lunes, 20 de abril de 2015

Honduras prueba qué mundo 'construye' el extractivismo.


También aclara porqué la concentración de poder de Milani y
 
las leyes antiterroristas intensificando la criminalización
 
tanto de la pobreza como de la protesta social.
 
 
 
Necesitamos un Frente cultural político para construir el análisis mayoritario sobre la realidad nacional desde la comprobación de cómo avanza el capitalismo imperialismo en Nuestra América.
 
COPINH rechaza la creación y elevación a rango constitucional de
 
la policía militar de orden público (PM)
23 de enero del 2015
Nos sumamos al rechazo de la PM y sus fines ocultos al servicio del poder, por lo tanto manifestamos:
1.- Que rechazamos no sólo que se eleve a rango constitucional la Policía Militar, sino también la creación de esta estructura que viene a endurecer la militarización de la sociedad expresada en el avasallamiento mediático, cultural, político y social como mecanismo de control ciudadano, que además criminaliza las luchas sociales y políticas y atenta al respeto de los derechos humanos y civiles.
2.-La Policía Militar es un atentado a la policía civil, a la independencia, soberanía y supuesta superioridad del sistema judicial y fiscal, con funciones paralelas a la policía y al ejército de Honduras y exclusiva del uso del presidente Juan Orlando Hernández quien ha destinado enormes presupuestos para la misma abandonando cada vez más sectores vitales como salud, educación y el INA.
3.- Que la policía Militar es una estructura paramilitar, con el agravante, como es típico de estos cuerpos ilegales, de tener una lógica y función ajena al respeto de los derechos humanos, civiles y políticos y al trato de las complejidades sociales instaladas en el desenvolvimiento del crimen, el cual gira y funciona desde cúpulas de poder oculto con tentáculos en las mismas instituciones militares y policiales y grupos de poder económico y político.
4.- Hacemos un llamado a los y las diputadas que tienen la decisión de oponerse a que la Policía Militar se eleve a rango constitucional que se mantengan y voten en contra de este nuevo acto de Juan O. Hernández, quien impulsa servilmente una de las mayores etapas de violencia capitalista y militar en Honduras. A esos congresistas, les demandamos que no se presten al juego de un plebiscito o referéndum sobre este debate, pues la maquinaria nacionalista recalcitrante y algunos sectores de poder están listos para más fraudes y manipulación de todo tipo que daría como resultado seguro lo que precisamente JOH pretende.
5.- Que se reconozca que el problema de la criminalidad es producto de un sistema económico, social, cultural y político injusto que ha llevado a que Honduras se ubique dentro de los países donde más ha crecido la desigualdad social y económica en este continente, con una población donde el 80% vive empobrecida o en miseria. La dominación y el intenso saqueo implantado en Honduras están diseñados para mantener y reproducir la industria del crimen incluyendo el narcotráfico y el modelo extractivista, concentrador de enormes ganancias y poder. POR LO ANTERIOR LA CRIMINALIDAD Y SUS EFECTOS NO SE RESULEVE CON LA POLICIA MILITAR, NI CON LA MILITARIZACIÓN.
6.- ASPIRAMOS A UNA HONDURAS CON JUSTICIA SOCIAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y CON ÉTICA POLÍTICA, CON POBLACIÓN SANA, CON ACCESO A LA EDUCACIÓN, TIERRAS, TERRITORIOS, CULTURA, A LA ALIMENTACIÓN Y VIDA DIGNA, CON PROCESOS QUE DESMONTEN LA OPRESIÓN, SAQUEO Y DICTADURAS, QUE POR ENDE GENERARÁ SEGURIDAD CIUDADANA DESDE OTRA ESFERAS Y LÓGICAS DE BENEFICIO PARA EL PUEBLO HONDUREÑO.
Dado en Intibucá, a los 23 días del mes de enero del 2015.
¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Fuente: jubileosuramericas.net/copinh-rechaza-la-creacion-y-elevacion-a-rango-constitucional-de-la-policia-militar-de-orden-publico
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Pronunciamiento de la CONROA contra el Banco Mundial y sus políticas extractivistas en Honduras
10 de febrero de 2015
http://movimientom4.org
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) en el marco del evento “Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales” realizado el 3 y 4 de febrero de 2014 en el Hotel Intercontinental de Tegucigalpa, Honduras, entre el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras representado particularmente por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), se pronuncia de la siguiente manera: 
Según lo ha informado el mismo INHGEOMIN en la actualidad existen unas 487 concesiones de minas otorgadas a compañías mineras, de estas 146 son minería metálica de las cuales 114 se encuentran en explotación en 14 de los 18 departamentos del país, especialmente en Santa Bárbara, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y El Paraíso. Todo lo anterior sin tomar en cuenta que existen otras 140 cuarenta explotaciones denominadas No Metálicas entre las que se cuentan varias explotaciones de Oxido de Hierro, enorme paradoja: Solamente en Honduras el hierro no es metal!
Todas estas concesiones de minería metálica y no metálica atentan contra el medio ambiente y la salud de las personas en cientos de comunidades debido a lo cual son cada vez mayores los reclamos de la gente para que prevalezcan sus derechos humanos, tales como el derecho a la salud, a la alimentación, al agua y en fin… a la vida, antes de hacer valer los negocios de unas pocas personas y empresas nacionales e internacionales.
Para el pueblo ha quedado demostrado que la minería, especialmente la metálica MATA a las personas y todos los demás seres vivos por su alta toxicidad, por el manejo de metales pesados como el cianuro, el arsénico y el mercurio, las comunidades del Valle de Siria en el departamento de Francisco Morazán son testigos de este infierno y es por eso que muchos municipios ahora han declarado que no quieren Minería.
Por esta manera de pensar se persigue a los defensores de los derechos, se persigue a quien defiende los territorios y ni siquiera se les da el derecho de pronunciarse en sus municipios, NO… el gobierno de JOH y sus cómplices corporaciones municipales, continúan su cruzada de alquilar y vender los territorios contra viento y marea y no dan lugar a la consulta vinculante.
Como ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones, la actual ley de minería no ha servido para regular realmente la actividad minera y su aplicación, más bien resulta desventajosa para las comunidades puesto que no considera vinculante la consulta a las comunidades antes del momento de prospección y/o exploración, es decir antes de que existan compromisos entre el Estado y las compañías Transnacionales.
Una ley de minería que lejos de proteger a las comunidades en donde se lleva a cabo esta actividad industrial, más bien las deja en desventaja frente a la libertad en que operan estas compañías amparadas por las garantías que les concede el Estado hondureño para que puedan “invertir” en el país.
Un estudio reciente, muestra cómo la industria minera ha resultado en el desplazamiento de otras actividades productivas como la caficultura. En este estudio se demuestra que a pesar de que la caficultura ocupa casi el mismo espacio del territorio nacional (2.17%) que la minería (2.85%), la caficultura genera más empleo, divisas y distribución de la riqueza. Entonces ¿porque el Banco Mundial y el Estado no optan por apoyar a más de 120 mil productores de café? a quienes recientemente la roya les afectó seriamente sus cultivos y el Estado Hondureño les ha dejado desprotegidos, sino que por el contrario han decidido apoyar una industria que genera conflicto social pues la minería compite por espacio, agua territorios etc.

La minería no ha sido un factor de desarrollo en ningún país, ya que sus impactos ambientales y sociales no son compensados por los ingresos y los escasos empleos que generan.
Es por todos estos motivos que la CONROA se pronuncia en contra de este evento que realizan Banco Mundial, INGEOMIN y Gobierno de JOH para impulsar una actividad que ha provocado no sólo daños ambientales, sino también conflictos sociales y el despojo del legítimo territorio a las poblaciones hondureñas.
No podemos seguir soportando que el Gobierno sea cómplice de las compañías mineras. No podemos seguir soportando que las empresas de seguridad al servicio de las mineras atropellen a la población que piensa distinto y que persiga hasta la muerte a las y los defensores de Derechos Humanos y Ambientales.
Exigimos que el Estado hondureño cumpla con el papel que le corresponde y que el destino de los bienes naturales de Honduras, entre ellos el territorio, se discuta en espacios incluyentes en donde las comunidades mismas puedan expresar también su punto de vista, pues son ellas quienes al final sufren todas las consecuencias del extractivismo que hoy los administradores del Estado impulsan como la gran panacea para el desarrollo nacional a costa del empobrecimiento y la muerte de hondureñas y hondureños.
Tegucigalpa, febrero de 2015
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"En una sencilla pero emotiva ceremonia, la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) recibió un reconocimiento por su trabajo en Defensa de los Derechos Humanos en Honduras el día de hoy 18 de diciembre de 2014; de igual forma el CEHPRODEC, como organización coordinadora de la CONROA recibió igual reconocimiento del Movimiento Madre Tierra que preside el Dr. Juan Almendarez Bonilla. En presencia de unas 25 organizaciones nacionales e internacionales y de periodistas de distintos medios de comunicación el reconocimiento a la CONROA fue recibido por Martín Gómez del Movimiento Indigena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH), José Isabel Meza del Comité Ambientalista de la Venta del Sur y Rodolfo Arteaga del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS)".

Violaciones ddhh en proyectos extractivistas en Honduras

 
I. Contexto General.
En el período correspondiente 2010-2014 Honduras se ha caracterizado por un contexto de violencia generalizada, empobrecimiento de la población y por decretos inconstitucionales[1] y violatorios de derechos humanos.
En algunos casos organismos y representantes del Sistema Interamericano de Naciones Unidas han expresado: ““La impunidad sigue reinando en Honduras en los casos de amenazas, hostigamiento y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos”[2]; “La información recibida sobre Honduras durante 2012 refiere a situaciones estructurales que la CIDH observa con especial preocupación. En particular, la situación de seguridad ciudadana, la independencia del poder judicial y las debilidades en la administración de justicia asociadas a altos índices de impunidad, la discriminación y marginación de sectores de la sociedad”[3]; La CIDH expresa preocupación, en su informe anual 2013, acerca de la persistente amenaza que supone para los pueblos indígenas la implementación de proyectos como explotaciones mineras y madereras, represas hidroeléctricas, macro complejos turísticos y las conocidas como “ciudades modelo”.[4]
 
Las concesiones para proyectos de explotación de recursos naturales despojan a las comunidades de sus territorios y bienes comunales dejándolas sin los más elementales medios de producción como el agua, la tierra, los bosques y la biodiversidad; también de los sitios ceremoniales que forman parte de su identidad cultural.
 
Bajo este marco de despojo Honduras ha concesionado a junio de 2013 un total de 91 proyectos mineros metálicos[5].La duración de estas concesiones son como mínimo de 15 años y pagando a penas 3.5 dólares por hectárea al año.
 
En el caso de los ríos, a partir del 2010, se aprobaron 40 contratos a empresas privadas para la generación de energía eléctrica y se autorizaron proyectos de construcción de represas hidroeléctricas. Solo en territorios de los pueblosindígenas Lencas, Pech, Tawahka, Misquito, Tolupán y Garífuna se constatan 21 proyectos hidroeléctricos.[6]
 
Para fines del presente informe se ha tomado de manera específica los casos de explotación minera a cielo abierto en el Valle de Siria por la empresa Entremares; explotación minera subterráneaen la Comunidad del Tránsito y el aprovechamiento de las aguas del Rio Zapotal por la empresa hidroeléctrica Aurora S.A. de C.V en el municipio de San José en el departamento de La Paz.
 
I.I Denuncias y violaciones a los derechos humanos en el Valle de Siria sin respuesta en más de 14 años.
El Valle de Siria está situado en el departamento de Francisco Morazán, a unos 70 km de la capital, Tegucigalpa. La actividad minera a cielo abierto inicio en el  año2000 por Entremares, empresa subsidiaria de Gold Corp Inc. de Canadá. La mina se llama San Martiny afecta directamente a tres municipios que conforman el mencionado valle (El Porvenir, San Ignacio y Cedros).
La población aproximada del Valle a pocos añosdel inicio de las operaciones era de alrededor de 42 mil personas que en su mayoría se dedicaban a la agricultura especialmente la caficultura, la ganadería, el comercio y servicios en general.
Los pobladores afectados se organizaron alrededor del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS). Entre las denuncias y las exigencias del comité destacaron desde sus inicios la ilegalidad en el otorgamiento de la concesión; las descargas de sustancias toxicas en fuentes de agua; la falta de medidas de protección y mitigación para evitar impactos en la salud y el ambiente; al mismo tiempo que exigían a la empresa minera por el resarcimiento a las víctimas y se demandará por los delitos ambientales.
Estas demandas promovidas durante 14 años no han sido respondidas por el Estado de Honduras, e irónicamente, continúa otorgando concesionamientos sin que exista una legítima y verdadera consulta a las comunidades. Asimismo se carece de estudios de impacto ambiental realizados de manera independiente. La institucionalidad pública encargada de dar seguimiento a las actividades mineras del país  carece de capacidad técnica y logística para el cumplimiento de su labor.
La empresa Entremares cerró operaciones el 2008[7] sin que se le exigiera cumplimiento de acuerdos contenidos en el ya limitado e insuficiente Plan de Cierre; y de sancionar por los delitos y faltas cometidas al Estado de Honduras y  a las víctimas por daños ocasionados por la contaminación.

I. II. Mina Subterránea en el Transito sin solución que evite alto grado de conflictividad.
La actividad minería subterránea ubicada al suroeste de la aldea de El Transito, municipio de Nacaome, departamento de Valle se intensificó en el 2012. A partir de esos momentos pobladores de la comunidad han denunciado contaminación de una importante fuente de agua para la irrigación de cultivos de pequeños productores que dependen de sus labores agrícolas, además de las perturbadoras detonaciones con dinamita y que provocan daños a las viviendas.
Adicionalmente la explotación minera de El Tránsito, al ser ilegal, carece de procedimientos de monitoreo técnico-ambiental y no considera condiciones mínimas de seguridad laboral.
Es ilegal su actividad porque el Estado de Honduras le otorgó el concesionamiento de explotación a la Compañía Minera Cerros del Sur. Empresa que la dejó en abandono desde hace varias décadas y los actuales explotadores del mineral carecen de los permisos y compromisos correspondientes con el Estado y las comunidades afectadas.

I. III Irregularidades cometidas en el otorgamiento de concesión a empresa hidroeléctrica Aurora.
Intervención de empresa hidroeléctrica Aurora S.A. de C.V. desde el año 2007 en comunidades indígenas[8] y en zonas declaradas protegidas por ser fuentes abastecedores de agua para varios municipios.
Miembros de las comunidades de Aguacatal, Granadillas, Zapotal y Linderos en la montaña del Jilguero; de los municipios indígenas de San José, Chinacla, Santa María y San Pedro de Tutule en el Departamento de la Paz, se han organizado en la Red de Sociedad Civil para defender su derecho al agua violentados por el Estado de Honduras al otorgar de manera ilegal al concesionar el río Zapotal en el 2009 durante el golpe de estado.
 
Entre las ilegalidades se señala que el representante y administrador de la empresa es el esposo de la actual vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. En el período anterior (2010-2013) fungió como diputada y secretaria del mismo Congreso. Situación anómala porque el otorgamiento del concesionamiento y la contratación para la producción de energía se da durante su condición de funcionaria pública y en la misma ley de minería se inhabilita a funcionarios del Estado y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; y segundo de afinidad y sus cónyuges[9].
Además la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) le otorgó licencia ambiental a la empresa antes que la Comisión Nacional de Energía (CNE) dictaminara sobre el otorgamiento del contrato de compra/venta de energía tal como lo demanda la ley.
La sociedad civil organizada de San José solicitó a la corporación municipal la realización de un cabildo abierto para consultar su aceptación o rechazo del proyecto hidroeléctrico. La empresa Aurora presentó oposición legal ante el Tribunal Supremo Electoral, alegando vicios en la convocatoria a cabildo abierto municipal, obteniendo respuesta favorable, por lo cual ordenó (el TSE) la suspensión de dicho cabildo abierto, entretanto, una comisión investigara los alcances de la oposición.
Como la consulta no se realizó el alcalde informó a la población que la orden del TSE era de no realizar la consulta nunca más y en acto de abuso de autoridad el Alcalde Municipal le otorgó el permiso de construcción a la empresa. Ante las evidentes violaciones a los derechos de los pueblos la Red de Sociedad Civil interpuso denuncia en la Fiscalía Especial de las Etnias en el 2011. A la fecha existe un requerimiento fiscal y orden de captura sin cumplirse contra el ex ministro del Ambiente, que fungió en el periodo del gobierno de facto de Roberto MichelettiBain, por otorgar licencia ambiental a la Empresa Inversiones Aurora sin que se realizara la consulta a las comunidades. De igual manera se espera el requerimiento fiscal contra el actual alcalde municipal.
A pesar de las denuncias interpuestas ante los organismos estatales como la Fiscalía de las Etnias, los tribunales locales y las instancias administrativas, ninguna ha realizado las diligencias correspondientes para restituir y garantizar los derechos negados a las comunidades de los pueblos indígenas.

 
II.  Marco Jurídico e Institucional que promueve la violación de derechos humanos.
 
Durante el Gobierno de Facto producto del Golpe de Estado en 2009 se aprobó el Decreto 233-2010 que derogó los decretos ministeriales 001-96 y 158-2009 que prohibían los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas[10]posibilitando que en el siguiente gobierno (2010-2013) presidido por Porfirio Lobo Sosa  se aprobaran leyes que favorecieron el concesionamiento de los ríos, la construcción de represas, la explotación minera, la exploración de hidrocarburos y la aprobación de los Regímenes Especiales de  Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”[11].
 
La Ley General de Aguas, reformada también durante el 2009, promueve el concesionamiento del agua a terceros y a partir de este marco legal se conceden el siguiente año 40 contratos a empresas privadas de generación de energía eléctrica y la construcción de represas sin que las comunidades indígenas hayan sido consultadas previamente[12]
 
La ley General de Minería Decreto 32-2013 permite una estabilidad jurídica para las empresas que  explotan minerales sin importar los derechos fundamentales de las personas como la vida, la alimentación y la seguridad sobre la tenencia de la tierra.
 
Permite que las empresas mineras utilicen toda el agua que este dentro o fuera de la concesión[13] a pesar de que existen restricciones para su uso en la misma ley de minería[14], Ley General del Ambiente[15] y la Constitución de la República[16]; sin embargo de manera contradictoria la ley de minería permite la extracción de minerales en zonas productoras de agua y zonas de reserva natural cuando no están declaradas e inscritas en el Catalogo de Patrimonio PúblicoForestal Inalienable y en el Instituto de la Propiedad Inmueble, instancia que en realidad no opera en la estructura institucional. Se suma a esto, la posibilitad de acceso a zonas declaradas exentas de explotación minera en algún momento al determinar que laexclusión de territorios no es permanente[17]
La definición de zonas de exclusión según la ley deja sin protección el 90%[18] de las consideradas áreas protegidas del país. Sin mencionar las zonas productoras de agua y reserva natural que de igual manera están fuera de los requisitos administrativos engorrosos y amañados de las instituciones públicas encargadas de declararlas como zonas de reserva o como áreas productoras de agua. Deja además abierta la posibilidad de conceder una explotación a cielo abierto prácticamente a perpetuidad pues no establece períodos máximos de aprovechamiento[19].
El mecanismos de consulta planteada en la  nueva ley de minería, violenta el derecho que los pueblos tienen a una consulta Previa , Libre  e Informada pues según la ley esta se realizara después que el Estado ha firmado tres tipos de contratos con la empresa minera (contrato de concesión , contrato de  prospección y contrato de exploración ) violentando principios constitucionales y convenios internacionales. Las comunidades afectadas se percatan de la actividad de empresas mineras hasta el momento en que se inicia la explotación y el Estado aduce que ya existe una relación contractual entre el Estado y el ente privado, y que por lo tanto, ya no es posible dar marcha atrás. De manera explícita la ley de minería menciona la consulta en el momento previo a la concesión de explotación[20].
Convocan en algunos casos a reuniones que terminan en la engañosa firma de acuerdo de la población a la intervención empresarial. En todos los casos no se otorga información sobre las actividades de las empresas y no se exponen los mecanismos para la denuncia de la población por daños a la vida, al ambiente y otros que perjudican los medios de vida. Se violenta el derecho a la información declarando como confidencial la información técnica y financiera de los proyectos mineros[21].
El manejo y uso de las fuentes de agua en la explotación minera queda desapercibida en la Ley General de Aguas otorgando su regulación en la Ley de Minería y es solamente en la ley ambiental que considera un delito la descarga de tóxicos que perjudiquen el ambiente.

III. Violaciones al derecho a la salud, alimentación,agua y ambiente en comunidades afectadas por la minería y los proyectos hidroeléctricos.
Afectaciones económicas en las comunidades influenciadas por proyectos mineros e hidroeléctricos se manifiestan fundamentalmente en la alteración de los modos de vida y en las fuentes de ingreso. Para el caso, en municipios como los influenciados por la Empresa Entremares en el Valle de Siria disminuyeron considerablementesus actividades agrícolas y ganaderas, principales medios de subsistencia de la población.En la comunidad de El Transito en el departamento de Valle al sur del país se pierden actualmente una diversidad de cultivos que pequeños productores siembran para obtener ingresos.
Las condiciones precarias de salud se dan en todas las comunidades influenciadas por la explotación minera en el país. Particularmente en el Valle de Siria continúala población de los municipios de El Porvenir, Cedros y San Ignacio sufriendo las consecuencias de la contaminación de sus fuentes de agua por metales pesados.
A partir del 2004 se reportan un total de 240 casos de enfermedades de la piel de 11 comunidades del Valle de Siria; se han diagnosticado 60 tipos diferentes de enfermedades dermatológicas[22]. Y se estima que la mortalidad infantil alcanza valores superiores a la media nacional[23], especialmente, en casos de hijos de trabajadores de la mina que es todavía más alta la incidencia[24]. Existe reporte de al menos 62 casos de pobladores que presentan afectación por metales pesados en la sangre, diagnóstico quefue corroborado por un estudio elaborado por Medicina Forense del Ministerio Público.Y como si no fuera suficiente el desamparo de estas poblaciones, los afectados fueronnotificados delos resultados de las pruebas de sangre 4 años después, y gracias a las presiones de las organizaciones.
El Ministerio Público[25] y SERNA abrieron expedientes y se realizaron investigaciones que corroboraron contaminación pordescargas de sustancias tóxicas, con lo que se cometió infracción administrativa de acuerdo al artículo 112, inciso ñ del reglamento de la  Ley General del Ambiente e infracción grave prevista en el artículo 112, literal b de la mencionada ley.En este caso hubo un inexplicable sobreseimiento por el juzgado de la seccional de Talanga y actualmente se está a la espera de resolución de la apelación en la Corte Suprema de Justicia.
La Secretaría de Salud nose ha pronunciado ante la demanda administrativa presentada en el 2011 por pobladores del Valle de Siria que sintiéndose afectados solicitaron nuevos exámenes toxicológicos, atención inmediata a su situación de salud, investigación de las fuentes de contaminación e indemnización por daños y perjuicios.
Las poblaciones donde se están desarrollando las actividades mineras son de escasos recursos económicos y sin posibilidades de resolver sus problemas de salud condenándolos irremediablemente a la muerte o a afectaciones que le disminuyen sus capacidades físicas.
Desde el 2005 hasta la fecha no se ha dado respuesta a las denuncias interpuestas por las comunidades organizadas y entidades que defienden los derechos humanos negándose en todo momento a garantizar los derechos más elementales como la vida y a un ambiente sano.
De igual manera se encuentran las denuncias del Patronato del Tránsito y del Comité de Defensa del Medio Ambiente de la Comunidad de La Baraja por la contaminación existente en las fuentes de agua producto de la explotación de la mina en el Transito, cuyo efecto negativo en la salud es evidente en la población[26]. A pesar de que se ha determinado ilegalidad en la explotación por parte del gobierno local y de las autoridades del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)las instituciones del Estado responsables de responder estos problemas no actúan de manera determinante para evitar los daños y la conflictividad entre la empresa y las comunidades afectadas.
La intervención de empresas hidroeléctricas como Inversiones Aurora S.A. de C.V. ha provocado para comunidades como San Francisco escasez de agua potable, especialmente en la época de verano obligando a las personas a buscarlo a muchos kilómetros fuera de su comunidad.
La extracción de agua en pozos naturales o artesanales se ha visto afectada de igual manera. Se aduce esta situación a los trabajos de construcción de la represa, a la tala de árboles y a la actividad misma de captación de agua para la generación de energía. Antes de las operaciones de la empresa no había desabastecimiento del servicio del agua en los hogares de las comunidades.
Las consecuencias de la falta de agua son observadas también en la agricultura y de ahí en la imposibilidad de las personas de garantizar su derecho a la alimentación. Por otra parte, las familias han sido desplazadas de sus hogares y hasta el momento la Empresa no ha hecho nada por indemnizarlos. Esta situación es obviada por las instituciones del Estado que deben velar y garantizar los derechos de las personas especialmente cuando son despojadas de sus medios de subsistencia.

IV. Violaciones al Derecho a la vida, a la integridad física y sicológica de los defensores de derechos humanos.
 
Persiste el hostigamiento de miembros de la Policía Nacional asignadas a resguardar instalaciones y zonas de explotación minera o hidroeléctrica y por guardias de seguridad privada a los miembros de Comités Ambientalistas y organizaciones sociales. Tal es el caso de las denuncias recientes de pobladores de la comunidad de El Tránsito que señalan a miembros de la policía nacional como los principales autores de las amenazas y cómplices directos de los dueños de la mina. (…)

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Honduras: Las mujeres frente al extractivismo
6 de noviembre de 2014

 
Por Sonia Sobrino (mujer del mediterraneo)
 
Honduras está siendo vendida a pedazos a empresas transnacionales, cuyos intereses económicos van en detrimento de los derechos humanos de las personas. Desde el golpe de Estado se ha iniciado un proceso de promoción de la inversión privada en la explotación de recursos naturales y de venta del territorio, mediante leyes proteccionistas de la inversión. Actualmente más del 30% del territorio hondureño ha sido concesionado. Se tratan de zonas de alto interés natural, donde viven poblaciones desde hace cientos de años, e incluso lugares que pertenecen a grupos indígenas. El proceso de concesión se da sin previo aviso ni consulta comunitaria. En la mayoría de los casos, las personas se enteran cuando los empresarios llegan a echarles de sus casas.
Pero las comunidades no están permitiendo esta situación pasivamente, sino que están organizándose, a nivel comunitario regional o incluso a nivel nacional para afrontar lo que se viene. Y en estas luchas de defensa del territorio esta teniendo una participación importante las mujeres.
La participación de las mujeres generalmente queda invisibilizada en las organizaciones y luchas sociales debido a que se les considera participantes y  no actoras directas, esto por las relaciones de poder establecidas por el sistema patriarcal. No obstante, las mujeres facilitan que los hombres lideren la lucha, ya que realizan una gran cantidad de actividades de base, que aunque no son consideradas importantes, resuelven situaciones y necesidades y contribuyen al mantenimiento de la lucha. Al cocinar en las reuniones, elaborar pan para obtener recursos, realizar las mantas para las protestas, o facilitar que los hombres líderes puedan salir de viaje, están garantizando que la lucha se suceda de manera adecuada.
Cuando empiezan a llegar moradores extraños con intereses dudosos, son las mujeres las que interpelan a la persona, y generalmente impiden que se reúnan con nadie para evitar las amenazas o sobornos a familias seleccionadas. También participan en ceremonias religiosas para pedir a dios que les de fuerza y les guíe en sus estrategias.
Las mujeres tienen una especial función en la transmisión del mensaje. Ellas en sus actividades diarias comparten con otras personas lo que esta sucediendo, cómo lo están viviendo e intentan motivar a mas personas para que se unan a la lucha.
La acción de resistencia más característica de la defensa de los recursos comunitarios, es la toma de carreteras. El objetivo es oponerse a la entrada de la empresa minera/hidroeléctrica o dificultar su acceso y su construcción desde acciones de reivindicación y de protesta pacíficas. La comunidad se organiza de manera que se impide el paso de coches extraños y de personas ajenas a la comunidad con intereses avariciosos sobre los recursos. El paso se impide mediante la presencia física de las personas de la comunidad en forma barrera humana o mediante la elaboración de zanjas o barreras físicas como cadenas o piedras.
La participación de las mujeres en esta toma es especial. Debido a que las mujeres trabajan en casa durante el día, son ellas las que están más disponibles para hacerse presente en la toma o cubrir la guardia durante el día. Mientras están en la carretera impidiendo el paso a extraños, las mujeres están en la calle, gritan y conversan, se encargan de la preparación de alimentos de manera colectiva para toda la comunidad con fogones improvisados entre las piedras. La vigilancia nocturna la realizan los hombres, pero son las mujeres las que llevan la comida de la cena y el desayuno a sus compañeros cada día.
Las mujeres están durante todo el día en la toma y por tanto son las que se enfrentan por medio de la palabra a las personas de las empresas o de las fuerzas estatales de seguridad que intentan entrar. Por otro lado, en los conflictos que surgen a veces entre pobladores y personas extrañas, las mujeres impiden que se realice un acto violento en contra de sus compañeros y son capaces de plantarse con valor frente a las pistolas encañonadas.  Recuerdo la situación de Nueva Esperanza, en la que Alba, se mantuvo firme frente a las amenazas de matar a su padre. También las mujeres intentan mantener la paz en la comunidad evitando que los hombres compañeros “más impulsivos” realicen provocaciones violentas que podrían perjudicar la legitimidad de su resistencia.
Las tomas de carretera se caracterizan por la confrontación directa y por resistencias pasivas ante la violencia armada, ya sea por parte de empresarios, militares, policías, paramilitares y/o otras personas (trabajadores, aliados, etc.). Como se considera que los hombres “son violentos, impulsivos e impacientes”- características definidas por la masculinidad hegemónica patriarcal, desde la cual se consideran dichos atributos como indicadores de virilidad (reconocerse en el miedo y la sumisión implica confrontar su identidad varonil) - las mujeres se convierten en las mediadoras de conflictos. Se hace referencia a la idoneidad de sus atributos “femeninos” como la paciencia, la inteligencia o el don de la palabra para que se hagan cargo de impedir o detener las confrontaciones violentas con grupos armados.
Por otro lado, es generalizada la idea de que a las mujeres no las van a agredir, idea sustentada en el simbolismo que existe en la cultura en torno a la mujer - sumisa, inofensiva y débil- y en el ensalzamiento que se realiza de su imagen – lo que la convierte en supuestamente intocable- desde la ideología patriarcal. Aunque los datos indican que en realidad, este aparente haz de protección no es real ya que muchas mujeres sufren agresiones en actuaciones de resistencia y muchas de ellas acaban siendo criminalizadas por liderar luchas de oposición.
Aunque este discurso puede parecer que refuerza estereotipos femeninos, por otro lado, ofrece un espacio de libertad a las mujeres para demostrar su valentía y su fuerza. Bajo estas ideas, tanto hombres como mujeres acuerdan que lo ideal es que sean ellas las que están en primera línea impidiendo el paso o mediando en los conflictos, lugares desde donde pueden confrontar la imagen femenina de pasividad mediante acciones firmes de resistencia. En estas acciones, ellas confrontan con los otros de manera fuerte y contundente. Expresan la rabia y la ira que sienten por la situación injusta que están viviendo, y muestran su de
cisión a la hora de defender la comunidad y los recursos con coraje y vigor.
Y estas acciones tienen efectos revitalizadores en las mujeres. Se sienten fuertes al enfrentarse con un hombre armado, se perciben valientes llegando incluso a considerarse con más valor que muchos hombres. Muchas mujeres me declaraban su cambio en la percepción de sí mismas en cuanto a seguridad: “ahora me siento más fuerte y con capacidad para enfrentarme a quien sea” “si he podido enfrentarme a un hombre apuntándome en la cabeza, que no podré hacer” son algunas de las declaraciones que daban. Esta es una forma imprevista de, por un lado, desmitificar la pasividad asociada a la feminidad y por otro, asumir como parte de su nueva identidad, algunas características masculinas (valentía, fortaleza).

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