Explicaremos, así, porqué
expandieron extractivismos y sobre todo porqué las autodeterminaciones de
nuestros pueblos, éstos las construirán confrontando con el Capital-Estado.
Analicemos al único gobierno progresista que quedó en pie desde principios de
este siglo: el de Venezuela. Nos ayudará a avistar:
Tendencias en el nuevo tiempo político en América Latina?
Crisis de la
civilización petrolera,
extractivismo
predatorio y
política del
saqueo
14 de
agosto de 2019
Por
Emiliano Teran
Mantovani (Rebelión)
I. Nueva fase del
extractivismo y la oleada de acumulación por desposesión
Del
llamado ‘neo-extractivismo progresista’ en Venezuela apenas queda hoy una burda
y vacía retórica ‘revolucionaria’, que desborda un cinismo escalofriante. En
esta ruta al desastre que hemos transitado en el país, lo que viene emergiendo
es un nuevo escenario del extractivismo, sui generis, uno de carácter
absolutamente predatorio que difícilmente pueda ser entendido sólo bajo los
códigos reduccionistas de la polarización, o bien de la puesta en escena y la
retórica de los principales líderes político-partidistas.
Su contexto inmediato: la
maduración de la Gran Crisis venezolana (2013-2019), atravesada por intensas
luchas por el poder (en sus múltiples escalas), un aumento de la
internacionalización del conflicto político, una desestructuración de la
economía (formal) nacional, y un peligroso proceso de descomposición de la
política que no sólo impulsa una significativa fuerza derechizante, sino también
una mafización (o
gangsterización) de la misma.
Este extractivismo
predatorio no se establece por
medio de una maquinaria corporativa que homogéneamente, de arriba hacia abajo,
controla el proceso de apropiación/capitalización de la naturaleza y los
territorios del país; ni tampoco por medio de la dominación irresistible de un
sector o grupo de actores políticos nacionales. Más bien está marcado por la
multiplicidad, volatilidad, inestabilidad, fluidez, fragmentación, precariedad;
por un mosaico de conflictividades, de diversa intensidad y violencia, de
coaliciones ramificadas y accidentadas; por el desgarramiento sistémico y por la
trasnacionalización.
Pero
no se confunda. A pesar de lo revuelto y movido del escenario, aquí hay una
política. El conjunto de
grupos y actores que disputan la gestión y participación en el extractivismo,
sean actores provenientes de la esfera estatal (en sus diferentes facciones), de
los grupos políticos de oposición, de grandes y medianas potencias
internacionales, de grupos armados irregulares y criminales, entre otros, se
orientan y operan fundamentalmente a partir de una política
del saqueo. Esta, sea
porque representa el mecanismo esencial de la acción, o porque se produce como
una forma de aprovechar la vorágine dominante –lo que a su vez profundiza la
crisis y los factores causantes del conflicto–, es la política compartida de los
actores en disputa, y formatea el nuevo escenario del extractivismo en el país.
Esto
tiene implicaciones tremendas, en la medida en que la geografía venezolana va
siendo atravesada por las lógicas de las violentas economías
de enclave, por lo que presenciamos la formación de un extractivismo de
trincheras, de posiciones, de feudos, en el cual grupos del sector militar,
gobiernos locales (alcaldías, gobernaciones, etc.), la criminalidad organizada,
grupos armados para-estatales de diverso proceder (nacional e internacional),
conforman poderes particulares (dependiendo del territorio donde se
desenvuelvan) y tienen como botín los recursos, los territorios y la población.
El trasfondo esencial de esta situación es el impulso de una gran ola de acumulación por desposesión de alcance nacional, que está pulverizando el ya vulnerado estado de derecho y provoca que el muy heterogéneo y fragmentado campo de resistencias, contestaciones y luchas populares ante el expolio, sea atravesado por lógicas de guerra. Es en este sentido que hablamos de un extractivismo predatorio.
II. Rasgos del extractivismo
predatorio
Política de Estado y estado de la política
No
existe ninguna disputa entre demonios y redentores en Venezuela. En este
escenario, todos los grupos de poder en pugna son diferentes expresiones de un
voraz neo-colonialismo sobre la vida. El extractivismo predatorio y su política
del saqueo deben ser entendidos en su doble dimensión: tanto como una política
de Estado, encabezada hoy por el Gobierno de Nicolás Maduro –principal gestor de
este proceso masivo de acumulación por desposesión en el país–; como una
expresión del estado de la política, en franca descomposición y vandalización,
la cual, aunque lo abarca, va mucho más allá del poder formalmente constituido,
y se manifiesta en una multiplicidad de actores que operan desde la ilegalidad,
la corrupción, la criminalidad y la para-política. Ambas dimensiones están
profundamente atravesadas por el accionar de actores y lobbys internacionales,
principalmente provenientes de los Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, Colombia,
Turquía, España, entre otros.
Esta política
de Estado se configura hoy como
un régimen de apropiación/extracción, gobernabilidad y territorialización basado
en un estado de excepción (jurídico y de facto) de perfil primordialmente
militar, que se organiza en torno a la hexada: reformismo neoliberal autoritario
/ violencia exacerbada / des-territorializaciones / minerías / despojo
generalizado / administración de la precariedad.
El
dramático colapso de la industria y de la renta petrolera, así como del Petro-Estado,
junto a la descomunal corrupción, las tensiones políticas internas y los efectos
de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (principalmente
desde 2017), han fragmentado el extractivismo en el país,
promoviendo una
multiplicación de operaciones de extracción y despojo, en las cuales prevalece
la minería como una actividad fundamental para la reproducción de estructuras
de poder local y nacional.
Convertir a Venezuela en una mina
Esta situación determina esta política de Estado, la cual se expresa tanto en la
programática formal del Gobierno de Maduro, como en la proliferación de minas
irregulares que sostienen poderes locales vinculados a militares, gobernadores,
alcaldes o funcionarios corruptos de alto nivel.
Respecto a lo primero, el Gobierno de Maduro ha insistido en la depredadora opción minera como la supuesta vía para ‘salir de la crisis’ y ‘diversificar la economía’. Dicha opción, que en un principio se orientaba al mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, se presenta en la actualidad como un más amplio y definido mapa minero (extracción metálica y no metálica), que ofrece al expolio prácticamente todo el territorio nacional. Sobre esto destaca la presentación en junio de 2019 del ‘Plan Minero Nacional 2019-2025’, que sistematiza, como nunca, la meta de recuperar y aumentar la “producción” a su ‘máxima capacidad’ de cuanto emprendimiento minero haya disponible en el país (oro, diamante, hierro, carbón, níquel, coltán, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito, caliza, entre otros). Esto se da en el marco de una progresiva radicalización neoliberal (la que hemos llamado ‘El Largo Viraje’ 2014-2019) que desregula, flexibiliza y adapta crecientemente al país a las lógicas de ajuste y a los requerimientos de las corporaciones transnacionales.
Pero esta
programática es apenas la fachada normativa y pseudo-institucional que busca
recuperar y re-centralizar algunas rentas y excedentes que puedan oxigenar las
precarizadas arcas gestionadas por el Poder Ejecutivo,
mientras que se presenta una vitrina minera para ahora sí ofrecer las verdaderas
‘oportunidades de negocios’ para el capital transnacional (Plan Minero dixit).
Detrás de esta fachada se revela el que es hoy, el
extractivismo realmente existente: se multiplican minas y operaciones de
extracción a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, extracciones
absolutamente arbitrarias, irregulares, atravesadas por la corrupción, el
pillaje y la ilegalidad. Areneras que tienen a pobladores locales bajo amenaza;
militares sacando carbón vegetal para su comercialización; total complicidad
e incluso direccionalidad de funcionarios del Estado en
la extracción ilegal de oro en la región Guayana; emprendimientos devastadores y
sin ningún control, como el de la minería
de arenas en el río Turbio; u otros que emergen bajo las sombras y en
el secretismo y que generan conflictos con las poblaciones locales, como el ya
conocido caso de las iniciativas de minería de cal y feldespato en el Cerro
La Vieja. Son apenas ejemplos de una oleada extractiva que apunta a
convertir a Venezuela en una mina.
El
asalto a la tierra/territorio y la política del más fuerte
Sin
embargo, y como ya mencionamos, no se trata sólo de la apropiación minera. La
política del saqueo es integral en la medida en la que se orienta, por un lado,
de acuerdo al valor y la vocación que puedan tener las tierras (agrícola,
maderera, ganadera, turística, etc); y por el otro, al control y dominio
territorial. Ambos factores (tierra/territorio) están políticamente
entrelazados. Esto nos señala al menos tres cosas fundamentales e
interrelacionadas que vale la pena destacar:
a)
esta política constituye el marco de la violenta arremetida de persecución y
despojo sistemático de tierras que se está produciendo en la actualidad contra
los campesinos del país, con el fin de favorecer
a viejos y nuevos latifundistas. La Plataforma
de Lucha
Campesina, organización en la que confluyen diversas agrupaciones del
campo venezolano, y que ha ocupado
recientemente las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras en
Caracas, ha señalado más de 100 casos de estos despojos e irregularidades que
favorecen al latifundio, además del acoso, la criminalización y la
judicialización que están sufriendo los pequeños productores. Lo más grave es
que no se ha hecho justicia hasta hoy ante los más de 350 campesinos asesinados
durante el proceso bolivariano, lo cual en cambio se ha agravado en los últimos
doces meses, donde han sido ultimados 25 campesinos –6
de ellos el
pasado 27 julio en el estado Barinas;
b)
ante el colapso de la renta petrolera, es importante insistir en que el
conflicto no se define simplemente por los recursos y el saqueo per se, sino
fundamentalmente por una política que busca establecer un modo de gobernanza
configurado en torno a estas lógicas del pillaje. Esto implica que para los
actores que persiguen la hegemonía, no basta la apropiación económica, si no se
establece el régimen de dominación política. Todo esto revela la necesidad por
parte de estos actores de asentar geográficamente el poder y, por tanto, muestra
el trasfondo de disputas por los territorios;
c)
ante la debilidad del Estado venezolano, esta fase predatoria del extractivismo
está siendo determinada por las lógicas de la imposición del más fuerte, lo que
configura a su vez un escenario abierto de conflicto, determinado en muy buena
medida por lógicas de guerra. Esto es muy significativo porque hace que, de
hecho, el punto de partida de la política sea la extra-legalidad, la
excepcionalidad. O para decirlo en otras palabras, las prácticas criminales, al
menos en sentido estricto, penetran profundamente la política de Estado y
atraviesan determinantemente el estado de la política hoy.
Violencia sistemática en expansión y federación del saqueo
En
esta fase predatoria del extractivismo en Venezuela, la violencia juega un rol
central. Es la mediación política principal. Violencia exacerbada, masiva,
sistemática. Violencia acompasada con los nuevos tiempos para América Latina y
las crecientes tensiones geopolíticas. Violencia transversal, que determina
tanto la política de Estado como el estado de la política.
El
Gobierno de Maduro escala cada vez más en el despliegue cuantitativo y
cualitativo de la violencia. Todo este avance de la acumulación por desposesión
se viene haciendo bajo una intensa represión –fundamentalmente contra los grupos
sociales que ofrezcan resistencia– en la cual podemos destacar el rol de los
cuerpos de seguridad especiales (como es el caso del FAES) o de grupos
para-estatales o para-policiales diversos, muchos de ellos denominados mal
llamados ‘colectivos’. El FAES (iniciales de Fuerzas de Acciones Especiales)
está siendo empleado para numerosas operaciones de contención de la protesta en
el país, por medio de procedimientos militares y actuando como un ejército de
ocupación, con formatos de ataque
letal mediante los cuales realizan ejecuciones extrajudiciales. Estos
cuerpos de seguridad no distinguen si sus objetivos son ‘opositores’ al gobierno
o chavistas que lo apoyan, como se dio con el desalojo
violento de
campesinos chavistas que
intentaban recuperar sus tierras en el estado Guárico y la retención del vocero
campesino Jesús Osorio. Por otro lado, el papel de los grupos armados
para-estatales, que pueden ser provenientes de organizaciones políticas,
funcionarios vestidos de civil, hampa, policías, entre otros, ha sido
primordialmente de amedrentamiento en las protestas de diverso tipo que se dan
contra el gobierno.
El
resultado de esto ha supuesto un acorralamiento de la ciudadanía y las
organizaciones de base que protestan no sólo antes las muy precarias condiciones
de vida actuales, sino también para aquellos que resisten a esta política del
saqueo. Ejemplos de ello lo conseguimos en las resistencias del pueblo indígena
pemón por la autodeterminación en sus territorios, con la consiguiente respuesta
gubernamental de militarización, amedrentamiento, torturas, tratos crueles y
degradantes e
incluso el asesinato de
integrantes de este pueblo; en la situación de
acoso y criminalización que, sea por acción u omisión, se produce contra
las comunidades yukpa familiares de Sabino Romero y Carmen
Fernández; en la criminalización
del movimiento campesino por
parte de voceros gubernamentales; o en la voraz cooptación de comunidades
indígenas para que aprueben el Arco Minero del Orinoco, aprovechando su muy
precaria situación humanitaria; entre otros.
Pero
como ya se ha dicho, todo esto se solapa con la violencia generada desde los
actores que operan más allá del régimen formal: bandas
criminales locales controlan,
con formas de violencia extrema, buena parte de las minas de oro del sur
venezolano; grupos armados vinculados
a los poderes del latifundio son
señalados por las organizaciones campesinas como los responsables del asesinato
de decenas de sus integrantes; disidentes provenientes de las FARC
penetran territorios venezolanos, dedicándose a actividades
delictivas; del mismo modo,integrantes
del ELN operan en
territorio nacional, incluyendo en las minas; paramilitarismo colombiano ejerce
la fuerza en numerosos territorios fronterizos del país, interesados tanto en el
contrabando transfronterizo, como en el posicionamiento
colombiano/estadounidense en territorio venezolano; y diferentes formas del
crimen organizado transnacional y el narcotráfico, siendo este último el
encargado de mantener y controlar las rutas
de tránsito de la droga
hasta los puntos de desembarco regional. Cabe destacar que, el contrabando
transfronterizo es muy significativo (principalmente hacia Colombia) y que
fomenta que los commodities extraídos en Venezuela (madera, gasolina, cultivos
como la palma aceitera, especies protegidas, etc.) sean mejor vendidos en el
país vecino, dado las enormes diferencias existentes entre el valor del bolívar
y el peso colombiano (o el dólar).
Sobre
todo lo dicho, es fundamental destacar al menos tres cosas: una, que si bien
muchos de estos grupos están en confrontación y rivalizan entre ellos, otros más
se articulan y cooperan mutuamente en pro de intereses particulares. Esto hace
estallar la limitada interpretación de la polarización política que sólo ve
disputas entre chavistas y opositores, o bien entre Venezuela y el Imperio
estadounidense. El entramado del conflictivo escenario político venezolano es
mucho más complejo y movible que eso.
Dos,
que la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal, se ha
hecho en extremo borrosa, y antes que ser sólo una condición anormal, se ha
vuelto la normalidad. El caso venezolano revela como la extra-legalidad es la
norma y es el factor determinante del extractivismo realmente existente. El Arco
Minero del Orinoco es un ejemplo emblemático de ello.
Tres,
que estas dinámicas descritas son multi-escalares, fluidas y transfronterizas,
en la cuales, las disputas territoriales e intereses locales, que tienen sus
propias particularidades, dinámicas y tiempos, se articulan con poderes de más
amplia escala, como los gobiernos locales o regionales, el Poder central
estatal, las corporaciones transnacionales, las potencias imperiales, los
mercados y rutas transfronterizas, el crimen organizado transnacionalizado,
entre otros. En el caso venezolano, la precariedad estatal y la diversidad de
actores en disputa ha configurado un mapa de coaliciones de poder que, por un
lado establece regímenes locales basados en concesiones otorgadas ‘desde
arriba’, que sostienen la política del despojo; y por otro lado, conforma
canales entre poderes que permite cierta transmisión de riqueza y poder hacia
los precarizados mandos centrales o esferas de poder más altas. Todo esto ha
generado la formación de una especie de federación del saqueo.
III. ¿Qué nos
muestra Venezuela de este nuevo tiempo político en América Latina y el Caribe?
La
derechización del Gobierno bolivariano y los lastres de la izquierda
El
devenir del proceso bolivariano nos ha llevado hasta este desastre que se vive
en el país, hasta este largo laberinto del cual aún se busca desesperadamente
una salida.
Así como es indiscutible que este ha sido un proceso muy conflictivo y que este terrible resultado ha sido también construido por otros actores políticos a parte del Gobierno bolivariano (poderes económicos locales tradicionales, partidos políticos de oposición nacional, derechas regionales, política exterior estadounidense, grandes capitales financieros transnacionales, etc.), del mismo modo es indiscutible que ha sido el propio Gobierno el principal responsable de esta situación, allanándose el camino a ella incluso desde el período de Chávez. No es posible eximirlo de este desastre, como tratan algunos. Pero incluso hay que señalar algo aún más grave: en el período de la Gran Crisis que se inaugura a partir de 2013/2014 hasta nuestros días, se genera un extraordinario despliegue de lógicas del saqueo y el desfalco impulsadas desde las estructuras de poder del Estado –que ya existían previamente y se señalan como una de las causas coyunturales de dicha crisis–, las cuales, ante la suma de intereses y circunstancias acaecidas, terminaron asentando la política del saqueo como sistema de gobierno.
En el
marco del proceso de descomposición política y derechización del Gobierno
bolivariano, antes que poner en primer lugar la solución de la crisis, se ha
priorizado el mantenimiento del poder a toda costa, por lo que se fue
reorganizando conscientemente el extractivismo hacia esta forma predatoria,
administrando la sociedad desde la precariedad y el estado de excepción
militarista, con un alto componente criminal. El actual Gobierno de Maduro es
absolutamente funcional al capital foráneo y la apertura de nuevos procesos de
re-colonización, principalmente vinculados a China y Rusia, lo que no es del
agrado del Gobierno de los Estados Unidos, que considera a Venezuela como parte
de su patio trasero.
El
caso de Venezuela ha sido muy sensible para las izquierdas en el mundo, para sus
agendas, su legitimidad y reputación, que hoy se encuentran en un proceso de
reflujo y estancamiento, mientras sectores de derecha y extrema derecha han
crecido en la región. Sobre esto, de manera general pueden destacarse dos
tensiones que evidencia el caso venezolano. La primera, señala que el proceso de
derechización en Venezuela, antes que darse por la llegada de un nuevo
Presidente de ‘derecha’ (como ocurrió en el caso argentino o brasilero), fue
generándose desde el propio seno del proceso bolivariano, y sectores de las
izquierdas tienen parte de responsabilidad en esto, al acordar que la política
‘correcta’ era no sólo apoyar y acallar sus críticas, ante el avance de casos de
corrupción, errores de gestión y represión a organizaciones sociales, sino
incluso señalar, criminalizar y tratar de neutralizar las críticas que otras
izquierdas sí realizaron. Esto vuelve a evidenciar que la autocensura y el rol
policial es un terrible camino para estos sectores ‘contra-hegemónicos’.
La
segunda, y en relación a lo anterior, nos muestra que parte de las izquierdas no
han sabido hasta hoy rechazar a un Imperio criminal como el de los Estados
Unidos (y sus aliados), sin terminar dando sostén a un gobierno autoritario que,
en nombre del ‘socialismo’ y la ‘revolución’, impulsa políticas neoliberales,
saquea el país, favorece al capital transnacional, mientras persigue
trabajadores, indígenas y campesinos. Los pueblos, en sus luchas concretas y
anhelos emancipatorios, sencilla y lamentablemente no tienen sólo un enemigo.
Venezuela es un síntoma del nuevo tiempo latinoamericano
Pero,
además de los debates en la izquierda ¿qué nos dice Venezuela de este nuevo
tiempo político en América Latina y el Caribe? Una de las grandes preguntas que
surgen es si esta fase predatoria del extractivismo es sólo la expresión de una
crisis localizada y coyuntural, o si bien revela los factores constitutivos de
un nuevo período histórico que se despliega en el siglo XXI.
Venezuela podría también ser vista, tal vez, como la más clara expresión de la crisis de la civilización petrolera. Si se quiere, también evidencia muy bien los probables escenarios (ya no tan futuros) del antropoceno: colapso energético, caos sistémico, migraciones masivas, disputas por los recursos, etc. Luego, podemos analizar en detalle la especificidad latinoamericana, y advertimos que en Venezuela lo que colapsa es precisamente una sociedad basada, con un alto sesgo, en el modelo extractivista/rentista/dependiente y lo que estallan son las contradicciones sociales, económicas, culturales, geográficas y políticas propias de nuestras sociedades periféricas (como la dependencia alimentaria, las desigualdades y marginación social, fuerte informalización de la economía, violencia endémica, expansión de la criminalidad, entre otras). Esto nos remite a pensar en dos factores: uno, ante la intensificación histórica de las contradicciones inherentes de nuestras sociedades, es necesario resaltar la inviabilidad de las economías dependientes y de cómo la apuesta extractivista/rentista es más riesgosa y nos va a salir cada vez más cara. Dos, ya es por tanto, una cuestión de sobrevivencia comenzar un tránsito post-extractivista y post-capitalista en la región, que incluya además elementos de adaptación y resiliencia ante los tiempos por venir (ej. el cambio climático). Lamentablemente, caminamos en sentido contrario.
Otro elemento a evaluar es el problema de la
derechización. La
del Gobierno bolivariano no está desconectada de la ola reaccionaria que
tensiona al mundo. En este sentido, conviene más analizar estos procesos de
derechización como una reacción y síntoma de la crisis global; pero también cómo
esta se refleja no sólo en los gobiernos o partidos contendientes, sino en
diversos ámbitos de la vida socio-política. Las políticas de Donald Trump o la
radicalización de la avanzada contra la Amazonía por parte de Bolsonaro, no son,
en esencia, diferentes de la exacerbación del extractivismo en toda América
Latina, de la política del saqueo del Gobierno de Maduro, o de la explosión del
crimen organizado transnacional en nuestra región. Todos comparten lógicas de
despojo altamente patriarcalizadas y autoritarias, que van extremándose tanto en
las formas de violencia, en la devastación de la naturaleza, como en la asfixia
a los ya precarios sistemas democráticos.
Así
que, hay muchas más cosas que mirar además de los gobiernos, partidos y líderes
políticos, cuando se trata de reflexionar sobre este nuevo tiempo en la región.
Venezuela nos muestra que, desde las entrañas de los procesos también germinan
formas de derechización. La gran expansión y creciente penetración de las
economías ilícitas en los territorios y las prácticas sociales y comunitarias se
replica en toda la región, con mucha fuerza en Centroamérica, Brasil, Colombia,
México y Perú, y de manera creciente en Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica,
Paraguay. Estas se conectan con los altos niveles de corrupción estatal de
nuestros países y conforman coaliciones de poder, gobernanzas criminales, nuevas
geografías del despojo. Transforman la fisionomía de los Estados
latinoamericanos y de la política en general, los cuales están respondiendo con
menos democracia y más militarización y estado de excepción. A eso nos
enfrentamos.
¿Cómo
nos enfrentamos a esto? Pueblos en movimiento, nuevas subjetividades y el
horizonte de lo común en tiempos de tormenta
El
escenario, como ya se evidencia, es bastante complejo y las preguntas son mucho
más numerosas que las respuestas. Pero en todo caso, no nos conviene mirar
solamente lo que domina, lo que agrede, lo que amenaza. Este nuevo tiempo
político no lo define únicamente la violenta derechización. Hay que resaltar
también aquello que se opone, que re-existe, que construye alternativas, que las
transita en el ahora (por tanto, hablamos de cosas que van mucho más allá de los
partidos de izquierda, o de si Cristina va a volver o no en Argentina).
El
contagioso movimiento de mujeres que crece en varios rincones de la región; los
ya numerosos procesos de consultas populares en Colombia (que se replicaron
reciente y exitosamente en Ecuador); el movimiento campesino, las movilizaciones
estudiantiles y la Minga indígena del Cauca, nuevamente en Colombia; los
movimientos urbanos en Brasil (como el Movimiento Pase Libre); las múltiples
movilizaciones y organizaciones sociales que han logrado neutralizar el conjunto
de proyectos mineros en el Perú; el movimiento mapuche de recuperación de
tierras, en Temuco (Chile); o la Marcha Campesina y la Plataforma de Lucha
Campesina que en Venezuela, desde el año pasado, se ha movilizado, ocupando
instituciones y por la recuperación de tierras, generando solidaridades de otras
organizaciones sociales y enarbolando su lucha contra el latifundio. Son algunos
ejemplos. Muchos o pocos, fuertes o débiles, estables o efímeros, son estos
movimientos el principal bien de re-existencia que tenemos en la región.
Pero además de ellos, emergen también múltiples formas de descontento, de
rebeldía, de solidaridades en red, que tienen otros tiempos, otros códigos,
otras definiciones. ¿Qué sujetos, qué potencialidades surgen de las sostenidas
protestas que se desarrollan en Honduras al menos desde 2017? ¿Qué nuevas
subjetividades aparecen de las protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua? ¿Qué
otras de las movilizaciones que derrocaron a Ricardo Roselló en Puerto Rico? ¿O
qué podría emerger de un cierto desgaste de la polarización política en
Venezuela, que ha abierto el camino a que actores políticos y organizaciones
comiencen a establecer canales, puentes y alianzas para salir de la crisis?
Lo cierto es que
existen nuevas subjetividades, otras formas de politicidad, expresiones de
solidaridad que son más movibles que estables, que parecen no tener la ‘forma’
esperada y una más clara ‘definición ideológica’ para algunas izquierdas, por lo
que no son consideradas como sujetos ‘válidos’ para una potencial transformación
emancipatoria.
El debate sobre el movimiento de los ‘Chalecos Amarillos’ en Francia ha
expresado estas tensiones. Por otro lado, existen también contradicciones que,
con la agudización de la crisis, se intensifican en el seno de las
organizaciones sociales, lo que también se presenta como una tensión en la
valoración sobre las potencialidades emancipatorias. Por ejemplo, numerosas
comunidades del pueblo indígena pemón, en el sur de Venezuela, han luchado
férreamente por el derecho a la autodeterminación en sus territorios
ancestrales. Mediante su lucha han logrado desplazar a bandas criminales y
militares corruptos que en sus territorios practicaban la minería ilegal de oro.
En su lugar, han ocupado las minas y reiniciado la actividad minera, con
motobombas y mercurio, ahora para el usufructo de sus comunidades. Varias
organizaciones sociales que acompañan a los pueblos indígenas los han apoyado.
Lo esencial de esta discusión es
no sólo reconocer que el campo popular es contradictorio e híbrido, y
probablemente lo sea cada vez más, sino que el propio antagonismo está en
disputa (y en dicha disputa participan inclusive las derechas). Estas nuevas
potencialidades, ¿a qué proyecto pueden tributar?
¿Es viable hoy un gran programa emancipatorio
en el que confluya la enorme heterogeneidad de subjetividades que buscan un
cambio? A parte de esta última gran pregunta, es claro que entre los retos
fundamentales siguen estando las posibilidades de una articulación amplia en la
diversidad, que logre sumar fuerzas lo suficientes para enfrentar tanto las
fuerzas políticas conservadoras/reaccionarias como el sistema económico global,
que funciona en múltiple escalas.
Lo
único que nos queda es lo común: nuestra casa común, que abriga y envuelve la
vida que nos hermana; nuestras memorias ancestrales, nuestro hacer para la
reproducción de la vida, que sólo es posible, en su esencia socio-ecológica,
si se construyen
en colectivo. Si la depredación capitalista se radicaliza, parece necesario
radicalizar la apuesta por lo común. Defendiendo lo común existente, las últimas
fronteras materiales, culturales y espirituales de los pueblos; y retejer
incesantemente en todo lo que ha sido desgarrado por esta lógica civilizatoria,
pero también en todo lo nuevo que emerge, que es fluido, contradictorio,
maleable, que migra y es nómada.
Si la palabra democracia aún
tiene sentido, todo impulso emancipatorio ante y contra la hidra capitalista
tiene que ser por más democracia, nunca por menos. Siempre más, más democracia.
* Emiliano
Teran Mantovani es sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología
Política de Venezuela e investigador asociado del Centro de Estudios del
Desarrollo (Cendes – Universidad Central de Venezuela).
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