martes, 16 de febrero de 2016

II. La continuidad de la dictadura genocida en la 'democracia' se prueba, ante todo, en qué economía tenemos.

 
Cuestionar la economía y naturalización de la existencia de poderes fácticos encamina a


posibilitar el imprescindible Nunca Más al capitalismo.



Es evidente que la lógica del capital-Estado despliega un crecimiento económico que no es el del país y menos de la inmensa mayoría de los de abajo. Causa empobrecimiento cada vez más extendido y estructural. Porque tiende al totalitarismo de la completa desposesión de bienes comunes tanto sociales como naturales y de la sobreexplotación laboral. Es una destrucción de comunidades, países, continentes en aras del lucro oligopólico y de quienes se enriquecen perfeccionando su corrupción. Que sigue profundizándose sin importar arrasar con la habitabilidad de regiones e incluso del país-continente. En efecto, expande los agrocombustibles vs. los alimentos y extrema tamaña desertificación mediante acaparamiento oligopólico de las semillas. 



Argentina: desertificación, lado escondido del boom granario
19 de junio de 2013

Por Comunicación Ambiental
"En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos. Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación."
 
Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un problema del que poco se habla, a pesar de que amenaza la sustentabilidad en la producción de alimentos. En Argentina, por el imaginario del país "granero del mundo", se trata también de un tema oculto, subordinado al éxito del modelo agroexportador. Asimismo, un problema relacionado es la degradación de los suelos fértiles, porque también afecta la capacidad de producir. En tal sentido, un reciente estudio del INTA, difundido por la Secretaría de Ambiente de la Nación, concluye que el suelo pierde nutrientes. Incluso contabiliza esta pérdida en casi 4 mil millones de dólares, para la campaña 2010- 2011.
El trabajo "Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la Argentina", elaborado por Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de Suelos del INTA fue publicado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Allí se alerta: "Se registra una elevada extracción de nutrientes no repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro progresivo en la fertilidad de los suelos poniendo en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos".
Desde la visión de la Economía Ecológica, siempre se cuestionó la rentabilidad del modelo agroexportador. Incluso el biólogo Raúl Montenegro de FUNAM, lo llama una "agricultura minera" puesto que extrae minerales sin reponerlos. Por lo cual, un recurso renovable como el suelo, se está convirtiendo en no renovable. De esto se trata el proceso de desertificación, el fenómeno por lo cual los suelos no pueden volver a ser fértiles que sucede en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Sin embargo, en las zonas húmedas, la degradación también es un problema grave.
"Las cifras correspondientes al balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina", así describe la situación el trabajo. En tal sentido, detalla que para la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas. Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de casi el 65 por ciento.
 
El informe detalla además que el fósforo disminuye a razón de 1 a 2 partes por millón por año. Del mismo modo, la materia orgánica del área núcleo (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) sufrió un descenso de 0,5 por ciento en las últimas tres décadas. Y destaca: "Esta especie de “subsidio” que la riqueza natural de nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al estado, en realidad no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital suelo".
Así entonces, haciendo bien las cuentas, el negocio no es tan negocio. "En términos económicos, se observa que la exportación neta de nutrientes en grano, correspondiente a la campaña agrícola 2010/11, fue de alrededor de 2.57 millones de toneladas, lo que representa una cifra de U$S 3.63 mil millones", cuantifican los investigadores del INTA. No estaban tan equivocados entonces los movimientos sociales que plantean de la soja: "Pan para hoy, hambre para mañana".
Es decir, como bien analizan los autores: "Si en los márgenes brutos de las explotaciones agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de nutrientes extraídos por las cosechas, la rentabilidad de los cultivos sufriría variaciones en función del sistema de rotación elegido. Serviría además para demostrar la dificultad de obtener planteos sustentables tanto desde el punto de vista físico como económico, cuando la visión es estrictamente cortoplacista".
La problemática de la pérdida de fertilidad es más aguda con el avance de la deforestación. Según aclaran los investigadores: "En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos". Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación. Y la gran responsable allí es la sojización, que cuadriplicó la superficie en las últimas dos décadas.
Según los investigadores del INTI: “La situación descripta indica la existencia de sistemas productivos que no son sostenibles, afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los procesos de degradación de los suelos y, por ende, limitando el crecimiento de la producción agrícola nacional".
 
La discusión superada.
Por Eduardo Soler
En medio del conflicto por la resolución 125, los efectos perjudiciales de la sojización fueron puestos en debate por actores sociales ligados al kirchnerismo. Esto, aunque la Presidente de la Nación acuñó la frase "la soja es en términos científicos un yuyo, porque crece prácticamente sin cuidados". Lo cierto es que crece sin cuidados, con poca mano de obra, por el paquete tecnológico del cultivo transgénico, preparado para ser resistente al glifosato, otro término técnico divulgado en la época.
En aquel tiempo, caracterizábamos al conflicto como apropiación de la renta agraria, no discusión del modelo. En la palabra del ingeniero agrónomo Walter Pengue, investigador universitario: "El gobierno sólo se basa en una politica coyuntural de altos precios y rentabilidad interna, pero debería analizar el tema con una visión de sustentabilidad de los recursos, y manejar estos fondos para ello y no para su propia caja". Por ello mismo proponía instaurar "retenciones ambientales".
Así, el tiempo pasó, y el conflicto por las retenciones fue superado en gran medida, a pesar de la insistencia esporádica de dirigentes de la Mesa de Enlace, como registramos en la actualidad. En el cambio al agrobierno, la propia Presidente se convirtió en una de los mayores defensores de la biotecnología, apoyada explícitamente por el Estado Nacional a través del Ministerio de Ciencia. Al mismo tiempo, también cerró filas con la corporación Monsanto, sobre todo con las nuevas inversiones en Córdoba.
Hoy mismo, la Presidente, junto con los Ministros de Agricultura, de Industria y de Economía, recibió la visita oficial del empresario Gustavo Grobocopatel, quien anunció una inversión de 400 millones, que serán destinadas en buena medida a la compra de una empresa de agroquímicos. El así llamado "Rey de la Soja" es uno de los símbolos del agronegocios en el país. El comunicado destaca que de esta forma "la compañía vuelve a nacionalizarse".
 
No es noticia para quienes siguen de cerca las novedades del sector la cercanía del empresario con el gobierno nacional. Ambos trabajan en conjunto en la "creación" del primer trigo transgénico en el país, a través de un acuerdo entre el CONICET, el organismo científico estatal, junto con la compañía privada Bioceres, fundada por Grobocopatel. EL CEO es Federico Trucco, hijo de un dirigente de AAPRESID, quien fue uno de los impulsores de la introducción de la soja transgénica en Argentina, en la década de los noventa.
 
Fuente original: Comunicación Ambiental

Veamos: "Muchas de las alternativas exitosas enfocadas al aprovisionamiento local, eficiencia energética y bienestar humano, están actualmente produciendo alimentos y energía en formas tales que no amenazan los sistemas alimentarios, el ambiente ni la sobre-vivencia. La pregunta no es si el etanol o el bio-diesel tienen un espacio en nuestro futuro; sino, si es que vamos o no vamos a permitir que un puñado de corporaciones globales transforme nuestros sistemas alimentarios y energéticos, destruyendo la biodiversidad del planeta y empobreciendo a la mayoría de sus habitantes. Para evitar esta trampa debemos promover un estado de transición agraria estable, basada en la re-distribución de la tierra de tal forma que re-pueble y estabilice las comunidades rurales deprimidas. Esto incluye una reconstrucción y fortalecimiento de nuestros sistemas alimentarios locales y la creación de las condiciones para la re-inversión de la riqueza rural. Poner a la gente y el medio ambiente – en lugar que a las mega-ganancias corporativas – al centro del desarrollo rural requiere de soberanía alimentaria: El derecho de la gente de establecer sus propios sistemas alimentarios".

Bio-combustibles: mitos de la transición de los agro-combustibles
4 de septiembre de 2007
 
Por Eric Holt-Giménez* 
Los defensores de los agro-combustibles nos aseguran que debido a que los cultivos son renovables, los agro-combustibles son ambientalmente amigables, pueden reducir el calentamiento global y promover el desarrollo rural. Pero el tremendo poder de mercado de las corporaciones globales de agro-combustibles, junto con la débil voluntad política de los gobiernos en regular sus actividades, es la receta para un desastre ambiental e incremento del hambre en el Sur.
Los biocombustibles evocan una imagen de abundancia renovable que permite a la industria, políticos, Banco Mundial, Naciones Unidas e incluso al Panel Intergubernamental del Cambio Climático, presentar a los combustibles producidos a partir del maíz, caña de azúcar, soya y otros cultivos como una suave transición de la cúspide de una economía del petróleo hacia otra basada en combustibles renovables. Los mitos sobre la abundancia desvían la atención lejos de los poderosos intereses económicos que se benefician de esta transición, evitando la discusión sobre el creciente precio que los ciudadanos del Sur están comenzando a pagar para mantener el estilo de vida consumista del Norte basada en el petróleo. La obsesión por los biocombustibles obscurece las profundas consecuencias de la industria de transformación de nuestros alimentos y sistemas energéticos.
El boom de los agro-combustibles(...)
Agro-combustible corporativo: ¿Una nueva revolución industrial?
La Agencia Internacional de Energía estima que en los siguientes 23 años, el mundo podría producir 147 millones de toneladas de agro-combustibles. Esta producción estará acompañada de la generación de bastante carbón, óxido nitroso, erosión y producción de más de 2 billones de toneladas de aguas de desecho. Sorprendentemente, este combustible a duras penas podrá reducir el incremento anual de la demanda global de petróleo, actualmente calculada en 136 toneladas por año – y no reducirá nada de la demanda existente.
La transición hacia los agro-combustibles está basada en una relación de 200 años entre la agricultura y la industria que comenzó con la Revolución Industrial. El invento de la energía a vapor prometió el fin del trabajo pesado. A medida que los gobiernos privatizaron las tierras comunitarias, despojan a los campesinos del aprovisionamiento de predios y jornales accesibles. Los fertilizantes petroquímicos baratos han abierto la agricultura a la industria. La mecanización ha intensificado la producción, manteniendo los precios bajos y el apogeo de la industria. El segundo siglo ha visto el triple cambio global hacia la vida urbana con mayor gente viviendo en las ciudades que en el área rural.[10] La masiva transferencia de riqueza de la agricultura a la industria, la industrialización de la agricultura y el cambio urbano-rural son parte de la “Transición Agraria”, que trasforma la mayor parte de los sistemas de combustibles y alimentos; y estableciendo un petróleo no renovable como el cimiento de la actual multi trillonaria industria agroalimentaria.
Los pilares de la industria agro-alimenticia son las grandes corporaciones de granos que incluye a ADM, Cargill y Bunge. De igual forma, ellos están rodeados por una estructura formidable de compañías de agro-químicos, semilla y maquinaria, por un lado; y procesadores de alimentos, distribuidores y cadenas de supermercados, por el otro. En conjunto, estas industrias absorben cuatro de cada cinco dólares del mercado de alimentos. Sin embargo, el margen de sus ganancias se ha estancado por un tiempo.
Los subsidios gubernamentales y objetivos establecidos para los agro-combustibles son por la reducción de las ganancias del agronegocio; creciendo a medida que se reduce el petróleo y concentrando el poder de mercado en las manos de los actores más poderosos de la industria de alimentos y combustibles. Similar a la original Transición Agraria, la Transición Corporativa de los agro-combustibles “atrapará a los bienes comunes” mediante la industrialización de lo que queda de los bosques y praderas del mundo. Esto hará que los restantes pequeños propietarios, agricultores familiares e indígenas se dirijan a las ciudades. La complicidad entre los gobiernos y la industria tiene el potencial de canalizar los recursos rurales hacia los centros urbanos en forma de combustible, concentrando la riqueza industrial. Pero esto puede empujar a millones de personas dentro de la pobreza e incrementar las muertes por inanición de forma dramática.
La transición de los agro-combustibles padece de un defecto fatal – no existe “nueva” revolución industrial. No hay una nueva expansión del sector industrial que pudiera recibir comunidades indígenas, pequeños propietarios y trabajadores rurales desplazados. No existen avances en la producción esperando a inundar el mundo con comida barata. Esta vez, los combustibles no subsidiarán la agricultura con energía de bajo costo. Al contrario, los combustibles competirán con los alimentos por tierra, agua y recursos. Los agro-combustibles van a colapsar el vínculo entre alimentos y combustibles. La inherente entropía de la agricultura industrial ha sido invisible todo el tiempo que el petróleo ha sido abundante. Ahora, los sistemas alimentarios y de combustibles deben cambiar de una cuenta de ahorros a una de cuenta corriente. Los agro-combustibles nos dirigen hacia un sobre giro. “Renovable” no significa “ilimitado”. Mientras que los cultivos pueden ser re-plantados, la tierra, el agua y los nutrientes son limitados. Pretender lo contrario sirve a los intereses de aquellos que monopolizan dichos recursos.
La propuesta de los agro-combustibles se basa en su potencial de prolongar un sistema industrial basado en petróleo. Con un estimado de un trillón de barriles de reserva de petróleo restantes en el planeta, el precio de $100 por barril no está alejado. [11] Mientras mayor sea el precio del petróleo, el costo del etanol puede incrementar en cuanto se mantenga competitivo. A medida que el petróleo sea más caro, la primera generación de los agro-combustibles será más lucrativa, desmotivando al desarrollo de la segunda generación de los bio-combustibles. Si el petróleo alcanza un valor de $80 por barril, los productores de etanol tendrán la capacidad de pagar $5 por aproximadamente 127 kg (ó 32 L) de maíz, haciéndola competitiva con la caña de azúcar. La crisis energética del planeta significa una bonanza de $80 a 100 trillones de dólares para las corporaciones de alimentos y combustibles.
Las limitantes – no los incentivos – deben ser aplicados en la industria corporativa de los agro-combustibles. Si los agro-combustibles van a ser amigables con el bosque y la alimentación, la industria de granos, caña y palma aceitera requieren un manejo, regulación y cumplimiento global estrictos. Estándares fuertes y aplicables basados en la limitación de las áreas plantadas de agro-combustibles son una necesidad urgente, así como suficientes leyes anti-monopolio para prevenir la concentración corporativa. Los beneficios a largo plazo para el área rural, serán construidos sólo si los agro-combustibles complementan los planes de desarrollo rural sostenible a nivel local, regional y nacional.
Construyendo la soberanía alimentaria y energética
La Transición Corporativa de los Agro-Combustibles no es inevitable. No existe una razón inherente para sacrificar los sistemas y equidad de alimentos y combustibles por la industria. Muchas de las alternativas exitosas enfocadas al aprovisionamiento local, eficiencia energética y bienestar humano, están actualmente produciendo alimentos y energía en formas tales que no amenazan los sistemas alimentarios, el ambiente ni la sobre-vivencia. La pregunta no es si el etanol o el bio-diesel tienen un espacio en nuestro futuro; sino, si es que vamos o no vamos a permitir que un puñado de corporaciones globales transforme nuestros sistemas alimentarios y energéticos, destruyendo la biodiversidad del planeta y empobreciendo a la mayoría de sus habitantes. Para evitar esta trampa debemos promover un estado de transición agraria estable, basada en la re-distribución de la tierra de tal forma que re-pueble y estabilice las comunidades rurales deprimidas. Esto incluye una reconstrucción y fortalecimiento de nuestros sistemas alimentarios locales y la creación de las condiciones para la re-inversión de la riqueza rural. Poner a la gente y el medio ambiente – en lugar que a las mega-ganancias corporativas – al centro del desarrollo rural requiere de soberanía alimentaria: El derecho de la gente de establecer sus propios sistemas alimentarios.
En ambas áreas, el Norte industrializado y el Sur, cientos de miles de productores y consumidores están activamente organizados para la defensa de sus derechos en la salud y de alimentos culturalmente apropiados producidos de manera ecológica y por métodos sostenibles. Ellos también están reconstruyendo un sistema local de alimentos de forma que la mayor parte los ingresos económicos y beneficios de estos sistemas se mantengan a nivel local – no en los cofres corporativos de las agroindustrias inmensas y distantes. Ellos están haciendo a las corporaciones agroindustriales responsables por las externalidades que sus industrias imponen sobre las personas en forma de hambre, destrucción ambiental y salud debilitada por los alimentos procesados baratos. Los movimientos sociales de reforma agraria, derechos de los indígenas, agricultura sostenible campesino a campesino, comercio ético, mercados campesinos, agricultura apoyada por las comunidades, agricultura urbana y desarrollo de sistemas alimentarios en los barrios, son unos cuantos ejemplos de los amplios y multifacéticos esfuerzos por la soberanía alimentaria. Organizaciones como Vía Campesina, el Movimiento Sin Tierra (MST) del Brasil, la Federación de Cooperativas del Sur de Agricultores Afro-Americanos, y la Coalición Comunitaria por Alimentos y Justicia (Estados Unidos) están transformando la voluntad social desde estos movimientos rurales y urbanos en voluntades políticas – creando un cambio en sus visiones.
Los movimientos defensores de la soberanía alimentaria están ya reclamando justicia al boom de los agro-combustibles. Cuando el presidente de los Estados Unidos, George Bush visitó Brasil para establecer una alianza sobre etanol con el presidente Lula, 700 mujeres de Vía Campesina protestaron ocupando el molino de caña de Cargill en Sao Paulo. Pero el desmantelamiento de la perversidad de los agro-combustibles implica cambiar la Transición Corporativa de los agro-combustibles por una transición agraria que beneficie a las comunidades rurales – una transición que no drene el bienestar del área rural; pero que ponga recursos en las manos de las personas rurales. Este es un proyecto de largo impacto. Un buen siguiente paso sería una moratoria global en la expansión de los agro-combustibles corporativos. Tiempo y debate público son necesarios para asesorar el impacto potencial de los agro-combustibles y desarrollar estructuras reguladoras, programas e incentivos para la conservación y alternativas de desarrollo de alimentos y combustibles. Necesitamos tiempo para fraguar una mejor transición – una transición agraria la soberanía alimentaría y energética.www.ecoportal.net
* Eric Holt-Giménez, Ph.D., Director Ejecutivo, Food First / Institute for Food and Development Policy, Oakland, CA, Estados Unidos. Traducido por Georgina Catacora V., Tierra Viva, Cochabamba, Bolivia
Notas:Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/Bio-combustibles_mitos_de_la_transicion_de_los_agro-combustibles
Consideremos: "Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico.".

No nos patenten la Vida: Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina

Gacetilla de Prensa Buenos Aires, Argentina 4 de Septiembre, 2014.
 
 
Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento. En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
 
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales. A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.
 
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.
 
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina. Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas. En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias. 
 
El anteproyecto para reformar la ley de semillas 
El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual. En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas. Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra. Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
 
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
 
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público. En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos. 
 
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar 
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras. La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas. Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado. Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera. 
 
 
A modo de conclusión 
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países. En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado. Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza. Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos: 
– No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta. – No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
– No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
– Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.
– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.
-Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
– Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.

Las adhesiones son recibidas en semillabiencomun@gmail.com Firmas: Organizaciones y espacios: Acción Reverdeciente Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA Cultivarte Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina: Agrupación Visión Sostenible – CTA – Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán – Fundación Che Pibe – Grupo de Reflexión Rural (GRR) – Mishkila Alimentos – Red Tacurú – Sopita Ropita- Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria – Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER) – Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica – Proyecto Sur Pcia. de Bs.As. en Corriente Nacional Emancipación Sur – La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur- Sobre Rieles UnLa – Los Pies en La Tierra – Oro del Inca Cooperativa – Reforestala “Proyecto Compartir” – Colectivo desde el Pie – Bandera Negra UNQ. Red Ecosocialista (MST+Independientes) Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto La Revolución de la Cuchara Argentina Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN)” Individuales: Nora Cortiñas – Mirta Baravalle – Félix Diaz – Miguel Teubal – Norma Giarracca – Jorge E. Rulli – Jorge Falcone – Alejandro Bodart – Vilma Ripoll – Laura Isod – Lucila Díaz Rönner – Patricia Langlais – Maristella Svampa – Miguel Bonasso – Enrique Viale – Soledad Barruti – Eduardo González. Internacionales: Raúl Prada Alcoreza. Grupo Comuna, Bolivia. Fuente: http://nonospatentenlavida.org/


Es prioritario, para el Nunca Más al capitalismo, una reforma agraria integral como rebelión (tanto en medios urbanos como rurales) frente a que:
(...)Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.(...)
El agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.
 
El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras  formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.
Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la gente busque y logre la justicia.(...) Leer

Pero reconociendo que el desafío de virar el trabajo desde concretar el actual privilegio lucrativo de una minúscula minoría de la humanidad hasta la producción de buenos vivires abajo consiste ante todo en:



Movimiento Sin Tierra
Disputa agraria, disputa integral, disputa global 19 de febrero de 2014

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (Rebelión)
El pasado viernes 14 de febrero concluyó en Brasilia el 6º Congreso Nacional del MST, que presentó públicamente el resultado de los intensos debates desarrollados por el movimiento a lo largo de estos dos últimos años. De esta manera, más de 15.000 militantes, acompañados por unos 300 delegados y delegadas internacionales, tuvimos la oportunidad de debatir en torno al gran eje estratégico propuesto por los y las sin tierra para los próximos años: la «reforma agraria popular». Este concepto hace referencia no sólo a la prioridad de que los y las campesinas brasileñas -quienes realmente alimentan al mundo- accedan a una tierra que históricamente se les niega, sino que además incide en la necesidad de avanzar en un modelo social, económico, político y cultural alternativo basado en la soberanía alimentaria y en la agroecología. En este sentido, se apuesta por la alimentación como un derecho y no como una mercancía; por la capacidad democrática del pueblo para decidir qué y cómo producir, atendiendo en primer lugar a sus propias necesidades; por las economías campesinas como sujeto de producción; por el control social de los bienes naturales; y por una alimentación sostenible, sana y culturalmente apropiada.
 
Lamentablemente, esta apuesta por la reforma agraria popular choca frontalmente con la realidad actual de la alimentación, tanto en Brasil como en todo el mundo, dominada por el agronegocio. En un ejercicio de síntesis podríamos decir que la alimentación se ha convertido globalmente en una mercancía en vez de en un derecho, controlada por la alianza entre el capital especulativo, las empresas transnacionales y los grandes productores capitalistas. Así, el agronegocio se caracteriza por la primacía absoluta de la ganancia como principio regulador; por la prioridad del mercado global capitalista frente a lo local y frente a las necesidades humanas; por la intensificación productiva, incluyendo el uso de químicos y transgénicos; por el acaparamiento y privatización de los bienes naturales; por la explotación laboral; y por el ataque a los campesinos y campesinas en defensa de la tierra y del territorio.
 
Lamentablemente también para el MST, Brasil es uno de los máximos exponentes mundiales de este modelo, produciendo para el mercado global soja, maíz, caña -tanto para producir azúcar como agrocombustibles-, eucalipto o carne, en base a monocultivos que acaparan el 85% de la tierra cultivada, intensificando la propiedad en manos de empresas transnacionales (en torno a 30 millones de hectáreas), y generando un modelo brasileño de desarrollo basado en la apropiación privada de bienes naturales -agua, tierra, minerales, etc.- y en la producción de commodities. El resultado del mismo, además de la vulnerabilidad directamente vinculada a una apuesta estratégica por la explotación de materias primas, es el ahondamiento de las desigualdades sociales, la imposibilidad de acceso al mercado de tierra por parte de los y las campesinas, el control privado y no popular de los bienes naturales, la destrucción y pauperización del empleo agrario, y la incapacidad de Brasil para alimentar a su población.
 
Precisamente este modelo de intensificación del agronegocio y de privatización de los bienes naturales se ha producido bajo los gobiernos progresistas de Lula y Dilma Roussef. Éstos han aprovechado la crisis de reproducción del capital en el Norte Global desde 2008, atrayendo a los capitales especulativos para la inversión en el sector primario brasileño -como han hecho otros países de la región, como Argentina o Uruguay-. De esta manera, se favoreció al agronegocio con todo tipo de políticas públicas, a la vez que se paralizó completamente el acceso campesino a la tenencia de la tierra, y se negó la posibilidad de poner en marcha política integral de apoyo a las economías campesinas.
 
Esta realidad de un gobierno cercano por un lado, pero a su vez favorecedor del enemigo de la economía campesina -el agronegocio-, ha generado intensos debates en el MST, y le plantea una serie de desafíos estratégicos para este nuevo período: hasta qué punto concertar o confrontar con el gobierno actual; hasta qué punto retomar o no la ocupación como lógica de acción política; hasta qué punto priorizar el papel de lobby e incidencia política o el trabajo interno de movilización y formación. Estos han sido algunos de los nudos de este 6º Congreso, y veremos en el futuro cómo el MST consigue avanzar en su apuesta por la reforma agraria popular en este contexto tan complejo y adverso.
 
En todo caso, lo que sí es seguro que el MST iniciará esta nueva etapa sostenido sobre tres de sus principales señas de identidad.
·         En primer lugar, sale fortalecido del Congreso por su renovado compromiso por la dinámica colectiva y comunitaria, demostrada en la histórica movilización del 12 de febrero a lo largo de Brasilia.
·         En segundo lugar, el MST seguirá incidiendo en la necesidad de ampliar la agenda de la reforma agraria popular a la integralidad de la clase trabajadora, del campo y de la ciudad, prestando especial atención a esta alianza así como a las diferentes formas de movilización social que se vienen desarrollando últimamente en Brasil, como el Passe Livre y muchos otros.
·         En tercer lugar, el MST entiende que su lucha es una lucha global y que los parámetros que definen al agronegocio precisan de una lucha articulada globalmente. En este sentido, no cejarán en su apuesta internacionalista, como ya han demostrado por ejemplo en brigadas a Palestina o Haití, en su liderazgo en la ALBA Movimientos Sociales o en su apertura de la Escuela Nacional Florestán Fernandes para militantes de movimientos de todo el mundo.
 
Estas tres señas de identidad del MST nos ofrecen la principal enseñanza que nos llevamos los y las delegadas internacionales presentes en el Congreso: la necesidad de articular la lucha integral y globalmente. El agronegocio es un fenómeno global que nos impacta a todos y todas, en diferentes intensidades pero bajo los mismos parámetros, y la lucha por la soberanía alimentaria no es por tanto ni un asunto campesino ni exclusivo de los países empobrecidos.
 
Por ello, nuestra mayor aportación a la reforma agraria popular del MST es luchar por la soberanía alimentaria en nuestros pueblos y territorios, y articularnos con éste en dicha lucha. En este sentido, en 2017 se celebrará en Euskal Herria la 7º Conferencia Internacional de la Vía Campesina, principal impulsor de la propuesta por la soberanía alimentaria. Aprovechamos estos tres años, al igual que ha hecho el MST con su Congreso, para ampliar la base social y política de la agenda de la soberanía alimentaria, apoyando al movimiento campesino vasco, favoreciendo su articulación con el resto de movimientos, incidiendo en la derogación de la PAC, impidiendo la mercantilización de la tierra, el agua y las semillas, construyendo agroecología desde la práctica. Contextos diferentes, agendas comunes, ese es el camino. Como corea el MST, la lucha prevalece, aquí y allá, es el momento.
 
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, internacionalista vasco. 



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