vienen denunciando el desguace del sistema de ferrocarriles y recuperando espacios contra la burocracia entreguista. La conformación de la Autoridad de Transporte Metropolitana con Macri, Scioli y los intendentes prepara las condiciones para una suba de boletos de tren y colectivo, pasándole la factura de la salida de los subsidios estatales a los usuarios.
Recientemente, con los allanamientos a la empresa Ledesma quedó evidenciada su complicidad con los crímenes y desapariciones durante la última dictadura militar, y su vigilancia, persecución y represión a los sin tierra y al sindicato de trabajadores de la empresa. El juicio a Blaquier –socio privilegiado del gobierno y beneficiario de subsidios millonarios- es una victoria de la movilización popular encabezada por los pueblos de Libertador y los trabajadores del Ingenio
Reivindicamos las jornadas de lucha y piquetes en Mosconi, Tartagal, Cutral-Có y Plaza Huincul, porque han sido expresiones de resistencia de nuestra clase a la entrega de los recursos petroleros y gasíferos, la desocupación y empobrecimiento masivo, perpetrados por el menemismo y también por la mayor parte del actual elenco gobernante que integraba sus filas.Los únicos defensores genuinos de nuestros recursos, patrimonio y derechos hemos sido los trabajadores, trabajadoras y el pueblo, que no hacemos alianza con los grupos económicos que han depredado nuestro país y Latinoamérica. Ahora, el gobierno nacional pretende presentar su política sobre YPF como una política de soberanía nacional. Necesitamos expropiar sin pago y estatizar nuestros recursos energéticos bajo control de los trabajadores y el pueblo, no repetir la entrega con trasnacionales como las imperialistas Exxon, Chevron, Total, SINOPEC, o de grupos monopólicos como los socios de Petrobrás, la Panamerican Energy, Cristóbal López y compañía. Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir exigiendo justicia y luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales; por los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil” desde 1983. Seguiremos luchando para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo.
Hoy los pueblos seguimos levantándonos y mostrando el camino, enfrentando las crisis capitalistas que generan ellos y nos quieren hacer pagar a nosotros y a nosotras. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas imperialistas y particularmente contra la megaminería que en este mes se ha cobrado varias vidas de luchadores en Perú. En la Argentina la lucha por que la crisis no la paguen los trabajadores y las trabajadoras nos encuentra enfrentando al ajuste que ejecuta el gobierno, rechazando los topes salariales a las paritarias por debajo de la inflación, rechazando también la política de aumentar tarifas e impuestos contra los trabajadores y enfrentando los despidos y suspensiones.
La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero con quienes salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.
Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.
Juicio y castigo a los responsables politicos y materiales de la masacre de Avellaneda
De Duhalde a los Kirchner 10 años de impunidad
Cárcel ya a Duhalde, Solá , Fernández , Vanossi, JJ Alvarez.
Basta de represión, espionaje y judicialización. Abajo el proyecto X y la ley antiterrorista
Juicio y castigo a todos los culpables por el asesinato de Mariano Ferreyra.
 
Exigimos justicia por el asesinato de Carlos Fuentealba, de los hermanos Qom en Formosa, por los asesinados en las tomas de tierras del ingenio Ledesma , en el Indoamericano, en Santiago del Estero y en Rosario a principio de 2012, así como la última semana nuevamente en Rosario.
 
 
Exigimos la aparición con vida de Jorge Julio López y Luciano Arruga.
Que la crisis no la paguen los trabajadores ni el pueblo.
Basta de ajuste y saqueo del gobierno K y las multinacionales.
Juicio y castigo a los responsables politicos y económicos del genocidio, carcel a Blaquier socio del gobierno.
Aparición con vida de las mujeres desaparecidas en democracia.
Desmantelamiento de las redes de trata de personas. educación sexual y anticonceptivos para no abortar, aborto legal y gratuito para no morir.
 
* Por trabajo genuino, basta de desocupación
* Por un seguro al desocupado
* Por aumento para todos en el argentina trabaja,
* Nacionalización y ampliación del programa, ningún trabajador por debajo del salario mínimo legal ($2300).
* ¡Abajo la precarización laboral!!.
* Duplicación del monto de la asignación universal por hijo.
* Por un plan de lucha nacional hasta obtener todas estas reivindicaciones:
  • Salario igual a la canasta familiar
  • Prohibición de despidos y suspensiones.
  • Anulación del impuesto al salario.
  • Restitución de las asignaciones familiares.
  • Fuera la burocracia sindical.
  • Expropiación sin pago y estatización de toda la industria petrolera , bajo control de los trabajadores y el pueblo.
  • Fuera de ypf chevron, exxon, total, slim, ezquenazi y repsol.
  • No a la mega minería contaminante, basta de saqueo y depredacion de nuestros recursos naturales.
  • ¡Viva la lucha de los pueblos contra los monopolios contaminantes y sus gobiernos.
  • Castigo a los responsables políticos y empresariales de la masacre de once, restatizacion de todos los ferrocarriles bajo control d esus trabajadores y usuarios.
  • No a los tarifazos.
  • Fuera ingleses de Malvinas
  • Fuera el imperialismo de América Latina.
  • Fuera las bases yanquis del Chaco y de toda América Latina.
  • No al golpe de estado en Paraguay. Repudiamos la masacre de campesinos y exigimos el castigo a sus responsables materiales e intelectuales.
  • Por el triunfo de la heroica huelga de los mineros asturianos.
Viva la rebelión de los pueblos del mundo contra el ajuste y el imperialismo.
Hoy como siempre
¡¡¡¡Darío Santillán, presente!!!!!
¡¡¡¡ Maximilano Kosteki, presente!!!!!
Convocan:(...)

 
 
El desafío abajo y a la izquierda es reasumir la «crisis de representación» de fines del 2001 y comienzos del 2002 desde la instalación del debate sobre las falsedades K procurando encaminar el Nunca Más a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales para el saqueo ilimitado (a nosotros, los de abajo) que instauró la normalidad de dicho proceso de reestructuración socioeconómica mediante estado terrorista. Sobre todo es comprometernos con la unión de organizaciones populares que han asumido el legado de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en forma de construcciones emancipadoras del capitalismo imperialismo. Repitamos fragmentos del documento:
  • Hoy, a 10 años de sus asesinatos, Darío y Maxi siguen siendo la expresión viva de esa juventud rebelde y combativa que se fogueó en las luchas, piquetes y puebladas contra el menemismo, contra la Alianza de De la Rúa y Chacho Álvarez y contra Duhalde. Darío y Maxi, como muchos otros jóvenes que hoy recorren el camino de la organización y la lucha junto a los trabajadores y el pueblo, fueron protagonistas de aquella rebelión del año 2001.
Darío y Maxi son hijos del pueblo y de sus organizaciones. Son la contracara de las agrupaciones construidas desde arriba, con los recursos del Estado y al abrigo del poder de turno; las que nutren de funcionarios al gobierno y tiene a sus jefes rodeados de lujos y privilegios.
 
Hace 10 años, el movimiento piquetero supo disputar y ganar terreno para la independencia política de la clase trabajadora, frente a las estructuras punteriles que responden a los dirigentes políticos de las clases dominantes y sus partidos, como el PJ. Pasan los años y nos seguimos organizando en los barrios, seguimos construyendo independencia de clase. Darío y Maxi siguen vivos en cada lucha de nuestras organizaciones, en cada joven que se acerca a pelear, en cada compañera que se rebela contra el sometimiento, en cada trabajador y trabajadora ocupado o desocupada que se organiza para defender sus derechos.
  • Hoy, una vez más, denunciamos que la Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo.(...)
Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, por José Luis Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil. De la misma manera, no olvidamos que Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es Senador Nacional, fue otro de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Tampoco olvidamos que Carlos Soria, ex gobernador de la provincia de Río Negro, fue designado candidato directamente por Cristina Fernández; Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y murió sin ser juzgado por su activa responsabilidad en esta masacre.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constantes - en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y en todas las plazas del país- logramos que los responsables materiales paguen por los asesinatos. Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.
  • A pocos días del décimo aniversario de sus brutales asesinatos, la resolución de los jueces en beneficio de Fanchiotti y Acosta constituye una provocación y un agravio a las memorias de Darío y Maxi y a una década de lucha popular.
Mientras casos como el de Fernando Carrera sacan a la luz que miles de personas inocentes o sin sentencia se pudren en las cárceles, dos asesinos probados, fotografiados en el momento del crimen, repudiados por todo un pueblo, pasarán el tiempo en prisiones VIP que son la antesala de su liberación. Hace pocos días, vimos fotografiado al asesino de Carlos Fuentealba, José Poblete, paseando por Zapala, Neuquén, donde se supone que se encuentra purgando condena también a cadena perpetua –mientras existen compañeros condenados y procesados por repudiar este brutal asesinato.
 
¡Exigimos cárcel común y efectiva para Fanchiotti y Acosta! ¡Ningún privilegio para los asesinos de Darío y Maxi! Saludamos desde aquí el formidable paro de los docentes neuquinos contra la impunidad de Poblete y por el castigo al ex gobernador Jorge Sobisch.
El gobierno kirchnerista hizo todo para salvaguardar a Duhalde y a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Nunca abrió los archivos de la SIDE y mantuvo intacto el aparato de la policía bonaerense. Recientemente, el Juez Ariel Lijo –un juez puesto a dedo por Néstor Kirchner bajo su presidencia- ordenó archivar la causa federal iniciada en el 2002 para investigar las responsabilidades políticas de la Masacre. Nunca solicitó los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriores a la represión del 26 de junio del 2002.
  • Venimos a este histórico Puente Pueyrredón para reclamar el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda, para denunciar la impunidad de sus mentores y para exigir el cumplimiento efectivo de las condenas que recibieron Fanchiotti y Acosta. Esta impunidad de la que gozan Duhalde y demás responsables políticos es el producto de las alianzas y protecciones entre los poderosos de siempre, que se cubren las espaldas mientras reprimen, asesinan y encarcelan al pueblo con la complicidad de los grandes medios, tanto opositores como oficialistas. Denunciamos el papel de Clarín y los grandes medios de comunicación que el 26 de junio difundieron la versión oficial de que los piqueteros “se mataron entre ellos”, versión que fue desbaratada por la movilización popular y por el compromiso de los trabajadores de prensa.
     
  • Luchamos contra la impunidad y por eso también reclamamos por la aparición con vida de Julio López, por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, por la aparición de Luciano Arruga, por el castigo a Sobisch por el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte, por Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas, de Bariloche; por Roberto López y Mario López, de los Qom de Formosa; por Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez, del Indoamericano; por Mártires López, de Chaco; por Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán, de Jujuy; por Cristian Ferreyra, de Santiago del Estero; por Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, de Rosario; por Noemí Condorí, de Escobar y por César Oviedo, de Rosario - y contra la impunidad de la policía bonaerense y federal que junto con la gendarmería mata a miles de pibas y pibes de los barrios populares.
El  documento denuncia otras facetas del Estado, además de las territoriales y las lobbistas, que anulan la validez de las elecciones como expresión de la voluntad popular:
Por un lado, señala a quiénes disponen sobre nuestra vida ejemplificando mediante la Masacre de Avellaneda:
La decisión política de tamaña represión fue fogoneada por los organismos internacionales, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias: AEA, UIA, SRA, ADEBA y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Felipe Solá a la cabeza.
El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.
Por otro lado, introduce en cómo se establece el ámbito privilegiado de acumulación de riquezas en los ferrocarriles:
Desde esta tribuna, reclamamos el castigo a todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra y denunciamos las operaciones políticas del gobierno, que negocia con Pedraza de cara al juicio contra él y su patota que comenzará el próximo 6 de agosto, en función de la reorganización de los negociados ferroviarios y de su intento por copar la CGT y la Unión Ferroviaria.
 



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