De ahí la necesidad de un Frente cultural
político para
facilitar el debate mayoritario sobre qué economía
se impulsa gracias a esas estatizaciones.
Segunda parte
A
fin de
concretar ese objetivo el Frente requiere instalar la contradicción entre la
creencia de estar viviendo en democracia y bajo gobierno de derechos humanos
con las prerrogativas o privilegios del poder económico e imperialista.
También le exige poner en duda la justicia de las políticas sociales o inclusivas que
no sólo son de supervivencia
elemental sino que se hacen a costa del malvivir de los jubilados y pensionados.
Es
construir la disposición mayoritaria a involucrarse con dos causas claves
para todos los de abajo que está siendo expresada por los pueblos indígenas
y por los jubilados, pensionados:
“La
seguridad jurídica es privar a los Pueblos Indígenas
de garantías que les
corresponden”
28 de septiembre de 2014
28 de septiembre de 2014
Por
OPSur
Jorge Nahuel,
referente de la zonal Xawunko de la Confederación Mapuche de Neuquén, repasa en
diálogo con el OPSur los
impactos y conflictos que han causado los últimos veinte años de explotación
hidrocarburífera y lo que ha significado el nuevo avance de la frontera
petrolera a partir de la explotación de yacimientos no convencionales. La falta
de reconocimiento jurídico, la no regularización de sus tierras y la ausencia de
aplicación del derecho a la consulta son, a su juicio, los tres pilares de la
privación de garantías que viven las comunidades en desmedro de la industria
petrolera. “Hay una política de absoluta impunidad y la principal víctima de esa
situación son los Pueblos Indígenas”, sostiene el dirigente mapuche.
-Del
relevamiento que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
en 2012 se desprende que aproximadamente 20 comunidades atraviesan conflictos
por la concesión de sus territorios para la exploración y explotación de
hidrocarburos o por los impactos que esta actividad. Da la impresión de que en
otros momentos la conflictividad estaba más vinculada con la apropiación de
tierras por parte de particulares y que en los últimos años ese lugar lo ocupan
los proyectos extractivos.
JN: Sí,
claro. El primer problema que tenemos los Pueblos Indígenas es con las
extractivas, después hay problemas con vecinos, con terratenientes, municipios,
empresas o la forestación. El
problema principal es con las extractivas, sobre todo porque exige un campo
desocupado, libre, y la petrolera entra y necesita que esa tierra sea
desocupada, por lo tanto va generando una política de desplazamiento a las
buenas o a las malas.
La cuestión
de los Pueblos Indígenas y la industria extractiva es un problema global, porque
la [frontera] extractiva avanza de manera completamente impune, amparada en las
políticas que los Estados han asumido. No hay estrategia de defensa de la
soberanía ni tampoco una estrategia para garantizar la seguridad y el ambiente
para las generaciones futuras. En el campo indígena hay una normativa
excepcional en cuanto a reconocimiento de derechos, pero todos esos avances son
letra muerta al lado de la impunidad con que estos grupos económicos, que
sostienen el extractivismo, establecen las reglas del juego. Y nos encontramos
con este panorama actual, donde de pronto se entrega una concesión sobre un área
que está ocupada por comunidades indígenas, pero como previamente a esa
comunidad se la despojó de todo lo que sea reconocimiento, no tiene garantías
territoriales: no tiene título de propiedad, no tiene personería jurídica, y
está siendo cuestionada hasta su propia existencia cultural.
En este
caso, el responsable fundamental es el Gobierno Provincial. ¿Por qué el
provincial y no nacional? Porque el provincial es el que tiene la competencia,
la facultad para reconocer personerías jurídicas, regularizar la tierra y
aplicar el Derecho a la Consulta, que son los tres ejes del conflicto. El
Gobierno Nacional, por supuesto, tiene la responsabilidad de estar promoviendo
un modelo global de explotación y de híper producción, cueste lo que cueste.
-El
reconocimiento, las personerías jurídicas, son reivindicaciones permanentes;
incluso el relevamiento que ordena la Ley 26.160, que en Neuquén todavía el
gobierno debate si aplica o no la norma.
JN: La Ley
de Relevamiento Territorial no es una mensura de la tierra, ni la titularización
de la tierra, es un paso previo, que es relevar la demanda que los Pueblos
Indígenas están planteando desde siempre. Con la realización del relevamiento
quedaba claro qué es lo que quieren los Pueblos Indígenas. Sin embargo, se
aprobó en el 2006 y recién en 2014 se implementa, pero con un condicionamiento
tremendo, porque es una ley que tiene como eje la participación y la consulta,
dos principios fundamentales en la normativa indígena. Y ni la consulta ni la
participación están garantizadas en la realización del relevamiento, las
decisiones políticas las toman Nación y Provincia, y recién en el aspecto
técnico hay participación indígena. Es una ley que nació bien pero que se está
aplicando de una manera totalmente restrictiva y hoy avanza a pasos muy lentos.
El otro condicionamiento que tuvo la ejecución de la ley es que solamente se van
a relevar las comunidades que tienen personería jurídica.
-Según
la Confederación Mapuche, en Neuquén hoy existen sesenta y cuatro comunidades,
¿la provincia cuántas reconoce?
JN:
Cincuenta, porque hace 14 años que no entrega personerías jurídicas, hay catorce
comunidades que están reclamando su personería jurídica. Una cosa que no tiene
lógica desde ningún punto de vista, porque no se puede negar una personería
jurídica; es como que nace una persona y se le niega su DNI. No depende del
Estado, “se lo doy o no se lo doy”, es una obligación registrar a las
comunidades. Y no lo hace porque es parte de las reglas del juego que impone
este tipo de modelo. Se necesita
garantizar seguridad jurídica a las concesiones que están entregando, y ellos
entienden que la seguridad jurídica es privar a los Pueblos Indígenas de las
garantías que les corresponden. La movilización indígena está demostrando
que es todo lo contrario, que en la medida en que no se nos reconozcan esos
derechos, no van a poder ejecutar en paz su planes.
-En el
marco de estos conflictos, el gobierno y las empresas señalan a la Confederación
y a vos como fabricantes de comunidades.
JN: No es
una novedad ese descalificativo, porque lo han aplicado con Kaxipayíñ, lo
aplicaron con Logko Puran lo aplicaron con Huenctru Trawel Leufú. (1)
Exactamente los mismos argumentos: “vienen de otro lugar”, “no son originarios”,
“están inventados”, “genéticamente no son mapuches”. Porque ellos empiezan a
promover eso: “que demuestren que son de raza mapuche”, “deben acreditar su
origen étnico”. Una cuestión que tiene un carácter racista y discriminador, a
esta altura de la historia no corresponde que un organismo público te exija que
acredites tu origen étnico. En el ‘94 cabían esos argumentos, porque el Convenio
169 no estaba ratificado, no existía la Constitución Provincial, no existía la
Declaración Universal [de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la ONU], no
existía el relevamiento territorial.
Hay una
impunidad y un abuso de poder sin límites en la provincia, porque ni siquiera
han actualizado sus argumentos. Incluso hay un fallo de la Corte Suprema del 10
de diciembre [de 2013], que ganó la Confederación contra el gobierno de Neuquén,
porque Sobisch había sacado un decreto [1184/02] para fundamentar estos
argumentos: “Hay que condicionarlo en cuanto a la cantidad de familias para
reconocer una comunidad. Tienen que demostrar una continuidad centenaria en el
espacio. Tienen que acreditar su origen étnico”. Todo eso lo escribió Sobisch en
un decreto, motivo de juicio que llegó a la Corte Suprema y falló que ninguno de
esos argumentos era válido y que ese decreto era inconstitucional (2). Cuando
salió el fallo de la Corte, dijimos: “Bueno, acá se acabaron todos los
argumentos, nunca más van a volver a decir eso”. Y ahora nos llega la respuesta
del pedido de personería de Campo Maripe donde repiten exactamente todos los
términos del decreto de Sobisch. O sea, hay una actitud decidida a negar, negar,
negar, y judicializar. Porque saben que un proceso judicial lleva diez, veinte
años; el fallo de la Corte llevó once años de proceso.
Ellos
apuestan a judicializar porque eso hace que pateen la pelota para adelante, y
nosotros apelamos a la resolución política, que el Estado de Neuquén se
comprometa a no violar más las leyes y a reconocer lo que tiene que reconocer.
No es una tarea sencilla porque el gobierno de Neuquén lleva 50 años en esta
política.
-Varios
puesteros nos plantearon que las relaciones con las empresas controladas por el
Estado -YPF y GyP- eran mucho más complicadas que con el resto. Y pensábamos en
esto que planteas con respecto al racismo del Estado, porque, de lo contrario,
no se entiende el desprecio al campesino, al indígena, que hace que entren a los
campos como si nada y no quieran ni pedir permiso. ¿Ustedes creen que se da de
esa manera?
JN: No
podría marcar esa diferencia porque las empresas transnacionales también usan y
abusan de esa impunidad que les da el Estado. El derecho a la consulta es un
derecho que estamos discutiendo con YPF, porque a YPF le conviene para su Plan
de Trabajo, pero el derecho a la consulta es un derecho que tiene que aplicar el
Estado. El Estado está obligado, antes de entregar una concesión, a verificar
que ese espacio esté libre, y si hay comunidades mapuche tiene que generar un
procedimiento de consulta a las autoridades comunitarias. El Estado lo que hace
es entregar a la empresa, nacional o trasnacional, el territorio supuestamente
libre. Y por eso es que las empresas usan esas ventajas que les da el Estado, y
cuando vas a reclamar dicen: “Reclámele al Estado, yo tengo acá mis papeles en
orden, apártense”, y te abren una picada. El conflicto es entre el Estado y el
Pueblo Mapuche, no hay ninguna duda.
-Funcionarios públicos de Añelo reconocían que a partir de la explotación masiva
de no convencionales se reconfiguraba el territorio, cambiaban los términos de
la ocupación y uso del suelo, pero subrayaban que la producción campesina, la
actividad de los crianceros, iba a permanecer, aunque con algunos cambios.
Decían que era posible la convivencia de la explotación petrolera con la
ganadería, pero que se perdería la cría animales en el monte y se tendría que
pasar a la cría a corral. Por la experiencia en las comunidades, ¿es posible que
puedan convivir ambos tipos de producción?
JN: Nosotros
decimos que es incompatible un modelo y otro. El modelo de pequeña ganadería que
el mapuche sostiene y que es parte de su forma de vida -que no digo que tenga
que ser un modelo único, que no se pueda transformar-, con el petróleo no puede
convivir, menos aún con el sistema del fracking. Esa ilusión que quieren crear,
que es posible que convivan, es la foto de Añelo con los viñedos y los pozos
petroleros de fondo. Te muestran esa postal, eso es una farsa, porque si vos
afectas lo más elemental para la salud y el ambiente, que es el agua, no hay
nada que pueda salvarse del impacto y las consecuencias.
Acá es como el “encuentro de culturas” que te querían mostrar [al conmemorarse] los 500 años [de la llegada de los españoles a América], eso fue un avance y un desplazamiento a sangre y fuego y la industria petrolera ingresa así a los territorios. No ingresa a debatir cómo pueden convivir ambos sistemas, entra y empieza a utilizar el criterio de tierra de nadie, y esa es la realidad que no logran revertir. Hay un objetivo absolutamente económico que es lograr una híper producción y no le importa el precio que se pueda pagar por eso.
-Más
que de cara a la Provincia, de cara a la sociedad, ¿es posible plantear el
debate sobre la administración de los recursos? ¿Está preparada la sociedad para
ese debate?
JN: Primero,
el que no está preparado es el Pueblo Mapuche para una estrategia de ese nivel,
porque al Pueblo Mapuche lo han condenado a estar en una política de resistencia
absoluta las últimas dos décadas, desde que llegó el petróleo a la región. Está
dentro del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en la
Constitución Nacional, que después se replicó en la Constitución Provincial; la
diferencia es que cuando se replica en la Constitución Provincial queda en la
parte dogmática, en cambio, en la Constitución Nacional, está como tarea del
Congreso elaborar leyes para. La Constitución de Neuquén dice: “Se reconoce la
preexistencia del Pueblo Mapuche, se reconoce la personería jurídica, la
transferencia del dominio de sus tierras, y se reconoce la participación en la
gestión de sus recursos naturales”. Ese “sus” es un principio de propiedad que
establece la Constitución, no dice “los recursos naturales del Estado”, porque
tiene que ver con un concepto de territorio. Entonces podría ser un principio
que nos permita establecer una estrategia de ser parte de los beneficios
económicos que pueda generar esa actividad, pero hoy el Pueblo Mapuche está en
un debate donde hay una posición de que hacerse parte de los beneficios de la
industria extractiva es hacerse parte de la destrucción que está generando. Por
eso hay una actitud cerrada del Pueblo Mapuche a debatir ese principio.
Nosotros ese principio lo queremos hacer valer para poder condicionar o ponerle un límite a tanta destrucción. Y lo utilizamos como argumento, pero para decirles: “paren, porque esto no es lo que el Pueblo Mapuche quiere y necesita para su futuro”. Una de las consecuencias más graves que ha generado la industria petrolera es que, a través de la cuestión material, ha quebrado la vida comunitaria, porque si perdés todos esos valores comunitarios que te dan identidad, basados en el buen vivir, en el küme felen, desapareces como cultura. Vos podés medir el impacto ambiental, podés hacer un estudio técnico, generar políticas de remediación de ese espacio, pero el daño cultural es de carácter irreparable. La sociedad tiene que lograr medir esas consecuencias, porque también un estigma que le quieren instalar a la comunidad mapuche, cuando la ven con un vehículo nuevo, con una casa nueva, es “de qué se quejan si los beneficios también han llegado a ellos”. Vos no podés medir los beneficios a partir de esa lógica capitalista del bienestar material. Lo que se reivindica como derecho es poder reconstruir la vida cultural mapuche, que ya sin el petróleo está intervenida por la política del Estado; el petróleo viene a profundizar y acelerar los procesos de destrucción comunitarios. Vaca Muerta va a atravesar alrededor de veinte comunidades. Estamos hablando de Campo Maripe pero en ese conflicto estamos dibujando el futuro que nos espera, el futuro inmediato. Si logran quebrar a Campo Maripe, en todos los sentidos: cultural y material, ese es el futuro inmediato que nos espera para las otras veinte comunidades que están atravesadas por Vaca Muerta.
-En
estos veinte años, si bien hay constantes, ¿ha cambiado la estrategia en la
avanzada del Estado y de las empresas sobre las comunidades? Por ejemplo, ¿se va
reemplazando la represión abierta por la apertura de canales de diálogo mediados
por ONGs?
JN: La
estrategia de Provincia no ha cambiado en lo absoluto, parten de que lo que hay
que hacer acá es negar, negar y negar, y reprimir jurídicamente. La Provincia
hoy está embarcada en una disputa de poder sobre esos recursos [no
convencionales] y los mapuches pasan a ser una cuestión secundaria, está tan
enfrascada y tan cegada por esa disputa que no alcanza a entender que hay un
actor del cual no van a poder liberarse, que son las comunidades.
De parte del Estado Nacional ha habido un poco más de apertura en esa política, lo que busca es ingresar por otros medios donde se puedan consensuar algunos pasos a dar, de hecho logramos con YPF acordar un protocolo de consulta en la comunidad de Kaxipayiñ. Pero no es mucho más lo que se puede avanzar con la petrolera, porque actúa en base a un campo que le abre la Provincia. Lo que le planteamos a YPF es que hoy es una empresa con mayoría de acciones del Estado Nacional. El eje del discurso oficial es poner los Derechos Humanos por sobre todas las cosas, por lo tanto debería dar un ejemplo de respeto a los Derechos Humanos. Sin embargo, todavía no han dado muestras de que estén dispuestos a asumir ese rol.
En medio de
esos actores -Nación, Provincia, Pueblo Mapuche- también opera toda una serie de
movimientos sociales, políticos, ONGs, que están involucrándose en lo que
implica convivir con esta industria, y con esos sectores el Pueblo Mapuche tiene
un mecanismo de relación permanente. Buscamos coordinar y fortalecernos, porque
ahí está la sociedad neuquina, la sociedad argentina, movilizándose también por
este tema.
-La
referencia a las ONG estaba dirigida a su rol en las políticas de
Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que ha tomado mucha relevancia en estos
años. Una parte de la renta petrolera va a llegar al Estado a través de fondos
de RSE cuya administración compartirá con fundaciones, como es el caso de la
Fundación YPF, y es en estas políticas que intervienen una serie de ONG que no
tienen nada que ver con la movilización social sino con la mediación. Hace
veinte años la RSE no tenía la importancia que tiene ahora. ¿Cómo está jugando
eso? A través de las políticas de RSE, del puente que se establece entre las
empresas y las comunidades, ¿se pueden plantear otras discusiones más allá de
aportes materiales?
JN: Es
difícil, porque esos mecanismos que va estableciendo el capitalismo, que llegan
atrás de la extractiva, se van convirtiendo en mecanismos para la extorsión a
las comunidades. Tenés una
relación con YPF como concesionario del territorio comunitario, pero después
tenés alrededor de 70 empresas de servicios, y cada una tiene un mecanismo de
extorsión con la comunidad para quebrar las voluntades, para permitir un trabajo
en libertad, para que no haya medidas de fuerzas. Es
ese mecanismo financiero: “yo te ayudo, colaboro con vos. Mi deber es que de lo
que yo gano dejarte una contribución al desarrollo”. Es un mecanismo de
extorsión permanente que rodea la familia mapuche. ¿Por qué? Porque es parte de
esta carencia de una política pública hacia el Pueblo Mapuche, no hay un acuerdo
estratégico entre los mapuche y el Estado para ver cómo se va a respetar la
forma de vida o el derecho de la comunidad. Y como no hay una política, cada
empresa establece su propia política de cómo se relaciona con la comunidad y qué
le va a ofrecer, incluso hasta tienen sus agentes sociales que van, ingresan y
les llevan propuestas. Y ante una situación de carencia material, de
vulnerabilidad, hasta son bienvenidos; porque llegan a cubrirle necesidades
básicas que el Estado debería estarle cubriendo.
Es un laburo silencioso de ir minando la voluntad y la resistencia de las comunidades todos los días. Hay comunidades que tienen claro y que no van a aceptar que con esos servicios le vayan a planificar la vida ni le vayan a comprar la voluntad de la lucha mayor. Pero hay otras comunidades que no, que están a pan y agua y que reciben felices la contribución de aquel que les hace un pozo, de aquel que les abre un camino, que le hace una posta sanitaria, un salón comunitario; recibe con alegría esa contribución. La lucha por la resistencia está interferida por todo ese tipo de intervenciones que son invisibles, tan disimuladas que nadie las ve, pero es parte de una industria criminal que se ramifica en nombre de todas esas empresas de servicios que están todos los días, que entran y salen del territorio.
-Después de
veinte años de conflictos permanentes generados por la concesión de territorio
mapuche para la actividad petrolera, ¿qué enseñanzas dejó esa resistencia para
enfrentar hoy la promoción de los no convencionales?
JN: Tenemos
en contra todo, los medios de comunicación, que están totalmente comprados por
esta industria, con un mensaje permanente a la población que no hay otra forma
de salir de la crisis; pero no tenemos que bajar los brazos. Nos sentimos
fortalecidos porque estamos coordinando con distintas fuerzas esta resistencia y
ya no es una lucha del Pueblo Mapuche contra el fracking, la lucha no es en
adhesión al Pueblo Mapuche, es una lucha con el Pueblo Mapuche. Hoy los
neuquinos entienden que el conflicto es global, por lo tanto hay que consolidar
ese mecanismo de coordinación, de frentes comunes que hay que hacer para
enfrentar semejante monstruo que arrasa con todo. Tenemos a favor, si se puede
decir que tenemos algo a favor, que el impacto del fracking lo podemos mostrar
hoy, no tenemos que hacer futurismo, lo mostramos con lo que ha quedado en los
distintos pueblos donde ha avanzado el petróleo. De eso sí tenemos mucho para
contar, y es un elemento para potenciar la resistencia. Estamos enfrentándonos a
este monstruo porque sabemos lo que va a pasar. No lo imaginamos, lo sabemos, y
eso es lo que hay que hacer a través de todos los medios.
Notas:
1. Las referencias a la ‘fabricación’ de las comunidades Kaxipayíñ y Logko Puran datan de mediados/fines de la década del ’90, mientras que las de Huenctru Trawel Leufú son de mediados de la década pasada.
2. Para más detalles del caso ver http://odhpi.org/2013/12/corte-suprema-fallo-a-favor-del-pueblo-mapuche-y-contra-el-gobierno-de-neuquen/
1. Las referencias a la ‘fabricación’ de las comunidades Kaxipayíñ y Logko Puran datan de mediados/fines de la década del ’90, mientras que las de Huenctru Trawel Leufú son de mediados de la década pasada.
2. Para más detalles del caso ver http://odhpi.org/2013/12/corte-suprema-fallo-a-favor-del-pueblo-mapuche-y-contra-el-gobierno-de-neuquen/
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Mientras el Congreso veranea, nosotros
luchamos
15 de enero de 2015
15 de enero de 2015
Por
Jubilados
del Transporte en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y
Pensionados de la República Argentina e integrantes del Espacio Amplio de la CTA
de Lomas de Zamora
No hay
receso vacacional que nos detenga. Este miércoles, los jubilados y pensionados
volvimos a encontrarnos en Congreso, en la marcha 1188, para continuar exigiendo
que la Cámara de Diputados trate y apruebe nuestro proyecto de Nueva Ley Previsional. No queremos más trabajadores jubilados bajo la línea de pobreza ni
una cobertura médica miserable.
Allí
estuvimos también los Jubilados del Transporte en la Mesa Coordinadora Nacional
de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina,
integrantes además del Espacio Amplio de la CTA de Lomas de Zamora.
En las
puertas del Congreso Nacional y en todo el país continuamos con la campaña de
recolección del millón de firmas para avalar el tratamiento del proyecto
legislativo, que ya fue presentado hace tiempo y desde entonces espera salir del
cajón de los olvidos.
Los
principales puntos de nuestros reclamos continúan en pie, siempre bajo la
consigna de la unidad en la acción y la movilización permanente:
- 82% móvil en los haberes de todos los jubilados y pensionados.
- Tratamiento urgente del proyecto de la nueva ley previsional para que se terminen las medidas que el menemismo aplicó sobre las espaldas de los trabajadores en 1993.
- Fin de la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Convocamos a un amplio debate sobre nuestro proyecto de Ley de Normalización del Instituto, que hay que presentarlo nuevamente en el Congreso porque la falta de compromiso de muchos de nuestros legisladores hizo que pierda estado parlamentario.
- Cabe recalcar que en enero de este año, el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 4.716 pesos. En tanto, la canasta básica de un adulto mayor es de 6.700 pesos y el haber mínimo de un jubilado o pensionado es de 3.136 pesos. Por lo que exigimos un aumento de emergencia de 3.000 pesos en todas las escalas ¡YA!
Vale recordar que nuestra lucha no es sólo a favor de los trabajadores jubilados
de hoy, sino también de quienes ahora son trabajadores activos y en un futuro
estarán en nuestro lugar.
Si no se
pone fin al trabajo no registrado o precarizado, si no se gravan con impuestos
las transacciones financieras, si no se realiza una reforma profunda del sistema
tributario y si no se derogan las leyes vigentes del menemato, no habrá
incremento de recursos para la caja de la previsión social y, en consecuencia,
los trabajadores jubilados seguiremos formando parte de un sector empobrecido.
Es desmitificar al capitalismo humano, conque el relato K ilusiona, probando qué significaron el desendeudamiento y el reclamo presidencial a los trabajadores de ser racionales y no exigir salarios que les permita sostener la canasta familiar.La confiscación de la Anses para el pago de la deuda externa 18 de julio de 2013 | Edición Impresa #1277Por Sergio Szulman (Partido Obrero)El gobierno informó que el 58% de la deuda pública al 31 de diciembre del año pasado fue transferida al Banco Central, la Anses, Banco Nación y otros organismos públicos. Así, el kirchnerismo sigue engrosando un millonario pagadios sobre los organismos oficiales para destinar sus fondos a subsidios a la burguesía (especialmente, las empresas "privatizadas" por el menemismo y el pago de la deuda externa). Además, la deuda con los organismos públicos se deprecia de manera permanente, ya que una gran parte de ella no tiene intereses ni actualizaciones y está pesificada -como es el caso de los "préstamos garantizados", los que son transferidos por el BCRA al Tesoro nacional, por un monto que llega a los 145.000 millones de pesos. Como contrapartida, el Banco Central le pide prestado a los bancos una suma similar, por la cual abona un interés anual del 18% anual, con una pérdida por año de 26.000 millones de pesos.70.000 millones de pesos confiscados al Anses en cinco años Esta pérdida del Banco Central para prestarle al gobierno para el pago de la deuda externa es finalmente pagada por los trabajadores, ya que el BCRA compensa las pérdidas con más emisión monetaria, lo cual alimenta la inflación. En el caso de la Anses, el organismo de los jubilados le transfirió al gobierno el 61,5% de sus activos -una suma mayor a los 62.000 millones de pesos. Aquí también se trata de un gran pagadiós, con títulos mayoritariamente en pesos que vencen en 2045 -los cuales, además, se deprecian año a año, debido a que el gobierno no paga las actualizaciones correspondientes. Sólo en los últimos cinco años, se le ha confiscado a la Anses más de 70.000 millones de pesos: esa deuda la ha borrado de su contabilidad.Esto se debe, en primer lugar, a que la Anses concentra la mayoría de los títulos actualizados por los índices de inflación dibujados del Indec. Esta depreciación tiene como consecuencia una sobreestimación de pagos por otro ítem de deuda pagada a los bancos y privados- la vinculada con el crecimiento del PBI. Como el gobierno le confiscó en 2008 a la Anses los títulos PBI y le dejó los títulos atados a la inflación, el perjuicio es doble. Finalmente, el gobierno obliga a la Anses a depositar más del 40% de los plazos fijos en el Banco Nación, a tasas del 8% anual. Este banco utiliza la diferencia que se ahorra (las tasas bancarias por grandes depósitos son actualmente del 18% anual) para transferirle más fondos al gobierno para el pago de la deuda externa.Récord de deuda Sólo porque ha transferido la mayor parte de la deuda pública a los organismos públicos a cambio de confiscar sus recursos, el kirchnerimo no ha repetido el "defol" de 2001. El último informe oficial da cuenta de un aumento de la deuda pública de más de 19.000 millones de dólares el año pasado, todo acumulado en los organismos oficiales. La deuda llega, así, a los 225.000 millones de dólares, incluyendo los cupones PBI y la deuda litigada por los fondos buitres (a los que se les hizo una oferta de pago recientemente). El aumento es de 71.800 millones de dólares durante el período kirchnerista; más del 48% desde 2003. Esta cifra destrona al menemismo, el cual ostentaba el récord anterior de 56.000 millones de dólares de incremento, y sube el índice de la deuda pública a más del 51% del PBI. Si se suman los intereses a pagar con las deudas de otros organismos públicos y las provincias, la deuda pública supera los 350.000 millones de dólares.Los "Unen", Massa y demás "opositores" han participado desde este mismo gobierno y desde los anteriores en la confiscación de los jubilados para el pago de la deuda. Sólo el Frente de Izquierda lucha por detener esta confiscación, por el desconocimiento de la deuda externa y el 82% móvil para los jubilados, así como por una Anses administrada por los propios trabajadores y jubilados.
Es
instalar la percepción y el análisis abajo de cómo/porqué los relatos y
discursos K nos manipulan para censurar el disenso y ocultar el carácter
antipopular del crecimiento gran capitalista y del Estado que lo garantiza.
Es facilitar el deschave de quién está detrás de la autoridad de su alto
cargo y la contextualización de discursos o hechos para que esos escrutinios
de la realidad sumen a ir volviendo patente cómo el capitalismo progresa
ensanchando la desigualdad e injusticia social y pervirtiendo la democracia
representativa.
Un ejemplo es la interpelación desde el gabinete CFK y aprovechando el
consenso de tachar de necio a quien no reconoce como positivas a medidas
gubernamentales encubridoras del modelo negrero que completa al
extractivista y al pagador serial de la estafa oficializada como deuda
externa a costa de empobrecer el país y su gente.
Insólito: Stolbizer en contra de la Asignación Universal por Hijo
26 de febrero de 2015
El director
de la ANSES, Diego Bossio, le envió una misiva a la diputada de FAUNEN en
defensa de la Asignación Universal por Hijo. Esto fue en respuesta a una carta
abierta que Margarita Stolbizer publicó en las redes sociales. La misma estaba
destinada a la presidenta Cristina Fernández y criticaba la Asignación Universal
por Hijo, medida del Kirchnerismo que fue y es ponderada por la oposición y por
el mundo.
En dicha misiva, la
diputada sostuvo:
“Que después de casi 12 años de gobierno sigan repitiendo que
la AUH es un logro resulta casi una vergüenza. Sí, es cierto, es una contención
social, financiada, o explicada por los sueldos miserables de la mayoría de los
jubilados, ya que todo sale de la ANSES. ¿No le da vergüenza que los pobres
financien a los pobres y además que el dinero se le esfume en las manos con la
inflación que golpea al bolsillo del que menos tiene? Seguimos esperando una
propuesta para que los que más tienen más paguen y así hacer operativos derechos
reales de los que menos tienen. De la misma manera que los tan anunciados
programas especiales de promoción son apenas paliativos, muchas veces
mentirosos, que no llegan a tener ejecución, pero buscan esconder que en todos
estos años seguimos teniendo una tasa intolerable de empleo precario y familias
en condiciones de exclusión”.
Por su
parte, Bossio, respondió duramente:
Carta abierta a la Diputada Stolbizer en defensa de la Asignación Universal por
Hijo
25 de febrero de 2015
Los
argentinos tenemos por delante el desafío de discutir los temas realmente
importantes de cara a un período en el que, como ciudadanos, estamos llamados a
elegir el modelo de país que nos gobernará por los próximos años.
Pero antes
de ir al motivo de esta carta, quiero realizar una breve introducción.
Hoy nos
sorprendimos con una Carta Abierta que, en parte, motiva e inspira ésta. Una
carta en la que la diputada Margarita Stolbizer se erige en jueza moral de la
Nación y en la que arremete duramente contra la Presidenta al acusarla de
inhumana, soberbia, insensible, destructiva y cuanto calificativo se le haya
ocurrido. Lengua barroca la de esta legisladora.
Así como
leyó, autodefinida como dueña moral de la sensibilidad y del respeto de todos.
Dónde alecciona lo que el pueblo debe entender por ello y dónde afirma que a
“muchos”, no les gusta el tono de la Presidenta cuando habla o escribe. A
“muchos” dice Stolbizer, pretendiéndolo representarlos en su postura.
Barroca
imaginación y barrocas palabras…
Pero no se
escude en “los demás”, Diputada, o en “los muchos” o en “los otros” para decir
lo que opina. No lo haré yo. Tampoco lo hace la Presidenta de la Nación, quien
habla por sí misma, con sinceridad y tal como es.
Porque, a
veces, los seres humanos encontramos en los otros los defectos propios. Me
pregunto: ¿qué es ser “constructivo” para Ud., que ha formado parte de gobiernos
que tiraron abajo el país? “Abajo” no; que lo hundieron, para ser más precisos.
Esos
gobiernos de los que Ud. no opinó sobre si eran políticamente correctos o
sensibles. Se paraban como señoritos frente a las cámaras. Esos sí eran señores
porque mansamente y de modo cordial respondían atentamente a una agenda impuesta
por la élite dominante en el país.
Usted,
Stolbizer, habla de los que se apropiaron de nuestras riquezas, de nuestras
instituciones… ¿Revisó Ud., por caso, a quiénes le dan aire y espacio mediático
hasta el cansancio? ¿Revisó sus acciones? ¿Revisó o actualizó el discurso del
progresismo en el cual Ud. forjó sus ideas?
Me sorprende
que hoy Ud. crea en un nuevo eje del mal en la voluntad política redistributiva,
y que sustente su defensa desde las plataformas que malearon las instituciones
del país a su antojo durante décadas en la historia del país. Casi que percibo
que paga favores en sus discursos, porque no dejo de sorprenderme de lo cambiado
que está su progresismo…
Un
progresismo “paqueto” donde los “muchos” no necesariamente son los que menos
tienen. Donde sus “muchos” (aun con toda la legitimidad de serlo y Ud., de
apoyarlos y defenderlos) suelen ser casi siempre los menos. Pero, como estamos
en una democracia representativa, cualquier ciudadano tiene derecho a hacer oír
su voz, a expresar su punto de vista (incluyéndola a Ud., por cierto).
Lo que me
sorprende es que la autonomía de la política sea la explicación del mal en el
presente. Y déjeme serle franco: no me gusta su postura, ni la comparto. Sé que
Ud. abrevó desde la ética de la solidaridad y yo me formé desde la justicia
social. Lo cierto es que ambos valores son convergentes. Por ende, no deberíamos
estar muy lejos cuando pensamos en el rol del Estado. Pero Ud. se alejó y hoy
está más cerca del rol del mercado (digo esto pensando desde dónde y para quién
habla).
Y es
evidente que hay quejas. Sabemos que siempre puede haberlas, algunas más fuertes
que otras. Es sobre ellas desde donde tomamos decisiones. Sabemos cuánto nos
falta. Pero también sabemos que, aunque haya reclamos justos, no siempre son
inocentes. Respecto a la última manifestación, nunca podremos convalidar el
reclamo de un puñado de fiscales interesados, sospechados y recusados, en
algunos casos, por mal desempeño.
Tampoco
podemos convalidar el reclamo de quienes quieren cambiar un gobierno porque no
les gusta. Vea los reportajes, escuche los testimonios… Para eso están las
elecciones. Para premiar y darle continuidad a las políticas o para cambiar
rumbos. Sabemos de ambas cosas porque en el juego democrático nos ha tocado
ganar y perder.
Y, como en
este país nadie es dueño de la palabra, ni del silencio, Ud. puede comentar
todos y cada uno de los gestos y acciones de la Presidenta, pero no intente
encuadrar a la Presidenta en el estilo que a Ud. mejor le parezca. Porque la
máxima investidura de un país también tiene el derecho a expresar su punto de
vista que, sin dudas, es compartido por la gran mayoría silenciosa de
argentinos. Mayoría silenciosa que, pese a la desinformación y la manipulación
con la que se ha manejado la marcha del 18F, busca entender y comprender cuáles
son los verdaderos intereses en juego. Hace bien la Presidenta en explicar a los
argentinos qué hay detrás del 18F, porque es su deber constitucional la defensa,
la protección y la profundización de la democracia como sistema de gobierno.
Ud. habla de
muchas causas judiciales que existen y seguirán existiendo. Es verdad. Y
lamentablemente. Pero también es cierto que este gobierno fue el que más hizo
para contribuir al esclarecimiento del atentado de la AMIA. Y fue esta
Presidenta, tanto cuando fue senadora como ahora, la que más contribuyó para
encontrar la verdad. Y no está bien, ni mucho menos es creíble, que quiera
correr por izquierda a este gobierno en ese tema.
Ud. se
preocupa denodadamente por la relación entre la política y la Justicia. Nosotros
también nos preocupamos por la relación entre la Justicia y la política. Pero
así, en ese orden. Porque la orquestación del aparato judicial para producir
hechos políticos a posteriori de cada uno de sus actos, tiene pocos antecedentes
tan groseros en el país.
Y más
sorprendente es que Ud., que tanto alaba al sector judicial, lo primero que haga
sea denostarlo al dedicarse a juzgar (ya como cosa dada y cerrada) a cada
funcionario que se le venga a la cabeza, rompiendo cualquier atisbo del
principio de inocencia que rige en el país. Pero lo entiendo y no es casual. Es
la misma práctica que un grupo de medios viene haciendo desde hace años. Y Ud.
paga favores, copia estilos, reproduce argumentos.
Mientras más
repite y repite las denuncias de los medios opositores sin sustento, sin pruebas
y sin criterio, más ensucia el debate y ubica a la política al servicio de la
antipolítica. Eso suele traer más que dolores de cabeza a la salud institucional
de una República y Ud. lo sabe bien…
Le
agradezco, además, su franqueza por sentirse “cansada” de nuestros logros y
considerarlos “espejitos de colores”. Nos ahorra un análisis del discurso. Por
suerte, Ud. los considera logros, a diferencia de Ernesto Sanz, que los
repudiaba. Pero su cansancio no es precisamente el mismo tipo de cansancio de
los que pasaron décadas olvidados. La Asignación Universal por Hijo, como muchas
otras medidas, constituye una verdadera reparación básica de la dignidad
nacional.
Recuerde que
en el primer gobierno de la democracia quebró el sistema de la Seguridad Social.
Recuerde, además, que en el segundo no solo quebró, sino que a la Seguridad
Social la vendieron y la convirtieron parcialmente en deuda externa. Y recuerde,
también, que hubo una época, ya en pleno siglo 21, que además de haberse
quebrado y vendido, lo que quedaba del sistema de Seguridad Social, éste
colapsó, dejando a la mitad de los abuelos desamparados y a más de la mitad de
los argentinos bajo la línea de pobreza.
Déjeme serle
honesto en lo que pienso. En el fondo, no son tan distintos en el modo de pensar
con Ernesto Sanz. En ambos hay un desprecio por la política social más inclusiva
de los últimos años, como es la Asignación Universal por Hijo (AUH), impulsada
por la Presidenta desde 2009. La AUH es la política social más importante en
términos presupuestarios, más efectiva en sus resultados y más transparente en
su implementación en toda la historia del país. Es un gran logro de la sociedad.
Y la implementación de esta política ha sido destacada por organismos como la
ONU y la OIT.
De nada
sirve decir que se está de acuerdo con la AUH en abstracto y, en concreto, se
plantee su destrucción por medio del desfinanciamiento. La AUH es posible
gracias a una economía que creció, que ha creado empleos apostando al mercado
interno y que, además, por la decisión de la Presidenta, eliminó el fraudulento
sistema de las ex AFJP, donde los ahorros de los trabajadores iban a la timba
financiera. Hoy, el ahorro de los argentinos está en los argentinos. No solo con
políticas como la AUH, sino principalmente en el sistema previsional.
Es falso
decir que la AUH se financia con el sistema de aportes y contribuciones, porque
del total de los ingresos de la ANSES, solo el 61,7% se corresponden a aportes y
contribuciones, y el 38.3% restante proviene del impuesto a las ganancias, el
IVA, el impuesto a los combustibles y a los cigarrillos, entre otros. Estos
impuestos los pagan todos, sean trabajadores formales o no formales. Por eso,
así como existe un sistema de Asignaciones Familiares para los trabajadores
formales, es justo que el Estado acompañe a las familias y a los niños de los
trabajadores informales con la AUH. Porque todos pagan estos impuestos.
Informarse, señora Diputada, es un deber de un dirigente político si quiere
hablar a su pueblo con la verdad.
Nunca hubo
en Argentina una cobertura previsional como la que hoy tenemos: más del 95% de
los adultos mayores tienen una jubilación o pensión, mientras que antes de este
gobierno, 1 de cada tres no tenía ingreso previsional. Perdón si le aburren las
cifras, pero hoy tenemos más de 6 millones de jubilaciones y pensiones, cuando
hace menos de 10 años eran 3,1 millones. No solo aumentaron la cantidad de
jubilados, sino que también mejoraron sus ingresos. Pueden compararlo con el
índice que quieran, pero es claro que hoy el poder adquisitivo de una jubilación
mínima es el mayor de nuestra historia reciente. Tomemos como ejemplo que, en la
década de los ‘90, la jubilación mínima era de $150 (o 150 dólares), mientras
que hoy es de $3.821 (o 442 dólares). Esto incluso fue reconocido recientemente
por el Banco Mundial, a quien nadie puede acusar de “oficialista”.
Nada de esto
es una casualidad. Es el resultado de las políticas de inclusión previsional
iniciadas por Néstor Kirchner y continuadas por Cristina Fernández de Kirchner.
El gasto previsional total se duplicó, como porcentaje del PBI. El total de
recursos administrado por la ANSES pasó del 4,6% (2004) al 10,4% (2014) del PBI.
El total del gasto previsional de la ANSES (o sea el total de jubilaciones y
pensiones pagadas durante un año) pasó del 3,3% del PBI al 7,1%, en el mismo
lapso.
Quizás,
Diputada, no le guste hablar de números, ni de logros… Porque los del gobierno
de la Alianza dan bastante vergüenza. Sí, hablo de la gestión que le descontó el
13% a los jubilados y pensionados de todo el país durante la recesión y crisis
más importante que vivimos. Quizás no le guste recordarlo… Pero es desde las
quejas y el dolor desde donde tomamos decisiones.
Por eso
aunque a Ud. la canse hablar de lo que hemos logrado en esta década, para
nosotros es fundamental para reafirmarnos en este camino de inclusión, de la
defensa del mercado interno y de la administración transformadora.
La ANSES (a
la cual Ud. critica -y mucho-) estaba destinada a desaparecer en los ‘90. Sin
embargo, hoy actúa como una gran polea de redistribución de ingresos, un
organismo del Estado Nacional que administra en forma eficiente y transparente
una parte relevante de la inversión social.
Cada uno
tiene el derecho a pensar como mejor le parezca, a opinar o a permanecer
callado. Nosotros queremos seguir expresándonos con firmeza y claridad para
contribuir al debate electoral que los argentinos tenemos por delante.
Y lo hacemos
con hechos concretos. Con lo que se pudo transformar, con lo que se está
transformando y con lo que nos falta por hacer.
Saludos
cordiales,
Diego Bossio
Fuente:
http://vn24.com.ar/?p=44454
Averigüemos un poco:
♣ En nuestro país se estafa a los jubilados
1 de febrero de 2015
Análisis de
Roberto Domingo
El 30/01/2015, en un nuevo discurso en cadena nacional, nuestra Presidente
intentó, frente a sus principales adeptos, convencer a la audiencia de algo
irreal. Nos referimos a las palabras que dedicó al sector pasivo, el cual, como
hace décadas, se encuentra en una muy mala situación en Argentina.
Pensamos así no sólo por ser opositores a las políticas de corte populista implementadas por esta administración, sino porque del análisis de los números que expondremos seguidamente la conclusión puede ser una sola: en nuestro país se estafa los jubilados.
No hay aumento en las jubilaciones, sino ajuste por inflación
En 2014, por aplicación de la Ley nº 26.417 (ley de “Movilidad Jubilatoria”, sancionada en octubre de 2008), el aumento total otorgado fue de un 28,62%. Esta cifra surge de la sumatoria de los incrementos de Marzo, de 11,31%, y de Setiembre, de 17,31%. Durante el mismo periodo, la inflación real rozó el 39%.
Esto significa, ni más ni menos, que en 2014 nuestros pasivos perdieron poder adquisitivo por un 10,38%, por la diferencia entre el incremento del monto de los haberes jubilatorios y la inflación. Esto sin considerar que los aumentos otorgados por ANSES siempre son posteriores a los aumentos de precios de la economía.
Queremos mencionar que, según el anuncio, el haber mínimo jubilatorio se va a incrementar a partir de Marzo de 2015 en un 18,26%. Su monto en pesos será entonces de $ 3.821,73.
Quienes cobran la jubilación mínima son pobres
Existen muchas formas de medir la pobreza, las cuales varían según el economista que la analice. Pero nadie discutirá que el concepto de cubrir las necesidades básicas de una persona hace referencia a darle los medios, la capacidad de obtener los artículos y servicios indispensables para su vida. Para definir cuáles son las necesidades básicas deben tenerse en cuenta muchas características y condiciones particulares de cada sociedad. En este sentido, Argentina no se parece a otros países latinoamericanos, ya que, por tener una clase media más consolidada y una larga tradición en materia de conquistas de derechos sociales, las expectativas de nivel de vida y las exigencias de los ciudadanos son más elevadas.
En lo que se coincide, no importa el pelaje del experto que lo estudie, es que el ingreso de cada habitante es un indicador muy claro para entender la situación en la que nos encontramos. Y desde esta perspectiva, el diagnóstico no es muy alentador:
El mentiroso INDEC afirma que el 24,8% de nuestros jubilados vive en hogares en los cuales sólo se perciben ingresos previsionales. Es decir, que 1,86 millones de pasivos viven en hogares donde el único ingreso es su jubilación. El 53% de los pasivos totales, 3,97 millones, cobran el haber mínimo: hoy en día de $ 3.231. Traducido a una moneda que conserva su poder adquisitivo, significa que casi 4 millones de jubilados viven con 7,86 dólares por día. Y esto, mal que le pese a muchos y principalmente al oficialismo en Argentina, es SER POBRE.
Pensamos así no sólo por ser opositores a las políticas de corte populista implementadas por esta administración, sino porque del análisis de los números que expondremos seguidamente la conclusión puede ser una sola: en nuestro país se estafa los jubilados.
No hay aumento en las jubilaciones, sino ajuste por inflación
En 2014, por aplicación de la Ley nº 26.417 (ley de “Movilidad Jubilatoria”, sancionada en octubre de 2008), el aumento total otorgado fue de un 28,62%. Esta cifra surge de la sumatoria de los incrementos de Marzo, de 11,31%, y de Setiembre, de 17,31%. Durante el mismo periodo, la inflación real rozó el 39%.
Esto significa, ni más ni menos, que en 2014 nuestros pasivos perdieron poder adquisitivo por un 10,38%, por la diferencia entre el incremento del monto de los haberes jubilatorios y la inflación. Esto sin considerar que los aumentos otorgados por ANSES siempre son posteriores a los aumentos de precios de la economía.
Queremos mencionar que, según el anuncio, el haber mínimo jubilatorio se va a incrementar a partir de Marzo de 2015 en un 18,26%. Su monto en pesos será entonces de $ 3.821,73.
Quienes cobran la jubilación mínima son pobres
Existen muchas formas de medir la pobreza, las cuales varían según el economista que la analice. Pero nadie discutirá que el concepto de cubrir las necesidades básicas de una persona hace referencia a darle los medios, la capacidad de obtener los artículos y servicios indispensables para su vida. Para definir cuáles son las necesidades básicas deben tenerse en cuenta muchas características y condiciones particulares de cada sociedad. En este sentido, Argentina no se parece a otros países latinoamericanos, ya que, por tener una clase media más consolidada y una larga tradición en materia de conquistas de derechos sociales, las expectativas de nivel de vida y las exigencias de los ciudadanos son más elevadas.
En lo que se coincide, no importa el pelaje del experto que lo estudie, es que el ingreso de cada habitante es un indicador muy claro para entender la situación en la que nos encontramos. Y desde esta perspectiva, el diagnóstico no es muy alentador:
El mentiroso INDEC afirma que el 24,8% de nuestros jubilados vive en hogares en los cuales sólo se perciben ingresos previsionales. Es decir, que 1,86 millones de pasivos viven en hogares donde el único ingreso es su jubilación. El 53% de los pasivos totales, 3,97 millones, cobran el haber mínimo: hoy en día de $ 3.231. Traducido a una moneda que conserva su poder adquisitivo, significa que casi 4 millones de jubilados viven con 7,86 dólares por día. Y esto, mal que le pese a muchos y principalmente al oficialismo en Argentina, es SER POBRE.
Rigurosos estudios indican que los 150 pesos – dólares (5 dólares diarios) que percibieron hasta 2002 los miembros de la clase pasiva que cobraban el haber mínimo, tienen un poder adquisitivo similar a los $ 3.231 de la jubilación mínima de hoy. Esto se explica porque, a pesar de los grandes incrementos nominales, 2.054% en el período 2003-2014, la altísima inflación, una de las más importantes del mundo, incrementó los precios internos en una medida equivalente. Muchos oficialistas niegan este hecho poniendo como ejemplos precios aislados de algunos artículos, como el incremento del arroz entre 2003 y 2014, aumento del pan en el mismo periodo, el de la carne, etc. Sin embargo, cuando analizamos el poder de compra del haber mínimo con el incremento general de precios, llegamos a la conclusión de que las afirmaciones de estos estudios son correctas. Para nosotros, los desarrollistas, lo importante de ese análisis es que tanto en 2002 como en 2015 el monto del haber mínimo resultaba y sigue resultando insuficiente, y que, antes como ahora, un jubilado que percibe la jubilación mínima en Argentina, repetimos, es pobre.
Mayor cobertura, menores haberes
La inclusión de personas en edad pasiva, moratoria mediante, fue una solución a muchos años de desorden y crisis, es cierto. Pero nuestra crítica apunta hacia la forma en que se realizó este proceso de inclusión. El resultado, en efecto, es que los jubilados y aportantes legítimos fueron los que realmente sostuvieron económica y financieramente este sistema, NO EL GOBIERNO. Esta afirmación, nuevamente, la vamos a respaldar.
La inclusión de personas en edad pasiva, moratoria mediante, fue una solución a muchos años de desorden y crisis, es cierto. Pero nuestra crítica apunta hacia la forma en que se realizó este proceso de inclusión. El resultado, en efecto, es que los jubilados y aportantes legítimos fueron los que realmente sostuvieron económica y financieramente este sistema, NO EL GOBIERNO. Esta afirmación, nuevamente, la vamos a respaldar.
Durante la administración Kirchner, el número de jubilados que perciben la mínima creció exponencialmente, aumentando la proporción que representan sobre el total de los integrantes del sector pasivo. Este efecto se explica por el rezago de las jubilatorias que eran mayores a la mínima, las cuales se actualizaron sistemáticamente a una tasa inferior a la inflación, y llevó a que terminaran equiparándose con el haber mínimo. Esta política se impulsó deliberadamente para financiar la incorporación de más de 3,5 millones de personas que no poseía aportes al sistema previsional: se permitió y se permite, ya que se encuentra vigente una nueva moratoria, ingresar al sistema sin contar con los requisitos de 30 años de aporte exigidos por la ley. Pero como en economía todo hay que pagarlo, nada es gratis, los verdaderos “benefactores” de tal liberalidad fueron, como decimos, los aportantes legítimos del sistema: los jubilados actuales y, por supuesto, los jubilados futuros.
Una prueba más que apuntala nuestros argumentos, es la forma de cálculo de los aumentos de ley de “Movilidad Jubilatoria”. Tengamos en cuenta los parámetros que se consideran para realizar los cálculos de las actualizaciones de Marzo y Setiembre, cada año: el salario de la clase activa, los recursos previsionales y tributarios, la evolución de los recursos previsionales, específicamente, y, finalmente, la CANTIDAD DE BENEFICIARIOS. Esta última variable deja en claro cuál es el efecto de incrementar la cobertura sin aumentar la cantidad de aportantes: A MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS, MENOR AUMENTO, o, lo que es lo mismo, por cada incorporado al sistema sin aportes, menor es el aumento para todos.
¿Para qué se confiscaron los fondos de las AFJP?
Unas palabras sobre el discurso de barricada referido la confiscación de los fondos a las AFJP en 2008, previo a aclarar que nunca estuvimos de acuerdo con el sistema privado de jubilación o de “capitalización” Cavallista (ley nº 24.241). “Sé que va a haber muchas presiones porque no son pocos los intereses que tocamos”,decía nuestra presidente cuando confiscaba los fondos de las AFJP. Sin embargo, las presiones y los juicios contra el Estado Nacional nunca aparecieron, ¿cómo se explica?.
La razón es algo sencilla: las comisiones se percibían, por ley, al principio, es decir cuando el trabajador aportante se afiliaba a determinada AFJP. Es decir, no se realizaba el cobro a través de los meses o durante el período de aporte, SINO AL PRINCIPIO. Esto derivó en el frenesí inicial, quien vivió aquellos años puede corroborarlo, y terminó enfriándose después, porque las comisiones sustanciosas se percibían al comienzo de la relación afiliado-AFJP y, luego, el manejo de los fondos se hacía tedioso, ya que la propia ley indicaba la cartera de inversiones en las que debían colocarse los fondos y los rendimientos no eran significativos e incluso, a veces, hasta negativos.
Unas palabras sobre el discurso de barricada referido la confiscación de los fondos a las AFJP en 2008, previo a aclarar que nunca estuvimos de acuerdo con el sistema privado de jubilación o de “capitalización” Cavallista (ley nº 24.241). “Sé que va a haber muchas presiones porque no son pocos los intereses que tocamos”,decía nuestra presidente cuando confiscaba los fondos de las AFJP. Sin embargo, las presiones y los juicios contra el Estado Nacional nunca aparecieron, ¿cómo se explica?.
La razón es algo sencilla: las comisiones se percibían, por ley, al principio, es decir cuando el trabajador aportante se afiliaba a determinada AFJP. Es decir, no se realizaba el cobro a través de los meses o durante el período de aporte, SINO AL PRINCIPIO. Esto derivó en el frenesí inicial, quien vivió aquellos años puede corroborarlo, y terminó enfriándose después, porque las comisiones sustanciosas se percibían al comienzo de la relación afiliado-AFJP y, luego, el manejo de los fondos se hacía tedioso, ya que la propia ley indicaba la cartera de inversiones en las que debían colocarse los fondos y los rendimientos no eran significativos e incluso, a veces, hasta negativos.
Los bancos, los dueños de las AFJP, fueron echados de un negocio donde ya habían cobrado sus comisiones al comienzo y el Estado Nacional les sacó la tarea de hacerse cargo de los fondos que no les pertenecían, GRATUITAMENTE. Es esta la razón por la cual nunca hubo una catarata de juicios por resarcimientos de parte del sector financiero, y, además, ANSES absorbió sus plantas de personal. Resultado: negocio redondo. Mientras, el Estado se quedó con 98.000 millones de pesos que los gastó en un abrir y cerrar de ojos, crisis global del 2008 y fin del “viento de cola” mediante. El ideólogo de todo esto fue el ex UCEDE Amado Boudou, lo cual lo catapultó a la Vicepresidencia de la Nación.
¿Qué debe hacerse?
Una política de desarrollo implica sincerar los haberes jubilatorios. Esto no significa tomar ciertas medidas aisladas para el sector, sino que debe sincerarse toda la economía: precios, tarifas, tipo de cambio, sueldos y por supuesto dentro de estos, las jubilaciones. Una vez fijado el haber mínimo a valores acordes con las necesidades del pasivo, modificarse la forma de cálculo de los aumentos y atarlos al índice inflacionario real.
El método de cálculo utilizado actualmente fue inventado por el Ministro Cavallo, algo que parece olvidar nuestra Presidente, e incorpora la evolución de la recaudación impositiva y previsional en la fórmula para determinar cuánto deberán aumentarse los haberes. Esto equivale a decir: dependiendo de cuánto dinero tengo, veo cuanto les aumento. En realidad, el aumento debería estar relacionado con lo que la persona percibía cuando trabajaba y no con la situación financiera del gobierno.
El sinceramiento dará paso a la inversión y esta desplegará un espectro de posibilidades inmensurable. El sinceramiento de los salarios implica inmediatamente una mayor recaudación, porque se producen aportes sobre sueldos acordes con una economía actualizada y sincerada. Quienes indican que esto produciría inflación desconocen las verdaderas causas del fenómeno: la inflación es causa del subdesarrollo, no del aumento de sueldos o de jubilaciones.
Finalmente, queremos denunciar que en una economía que aplica políticas populistas el desenlace puede ser uno solo: todos los sectores activos y pasivos deberán soportar la crisis final, y los de menores recursos, como siempre, deberán cargar con el mayor peso. Todo esto porque ninguno de los problemas de fondo de nuestro país ha sido resuelto. El sector pasivo, a pesar de cientos de aplaudidores pagos en la tribuna, tampoco.
(*) Contador Público Nacional. Director del Centro de Estudios Nacionales (CEN) – Filial Entre Ríos. Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Paraná, Entre Ríos
Fuentes:
La Nación 31/07/2014
Infobae 31/07/2014
INDEC
Télam 4/02/2014
Una política de desarrollo implica sincerar los haberes jubilatorios. Esto no significa tomar ciertas medidas aisladas para el sector, sino que debe sincerarse toda la economía: precios, tarifas, tipo de cambio, sueldos y por supuesto dentro de estos, las jubilaciones. Una vez fijado el haber mínimo a valores acordes con las necesidades del pasivo, modificarse la forma de cálculo de los aumentos y atarlos al índice inflacionario real.
El método de cálculo utilizado actualmente fue inventado por el Ministro Cavallo, algo que parece olvidar nuestra Presidente, e incorpora la evolución de la recaudación impositiva y previsional en la fórmula para determinar cuánto deberán aumentarse los haberes. Esto equivale a decir: dependiendo de cuánto dinero tengo, veo cuanto les aumento. En realidad, el aumento debería estar relacionado con lo que la persona percibía cuando trabajaba y no con la situación financiera del gobierno.
El sinceramiento dará paso a la inversión y esta desplegará un espectro de posibilidades inmensurable. El sinceramiento de los salarios implica inmediatamente una mayor recaudación, porque se producen aportes sobre sueldos acordes con una economía actualizada y sincerada. Quienes indican que esto produciría inflación desconocen las verdaderas causas del fenómeno: la inflación es causa del subdesarrollo, no del aumento de sueldos o de jubilaciones.
Finalmente, queremos denunciar que en una economía que aplica políticas populistas el desenlace puede ser uno solo: todos los sectores activos y pasivos deberán soportar la crisis final, y los de menores recursos, como siempre, deberán cargar con el mayor peso. Todo esto porque ninguno de los problemas de fondo de nuestro país ha sido resuelto. El sector pasivo, a pesar de cientos de aplaudidores pagos en la tribuna, tampoco.
(*) Contador Público Nacional. Director del Centro de Estudios Nacionales (CEN) – Filial Entre Ríos. Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Paraná, Entre Ríos
Fuentes:
La Nación 31/07/2014
Infobae 31/07/2014
INDEC
Télam 4/02/2014
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♣
Escándalo: El
tandilense Diego Bossio
quedó imputado en una
causa por "tráfico de influencias"
22 de mayo de 2013
22 de mayo de 2013
El titular
de Anses quedó imputado junto al vicepresidente Amado Boudou en una causa por
presunto tráfico de influencias.
El vicepresidente de la Nación Amado Boudou y el tandilense Diego Bossio,
titular de Anses,
quedaron formalmente imputados en una causa por su presunta vinculación con la
consultora
financiera Arcadia,
que intervino en la operación de canje de la deuda en cesación de pagos y fue
acusada de “traficar influencias”.
El fiscal Jorge Di Lello presentó un requerimiento de instrucción y solicitó
pruebas.
El expediente –según adelanta La Nación- se inició por una denuncia del diputado de ProyectoSur Fernando Solanas luego de que el expediente judicial estuviera trabado por varios meses por un conflicto de competencia entre los jueces Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi.
Ahora se busca toda la documentación relativa al canje y la lista completa de quienes canjearon deuda.
De acuerdo a la denuncia, Boudou, Bossio y otras personas estaban ligados a la consultora Arcadia. Se sospecha que hubo un tráfico de influencias que perjudicó a las arcas públicas y favoreció a amigos del poder.
Antes del canje de 2010, Arcadia había intervenido en procesos de renegociación de bonosprovinciales en distritos gobernados por el kirchnerismo. A nivel nacional, la firma fue acusada también de haber cumplido un dudoso doble rol: acreedor del país y asesor de Barclays, que lideró la reestructuración, de acuerdo a informaciones del diario.
El expediente –según adelanta La Nación- se inició por una denuncia del diputado de ProyectoSur Fernando Solanas luego de que el expediente judicial estuviera trabado por varios meses por un conflicto de competencia entre los jueces Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi.
Ahora se busca toda la documentación relativa al canje y la lista completa de quienes canjearon deuda.
De acuerdo a la denuncia, Boudou, Bossio y otras personas estaban ligados a la consultora Arcadia. Se sospecha que hubo un tráfico de influencias que perjudicó a las arcas públicas y favoreció a amigos del poder.
Antes del canje de 2010, Arcadia había intervenido en procesos de renegociación de bonosprovinciales en distritos gobernados por el kirchnerismo. A nivel nacional, la firma fue acusada también de haber cumplido un dudoso doble rol: acreedor del país y asesor de Barclays, que lideró la reestructuración, de acuerdo a informaciones del diario.
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Pablo Bossio, también
involucrado en la causa de su hermano Diego y Amado Boudou
23 de mayo de 2013
23 de mayo de 2013
Luego de
conocerse la imputación del tandilense, titular de Anses,
junto al vicepresidente Amado Boudou en una causa por “tráfico de influencias”,
se agrega ahora el hermano de Diego, Pablo, presidente del Club Santamarina,
porque integra el equipo de abogados de
uno de los titulares de la consultora cuestionada
en la causa. Qué esconden los hermanos más poderosos de Tandil.
Tras
conocerse la noticia de que el titular de Anses,
el tandilense Diego Bossio quedó imputado junto al vicepresidente Amado Boudou
en una causa por su presunta vinculación con la consultora financiera Arcadia,
que intervino en la operación de canje de la deuda en cesación de pagos y fue
acusada de “traficar influencias”. (ver nota relacionada)
La operación en la que están en juego bonos en default por 20.000 millones de dólares y el pago de importantes comisiones empezó a levantar sospechas en el Congreso, que no ve esta transacción con buenos ojos. Un grupo de diputados de la oposición presentó un pedido de informes para determinar si hubo tráfico de influencias o algún tipo de vinculación entre las partes que están involucradas en este negocio millonario: funcionarios, intermediarios y bancos de inversión.
Dentro de los cuestionamientos que lleva adelante la oposición, encabezada en este caso por el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, aparece, en primer lugar si el tandilense Diego Bossio, titular de la Anses, influyó en el arribo de Arcadia, ya que Bossio era funcionario en Mendoza, cuando esa provincia refinanció su bono.
También, y aquí aparece el otro punto de gran interés para los tandilenses, es conocer si hay alguna relación entre la designación de Arcadia y el hecho de que Pablo Bossio, hermano de Diego, trabaje desde 2009 en el estudio de abogados que pertenece a Marcelo Etchebarne, uno de los titulares de Arcadia.
Hay demasiadas “coincidencias”, en principio, para sospechar sobre el actuar de los hermanos tandilenses, que en pocos años y bajo el amparo de Néstor y Cristina Kirchner, supieron convertirse en los hermanos más poderosos de Tandil.
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Aclaremos algo sobre los fabulosos negocios en torno al
sistema endeudamiento-desendeudamiento.
Argentina: Los fraudes y defraudaciones en el nuevo canje de
deuda de bonos en default
(PARTE I)
13 de mayo
de 2010
Por Mario Cafiero - Javier Llorens
Sumario:
- Introducción
- Resumen
- Parte I: la reapertura del canje
- Burla a la ley en el canje de bonos en default
- Las evidencias de la existencia de maniobras de
lobby e información privilegiada
- Los principales fondos especulativos incursos
en la maniobra
- Burla a la ley con el RECANJE de los bonos del
canje del 2005
- Los inusitados alcances del RECANJE
- Los arcanos de Arcadia Advisors
- ANEXO II: Cronología de los Hechos -
Información relevante y hechos previos a la maniobra
Introducción
La regla de
oro de los negocios financieros es invertir en bonos cuando hay un bajo
potencial a la baja en el presente, y un alto potencial de subida a futuro. El
riesgo del negocio reside en que lo que es probable que suceda, puede no
suceder. A menos que el inversor posea información privilegiada. Allí el riesgo
es casi nulo y las ganancias se tornan fabulosas.
¿Quiénes
podrían saber que el gobierno y el parlamento argentino iban a abrir la ley
cerrojo que impedía toda negociación con los bonistas por los bonos en default?
¿Quienes compraron esos bonos “basura” o mejor dicho “tirados por ley a la
basura”? ¿Cuánto es el monto de la diferencia en miles de millones de dólares
que van a realizar? ¿Qué funcionarios están involucrados? ¿Qué responsabilidad
tienen los legisladores nacionales que votaron la ley de suspensión del cerrojo?
¿Esconde subrepticiamente este canje un hipercanje de los bonos del 2004
perjudicados por el CER?
Este informe
intenta dar respuesta a estos interrogantes. En primer lugar para conocimiento
del pueblo que debe saber de qué se trata, porque es el que a la postre pagará
la fiesta. Asimismo constituye información probatoria de delitos que la Justicia
penal debería investigar a fondo y rápido (virtudes que respecto estos asuntos
no ha tenido nunca). Y por último es un llamado de alerta al Congreso para que
impida que se concrete este nuevo latrocinio a los bolsillos de los argentinos,
relacionado con la sempiterna cuestión de la deuda.
Resumen
Finalmente
el gobierno anunció el 28 de abril pasado la reapertura del canje de la deuda en
default, llevado a cabo en el año 2005. Afirma que con él se pretende rescatar
gran parte de los u$s 18.300 millones que permanecen en default. Sin embargo una
lectura atenta de la extensísima documentación adjunta al Decreto 563 de la
presidenta Fernández de Kirchner, y la Resolución 230 del ministro de Economía
Boudou (19 anexos y mas de mil y pico de páginas) revela que en realidad, se
trata de un megacanje, que a su vez inusitadamente esconde un hipercanje, o
megacanje al cuadrado.
Los títulos
en default anteriores al 2005 "elegibles" para el canje, importan u$s 18.500
millones. Pero singularmente, también aparecen subrepticiamente como
"elegibles", todos los títulos emitidos en el canje de la deuda del 2005, que
importan teóricamente u$s 43.750 millones. De los cuales u$s 23.643 millones son
en moneda extranjera, y u$s 19.827 en pesos ajustables por CER, fruto de la
famosa pesificación de la deuda de la que se jactaba en su momento el ex
ministro Lavagna. O sea que en definitiva se trata potencialmente de un
gigacanje por u$s 62.050 millones, que abarca tantos a bonos performing (con
cumplimiento normal de pagos) como a los bonos en default.
Esto revela
un primer engaño notable por parte del gobierno. Que inexplicablemente no ha
hecho trascender estos posibles alcances del canje, que solo se pueden leer en
la letra chica de los anexos. Otro notable engaño del gobierno, es el que
perpetra al afirmar de la existencia de una quita del 66,3 % en los bonos
Descuento a entregarse. Cuando en realidad conforme el actual valor técnico de
esos bonos (por efecto de la capitalización de sus intereses) la quita es del 56
%.
Pero estas
intransparencias y opacidades en la presentación del canje por parte de las
autoridades del ministerio de Economía, son solo la punta de un iceberg, que
muestra muy poco en relación a lo que oculta. En tal sentido, los autores del
presente deben confesar que tras décadas de haber analizado este tipo de
operaciones y sus instrumentos, nunca vieron una documentación tan enrevesada,
opaca, y abstrusa casi hasta lo ininteligible, como esta operación de canje.
Superando en falta de transparencia a las emitidas en el período más aciago de
predominio de los intereses financieros, como fue la década de los ’90.
Documentación con la que se pretende reglar y resguardar la presente operación;
pero la que sin embargo en puntos claves de ella presenta inexplicables lagunas
y ambigüedades, que hacen dudar tanto de la buena fe en su redacción, como de la
recta intención de lo que en realidad se procura obtener.
Comenzando
por la participación del Barclays Capital Inc, que ilícitamente eludió
inscribirse en lo registros petroleros relacionados con Malvinas, para poder
encabezar sin cuestionamientos la operación, cuya intervención fue denunciada
ante la Justicia.
Prosiguiendo
con la inusitada aparición en los prospectos de la consultora Arcadia Advisors,
una consultora insignificante en relación a la operación y la talla de los
bancos intervinientes, pero que habría sido la autora intelectual que
confeccionó las bases del canje en forma arteramente favorable a los acreedores,
y cuyos honorarios se mantienen velados.
Continuando
con la implementación del canje de los bonos en default, que evidencia haber
sido elaborado para rematar una maniobra orquestada por determinados
especuladores “buitres”, que disponiendo de información privilegiada acapararon
bonos a precios de ganga, para venderlos ahora como si fueran de buena ley. Los
precios de esos bonos estaban por el piso como consecuencia que la “ley cerrojo”
del canje sancionada en el 2005, había dispuesto en su art. 4 “retirarlos de
cotización en todas las bolsas y mercados de valores”. Esta maniobra
especulativa, que algunos expertos estiman en 3.500 millones de dólares de
beneficios indebidos, se vio cómplicemente favorecida por el inconsistente texto
de la ley con que el año pasado se suspendió la “ley cerrojo”, votada tanto por
la bancada oficialista como por la mayoría de la oposición.
Y rematando
con la implementación del inusitado recanje de los bonos emitidos en el canje
del 2005, que parece haber sido elaborado para favorecer a determinados
tenedores de bonos en pesos que luego se vieron perjudicados por el CER, como
consecuencia del manoseo de los índices del INDEC.
En estos dos
últimos casos existiría una clara burla a la ley de reapertura del canje, fraude
que está tipificado con los delitos de abuso de autoridad y la omisión de
deberes de funcionario. Los cuales según los criminólogos generalmente no son
fraudes aislados, sino que esconden la existencia de defraudaciones mayores,
relacionadas con la administración infiel, el tráfico de influencia, y el
peculado. Maniobras respecto las cuales también existen vehementes sospechas,
indicios, y pruebas.
Seguidamente
se procura exponer en la forma más llana posible la existencia y naturaleza de
esos hechos. Al ser precisamente la base para su perpetración, el empleo de
jergas especializadas, ajenas al hombre común, plagadas de textos oscuros y de
galimatías, con las que generalmente se perpetran los grandes engaños. Según
algunos etimólogos, galimatías proviene del error de un abogado del medioevo,
que su embrollado, confuso, y enrevesado alegato sobre la propiedad de un gallo,
en vez de decir “Galli Mathias” (el gallo de Matías), dijo “Mathias Galli”, o
sea el Matías del gallo. En este caso en vez del canje de Boudou, bien se podría
hablar del Boudou del canje.
Parte I:
la reapertura del canje
Burla a la
ley en el canje de bonos en default
La ley de
reapertura del canje (26.547) dice en su artículo 3: "Los términos y condiciones
financieros que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que los ofrecidos a
los acreedores, en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto Nº
1735/04".
Respecto el
alcance de la frase “términos y condiciones financieros” la cosa parece estar
clara por parte del gobierno. Al ofrecer actualmente los mismos bonos Par y
Descuento que el canje anterior, e incluso pagar sus intereses devengados, la
acepción que le dio a esa frase está evidentemente relacionada con el resultado
global de la oferta en relación al acreedor, y no en relación al deudor.
De
contrario, si fuera en relación al deudor, o sea la República Argentina, el
mismo debería haber sido redactado al revés. Especificando que los términos y
condiciones no podrán ser peores o iguales para la Republica Argentina, que los
del decreto en cuestión que regló el canje del año 2005. Así sería univoca su
redacción a los fines comparativos en cuanto la existencia o no de mejoras; y no
habría ningún impedimento de hacer la operación, emitiendo mas bonos de los ya
emitidos.
Enfocada la
cuestión en relación a los acreedores, todo depende, acorde con la ley de la
relatividad de Einstein, donde está situado el acreedor. Al respecto hay dos
clases de tenedores de bonos. Los de grado de inversión, que compran y mantienen
el título hasta que maduren. Y los especuladores, que compran y venden los bonos
según las variaciones del precio de estos.
Y en este
último caso, al producirse el evento del default a fines del 2001, se pueden
distinguir dos tipos. Los especuladores que compraron antes del default, y no
supieron salir a tiempo, que actualmente deben ser muy pocos, si es que no
entraron en el canje del año 2005. Y los especuladores que compraron después del
default. O sea los especuladores buitres, llamados así porque comen la carroña,
o sea carne corrompida de seres (o bonos) que dejaron de existir.
-Los cuales
a los efectos de hacer una diferencia de cualquier manera posible,
deliberadamente compraron bonos en cesación de pagos. Que están más allá de la
categoría de bonos basura, y bien podrían llamarse bonos carroña, bonos podridos
(o directamente -con la debida licencia de Fontanarrosa- bonos de mierda). Estos
últimos son los que actualmente dinamizan la operación que procura llevar
adelante contra viento y marea el ministro Boudou, conforme pública y
notoriamente lo sostiene la prensa,
De esta
manera se registra para este último segmento de tenedores de títulos, una
evidente mejora en la oferta, en relación al canje del año 2005. Que está
expresamente prohibida por la ley que autorizó la reapertura del canje. Y esta
mejora como se puede visualizar en el gráfico adjunto, no es leve o
insustancial, sino que se trata de una mejora sustancial, e incluso sideral.
A los
efectos comparativos, en los meses previos al canje del 2005, el precio de
compra de los bonos en default, osciló entre 20 y 30 dólares cada cien. Y a su
vez quién ingresó en dicho canje, obtuvo nuevos bonos y pago de intereses en
efectivo por un valor inicial de alrededor de 33 cada cien (Ver LA NACION,
Kanenguiser Martín, 21/9/04, 1/3/05; Blanco Javier, 14/7/04 y 28/5/5; Rebossio
Alejandro, 23/2/05 y 26/4/05, etc). A una operación de este tipo, de comprar
bonos podridos, canjearlos por nuevos bonos de un deudor dudoso, y vender estos
bonos inmediatamente después en el mercado, en la jerga de las finanzas se la
conoce como arbitraje. (…)
El diputado
Claudio Lozano en una entrevista concedida al periodista Gustavo Bazán (IECO -
16/4/10), sostuvo que existiría “tráfico de influencia” en relación a la
inusitada participación de la “boutique financiera” Arcadia en este descomunal
canje, que está mucho mas allá de su menguada estatura. Por esa razón presentó
un pedido de informes al Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, inquiriendo
respecto cómo llegó la consultora Arcadia Advisors a convertirse en la virtual
"gestora" del canje”, a partir de la entrevista que mantuvo su socio Marcelo
Etchebarne con el ex jefe de Gabinete Sergio Massa. La que habría sido
diligenciada por el asesor y operador de la presidencia Juan Carlos Mazón.
Pregunta también si el actual titular de la ANSES Diego Bossio influyó en el
arribo de Arcadia, recordando que Bossio era funcionario de la provincia de
Mendoza durante la gestión de Julio Cobos, cuando esa provincia refinanció su
Bono Aconcagua con la participación de Arcadia.
También
Lozano se pregunta si hay alguna relación entre la designación de Arcadia y el
hecho de que Pablo Bossio, hermano de Diego, trabaje desde el 2009 en el estudio
de abogados que pertenece, entre otros, a Marcelo Etchebarne. Por otro lado las
sospechas sobre Amado Boudou por parte del diputado Lozano, se fundan en que
cuando fue designado ministro de Economía habría sondeado a Marcelo Etchebarne
para que ocupara el cargo de Secretario de Finanzas. Sobre la consultora
Arcadia, Lozano quiere saber también si tiene bonos en default que ofrecerá en
canje. Para Lozano, debería investigarse si Arcadia compró bonos baratos para
hacer una buena ganancia tras concretar el canje.
En su
entrevista con Bazán Lozano apuntó que hay demasiadas "coincidencias" que
ameritan abrir una investigación para deslindar responsabilidades en una
operación (el canje de deuda) que a su juicio "es ilegal e inconstitucional",
porque el Congreso no participa. "No sabemos qué está ofreciendo el Gobierno,
eso ya es razón suficiente para anular esta operación que es un negocio para
pocos". (...)
Leer
Es cuestionar el abuso de poder que practica Cristina Fernández para la
gobernabilidad del privilegio a la acumulación de bancos, petroleras,
megamineras, corporaciones del agronegocio, etc. y sobre la falsedad de su
giro a la derecha después de la derrota en 2013. Es desnaturalizar esta
degeneración de la democracia representativa.
La Presidenta criticó los juicios de los jubilados contra
la ANSeS
12
de noviembre de 2012
Discurso por cadena nacional desde la casa rosada
Comparó las
demandas contra el Estado por la mala liquidación de haberes con la pelea con
los fondos buitre.
El 71 por ciento
de los jubilados sobrevive con la mínima de $ 1.879 y hasta hace menos de un
año, el PAMI les otorgaba un subsidio a la pobreza de $ 45. Fallos de la Corte
Suprema empujaron muy fuerte las demandas de los jubilados al reconocer
incrementos muy superiores a los que paga el Gobierno. Sin embargo, Cristina
Kirchner dio ayer su propia y
polémica interpretación frente a
más de 257 mil juicios activos por reajuste de haberes. Para la Presidenta,
mientras en los años en que rigió el abolido sistema de las AFJP “no
se registraba ningún juicio contra las administradoras de fondos de pensión,
bastó que las tomara el Estado para que se desatara una catarata de juicios” .
Vinculó además
las demandas -que son sistemáticamente apeladas por la ANSeS- con
acciones contra el país , al
compararlas con la batalla en los tribunales neoyorkinos con los tenedores de
bonos que no ingresaron a los canjes de deuda: “Últimamente se ha hablado mucho
de jueces buitres y fondos
buitres, caranchos , ¿no? Yo digo
que los buitres y los caranchos no
están solamente afuera, hay también adentro y
muchas veces se lanzan sobre el Estado, porque es muy fácil hacer socialismo,
justicia social con la plata del Estado. Sería bueno que también cuando toman
decisiones sobre el sector privado actuarán con la misma rapidez”.
La Presidenta habló por cadena nacional, la número 22 este año, en un acto en el Museo del Bicentenario convocado para anunciar la segunda etapa del Programa Procrear de créditos para viviendas , en este caso para aquellas familias que no tienen terreno.El discurso de sintonía obligada en canales y radios no tuvo ningún anuncio y tuvo su eje en la defensa de la política oficial en materia previsional, para “desmitificar” -dijo Cristina- las críticas que se hacen al uso de los fondos de la ANSeS. Justo a principios de este mes, citado a dar explicaciones ante la Corte Suprema, el titular del organismo, Diego Bossio, argumentó que de cumplir con los fallos judiciales de movilidad y los reclamos de reajuste de haberes, la ANSeS caería en “déficit operativo” . En el país se acumularon más de medio millón de demandas de jubilados, y la ANSeS reconoce que están “activas” casi 300 mil (257.415 son por reajuste de haberes). (...)
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Amplio repudio de la
izquierda al discurso de Cristina Fernández
4 de marzo de 2014
4 de marzo de 2014
En su discurso
inaugural de las sesiones legislativas del
pasado sábado 1, la presidenta Cristina
Fernández realizó el
tradicional balance de la gestión kirchnerista. En ese balance se
refirió duramente a las protestas sociales y cortes de ruta,
para las que reclamó la aprobación de una "norma
de respeto y convivencia urbana" , criticó
a los docentes por sus demandas salariales y
justificó la condena
a los petroleros de Las Heras, entre otros temas polémicos que
abordó, y que generaron duras
respuestas de parte de toda la izquierda, que coincidió en
calificar al discurso
de "derechista" y "represor", y contra los derechos de los/as trabajadores/as.
Por
ANRed.
El discurso
presidencial del pasado sábado 1 de marzo que dio comienzo a las sesiones
legislativas en el Congreso Nacional - en el cual tradicionalmente se hace un
balance de la gestión - mostró un explícito
y marcado cambio en la postura pública del gobierno nacional con respecto a
algunos conflictos gremiales y las protestas sociales. En sus
tramos más fuertes sobre el tema, Cristina Fernández criticó
los reclamos salariales de los docentes, pidió que se legisle
para prohibir
los cortes de calles y rutas, yjustificó
la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras, por cuyo
desprocesamiento el pasado jueves 27 diversas organizaciones realizaron una jornada
nacional de lucha, que en algunas zonas fue duramente
reprimida por la policía federal y gendarmería y
en el caso de la movilización en Avellaneda, impedida
por un imponente operativo de seguridad.
Ante las
diversas consideraciones que tuvo la presidenta sobre estos y otros temas no se
hizo esperar la respuesta del marco amplio de organizaciones, partidos
políticos, organismos y movimientos de la izquierda argentina.
Protesta social y "norma de respeto y convivencia urbana".
"Todo el
mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la
gente vaya a trabajar. Creo
que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana (...) No
puede ser que diez personas, por más razón que tengan, corten el tránsito y
perjudiquen a miles. No puede ser que diez personas te corten
una calle por más razones atendibles que tengan y que no pase nada", fue el
planteo central de la presidenta, con el cual arrancó aplausos desde los bloques
de la oposición.
En este
sentido, además, reveló que en los últimos días mantuvo conversaciones
telefónicas con el titular del PRO y jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri,
por la toma del
predio de Villa Lugano, donde un grupo de vecinos ocupó terrenos y no
pudo ser desalojado.
“Fue un
discurso de derecha que podría haber hecho Mauricio Macri, y por eso en sus
partes más reaccionarias fue aplaudida a rabiar por toda la bancada del PRO”,
salió a cruzarla el diputado
por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño,
quien agregó, a modo de resumen: “Atacó
una vez más a los docentes y ratificó que los salarios de los trabajadores son
su variable de ajuste. Defendió la entrega de Vaca Muerta a Chevron y el pago de
casi diez mil millones de dólares a los saqueadores de la Repsol. Defendió la
criminalización de la protesta social y atacó al PTS y al Frente de Izquierda.
Lo más preocupante es que defendió
el escandaloso fallo que condenó a perpetua a cuatro petroleros de Las Heras,
una causa armada con testimonios obtenidos bajo tortura. Un
fallo que ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz,
por lo que no está firme. La
presidenta prejuzga sobre un fallo que ha sido repudiado por cientos de
personalidades de la política, los derechos humanos, la cultura, los sindicatos,
como Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, y hasta por propios
dirigentes que se reivindican kirchneristas como Hugo Yasky y Roberto Pianelli”,
sostuvo Del Caño.
Por su
parte, Christian
Castillo, diputado bonaerense del FIT,
remarcó lo que considera el eje de la política del gobierno nacional de ahora en
más: “con este discurso Cristina Fernández ratifica que el ajuste viene de la
mano de la represión. Con respecto al ataque a mi partido el PTS, exigimos que
la TV Pública y los medios oficialistas nos den derecho a réplica para demostrar
con todas las pruebas la falsedad de las declaraciones de la presidenta”.
Desde el Centro
de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), en tanto,
repudiaron también el discurso de la presidenta y, específicamente, su
consideración sobre los trabajadores petroleros condenados de Las Heras y el
apoyo incondicional al secretario de seguridad Sergio Berni: "No
hay dudas de qué lado está el kirchnerismo: con los empresarios, la derecha y
con el carapintada Sergio Berni, apoyando la brutal represión a los que nos
manifestamos el jueves 27 por la absolución de los petroleros de las Heras, que
dejó como saldo compañeros heridos y 3 trabajadores detenidos, con una nueva
causa armada (...)
Por si faltara algo para que la aplauda la derecha, CFK
defendió en cadena nacional a Berni por el hecho de haber detenido en forma
ilegal en Campo de Mayo (uno de los mayores centros clandestino de detención
durante la dictadura) a cientos de familias por reclamar por planes sociales. A
pocos días de un nuevo aniversario del golpe genocida, el doble discurso ha
quedado enterrado hace tiempo, para dar lugar alarmante a una
política de represión contra los luchadores y la izquierda. Este 24 de marzo
miles estaremos en las calles, para impedir esto", remarcaron.
El conflicto docente
En cuanto a
los reclamos
salariales de los docentes la
presidenta se quejó diciendo que "no
puede ser que cada año sea un parto el inicio de clases por la discusión
salarial"y agregó: "a
veces uno siente la sensación de sentirse rehén". Además, propuso
que las paritarias se corran a junio para
garantizar el inicio del ciclo lectivo. Luego también justificó la aplicación
del pago
de un plus por presentismo para
el trabajo docente: "¿es justo que el que va todo el año, que el que se pela el
que te dije para estar sentado frente al grado con todos los deberes, cobre lo
mismo que el que va cada muerte de obispo o agarra cuanta licencia tiene a
mano?", se preguntó.
La Federación
Docente y gremios
estatales de CTA repudiaron
estas declaraciones de la presidenta y convocan al "mayor paro en la década de
gobierno K" para el día 5, donde convocan a un paro y movilización general: "El
ajuste, los tarifazos, la devaluación y una inflación creciente que no permite
llegar a fin de mes, marcan la bronca en las escuelas e indican que vamos al
paro más masivo y extendido en los más de 10 años de gobierno K", anunció García,
Sec. Gral. Adjunto de SUTEBA La Plata.
“Desmintiendo lo dicho por Cristina Kirchner, en
17 provincias habrá paro y movilización a partir del miércoles 5 (...) Son
4 las provincias que van a paro de 72hs aunque no lo convoquen la CTERA ni los
gremios de la CGT oficialista(Buenos Aires, Entre Ríos,
Catamarca y Jujuy). Son 10 las provincias que han definido paro de 48hs con
movilización (Ciudad de Bs. Aires, Tierra del Fuego, Tucumán, Formosa, Misiones,
Río Negro, Neuquén, La Pampa, La Rioja y Corrientes). Más 3 provincias que paran
por 24hs, aunque en los hechos puede que se extienda la protesta al día
siguiente como Mendoza, Salta y Chubut", detalló, por su parte, Francisco
Torres, dirigente de la FND en la CTA.
También los docentes
de Suteba Tigre repudiaron
las declaraciones de Cristina Fernández y llamaron a luchar por sus salarios: "Las
descalificaciones de la presidenta para justificar el ajuste contra los salarios
docentes merece una contundente respuesta en las calles, así como su elogio a
los dirigentes de CTERA que suspendieron el Paro Nacional sin ninguna razón y
sin mandato de asamblea". Este gremio llama a un paro para los
días 5, 6 y 7 de marzo, en "reclamo de un salario igual a la canasta familiar,
rechazando la "oferta" del gobierno de un aumento irrisorio, en tres cuotas y
hasta una suma por presentismo".
Estos cruces
con el discurso de la presidenta se dan en el marco de la tercera reunión
paritaria que los docentes van a tener con el estado este próximo martes 4 de
marzo, donde los gremios docentes esperan que el gobierno presente una propuesta
superadora de la inicial, que era del 22 por ciento en tres tramos, que llevaría
el salario inicial de 3.416 pesos a 4.167 pesos en noviembre (los gremios
reclaman subas de entre 42 y 61 por ciento), y los 2000 pesos por presentismo,
que los docentes consideran "extorsivo".
“¡Cristina miente! ¡Los compañeros de Las Heras son inocentes!”
Con respecto
a los trabajadores petroleros condenados de Las Heras, Cristina Fernández opinó:
"Los
condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso, porque fue sin
defensa alguna, y estaban protestando por esa condena. Cortaron la Panamericana
por esa condena", se enojó la mandataria, dando
por válido el criticado fallo del tribunal de Caleta Olivia que condenó en
diciembre pasado a tres trabajadores petroleros de Las Heras a cadena perpetua y
cinco a cinco años de prisión, por el supuesto asesinato en 2006
del policía Sayago en medio de una pueblada en Las Heras, en el marco de una
protestas de petroleros en esa localidad. "Lo patearon, murió, le reventaron los
órganos, no salió a disparar; entre cuatro o cinco lo agarraron y lo mataron a
palazos. Como un perro murió", culminó la presidenta, para completar la versión
oficial sobre un
juicio en el cual no se pudo comprobar la participación de los condenados en el
crimen, y que estuvo plagado de irregularidades, además de que muchos de los
testimonios de los trabajadores fueron arrancados por medio de torturas, según
denunciaron varias organizaciones de izquierda, organismos de DDHH y
personalidades, como Osvaldo Bayer, Hugo Moyano, Hugo Yaski, Pablo Micheli , el
premio Nóbel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, además de varios diputados nacionales y legisladores.
Desde el Comité
de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras salieron
al cruce
de las declaraciones de Cristina Fernández: “El ataque de la
presidenta a la jornada del 27 de febrero y a los condenados, pone
en evidencia su influencia en un fallo que pretende condenar a trabajadores a
los cuales no se les ha probado ni su participación en el crimen ni en delito
alguno”, contestaron desde el Comité , y agregaron: “Cristina
Fernández de Kirchner defendió este veredicto, dictado por un tribunal apañado
por las grandes petroleras internacionales, que pretenden ejemplificar a sus
trabajadores para que no salgan nunca más a pelear contra el impuesto a los
salarios y la precarización laboral. Apoya un fallo infame, impuesto a través de
pruebas y testimonios inventados o arrancados mediante torturas,
según confirma el propio Fiscal Candia en el juicio, que condena a cadena
perpetua a cuatro trabajadores de Las Heras. Tampoco
mencionó el disparo por la espalda que recibió el policía Sayago, un "olvido"
muy oportuno, pues existe la sospecha que el balazo provino de sus propios
compañeros de Fuerza (...)
¡Cristina miente! ¡Los compañeros de Las Heras son inocentes!”
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