Para descubrir qué mundo se está construyendo.
Consideremos significados e implicancias del paradigma de ese modelo
que se da en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales mediante el
siguiente artículo:
El Tipnis territorio del germen del estado plurinacional, enemigo del estado-nación
Geopolítica
del capitalismo dependiente
5 de julio de 2015
5 de julio de 2015
Por Raúl Prada Alcoreza
La geopolítica de
dominación subalterna; es decir, de las burguesías
intermediarias, parte componente en la geopolítica
global del sistema-mundo capitalista, es la de profundizar la
dominación del sistema-mundo, de su cartografías de centros y
periferias, de la mecánica y técnica del modo
de producción capitalista, que convierte a las periferias en
donantes de materias
primas y fuerza
de trabajo barata. Esta
profundización de la expansión
interna del capitalismo
es singular, pues responde a las condiciones y características histórico-sociales del
país en cuestión. En Bolivia esta profundización del capitalismo se desenvolvió
como economía minera, primero, después como economía combinada minera e
hidrocarburífera, para terminar preponderando una economía sobre todo basada en
la extracción y venta del gas.
Aunque se haya desarrollado la agroindustria,
acompañada de la tala de bosques y venta de madera, fuera de las economías
campesinas y, si se quiere, la economía cooperativista, el peso específico se
encuentra en la explotación del gas y de los minerales. Se trata, como dicen los
economistas, de un modelo
primario-exportador. Sobre esta base económica extractivista se
desenvuelve la economía agrícola, basada en la ampliación de la frontera
agrícola, afectando a los bosques, a los ecosistemas, a las comunidades y
pueblos que habitan en las cuencas y sus entornos. La economía
de la coca forma parte de
esta economía agrícola y es la economía más rentable en este rubro.
En este proceso de profundización del capitalismo dependiente, la economía extractivista tiene como obstáculo a los territorios de los pueblos indígenas, reconocidos y constitucionalizados en la Constitución, así como se encuentran consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno popular, que se autodenomina gobierno de los movimientos sociales, además de representar a los pueblos indígenas, se mete en complicadas argumentaciones para justificar su incursión punitiva en los territorios indígenas, vulnerando sus derechos. Todas sus argumentaciones son estrambóticas; desde la supuesta consulta, hasta la delirante geopolítica de la Amazonia, pasando por las concepciones redituadas del desarrollismo a ultranza, además, claro está, de las manipulaciones de las organizaciones sociales, incluyendo el sabotaje, la división y la escisión de las organizaciones indígenas, si no es su destrucción. Ahora, después de haber perdido el gobierno la batalla de la VIIII marcha y haber empatado la batalla de la segunda marcha, y haber perdido la batalla de la Consulta, pues no pudo imponer su consulta espuria, a pesar de haberla llevado a cabo, el gobierno intenta de nuevo insistir en su proyecto carretero. El gobierno no pudo construir la carretera que pasa por el núcleo del TIPNIS, siendo el núcleo mayoritariamente bosque, donde hay escasas comunidades, pues la mayoría se encuentra en los territorios bañados por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa. El gobierno quiere volver a intentar imponer su estrategia extractivista, barnizada con una discursividad superflua de geopolítica trasnochada.
¿Por qué lo hace, sabiendo que el conflicto del TIPNIS le ha
ocasionado un gran costo político? La
geopolítica en curso no
es la susodicha geopolítica
de la Amazonia, que no es tal, sino la geopolítica
de la integración económica y comercial, que apunta a conformar una plataforma de
comunicaciones, que unan el Atlántico, el océano del capitalismo de la
revolución industrial, con el
Pacífico, océano del capitalismo de la acumulación
especulativa y de la
industria desechable, combinada con la revolución
cibernética. El gobierno popular es un dispositivo de esta
estrategia de expansión
interior capitalista,
acompañando a los otros dispositivos estatales, como el gobierno progresista de
Brasil, dispositivo estratégico, por la condición de potencia regional, capaz de
articular una integración burguesa de mediana intensidad. El gobierno popular no
tiene, en pleno sentido de la palabra, una geopolítica;
lo que tiene es una estrategia
económica y política, que corresponde e la economía
rentista y al Estado clientelar. Ciertamente, de estas características
generales no se diferencia el gobierno progresista de Brasil, tampoco el
gobierno progresista de Venezuela, así como el gobierno de la revolución
ciudadana ecuatoriano; son también economías
rentistas y estados
clientelares. La diferencia está en el tamaños de sus economías y en
el tamaño de sus estados, donde el Estado Federal de Brasil es el notoriamente
el de más grande economía y de dimensiones gigantescas del aparato
administrativo.
En estas condiciones se comprende que el modelo
económico populista se
componga de estos tejidos subordinados de la dependencia, configurando un perfil
simple; una base extractivista minera e hidrocarburífera, una agricultura
expansiva, que se sostiene destrozando bosques y expandiendo la frontera
agrícola, una agroindustria que abastece el mercado interno con una tibia
incursión en las exportaciones, salvo la soya que, en realidad, es un
emprendimiento transfronterizo transgénico. En el entorno de
este núcleo estructural de
la economía dependiente, sobrevive la economía
campesina y, en mucho más
baja escala, lo que queda de la economía
comunitaria. Atravesando todos los intersticios, mediando
económicamente entre el Estado y las empresas trasnacionales, las compradoras de
materias primas, se encuentran como un tejido provisional la economía
cooperativista, principalmente minera. Endulzando esta economía
extractivista, que se administra como economía rentista, se parapeta la estructura del Estado
clientelar, emitiendo su discursividad demagógica y desplegando
procedimientos coercitivos de chantaje.
En este panorama económico-social-político del capitalismo
dependiente no es
aceptable la consolidación de los territorios
indígenas, los que harían de contención ante la expansión de la
frontera agrícola, también de la frontera extractivista de las concesiones
mineras e hidrocarburífera. Por lo tanto, el TIPNIS es visto por el
Estado-nación como territorio
enemigo, que tiene que ser definitivamente subsumido a la
desterritorialización del
Estado y al desierto
capitalista.
La guerra
de la madre tierra reaparece;
el gobierno populista ha anunciado sus nuevas incursiones punitivas; esta vez
con destacamentos de ingenieros, que entrarían a construir la carretera,
vulnerando nuevamente la Constitución y repitiendo el etnocidio colonial, ante
el asombro de los pueblos. La apuesta por el extractivismo a gran escala ha
avanzado mucho,
el gobierno populista está no solamente empapado en esta expansión
interior del capitalismo
dependiente, sino que es uno de los dispositivos efectivos en este
despliegue, sobre todo debido a su máscara indígena y a su demagogia populista,
que desarman la capacidad de resistencia de los pueblos.
Pensemos
cómo el protagonismo de los pueblos (ejemplo en Tipnis) creando su
autodeterminación tiende a ser
sustituido por subordinación al Papa Francisco.
Bolivia: Morales pide a movimientos populares
formar una
yunta con el Papa para liberar a los pueblos del mundo.
7 de
julio de 2015
Resumen
Latinoamericano
/ABI.- El presidente Evo Morales pidió el martes por la noche a los
movimientos populares que participan de un encuentro mundial en Santa Cruz, al
este de Bolivia, formar una yunta con el papa Francisco para liberar a los
pueblos del mundo.
En su
discurso de inauguración del II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares
que concluirá el jueves con la presencia del Sumo Pontífice que llegará a
Bolivia, el Presidente indígena afirmó que los movimientos populares tienen una
“gran responsabilidad frente a los problemas del mundo”.
“Tenemos
enormes coincidencias con la políticas económicas, sociales con el Papa,
coincidencias de cómo vivir bien. Como Presidente y dirigente nunca antes podía
sentir que un Papa podía compartir un mensaje de paz y de justicia social”,
remarcó.
A su juicio,
el encuentro mundial de movimientos sociales no debe ser sólo para “saludarse”,
“sino para liberar a todos los pueblos del mundo” y agregó que la lucha de los
pueblos indígenas debe dotarse de un documento sólido, que sirva también para
que otros pueblos se liberen de la injusticia del mundo.
Remarcó que
por primera vez un Papa convoca a los movimientos populares a pronunciarse para
resolver los problemas del mundo, para emitir un documento.
“Tenemos
mucha responsabilidad”, puntualizó y abogó por un trabajo serio, confiable, para
presentar un documento de conclusiones que exprese el sufrimiento, el
pensamiento y el sentimiento de los movimientos populares.
“Yo siento
que de verdad el nombre francisco hace honor, orgullo a los pueblos y a la
Iglesia porque resalta a San Francisco de Asis, un santo de los pobres, que
renunció a la riqueza y atendió con caridad para ayudar a los pobres y
atenderlos. Siento que en este tiempo estamos en tiempo de liberación de los
pueblos”, refrendó al considerar que se acabó el tiempo de las oligarquías y de
las jerarquías.
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Cita de movimientos populares definirá ruta para inicio de nueva vida en el
planeta
Resumen
Latinoamericano /ABI / 7 julio 2015.- El II Encuentro Mundial de Movimientos
Populares definirá una ruta para una nueva vida en el planeta, afirmó el martes
el dirigente campesino y co-organizador del evento, Rodolfo Machaca.
“El
encuentro mundial va a marcar una nueva ruta para que la Iglesia Católica y los
gobiernos del mundo coadyuven para ingresar a una nueva etapa de la vida”,
argumentó a la ABI.
El encuentro
será inaugurado hacia las 15h00 en el Coliseo Santa Rosita de la ciudad de Santa
Cruz con la presencia de al menos 1.500 delegados de 40 países de América, Asia,
Europa y África.
Según Machaca, la definición de los nuevos lineamientos para una nueva etapa de la sobrevivencia humana surgirá a partir de profundas reflexiones y la consolidación de una visión común de los pueblos sobre cómo erradicar varios problemas que afectan a la Madre Tierra y a la sociedad mundial.“Buscaremos lograr una integración de las naciones originarias, indígenas, campesinas, trabajadores y obreros para buscar precisamente un nuevo modelo social, económico e incluso espiritual”, remarcó.
El dirigente
campesino informó que esa nueva ruta se planteará en una próxima cita mundial
como una tarea urgente, tomando en cuenta que el capitalismo y sus afanes
industriales están “matando a la biodiversidad y provocan un cambio climático
insostenible para la humanidad y la vida en el planeta”.
A su juicio,
el desafío posterior será que las conclusiones del encuentro de Santa -Cruz
lleguen a manos de los gobiernos del mundo y se apliquen para que cambie el
modelo económico y social global vigente, para la aplicación de la filosofía del
vivir bien promovida desde Bolivia.
El II
Encuentro Mundial de Movimientos Populares abordará varios temas, entre ellos,
los problemas que afectan a la Madre Tierra, la posesión del territorio, los
pros y contras del uso de agrotóxicos y alimentos transgénicos, el acceso al
trabajo y la vivienda y cómo consolidar la paz, la soberanía y la integración de
los pueblos.
El Encuentro
Mundial de Movimientos Populares culminará el jueves 9 de julio y las
conclusiones se entregarán al papa Francisco y al presidente Evo Morales en
instalaciones de la Feria Exposición de Santa Cruz.
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Se abre II Encuentro Mundial de
Movimientos Sociales y Populares,
promovido por Papa Francisco y Evo
Morales
8 de julio de 2015
8 de julio de 2015
Por
Cristiano
Morsolin
(Rebelión)
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales,
Alfredo Rada, informó el pasado sábado 5 de julio que el papa Francisco eligió a
Bolivia como sede del II Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y Populares
(1), porque en Bolivia hay una participación democrática de los movimientos
sociales.
Dicho evento en el que participarán 900
organizaciones sociales de diversos continentes es inaugurado hoy en el coliseo
Municipal de Santa Cruz, por el presidente del Consejo Pontificio para la
Justicia y la Paz del Vaticano, el cardenal ganés Peter Turkson.
“Se eligió a Bolivia, porque aquí hay participación democrática de los movimientos sociales y la conformación de un Gobierno que es de los movimientos sociales, entonces esa es la diferencia entre los otros países. En Ecuador hay un proceso de cambio, pero tiene otras característica”, remarcó la autoridad en una entrevista con los medios estatales.
Explicó que en Bolivia fue donde más se avanzó en la
participación política de los movimientos sociales. “Creo yo que esa fue una razón que explica por
qué el papa Francisco decidió participar en un encuentro con movimientos
sociales en este país”.
En criterio de Rada, el evento mundial
concluirá el jueves. Serán 3 días de trabajo intenso, en el que delegaciones de
alrededor 30 países que ya confirmaron su participación, a través de sus 900
delegados es que estaremos trabajando en Santa Cruz”.
Asimismo, indicó que Francisco dará un mensaje
para clausurar el Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y Populares, al que
también asistirá el presidente Evo Morales.
“Cierra Francisco (el encuentro), tomando la
palabra seguramente una media hora, tal vez un poco más, depende de él, dando un
mensaje a los movimientos sociales ahí reunidos”, concluyó Rada.(...)
"No es neutral, sino escrita desde el mundo
empobrecido, desde el Sur" según Luis Infanti
Este histórico encuentro del Papa Francisco con
los movimientos sociales reunidos en Santa Cruz es relacionado a la nueva
encíclica del Papa Francisco: “Aire fresco para la paz y la vida”, se titula la
reflexión que hizo el Obispo de Aysén (Chile) Luis Infanti.
Monseñor Luis Infanti califica de contundente,
profética y desafiante el documento dado a conocer por el Sumo Pontífice,
relevando que “no es neutral, sino escrita pero sobre todo ubicada desde el
mundo empobrecido, desde el Sur, que desafía fraternalmente al Norte, para
lanzar un cambio decidido y valiente. Los tiempos, la nueva época, no dejan
dudas: no se puede continuar como estamos ahora”, sentencia el religioso.
Añade que desde el mundo empobrecido y
traspasado por la injusticia humana y ambiental,
el Papa Francisco llama a la conciencia de
los pueblos, creyentes y no creyentes, a exigir (la justicia no se pide, se
exige, porque es un derecho de los marginados) un cambio de ruta a los poderosos
de los poderes económico, político, científico y tecnológico mundial. Lo hace,
no desde una religión, sino desde la ética y la espiritualidad más profunda de
la sensibilidad humana, destaca un reciente artículo de Morsolin sobre la
Encíclica papal (5).
NOTAS:(…)
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, con experiencias en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil. Autor de varios libros, ha colaborado con la Universidad del Externado de Colombia, Universidad del Rosario de Bogotá, Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Co-Fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán), especialista en el análisis de la deuda social y la deuda externa en Latinoamérica, a través del trabajo con la Fundación “Giustizia e Solidarieta FGS” (Roma). Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, con experiencias en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil. Autor de varios libros, ha colaborado con la Universidad del Externado de Colombia, Universidad del Rosario de Bogotá, Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Co-Fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán), especialista en el análisis de la deuda social y la deuda externa en Latinoamérica, a través del trabajo con la Fundación “Giustizia e Solidarieta FGS” (Roma). Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
Constatemos cómo se
sigue profundizando el extractivismo pese a discursos y Encuentros:
La encíclica papal, el
ecosocialismo y el avance de la minería en Venezuela
7 de julio de
2015
Por
Emiliano Teran
Mantovani
"Procurar a la contribución de la defensa de la vida en el planeta
(Objetivo V del Plan de la Patria) merece extender este diálogo propuesto por la
encíclica y su reconocimiento por parte del presidente Maduro. Merece también
atender a las múltiples propuestas y alternativas sugeridas por diversas
organizaciones populares, comunales y ambientalistas del país, que proponen
otras formas de gestionar el territorio y la economía."
El pasado 18 de junio, el presidente Nicolás
Maduro saludaba la carta encíclica Laudato
si del Papa Francisco, sobre “el
cuidado de la casa común”, planteando que se trataba de “uno de los documentos
más importantes que han salido en las últimas décadas” y que representa “las
bases de un nuevo ecologismo del mundo”[1].
En dicha carta de fecha 24 de mayo de este
año[2], se muestran, en efecto, interesantes ideas y reflexiones sobre la crisis
ambiental global, al parecer muy influidas por numerosos debates provenientes de
la ecología política, de movimientos sociales ambientalistas y de diversos
pueblos en resistencia ante la devastación de sus territorios. Esta eco-encíclica,
sin precedentes en la historia de la narrativa del Vaticano, no sólo interpela
al mundo cristiano creyente acerca de la relación del humano con la naturaleza,
sino amplía los llamados de atención globales ante el camino que transitamos
como civilización.
Resaltan su crítica al mito del progreso, sus llamados ante el
dramático problema del cambio climático y la contaminación de las aguas; recurre
a la noción de bien común,
plantea la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los
bienes; critica con agudeza las visiones tecnocráticas, la economía verde, la
hegemonía del capital financiero, y el consumismo e individualismo; propone una
visión ecológica integral de la vida, y persigue una sensibilización subjetiva
respecto a la naturaleza; al tiempo que reivindica la idea de decrecimiento, la
sabiduría de los pueblos indígenas y la justicia con las próximas generaciones.
En este sentido, el presidente Maduro en su intervención
televisiva, planteaba que asumía plenamente el compromiso propuesto en la
encíclica por el Papa Francisco, que deseaba la difusión del documento en
comunas, barrios y organizaciones de base, al tiempo que afirmaba que en
Venezuela estas premisas se estaban poniendo en marcha en el marco de la
construcción del ecosocialismo.
Esta invitación es muy significativa, si
tomamos en cuenta que aún en Venezuela, el debate ambiental tiene múltiples
omisiones y puntos ciegos, incluyendo el propio tabú sobre el tema del petróleo.
La orientación de este debate nacional ha tenido un marcado sesgo hacia las
políticas internacionales, con mucha fuerza en las vocerías de las cumbres de
cambio climático (COP), lo cual es importante, sobre todo para mostrar la
inmensa responsabilidad que tienen los países del centro capitalista y los
emergentes BRICS en la devastación ambiental global.
Sin embargo, es fundamental también revisar
puertas adentro, nuestros planes de desarrollo, y el alcance de las
políticas ambientales nacionales ―como lo propone la encíclica en el punto
II. del capítulo quinto―; preguntarnos qué podemos hacer aquí, en nuestros
territorios, para evitar profundizar este modelo devastador denunciado en la
carta papal (véase el punto 176).
Variados problemas ambientales podrían
mencionarse, como los relacionados con la explotación y procesamiento de crudos
extrapesados en la Faja del Orinoco, la aceleración de la urbanización y la
entropía de nuestros sistemas urbanos, grandes deforestaciones en el sur del
país, o nuestra vulnerabilidad ante la intensificación de sequías e
inundaciones. Pero a nuestro juicio, uno de los dilemas ecológicos más
resaltantes en el país tiene relación con los planes de expansión minera.
Además de los planes de desarrollo extractivo
en el llamado “Arco Minero de Guayana”, detallados en el Plan de la Patria
2013-2019, el 10 de febrero de 2015, el presidente Nicolás Maduro aprobada el
decreto 1.606 para la explotación de carbón en 24.192 hectáreas de los
municipios Mara y Guajira (norte del estado Zulia), lo cual representa un salto
histórico del extractivismo minero en la zona.
Como lo ha planteado el Papa Francisco en la encíclica,
específicamente en el punto 185: “En toda discusión acerca de un
emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden a discernir
si aportará a un verdadero desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo?
¿Quién paga los costos y cómo lo hará?”.
Esta serie de preguntas planteadas
en el documento papal son muy pertinentes para evaluar los planes de expansión
de la actividad de extracción carbonífera en la zona. ¿En qué sentido un país que ha captado una
importante renta petrolera, y que se propone duplicar su cuota extractiva de 3 a
6 millones de barriles diarios, necesita añadir esta renta minera? ¿Cuáles serán
sus costos sociales, ambientales, económicos y culturales?
La extracción de carbón a cielo abierto
contamina severamente las fuentes hídricas, lo cual afectaría las cuencas de los
ríos Guasare (ya se encuentra afectado) y Socuy, y al propio suministro de agua
de ciudades como Maracaibo y otros poblados[3]; también contamina el aire y
empobrece los suelos; esto se suma a la afectación de los modos de producción
agrícola y ganadera de la zona, que contrasta con los enormes volúmenes de
material que es necesario remover para obtener sólo una tonelada de carbón ―10
tons. x cada 1 ton. obtenida[4]― y su precio, con tendencia a la baja en los
últimos 5 años ―para mayo 2015, una tonelada métrica de carbón colombiano
costaba 54,3 US$[5]―.
Este tipo de actividad, también mantiene e
intensifica la persistente amenaza a los pueblos indígenas de estos territorios
(wayuu, yukpa, barí, entre otros), y sus modos de vida; y refuerza el patrón de
combustibles fósiles que empeora nuestras emisiones de GEI y nuestra
contribución a la agudización del cambio climático. Venezuela es el país de
Latinoamérica que emite más CO2 por persona[6], lo que contrasta con
las propuestas de impulso a la energía solar o eólica en la Guajira venezolana
(norte del estado Zulia), que han impulsado diversos movimientos ambientalistas
en el país[7].
La conclusión es evidente: Venezuela NO necesita esta
explotación masiva de carbón. Los perjuicios superan en todos los ámbitos a
cualquier cosa que se considere beneficio. En este sentido, el llamado del
presidente Maduro a los principios de la encíclica papal es una oportunidad para
abrir diálogos ambientales sobre diversas políticas que podrían transformarse o
ser revertidas.
El punto 184 de la carta de Francisco es
bastante claro:
184. Cuando aparecen eventuales riesgos para el
ambiente que afecten al bien común presente y futuro, esta situación exige «que
las decisiones se basen en una comparación entre los riesgos y los beneficios
hipotéticos que comporta cada decisión alternativa posible» [131].
Esto vale sobre todo si un proyecto puede producir un incremento de utilización
de recursos naturales, de emisiones o vertidos, de generación de residuos, o una
modificación significativa en el paisaje, en el hábitat de especies protegidas o
en un espacio público. Algunos proyectos, no suficientemente analizados, pueden
afectar profundamente la calidad de vida de un lugar debido a cuestiones tan
diversas entre sí como una contaminación acústica no prevista, la reducción de
la amplitud visual, la pérdida de valores culturales, los efectos del uso de
energía nuclear. La cultura consumista, que da prioridad al corto plazo y al
interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el
ocultamiento de información.
El reconocimiento en el punto 146 de los
terribles efectos de la vulneración de pueblos indígenas por proyectos
extractivos, la necesidad de priorizar la preservación del agua en la aprobación
o no de este tipo de proyectos (punto 185), o la necesidad de superar el
cortoplacismo político y el consumismo, para en cambio promover agendas públicas
ambientales (punto 178), junto a otros elementos
planteados por la encíclica,
pareciera sugerirnos con claridad, la conveniencia de derogar el decreto 1.606
para la explotación de carbón en el Zulia. Esto, en el espíritu del punto 186 de
dicha carta –detener o modificar cualquier proyecto que socialmente se evidencie
que implica peligro de daños graves o irreversibles–, podría aplicarse para la
evaluación de otros grandes proyectos mineros propuestos en el país.
Procurar a la contribución de la
defensa de la vida en el planeta (Objetivo V del Plan de la Patria) merece
extender este diálogo propuesto por la encíclica y su reconocimiento por parte
del presidente Maduro. Merece también atender a las múltiples propuestas y
alternativas sugeridas por diversas organizaciones populares, comunales y
ambientalistas del país, que proponen otras formas de gestionar el territorio y
la economía. La invitación de la carta papal en el punto 179 es clara: la
población organizada debe obligar a sus gobiernos a evitar y/o controlar los
daños ambientales. Se trata de un principio político fundamental:
la defensa de los bienes comunes comienza desde abajo.
*Emiliano Teran Mantovani es investigador
del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, docente de la
Universidad Central de Venezuela y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.
Fuente: www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_enciclica_papal_el_ecosocialismo_y_el_avance_de_la_mineria_en_Venezuela
Fuente: www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_enciclica_papal_el_ecosocialismo_y_el_avance_de_la_mineria_en_Venezuela
Aclaremos, a modo de
conclusión, que Nuestra América no es una región de paz mientras desarrolle
el modelo extractivista exportador con sus correspondientes IIRSA-COSIPLAN
Leer,
Plan Puebla Panamá,
Iniciativa
Mérida
y Plan Colombia.
Leer
1) Veamos cómo se
manifiesta la lucha sin conciliación posible.
Rafael Correa ataca a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (CONAIE)
y Evo Morales lo hace respecto a las
dos máximas organizaciones indígenas de su país porque:
La CIDOB y el CONAMAQ orgánicos desenmascaran al régimen prebendal y corrupto.
Crónica de la resistencia
indígena bajo asedio del “primer presidente indígena”.
9 de
febrero de 2015
Redacción Bolpress
El
gobierno del Presidente Evo Morales, autoproclamado “primer presidente indígena”
de Bolivia, viola sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas y ha
divido a sus dos máximas organizaciones representativas de tierras altas y bajas
con chantajes, sobornos, amedrentamiento y persecución de líderes críticos, pero
no ha podido doblegar a las bases y dirigencias legítimas de la CIDOB y del
Conamaq orgánicos que lo desenmascararon.
Lo que distingue
al MAS del viejo MNR es su manifiesta voluntad de superar la revolución
nacionalista que sometió al indígena con un proyecto “modernizador” y
“colonizador”, con una “revolución democrática y cultural” que edificará a largo
plazo una “sociedad comunitarizada y socialista en el buen sentido del término”,
decía Álvaro García Linera en la campaña electoral de 2005. Sin embargo, una vez
conquistado el poder, el propio García proscribió el “socialismo comunitario” y
desenterró el viejo proyecto “desarrollista” que tanto criticaba.
Al comenzar el
segundo periodo de gobierno del MAS en 2010, el Vicepresidente confesó que si
bien el Estado Plurinacional “privilegia” a la comunidad indígena campesina como
el “sujeto principal de la revolución democrática cultural”, “hoy la economía
colectiva pugna con la economía individual (y) el tipo de desarrollo que
alcancemos dependerá de la correlación de fuerzas… Nosotros quisiéramos impulsar
sobre todo lo comunitario… pero necesitaremos tiempo para aprender a gestionar
lo comunitario productivo… y para demostrar en la práctica que lo colectivo es
mejor que lo individual.” (1)
La construcción del idílico “socialismo comunitario” puede demorar varias décadas o quizás siglos, y no es “segura su victoria porque Bolivia está en el marco de un capitalismo planetario”, alegó García Linera, y sin mayor discusión replanteó los objetivos de la “revolución democrática y cultural” y desvió el curso del “proceso de cambio” hacia una nueva meta: el “salto industrial” del “capitalismo andinoamazónico”, es decir la explotación intensiva de recursos naturales y la industrialización para “generar excedentes económicos que permitan apoyar la producción comunitaria y garantizar a la población las condiciones básicas mínimas…”.
El régimen
masista relegó paulatinamente a los pueblos indígenas que ya no tenían cabida en
el nuevo proyecto pro capitalista y comenzó a tejer una alianza estratégica con
la burguesía nacional y con las transnacionales para industrializar el país y
hacer realidad el viejo sueño “nacionalista modernizador”.
Paradójicamente,
la burocracia masista que llegó al poder enarbolando los derechos indígenas –y
que efectivamente propició el reconocimiento de sus “sistemas políticos,
económicos y jurídicos acordes a su cosmovisión” en la nueva Constitución
Política del Estado aprobada en 2009– terminó pisoteando los derechos y las
instituciones indígenas como ningún otro gobierno en la historia reciente, nada
menos que en nombre del “desarrollo” y el “progreso”.
“Pocas veces en
la historia de nuestro país un sector social como el nuestro ha sido humillado e
injustamente tratado por un gobierno como éste; tendríamos que remontarnos a las
épocas de la colonia, de la explotación del caucho o del apogeo de la hacienda
tradicional pre 1952, para encontrar tal grado de discriminación y racismo
descargado en contra nuestra”, se quejaron los pueblos indígenas afectados por
los proyectos de “desarrollo” impuestos por el “presidente indígena”.
El Libertador
Simón Bolívar decretó la supresión de la comunidad indígena contraria a la
doctrina liberal; el dictador Mariano Melgarejo despojo territorios
comunitarios; el nacionalismo revolucionario “civilizó” al indio; y hoy el
“hermano Evo” ultraja, reprime y persigue a las “minorías” indígenas “pro
imperialistas”, acusándolas de “obstaculizar” el desarrollo nacional y de
“chantajear” a sus nuevos socios, las petroleras, las mineras y los
agroindustriales.
Cuando los indígenas se movilizaron en la VIII marcha por el TIPNIS reivindicando su derecho a ser consultados, los burócratas y campesinos del MAS les tildaron de “salvajes” enemigos del desarrollo. Cuando exigieron territorios comunitarios y el reconocimiento de sus autonomías, los acusaron de “ambiciosos” y de intentar “romper la unidad del país por caprichos personales”.
Concibiendo a los
indígenas como “menores de edad” manipulados por ONGs y partidos de derecha e
incapaces de pensar por sí mismos, el gobierno de Evo Morales empleó los métodos
más ruines y las estrategias más innobles para someter a sus antiguos aliados,
al extremo de sugerir la desmembración de sus territorios comunitarios (antaño
las “semillas” del socialismo comunitario) para entregarlos en retazos de
propiedad privada a los campesinos y colonizadores gobiernistas.
El gobierno del
MAS ha fomentado públicamente la división de organizaciones indígenas legítimas
valiéndose del chantaje y el soborno para cooptar a sus líderes; ha
criminalizado sistemáticamente la lucha social, persiguiendo judicialmente y
encarcelando a dirigentes rebeldes y activistas acusados de “terroristas”, y ha
intervenido manera descarada los dos únicos gremios indígenas críticos, la
Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Consejo
Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu de Bolivia (Conamaq).
El gobierno de Morales derrocó al líder legítimo de la CIDOB Adolfo Chávez, uno de los impulsores de la VIII y IX Marcha en defensa del TIPNIS, y lo reemplazó por Melva Hurtado, dirigente dócil elegida en una asamblea ilegal. Posteriormente desconoció a los dirigentes genuinos del Conamaq, los expulsó de su sede con el uso de la fuerza policial y montó una organización paralela a la cabeza de Hilarion Mamani. (2)El MAS tomó físicamente la sede del Conamaq luego de que autoridades del Consejo orgánico revelaron que el régimen y las dirigencias cooptadas había reformulado a sus espaldas los estatutos del Fondo de Desarrollo para los pueblos Indígena Originario Campesinos (FONDIOC), con el único fin de beneficiar solo a indígenas y campesinos oficialistas, desatando de esta manera un escándalo mediático que dejó muy mal parado al propio Presidente Morales.El gobierno mantiene bajo control a los dirigentes apócrifos con el mismo método que empleó para infiltrar y dividir a la CIDOB y al Conamaq, es decir repartiendo regalos, obras y dinero del FONDIOC en espectáculos públicos y sin rendir cuentas a nadie, pero hasta ahora no ha podido acallar y menos desmovilizar a dirigencias y bases de ambos gremios orgánicos que continúan resistiendo y denunciando los vejámenes del régimen.
El
Conamaq orgánico desenmascara al MAS
El MAS gobierna
en una especie de puesta en escena permanente para encubrir las enormes
contradicciones de clase y la dominación imperial de la economía, manipulando el
simbolismo cultural en ceremonias, declaratorias de leyes y decretos, entrega de
obras y rituales varios transmitidos en directo por el canal de televisión del
Estado. (3)
Recordará el
lector que el gobierno de Morales escenificó una falsa “consulta” en el TIPNIS
para viabilizar la construcción de la carretera, sobornando a los originarios
con obsequios, prebendas y proyectos de desarrollo condicionados e intimidando a
los reacios. (4)
Repitiendo el
libreto, en la clausura de la VIII Marka Tantachawi del Conamaq ilegítimo
celebrada en enero de 2015 en La Paz, el “generoso” Presidente repartió regalos
a manos llenas y prometió construir nuevas sedes para los gremios que apoyan el
“proceso”.
“Hoy día estamos
dotando tres movilidades a las regionales del Conamaq, y para la máxima
organización vamos a comprar una movilidad más nueva, de más resistencia, para
que los hermanos visiten a los suyos y ayllus de toda Bolivia”, dijo Morales en
el evento y anunció que comprará otro inmueble para ampliar la sede que ocupa el
Conamaq títere del MAS en el barrio de Sopocachi de La Paz. (5)
“Ustedes saben
que estamos apoyando comprando sedes, construyendo sedes y vamos a continuar
porque es mi obligación”, aseguró Morales en la oportunidad, pero minutos
después él mismo se desdijo al insinuar que sus regalos están condicionados.
“Lamento mucho
que algunos hermanos me hayan pagado mal, a algún sector social se les regaló
volquetas y después en esas volquetas llevan bloqueadores contra el Evo; dotamos
radios de comunicación a algún sector social, y después un dirigente aprovecha
esa radio para hablar contra el Evo Morales; les compramos sedes sindicales y
después ahí planifican conspirar contra el Evo; regalo ambulancias a las
cooperativas mineras, y en esas ambulancias en vez de llevar enfermos o heridos,
llevan dinamitas para dinamitar las calles o caminos”, se quejó Evo, aunque
aseguró no estar “resentido” porque “eso hacen (“pagarle mal”) algunos
dirigentes, no las bases o el pueblo”.
Esta apretada crónica del padecimiento indígena en el gobierno del “primer presidente indígena” deja al menos dos lecciones. Primero, ha quedado claro que cuando el Presidente reparte regalos no es por “obligación” sino para asegurar la lealtad de sus fieles. En segundo lugar, con esta política fascista y con la ayuda de burócratas a sueldo el gobierno ha logrado montar dos organizaciones indígenas paralelas, pero no ha podido desbaratar ni mucho menos desmovilizar a la CIDOB y al Conamaq orgánicos que se mantienen firmes y en pie de lucha.
El pasado 15 de
enero de 2015, la dirigencia del Conamaq orgánico y los miembros de su Comité de
Solidaridad acordaron diseñar una estrategia de defensa y lucha para el período
2015 – 2020 y se plantearon al menos tres objetivos inmediatos: la recuperación
de la sede del Conamaq, la defensa de todos los perseguidos y detenidos
políticos, y la presentación de una nueva acción popular para eliminar los
transgénicos en Bolivia mediante un Referéndum Constitucional, en la perspectiva
recuperar la fuerza de las VIII y IX marchas indígenas y unificar a todos
sectores de la población para enfrentar al gobierno impostor.
Notas:
1. Taller
temático Tierra y Territorio, Vicepresidencia de la República, La Paz, 27 y 28
de julio de 2011.
2. Desde
el inicio de la IX marcha en 2012 hasta septiembre de 2013, el gobierno intentó
tomar la sede del Conamaq por la fuerza en cinco oportunidades. Se supo que los
avasalladores violentaron la sede indígena a la cabeza del ex diputado del MIR
Renán Paco Granier, el ex alcalde del MNR Plácido Suntura y otras ex autoridades
de gobiernos neoliberales que actualmente son fieles servidores del MAS, en un
“ambiente de gran tensión y guerra no declarada como en los peores tiempos de
las dictaduras militares”, describió el sociólogo Pablo Mamani Ramírez (Bolpress).
3. Conferencia
pronunciada por James Petras en el IV Congreso Nacional de Sociología de
Bolivia, 14 de abril de 2007 en La Paz. Petras es profesor emérito de la State
University de Nueva York, Binghamton (USA) y profesor adjunto de la St. Mary’s
University, Halifax, Nueva Escocia (Canadá).
4. Una
comisión de la Iglesia Católica constató en el terreno que el gobierno amenazó
con suspender servicios de salud prestados por Médicos Canarios en las
comunidades del TIPNIS. El representante del Conamaq David Crispín tuvo acceso
al “Protocolo de Consulta que da pautas para el triunfo del ‘sí’, aún antes del
inicio de la consulta, y demuestra el chantajismo y la manipulación… porque a
los hermanos del TIPNIS les están ofreciendo bombas de agua, motores fuera de
borda para que digan ‘sí’. Y aquellos que se opongan no recibirán nada...”.
5. La
locutora del evento transmitido por Bolivia TV describió con lujo de detalles la
prebenda entregada a indígenas oficialistas: “tres camionetas doble cabina de
industria china, con cilindrada de 2378 centímetros cúbicos…”. Reveló también
que el gobierno de Morales regaló hasta la fecha más de 40 camionetas a
organizaciones sociales y sindicatos de todo el país.
Más
información:
2) Consideremos que el
extractivismo es acumulación de poder y riquezas
por desposesión totalitaria. Como
Alberto Acosta nos advierte implica:
(...)Autoritarismo
y disputa por la renta de la Naturaleza
Esta
maldición de la abundancia en recursos naturales viene atada, con mucha
frecuencia, con la maldición del autoritarismo. La masiva explotación de los
recursos naturales no renovables en estos países ha permitido el surgimiento de
Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad
política de
gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son
Estados que al monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la
violencia política (Coronil, 2002).
Aunque
parezca paradójico, este tipo de Estado, que muchas veces delega parte
sustantiva de las tareas sociales a las empresas petroleras o mineras (esto
comienza a cambiar en los países con gobiernos progresistas), abandona ¿desde la
perspectiva del desarrollo? amplias regiones. Y en estas condiciones de
desterritorialización, cuando las empresas asumen las tareas que competen al
Estado, éste se consolida como un Estado policial que reprime a las víctimas del
sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y
económicas. La propia institucionalidad jurídica termina envuelta en los
intereses y presiones de las empresas extractivistas privadas o estatales.
En estas
economías de enclave se ha configurado una estructura y una dinámica políticas,
no sólo autoritarias, sino voraces. Esta voracidad, particularmente en los años
de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto
público y sobre todo en una discrecional distribución de los recursos fiscales.
Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos
de mantenerse en el poder y/o por su intención de acelerar una serie de reformas
estructurales que desde su particular perspectiva asoman como indispensables
para transformar las sociedades.
Inclusive el
incremento del gasto y las inversiones públicas es también el producto del
creciente conflicto distributivo que se desata entre los más disímiles grupos de
poder. Esta realidad, percibida con más claridad en las etapas de bonanza, la
describe con claridad Jürgen Schuldt (2005), cuando dice que se “se trata, por
tanto, de un juego dinámico de horizonte infinito derivado endógenamente del
auge. Y el gasto público ¿que es discrecional? aumenta más que la recaudación
atribuible al auge económico (política fiscal
pro-cíclica)”.
Este “efecto
voracidad” provoca la desesperada búsqueda y la apropiación incluso abusiva de
parte importante de los excedentes generados en el sector primario-exportador.
Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos
naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden ser
construidas con una amplia y sostenida participación ciudadana (16)) aparecen en
escena los diversos grupos de poder no-cooperativos, desesperados por obtener
una tajada de la renta minera o petrolera.
Así, en esta
disputa por la renta de los recursos naturales intervienen, sobre todo, las
empresas transnacionales involucradas directa o indirectamente en dichas
actividades y sus aliados criollos: la banca internacional, amplios sectores
empresariales y financieros, inclusive las fuerzas armadas, algunos gobiernos
seccionales cooptados por las lucrativas rentas, así como algunos segmentos
sociales con capacidad de incidir políticamente. Igualmente, grupos sindicales
conocidos como la “aristocracia obrera” (17), vinculada a este tipo de
actividades extractivistas, obtienen importantes beneficios. Y, como es fácil
comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva,
provoca nuevas tensiones políticas.
Todo esto contribuye a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces y clientelares, proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos países no asoman los mejores ejemplos de democracia, sino todo lo contrario. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad existente o impide su construcción.América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo. Son varios los países de la región cuyos gobiernos tienen claros rasgos de autoritarismo derivados de esta modalidad de acumulación primario-exportadora, particularmente cuando está sustentada en pocos recursos naturales de origen mineral.
Esta compleja realidad existe también en otras partes del mundo, particularmente
en los países exportadores de petróleo o minerales (18). Noruega sería la
excepción que confirma la regla.
La diferencia en este caso de los anteriormente descritos radica en que la
extracción de petróleo en este país escandinavo empezó y se expandió cuando ya
existían sólidas instituciones económicas y políticas democráticas e
institucionalizadas, con una sociedad sin inequidades comparables a la de otros
países petroleros o mineros del mundo empobrecido. Es decir, este país integró
el petróleo en su sociedad y economía cuando ya era un país desarrollado.
No se puede
concluir la reflexión sin dejar sentado un punto que aparece en estos países
atrapados por la maldición de la abundancia: la violencia, que parece configurar
un elemento consustancial de un modelo depredador de la democracia. Esta
violencia incluso aflora desde el lado del Estado, a través inclusive de los
gobiernos considerados como progresistas que criminalizan la protesta popular en
contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas.
La violencia, desatada por las propias empresas extractivistas, respaldada muchas veces por los gobiernos, ha provocado diversos grados de represión. El listado de estas acciones represivas e incluso genocidas es demasiado largo y conocido en América Latina (19). Tampoco han faltado guerras civiles (20), hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos (21).
Estos enfrentamientos, que se procesan en un ambiente de constantes
inestabilidades, conllevan costos económicos por diversos motivos.
Piénsese, por ejemplo, en los efectos distorsionadores que provoca la ausencia
de instituciones sólidas: la subvaluación de las exportaciones o la
sobrevaluación de las importaciones por parte de las empresas mineras o
petroleras para reducir el pago de impuestos o aranceles; las eventuales e
incluso sorpresivas reducciones de la producción por parte de las empresas
transnacionales para forzar mayores beneficios; la creciente presencia y
accionar de intermediarios de todo tipo que dificultan las actividades
productivas y encarecen las transacciones. Este tipo de problemas, que no agotan
una lista de deformaciones y distorsiones que podría ser interminable, a la
postre incluso podrían provocar la reducción de las inversiones sectoriales, al
menos de las empresas más serias.
Por otro
lado, depender tanto de la generosidad de la Naturaleza margina los esfuerzos de
innovación productiva e incluso de mercadeo, consolida prácticas oligopólicas,
patrimonialistas y rentistas. Y estas prácticas, atadas a la creciente
injerencia de las empresas extractivistas en los gobiernos, como se conoce hasta
la saciedad, fortalecen a pequeños pero poderosos grupos oligárquicos.
Además, la
mayor erogación pública en actividades clientelares reduce las presiones
latentes por una mayor democratización. Se da una suerte de “pacificación
fiscal” (Schuldt, 2005), dirigida a intentar reducir la protesta social. Los
altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y
fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones
de demandar derechos políticos y otros (derechos humanos, justicia, cogobierno,
etc.), desplazándolos del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de
dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los
opositores.
Una
situación de abundancia relativa de recursos financieros puede permitir un
manejo económico expansivo, que se complementa con endeudamiento externo. La
búsqueda permanente de más recursos para financiar la economía, viene de la mano
de los créditos externos (22). En este punto, entonces, asoma nuevamente el
efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los
cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo internacional, sea privada
o multilateral, corresponsable de los procesos de endeudamiento externo (23).
Últimamente China concede cada vez más créditos a varios países
subdesarrollados, particularmente de África y América Latina, con el fin de
asegurarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra
para la producción agrícola, además de la construcción de importantes obras de
infraestructura.
Como
consecuencia de los elevados ingresos derivados de la explotación de los
recursos naturales y las abiertas posibilidades de financiamiento externo, los
gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En muchas
ocasiones despliegan una mínima presión tributaria y hasta dejan de cobrar
impuestos, en particular el impuesto a la renta. (Por lo demás, la maldición
ideológica neoliberal también desalienta el incremento de la presión tributaria)
(24).
En este
punto cabe destacar el esfuerzo de algunos gobiernos progresistas, como el
ecuatoriano o el boliviano, para mejorar la recaudación tributaria, incluso
introduciendo esquemas más progresivos y equitativos.
De todas
maneras, como reconoce Jürgen Schuldt (2005), el manejo poco exigente de las
finanzas públicas “malacostumbra” a la ciudadanía. Y lo que es peor, “con ello
se logra que la población no le demande al gobierno transparencia, justicia,
representatividad y eficiencia en el gasto”. La permanencia de cuantiosos e
inequitativos subsidios, por ejemplo en los derivados del petróleo, se
explicaría por esta mala costumbre, que es incluso asumida equivocadamente como
una “conquista popular”.
La demanda
por representación democrática en el Estado, nos recuerda el mismo Schuldt,
surgió generalmente como consecuencia de los aumentos de impuestos, por ejemplo,
en Gran Bretaña hace más de cuatro siglos y en Francia a principios del siglo
XIX. La lógica del rentismo y del clientelismo difiere de la lógica ciudadana,
en la medida que inclusive frena e impide la construcción de ciudadanía.
Los
gobiernos de estas economías primario-exportadoras no sólo cuentan con
importantes recursos ?sobre todo en las fases de auge? para asumir la necesaria
obra pública, sino que están en capacidad de desplegar medidas y acciones
dirigidas a cooptar a la población, con el fin de asegurar una base de
gobernabilidad que les posibilite introducir las reformas y cambios que ellos
consideran pertinentes. El clientelismo ahoga la consolidación de ciudadanía. Es
más, cuando estas prácticas clientelares alientan el individualismo, con
políticas sociales individualmente focalizadas ?como las desarrolladas en
esquemas neoliberales y que han continuado en los gobiernos progresistas? pueden
llegar a desactivar las propuestas y las acciones colectivas, lo que termina por
afectar a las organizaciones sociales y lo que es más grave, al sentido de
comunidad (25).
Estas
acciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gubernamentales autoritarios
y mesiánicos que, en el mejor de los casos, pueden ocultarse detrás de lo que
Guillermo O’Donnel calificaba como “democracias delegativas”, o lo que hoy se
conoce como democracias plebiscitarias.
Por otro
lado, este tipo de gobiernos hiperpresidencialistas (neoliberales o
progresistas), que atienden en forma clientelar las demandas sociales,
constituyen el caldo de cultivo para nuevas formas de conflictividad
sociopolíticas. Esto se debe a que no se aborda estructuralmente las causas de
la pobreza y la marginalidad. Se redistribuyen partes de los excedentes
petroleros o mineros, pero no se dan procesos profundos de redistribución del
ingreso y los activos. Igualmente, los significativos impactos ambientales y
sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se
distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez
exige nuevas respuestas autoritarias.
Sin
pretender que con esto se resuelva la insustentabilidad intrínseca de la
explotación de los recursos naturales no renovables, siguiendo la recomendación
de Anthony Bebbington, una idea de sustentabilidad ?al menos para la transición?
debería ser construida democráticamente. Los límites al desarrollo deben estar
vinculados a la propia sociedad civil y su participación, no deben estar
circunscritos a modelos donde los actores más poderosos ?las transnacionales y
los Estados, muchas veces en ese orden? son los que deciden. De este modo se
pondría a discusión el uso de los recursos naturales y ésta sería una salida
para la atmosfera antidemocrática que acompaña al mismo extractivismo.
En síntesis,
la dependencia de recursos naturales no renovables, en muchas ocasiones,
consolida gobiernos caudillistas, incluso autoritarios, debido a los siguientes
factores:
• Débiles
instituciones del Estado para hacer respetar las normas y capaces de fiscalizar
las acciones gubernamentales.
• Ausencia de reglas y de transparencia que alienta la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y de los bienes comunes.
• Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder, lo que a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialismo, disminuye la inversión y las tasas de crecimiento económico.
• Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos.
• Ilusión de la riqueza fácil y abundante derivada de la explotación y exportación masiva de recursos naturales, incorporada como un ADN en amplios segmentos de la sociedad y los gobiernos.
• Ausencia de reglas y de transparencia que alienta la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y de los bienes comunes.
• Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder, lo que a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialismo, disminuye la inversión y las tasas de crecimiento económico.
• Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos.
• Ilusión de la riqueza fácil y abundante derivada de la explotación y exportación masiva de recursos naturales, incorporada como un ADN en amplios segmentos de la sociedad y los gobiernos.
Del
desarrollismo senil al postextractivismo
A alguien
?por mala fe o por ignorancia? se le podría ocurrir una peregrina idea: si la
economía primario-exportadora genera y perenniza el subdesarrollo, la solución
consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente, esa es una
falacia. La maldición de los recursos naturales no es una fatalidad del destino,
sino una elección. El reto radica en encontrar una estrategia que permita
construir el buen vivir aprovechando los recursos naturales no renovables,
transformándolos en “una bendición” (Stiglitz, 2006).
Entonces, la
tarea pasa por elegir otro camino, que nos aleje de la maldición de los recursos
naturales y de la maldición de las visiones ortodoxas que nos mantienen
subordinados al poder transnacional. Por eso, una de las tareas más complejas es
la construcción y ejecución de una estrategia que conduzca hacia una economía
postextractivista.
Esta nueva economía no surgirá de la noche a la mañana. Incluso es complejo imaginarse la posibilidad de cerrar abruptamente los campos petroleros o mineros en explotación. Pero esa transición no será nunca una realidad si se siguen ampliando las actividades extractivistas y si no hay alternativas específicas para irlas reduciendo a través de una evolución adecuadamente planificada. Por cierto que esa transición no es fácil en un mundo capitalista impensable sin las actividades extractivas como el petróleo, minería, o forestal. Construir estas transiciones es la gran tarea del momento, en tanto convoca todas las capacidades del pensamiento crítico, así como de inventiva y de creatividad de las sociedades y las organizaciones sociales. Los esfuerzos para dar paso al postextractivismo en el Sur global deberían venir de la mano del decrecimiento económico (26), o por lo menos, del crecimiento estacionario en el Norte global; tema que ocupa una creciente preocupación en muchos países industrializados.
El camino de
salida de una economía extractivista, que tendrá que arrastrar por un tiempo
algunas actividades de este tipo, debe considerar un punto clave: el
decrecimiento planificado del extractivismo. La opción potencia actividades
sustentables, que podrían darse en el ámbito de las manufactureras, la
agricultura, el turismo, sobre todo el conocimiento… En definitiva, no se debe
deteriorar más la Naturaleza. El éxito de este tipo de estrategias para procesar
una transición social, económica, cultural, ecológica, dependerá de su
coherencia y, sobre todo, del grado de respaldo social que tenga.
De lo que se
trata es dejar atrás las economías extractivistas dependientes y no
sustentables, que son primario-exportadoras, sobreorientadas al mercado externo,
des-industrializadas, con masivas exclusiones y pobreza, concentradoras del
ingreso y la riqueza, depredadoras y contaminadoras. Lo que se quiere es
construir economías sustentables, es decir, diversificadas en productos y
mercados, industrializadas y terciarizadas con capacidad de generación de empleo
de calidad, equitativas, respetuosas de las culturas y de la Naturaleza. En este
punto conviene propiciar un reencuentro con las cosmovisiones indígenas en las
que los seres humanos no sólo conviven con la Naturaleza de forma armoniosa,
sino que forman parte de ella.
Para lograr
poner en marcha esta transición, que necesariamente será plural, es imperiosa
una nueva y vigorosa institucionalidad estatal y una nueva forma de organizar la
economía, así como una concepción estratégica para participar en el mercado
mundial. Se requieren, por lo tanto, esquemas y organizaciones reguladoras, así
como mecanismos debidamente establecidos que permitan procesar estas
transiciones (27).
En la mira
está, entonces, la consecución de un nuevo perfil de especialización productiva
para tener países con sostenimiento interno, en base a un consenso amplio de los
diversos intereses. Para lograrlo hay que robustecer el mercado interno y el
aparato productivo doméstico, así como generar estrategias de transición
productiva que permitan que la actividad extractiva pierda importancia
económica. El reencuentro con la Naturaleza está también entre los puntos
prioritarios de la agenda, lo que significa superar los esquemas y prácticas
centradas en la explotación y apropiación de la Naturaleza. Tengamos presente
que la humanidad entera está obligada a preservar la integridad de los procesos
naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera.
Esto implica sostener la biodiversidad del planeta. Para lograr esta
transformación civilizatoria, la desmercantilización de la Naturaleza se perfila
como indispensable. Los objetivos económicos deben estar subordinados a las
leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el
respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas
y las comunidades.
Esto obliga
a mantener, sin destruir, aquellos territorios que poseen gran cantidad de
valores ambientales y sociales, donde se encuentra concentrada la mayor cantidad
de biodiversidad: la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador, es un ejemplo global
(28). También conduce a establecer el concepto de sustentabilidad fuerte (el
capital económico no puede reemplazar íntegramente al “capital natural”), como
un nuevo paradigma de la forma de organizar la sociedad. Y también implica
cambiar la contabilidad macroeconómica convencional por nuevos indicadores e
índices de sustentabilidad.
De igual
manera, se precisa una amplia y verdadera participación social para enfrentar el
reto del extractivismo a gran escala. Esto conlleva, imperativamente, a procesar
una profunda y radical redistribución de los ingresos mineros y petroleros,
tanto como de otros ingresos y activos existentes en una economía. Las
inequidades (29) deben ser abatidas, puesto que éstas son la base de los
autoritarismos de todo tipo en todos los ámbitos de la vida humana.
El tema de
fondo radica en empezar por no seguir extendiendo y profundizando un modelo
económico extractivista, es decir primario-exportador. El tratar de
desarrollarse priorizando esa modalidad de acumulación primario-exportadora, que
sobrevalora la renta de la Naturaleza y no el esfuerzo del ser humano, que
destroza sistemáticamente el medio ambiente y afecta gravemente las estructuras
sociales y comunitarias, que prefiere el mercado externo y descuida el mercado
interno, que fomenta la concentración de la riqueza y margina las equidades, no
ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. Entonces, tampoco lo será
para la construcción de una opción posdesarrollista, como lo es el buen vivir o
sumak kawsay (30).
El buen
vivir, al menos conceptualmente, se perfila como una versión que supera los
desarrollos “alternativos” e intenta ser una “alternativa al desarrollo”; en
síntesis, una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo. Y
que incluso disuelve el concepto del progreso en su versión productivista. Por
lo tanto, el buen vivir sintetiza una oportunidad para construir otra sociedad
sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad y armonía con la
Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales
existentes en cada país y en el mundo. La parte intrínseca de esta propuesta,
con proyección incluso global, está en dar un gran paso revolucionario que nos
infunda a transitar de visiones antropocéntricas a visiones socio-biocéntricas,
con las consiguientes consecuencias políticas, económicas y sociales.
Definitivamente, por la vía del “desarrollismo senil” (Martínez Alier, 2008), es
decir manteniendo y peor aún profundizando el extractivismo, no se encontrará la
salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales, pero a
la vez empobrecidas. www.ecoportal.net
Alberto Acosta -
Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. Ex Ministro de Energía y Minas. Ex
presidente de la Asamblea Constituyente y ex asambleísta constituyente. Nota: En
este texto el autor recoge y sintetiza varios de sus trabajos anteriores.
Referencias:
(…)
Fuente:
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/Extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicio