Pero también hallar que los
gobiernos constitucionales profundizaron
lo que el Capital estableció
con dictadura genocida.
Hasta llegar a más de una
deKada que alardeó de haber impuesto al país ser "pagador serial"y creó
el Ministerio de Seguridad para bloquear las exigencias populares de derechos
básicos.
Tengamos en cuenta que las necesidades y aspiraciones populares o
la justicia social son despreciadas por el sistema mirando en exclusivo por
garantizar la incesante acumulación oligopólica. Examinemos el funcionamiento
transfigurado por los K:
¿Preeminencia de la política,
o mandato de
los inversores?
16 de octubre de 2015
16 de octubre de 2015
Por Rolando
Astarita
Una de las ideas
más repetidas por funcionarios y defensores de los gobiernos kirchneristas fue
que, a partir de 2003, “la política” (así, a secas) había pasado a dominar a la
“economía” (también a secas). Una idea que pareció ser cierta durante la fase de
ascenso del ciclo económico, y la mejora de los términos de intercambio,
ocurrida en la primera década de los 2000. Aunque la “preeminencia de la
política” mostró sus lagunas-por caso, la inflación no pudo ser manejada a
voluntad por la política gubernamental- los años de crecimiento alimentaron la
ilusión de que la política de Estado podía superar la restricción de lo
económico. Sin embargo, el estancamiento que sufre la economía desde hace cuatro
años, combinado con problemas crecientes –caída de las reservas internacionales
y endeudamiento a tasas insostenibles, entre otros-, y la propuesta económica
del mismo candidato del oficialismo, desnudan la vaciedad del discurso que
anunciaba que, gracias al gobierno Kirchner, la política domina a la economía.
El
programa del oficialismo
Efectivamente,
lo que adelanta Daniel Scioli en reuniones con empresarios e inversores tiene el
sello del peso determinante de lo económico: “Vamos a generar un clima
inmejorable de negocios”, prometió en el coloquio de IDEA. Luego, en un
encuentro con el fondo Greenmantle, dijo que iba a negociar con los fondos
buitres, “pero no voy a pagar de más”. Declaraciones que están en línea con lo
que habían manifestado algunos de sus colaboradores, el gobernador Juan Manuel
Urtubey y los economistas Miguel Beim y Mario Blejer. En EEUU Urtubey afirmó que
hay que arreglar con los holdouts,
que es necesario normalizar el INDEC, y que Argentina tiene que volver al
mercado de capitales. De regreso en el país, ratificó sus declaraciones, y fue
amparado por Scioli.
Blejer sostuvo
algo parecido: “hay que buscar la forma de que el problema de los fondos buitre
desaparezca”; y agregó que sería positivo para la Argentina convenir una
revisión anual del llamado artículo IV, del FMI. Y Beim planteó que es necesario
ajustar tarifas, eliminar retenciones, y tomar deuda en el exterior, para lo
cual habría que “destrabar la agenda externa”. Lo que equivale a arreglar con
los holdouts y
normalizar relaciones con los organismos internacionales de crédito. Recordemos
que los delegados de Scioli viajaron a Lima para participar en la Asamblea Anual
del FMI. Por otra parte, han prometido quitar las retenciones al trigo, el maíz
y los productos regionales, y bajar las de la soja, al menos para las zonas
menos favorecidas.
Nada de esto es
muy distinto de lo que dicen y prometen los economistas de Massa o Macri. Se
discuten detalles y formas, no la orientación más general. Por supuesto, algunos
altos funcionarios kirchneristas, como fue el caso del Jefe de Gabinete y
candidato a gobernador por Buenos Aires, toman distancia y protestan. Pero nadie
del oficialismo cuestiona con alguna profundidad la propuesta de Scioli. Es que
todos son conscientes de que, en
los marcos del capitalismo argentino, dependiente y atrasado, no
tienen muchas alternativas. Kicillof puede posar de “patriota antiimperialista
heterodoxo”, pero en diálogo con el periodista Morales Solá, de La
Nación, sabe explicarse: “Pagar [a los holdouts]
es una trampa. No pagar es imposible. Lo entiendo. Estamos trabajando en una
negociación, que implica una correlación de fuerzas, como pasó con Repsol”
(4/08/15). Como era de esperar, el progresismo “nacional y popular” no hizo
escándalo por estas declaraciones. Como tampoco dijo palabra cuando se indemnizó
a Repsol (¿no era que debía dinero a Argentina?) o cuando se pagó sin chistar
una exorbitancia al Club de París, o cuando se acordaron cláusulas secretas con
Chevron. Está todo dentro de lo previsible. Aunque no deja de hablarse sobre la
“preeminencia de lo político”.
Más aún, desde
el propio ministerio de Economía se admite, de hecho, que la realidad no encaja
con el discurso que se difunde. Por ejemplo,
los propagandistas
del “modelo nacional y popular” afirman que hay que sostener la demanda mediante
el gasto público, aun a costa de un alto déficit fiscal. Pero el Presupuesto
enviado por Kicillof al Congreso prevé, para 2016, una reducción del gasto
público de 250.000 millones de pesos a 96.000 millones. De la misma manera, se
bate el parche del desendeudamiento, pero se toma deuda pagando una tasa de más
del 9% en dólares (y aun a esa tasa, hay problemas para endeudarse). Y el
Presupuesto prevé una inflación del 14% para 2016, pero Economía paga tasas, en
pesos, de más del 25%.
Estancamiento económico y mandato del capital
La cuestión de
fondo, la que rige las declaraciones de los Urtubey y Blejer, de los Scioli y Macri, y similares, es clara: las principales fuerzas burguesas son conscientes
de que necesitan intentar generar condiciones para que el capital, nacional o
extranjero, invierta. Es una constricción que se impone con toda su fuerza a
partir del agravamiento de las condiciones económicas. Pero entonces es
también la confesión de que la política tiene que subordinarse a la necesidad
primera y dominante en una sociedad en que decide la propiedad privada de los
medios de producción. Es la admisión de que el Estado tiene, como
función clave, “crear un clima inmejorable de negocios” para que los
capitalistas se decidan a invertir.
Pero a esto
apuntaba Kicillof cuando pagó la indemnización a Repsol por YPF; y cuando pagó
al Club de París y al CIADI. Por eso en su momento dije desde este blog que se
iba hacia el arreglo con los holdouts.
Aunque el arreglo no se produjo, eso no cambia la tendencia de fondo. Se alteran
las formas y los tiempos, – y en esto entra el cálculo político- pero no la
sustancia. Cualquiera sea el que gane, va a buscar alguna forma de volver al
mercado internacional de capitales. Es que durante las crisis, o en los períodos
en que se agudizan los problemas económicos, la determinación de la política por
las relaciones de producción subyacentes se hace sentir con toda su fuerza.
Los
vaivenes de la “autonomía del Estado”
Lo planteado en
el punto anterior se relaciona con la dialéctica que parece existir entre
autonomía del Estado (o de la política) y el ciclo económico. Desde un punto de
vista muy general, durante las fases de ascenso del ciclo económico, a la par
que se profundiza la dependencia mutua de productores y consumidores, se
desarrollan la independencia e indiferencia mutua, no solo de los productores y
consumidores, sino también del Estado. Este último entonces parece estar
por encima de las restricciones que impone el mercado. Los gobiernos, los
funcionarios, las instituciones del Estado, parecen independizarse de la
constricción económica. El Estado dispone de más libertad y autonomía relativa;
por ejemplo, para disponer de la parte del excedente del que se apropia por vía
de los impuestos.
Por eso, en esas coyunturas de alza se desarrollan las más fantásticas ideas sobre el poder estatal; por ejemplo, que puede suprimir las crisis capitalistas, fijar los precios adecuados, controlar plenamente a las empresas. En tanto se hace abstracción de las condiciones reales de existencia del capital, por doquier se declara que “la política domina a la economía”. Son los tiempos propicios para que los teóricos del “discurso que crea realidades” expliquen que se acabó “la tiranía de la economía” y acusen al marxismo por su “burdo determinismo mecanicista”.
Pero incluso esa
idea de independencia de la instancia política, esa abstracción de la idea
dominando las relaciones sociales, no
es más que la expresión teórica de las relaciones que dominan a los seres
humanos (Marx). Seres humanos y Estado proclaman su autonomía y
libertad, cuando en realidad son cada vez más dependientes y
en esencia están más subordinados a la lógica del mercado y de la valorización
del capital. Por eso, el idilio con la independencia abstracta es
violentamente barrido cuando hay crisis, o cuando las dificultades económicas,
que los seres humanos no manejan, se agravan. En ese punto se acaban los relatos
sobre la construcción discursiva de la realidad. La
constricción de lo económico se impone con toda su fuerza a través de la no
inversión. Por eso, los discursos no
pueden cambiar el hecho de que, por ejemplo, el Gobierno argentino se endeuda
pagando una tasa de interés que es el doble de la que pagan otros países
latinoamericanos. Ni que los capitales sólo consideren las perspectivas de
ganancias a la hora de decidir una inversión.
Por eso también, los
integrantes de Carta Abierta ahora podrían seguir publicando sus abstrusas
meditaciones sobre la autonomía de lo político, sin que ello alterara en lo más
mínimo el hecho de que
los dueños del
capital no invierten hasta que no consideran adecuada la cuota en el botín de
plusvalía que les corresponde.
Como
conclusión política
Por eso, las
propuestas electorales de Scioli, Massa o Macri, no se explican por alguna
debilidad psicológica de los candidatos, sino por una lógica de clase. Que es la
lógica del capital “en general”. El ministro Kicillof, o el gobierno de Cristina
Kirchner, o el presidente que asuma en diciembre, no actúan como lo hacen porque
son “traidores del pueblo”, o porque “claudiquen frente a las exigencias de los
grandes capitales”. Más en general, es un error pensar que el gobierno de los
Kirchner es un gobierno “reformista, con vacilaciones”. Aquí
no se trata de características personales, sino de las relaciones de clase y los
intereses que encarnan.
Al margen de roces y tensiones, los gobiernos capitalistas están insertos en relaciones de producción capitalistas. Y lo decisivo para que una economía funcione, y para que el Estado capitalista funcione, es que el capital reinvierta la plusvalía. Pero para eso desde el Estado hay que garantizar las condiciones de reproducción del capital. En esto no hay vueltas. De ahí que este sea el “mandato del capital” para estas elecciones, por sobre los vanos cacareos sobre la autonomía de la política. Por supuesto, un gobierno puede intentar, dentro de un régimen capitalista, el camino alternativo del capitalismo de Estado. Es lo que trató el chavismo en Venezuela, a partir del manejo estatal de la renta petrolera. Pero ni aun con la gigantesca renta que recibió en los 2000 pudo evitar el colapso económico, provocado por la salida de los capitales. Las posibilidades en Argentina son aún más limitadas. Y de esto hay conciencia en la clase dominante, y en sus representantes. Es lo que le aseguran los candidatos del sistema a los inversores. Aunque algunos lo disimulen con melodía nac & pop.
Examinemos un ejemplo de la profundización del neoliberalismo
durante más de una deKada que explica, de modo fundamental, las crecientes
barriadas pobrísimas y la desertificación del país. Son las externalidades
de la economía capitalista o los "daños colaterales" de las guerras contra
los pueblos.
La situación
agraria en la Argentina actual: agronegocio y resistencias campesinas e
indígenas
Juan Wahren
(…)
El surgimiento
de un nuevo modelo Agrario en el marco del neoliberalismo
Con
la instauración del modelo neoliberal -a partir de la última dictadura militar
(1976 a 1983)- el modelo agroindustrial sufrió importantes transformaciones,
orientándose principalmente a la satisfacción del mercado externo y siendo cada
vez más dependiente en cuanto a la tecnología aplicada a la producción. De
este modo, las últimas décadas han sido testigo una serie de cambios -lentos
pero constantes- en el agro argentino: agriculturización (avance
de la agricultura en regiones vinculadas tradicionalmente a la actividad
ganadera); desregulación económica; reorientación de la producción agraria a
la exportación; apertura al ingreso de insumos externos (agrotóxicos,
fertilizantes, maquinarias); procesos de centralización y concentración de la
producción agroalimentaria, aparición de nuevos actores dominantes (empresas
red y pooles de siembra, etc.), expansión de los cultivos transgénicos y otras
innovaciones tecnológicas (siembra directa, georreferencialidad satelital,
programas informáticos para la producción, etc.).
Estos cambios han tenido un fuerte impacto en la estructura agraria argentina, y en la vida de los pequeños productores y campesinos, expresando a su vez transformaciones más amplias vinculadas a una reorganización territorial del país. Así, en la década de los noventa comienza a ser hegemónico este nuevo modelo agropecuario denominado generalmente como“agronegocio”, el cual ha implicado una profundización e intensificación de la producción agroindustrial orientada a la provisión de insumos para la exportación, donde priman las lógicas del mercado internacional de commodities y donde la concentración de poder económico y de decisión por parte de algunas empresas sobre las cadenas de distribución y comercialización determina los precios de los productos en detrimento de los pequeños y medianos productores.
Consideramos que este modelo puede
caracterizarse como parte de la lógica neo-extractiva de la actual etapa
capitalista de acumulación por desposesión (Harvey, 2004) aunque se
presentan ciertas complejidades y particularidades del modelo de Agronegocios
con respecto a otras actividades extractivas (minería, hidrocarburos) -como por
ejemplo la “capacidad relativa para articular actores sociales y económicos
diferentes, así como también por la red de empleos y servicios generada en torno
al mismo” (Svampa y Viale, 2014:131). Sin embargo, las principales
características del Agronegocio son coincidentes con las del extractivismo:
a) “la orientación a la exportación, a la producción de
commodities, a la gran escala y al monocultivo” (Svampa y Viale, 2014:131).
b) “La búsqueda de mayor rentabilidad por parte de los actores
involucrados en el modelo, sobre todo a través del monocultivo de soja, lo que
tiene como correlato la tendencia al acaparamiento de la tierra y la expansión
de la frontera agraria, fenómeno que explica la mayor deforestación, la pérdida
de biodiversidad, la expulsión de campesinos e indígenas y, en el límite, el
notorio incremento de la criminalización y los asesinatos de campesinos e
indígenas” (Svampa y Viale, 2014:131).
c) “Los impactos sociosanitarios de la utilización masiva e
intensiva de glifosato, a través de las fumigaciones” (Svampa y Viale,
2014:131).
d) - Intensificación del capital en los procesos productivos (con
una cada vez mayor participación del capital financiero)
e) estandarización de las tecnologías utilizadas (y una profunda
innovación tecnológica generada desde el propio modelo en combinación con
multinacionales y el sistema de CyT nacional Este modelo de desarrollo
económico se basó -en sus comienzos- en la producción intensiva del monocultivo
de la variedad de soja transgénica RR (Roundap Ready, por su sigla en ingles),
commoditie de alto valor en el mercado, orientada principalmente hacia el
mercado externo.
En efecto, los mercados de la soja más importantes se encuentran
en Europa y Asia (principalmente China e India). Gran parte de esta oleaginosa
es utilizada luego como alimento de forraje y se calcula que son necesarios
aproximadamente 5 kilos de soja para producir 1 kilo de carne (Latarroca et al.,
2004). Para terminar de comprender la magnitud del fenómeno de la “sojización”
en Argentina, basta con señalar que la producción de soja transgénica pasó
de 11 millones de toneladas en 1996/1997 (la primera siembra con la semilla de
soja transgénica aprobada) a más de 58 millones de toneladas en 2015/2016
(Datos Abiertos Ministerio de Agroindustria, 2016) cubriendo gran parte de la
superficie de la región pampeana, y avanzando en forma expansiva hacia otras
regiones del país, fundamentalmente el noroeste. Asimismo, en ese mismo lapso
de tiempo la superficie sembrada de este cultivo pasó de menos de 6.669.500 de
hectáreas en la temporada 1996/1997 a 20.479.094 hectáreas en la temporada
2015/2016 (Datos Abiertos Ministerio de Agroindustria, 2016) cubriendo gran
parte de la superficie de la región pampeana (zona núcleo agropecuaria), y
avanzando en forma expansiva hacia otras regiones del país, fundamentalmente el
noroeste y noreste de la Argentina (..)
En
suma, podemos afirmar que en la década de 1990 en Argentina se consolidó una
nueva etapa del modelo de desarrollo, caracterizada por la liberalización de la
economía y el fortalecimiento del modelo del “agronegocio” en los mundos
rurales, el cual dio como resultado procesos de exclusión
social en los espacios agrarios y un quiebre de la complementariedad desigual
existente en el modelo anterior entre las familias campesinas y los complejos
agroindustriales (Teubal y Rodríguez, 2002; Giarracca y Teubal, 2005 y
2008). Estas transformaciones han sido abordadas tanto desde el análisis de los
cambios en los complejos agroindustriales, como también recuperando el punto de
vista de los actores involucrados para analizar el modo en
que los crecientes requisitos de capitalización afectaban a los agentes
productores ya sean éstos grandes, medianos o pequeños (Murmis, 1998)
Este modelo productivo implica una escasa rotación de cultivos,
lo cual provoca una mayor erosión de los suelos, la ruptura con formas
ancestrales de producir la tierra, y el avance de la “frontera agropecuaria”
hacia zonas no tradicionales, es decir, una “pampeanización” de regiones que no
se dedicaban a la producción de agricultura expansiva ni ganadería a gran
escala (provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa) por medio de
desmontes del bosque nativo y desalojos a comunidades indígenas, campesinos y
pequeños productores rurales.Este avance del“ modelo sojero” ha
implicado,entonces,graves consecuencias para el ambiente en el mediano y largo
plazo, así como una amenaza actual para las poblaciones desalojadas o en
peligro de serlo en diferentes regiones del país. Por otro lado, la
productividad y la mayor rentabilidad generada por los “oligocultivos
transgénicos”, soja y maíz (Barri y Wahren, 2010),
provocó la sustitución de cultivos tradicionales del agro argentino (girasol,
arroz, algodón, trigo, sorgo, etc.) y de otras actividades agropecuarias
(tambos, ganadería bovina y ovina) que en muchos casos estaban orientadas a
satisfacer las necesidades alimentarias del mercado interno.
De esta manera, se pierde paulatinamente la diversidad productiva
comportando también riesgos para la seguridad y la soberanía alimentarias de
la población. Actualmente el modelo productivo hegemónico está basado en la
rotación de cultivos de soja y maíz transgénicos, así como otros productos
con los que se ha avanzado tecnológicamente desde la hibridación, y que
implican el control por parte de las empresas semilleras multinacionales de la
reproducción de los cultivos, ya sea por medio de patentes o por medio de la
venta de semillas híbridas (es decir, incapaces de ser reproducidas por los
campesinos y agricultores). Este modelo se ve profundizado a partir de comienzos
del siglo XXI con el surgimiento de los agrocombustibles como una propuesta a
mediano y largo plazo para suplantar la los hidrocarburos (gas y petróleo) como
matriz energética, abriendo nuevos y serios riesgos para la soberanía y
seguridad alimentaria a partir de la tensión entre cultivos para alimentar a
los pueblos o para alimentar a las máquinas. En muchos casos, la soja, el maíz
y la caña de azúcar -entre otras producciones- están siendo cultivados para
la fabricación de combustibles en detrimento de la provisión de alimentos para
las poblaciones, lo cual no sólo reduce la oferta de alimentos populares, sino
que también los encarece.
Resumiendo puede afirmarse que algunas
de las consecuencias de estas transformaciones en el agro argentino han sido:
a) el aumento de
la injerencia del capital financiero en la producción agropecuaria por medio de
los pool de siembra que aplican sus inversiones financieras a la producción de
alimentos;
b) la adopción
de nuevas tecnologías controladas por los grandes laboratorios internacionales
que imponen nuevos paquetes tecnológicos basados en la biotecnología (semillas
transgénicas, agrotóxicos, etc.);
c) el aumento de
migración hacia centros urbanos y el crecimiento de poblaciones marginadas en
las ciudades por la expansión de modelos que expulsan al campesino y al
trabajador rural de los territorios;
d) una mayor
orientación de la producción a la demanda externa, desplazándose los cultivos
tradicionales a favor de la producción de commodities;
e) la
consolidación de oligopsonios en varios complejos agroindustriales (por
ejemplo, en el complejo lácteo dos compañías -SanCor y La Serenísima
controlan prácticamente la totalidad de la actividad de industrialización y
comercialización y, por su parte, las comercializadoras de granos hacia el
exterior son sólo seis multinacionales y una cooperativa nacional que concentran
todas las exportaciones de oleaginosas y granos y sus derivados como aceites);
f) un fuerte
oligopolio en el mercado de insumos (dependencia de las semillas y del “paquete
tecnológico” de Monsanto, Syngenta y Don Mario en la producción de soja y
maíz);
g) un crecimiento
de la superficie necesaria para que la unidad productiva básica pueda mantenerse
en la actividad en términos “competitivos” (principalmente para el caso de la
soja y el maíz transgénicos);
h) la
concentración de la comercialización con el auge del “supermercadismo”;
i) una mayor
concentración de la propiedad de la tierra mediante la apropiación de tierras
“marginales” (ampliación de la frontera agropecuaria) con la consiguiente
expulsión de campesinos, indígenas y pequeños productores de sus tierras
(Dominguez y Sabatino, 2010); y,
j) la
proliferación de impactos ambientales y sanitarios a escala nacional producto
del aumento en el uso de agrotóxicos (más que nada el glifosato) en las
poblaciones rurales y urbanas adyacentes a las zonas de siembra, transporte y
acopio de los productos agropecuarios, principalmente la soja y el maíz
transgénicos. (…)
Impactos sociales y
ambientales del Modelo de Agroneogcios.
Si
bien, este nuevo esquema de gestión de la tierra no contempla necesariamente la
posesión de la misma para la producción agropecuaria en gran escala, no implica
que el fenómeno de la concentración de la tierra en Argentina se desacelerara.
Por el contrario, sea por la adquisición de propiedades o de la gestión
continuada de tierras cultivables por un número cada vez más reducido de
productores la concentración e la tierra sigue siendo un fenómeno nodal en la
estructura agraria argentina. De este modo, vemos que las cifras estadísticas
indican que el 2% de las explotaciones gestiona el 50% de la tierra cultivable
mientras que los pequeños productores -que son el 57% del total de los
productores agrarios- gestionan solamente el 3% de la tierra apta para las
actividades agropecuarias (Svampa y Viale, 2014). El avance de la frontera
agropecuaria también provoca importantes impactos ambientales que afectan a las
poblaciones rurales adyacentes a los emprendimientos, peor también a las
ciudades que se encuentran más alejadas pero que también sufren la consecuencias
de este modelo a largo plazo, tanto por la contaminación directa, como por la
que potencialmente se produce via la ingesta de alimentos afectados por los
agroquímicos. De este modo,
“en la actualidad, en la Argentina hay unos 12 millones de
personas que viven en zonas donde se arrojan 300 millones de litros de
agrotóxicos al año” (Svampa y Viale, 2014: 150).
La gran
concentración de transgénicos y agroquímicos debido a la cantidad de hectáreas
cultivadas “convierten al país en una suerte de primer “laboratorio a cielo
abierto” (Gras y Hernández, 2013). Se registran, a partir de estudios locales en
diferentes poblados del país adyacentes a las producciones agrarias que usan
intensivamente agroquímicos, un crecimiento exponencial de casos de cáncer
irritaciones en la piel, enfermedades respiratorias, malformaciones en niños
recién nacidos De hecho, en estos últimos años en la Argentina diferentes
municipios han ido regulando via ordenanzas la distancia permitida para fumigar
con glifosato y otros agroquímicos en las cercanías de las poblaciones y
escuelas rurales. Estas reglamentaciones van desde una franja de 100 a 3000
metros y en muchos municipios incluso se han prohibido las fumigaciones aéreas
con glifosato, este último herbicida fue recientemente declarado por la
Organización mundial de la Salud (OMS) como probable causante de diferentes
tipos de cáncer para quienes se encuentren expuestos al mismo. Otras
investigaciones como las del fallecido médico Andrés Carrasco demostraron los
peligros que implicaba el glifosato para los embriones humanos durante su
proceso de gestación (Paganelli, Gnazzo, Acosta, López y Carrasco, 2010).
El Rol del Estado en el marco del Modelo de Agronegocios:
(…)
En concordancia con estas recetas neoliberales aplicadas al
sector agrario (que provocó el endeudamiento y posterior remate de campos de
los pequeños productores, al tomar créditos usureros que luego no pudieron
afrontar), el entonces Subsecretario de Política Agropecuaria afirmaba que: “en
la Argentina deben desaparecer 200.000 productores agropecuarios por
ineficientes” (Bidaseca, 2007). En efecto, al realizarse el Censo Nacional
Agropecuario del año 2002 la cifra de los pequeños y medianos productores
(poseedores de entre 0,5 y 50 has y entre 51 y 500 has, respectivamente) había
disminuido en 82.854 con respecto al censo de 1988 (Teubal et al., 2005). El
Censo realizado en el año 2008 no permite obtener estadísticas a nivel nacional
pues tuvo grandes errores metodológicos y diversos problemas en el proceso de
recolección de datos, pero se estima que la cifra se acerca cada vez más hacia
la desaparición de los 200.000 productores y habrá que esperar hasta el Censo
del año 2018 para corroborar, o no, esta hipótesis. Simultáneamente (y no
casualmente) a la aplicación de estas políticas para con el agro, se crea en
el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
la Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad Agropecuaria (CONABIA, ente
compuesto por representantes de distintos organismos estatales y del sector
privado-empresarial), que será la encargada de regular la aprobación de los
organismos genéticamente modificados en la Argentina. Cinco años después, en
1996, la Secretaría de Agricultura y la CONABIA autorizan (y fomentan) la
propagación de la soja RR, siendo así el primer país en hacerlo oficialmente,
sin ningún estudio científico que permitiera evaluar sus riesgos sobre el
ecosistema y la salud de la población (Perelmuter, 2007); dejando de lado el
“principio de precaución”, por el cual si aún no se han podido comprobar que
existen riesgos para las personas o el medio ambiente, se sugiere no utilizar
masivamente tales avances tecnológicos.
Se establecen conexiones entre Estado y actores agrarios, estructura social y modelo de acumulación, modelos de desarrollo, donde la soja es emergente de un proceso más profundo, asociado a la globalización mercado capitalista en los mundos agrarios; las autoras afirman que en las últimas décadas, el agro argentino registró importantes cambios asociados al proceso de globalización del mercado capitalista. Desregulación política, apertura económica e innovación tecnológica “en el sector agropecuario las medidas neoliberales significaron el retraimiento del estado en sus funciones reguladoras (eliminación de una serie de entes de control) y el afianzamiento en su rol de garante del libre juego del mercado. Concomitantemente que se dejaron de lado políticas proteccionistas y redistributivas, se eliminaron casi todos los impuestos a las exportaciones, se privatizaron las empresas de servicios y se desmantelaron institutos públicos de apoyo técnico al agro, siendo el INTA un caso emblemático” (Gras y Hernández, 2009:17).
En un supuesto giro con esta actitud
desregulatoria del Estado, en el año 2010 el gobierno nacional de Cristina
Fernández de Kirchner lanza el Plan Estratégico Agropecuario (PEA2) con una
perspectiva de desarrollo del sector agropecuario a diez años articulando
políticas públicas con las tendencias del mercado nacional e internacional,
basado en la concepción de “seguridad alimentaria”.
El núcleo de este plan de desarrollo se encuentra basado en la ampliación de la producción de granos y de la soja como cultivos preponderantes y estratégicos, así como la conformación de ciertas cadenas de valor agregado agroindustriales. En este sentido, “los granos constituyen el corazón del modelo propuesto, destacándose el rol asignado a la producción de maíz, base de la cadena agroalimentaria y del agregado de valor en la producción de carnes, entre las que se destacan cerdo y aves; sin embargo, la soja continúa siendo el eje del sector agroalimentario y agroindustrial” (CaLiSA, 2012) Este proyecto deja fuera de consideración sustancial aquellas producciones orientadas al alimento de las poblaciones locales, apuntando principalmente a la producción de alimentos y productos agropecuarios orientados a la exportación sin tomar en cuenta la problemática nutricional que se encuentra “totalmente ausente en el diagnóstico y la soberanía alimentaria y la agroecología difusas en los objetivos; algo similar ocurre con la agricultura familiar, los pueblos originarios y los “consumidores”, como tales, pero sobre todo como ciudadanos” (CaLiSA, 2012).Asimismo, el PEA2 se construyó sin tener en cuenta en su diagnóstico las problemáticas estructurales, como ser la concentración en la tenencia de los bienes naturales, de la producción y/o de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria. Entre los aspectos a fortalecer por el Plan se pueden encontrar el aumento de la productividad y la expansión de las superficies cultivadas o en producción, lo cual permitiría abastecer los mercados, principalmente la creciente demanda internacional de alimentos y de agrocombustibles. De este modo, siguiendo a Guillermo Almeyra, se puede afirmar que “el PEA2 plantea elevar la actual producción de 100 millones de toneladas de granos a 160 millones y extender la superficie sembrada hasta 42 millones de hectáreas. Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola” (Almeyra, 2011).
De este modo, las consecuencias
ambientales, sociales y culturales del modelo de desarrollo del agronegocio se
ven acrecentadas por las metas propuestas por el PEA2 por más que en éste se
rescate discursivamente la noción de “seguridad alimentaria”, pues no se tiene
en cuenta la provisión de alimentos accesibles y culturalmente aceptables para
la población del país y de acuerdo a las particularidades regionales, así
como se amplía la frontera agropecuaria y se avanza territorialmente sobre
otras formas productivas (campesinos, indígenas, pequeños productores) y sobre
bosque nativos. En síntesis, el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 fue
diseñado con el fin de alcanzar la meta de 160 millones de toneladas de
producción de cereales y oleaginosas (principalmente soja, maíz, trigo y
girasol), “lo que va a implicar mayores desmontes, mayor desplazamiento
compulsivo de poblaciones, mayores conflictos con campesinos e indígenas,
hacinamiento urbano, presión sobre los bosques nativos y pérdida de suelos,
entre otros” (Svampa y Viale, 2014: 145).
Las
innovaciones tecnológicas del Agronegocio
El desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en la economía de
las sociedades occidentales impusieron un nuevo tipo de racionalidad científico
tecnológica.
La agricultura industrial supone la creciente artificialización
de los procesos biológicos implicados en el manejo de los recursos, la
mecanización y agroquimización de los procesos de trabajo, y la consecuente
mercantilización del proceso de producción global (Sevilla Guzman, 2006).
Como
señala Sevilla Guzman (2006: 83) “ello significa que la agricultura
industrializada creyó poder artificializar la naturaleza, reproduciéndola a
través de la ciencia, y por lo tanto... configurar la estructura de las
sociedades posindustriales”. Así, desapareció la “agricultura como forma de
vida” de las sociedades posindustriales y fue sustituida por una “agricultura
como negocio”, bajo los esquemas racionalizadores que impone el mercado, donde
los agricultores dejan de participar en la toma de decisiones, dependiendo cada
vez más del sistema de los agronegocios (Sevilla Guzman, 2006).
Sin embargo, el
desarrollo de estos sistemas productivos basados en la mercantilización de los
recursos naturales, que no internaliza los costes ambientales ni sociales
producidos por ellos, poseen una responsabilidad central en la crisis ambiental
que atravesamos a nivel planetario (Toledo, 1993; FAO, 2008). Además, un modelo
de desarrollo como el que analizamos, basando en el monocultivo de soja
transgénica, no sólo provoca “daños colaterales” en el medio ambiente y los
sectores marginales de nuestra sociedad, sino que además implica una pérdida
de recursos valiosos para nuestro futuro económico productivo, como el agua y
los nutrientes del suelo, que se van de nuestro territorio en magnitudes
insospechadas al exportar los millones de toneladas de granos, y nos costará
muchísimo recuperar (Pengue, 2009).
Los modelos económicos basados en el
desarrollo de los agronegocios no sólo hacen perder soberanía alimentaria a
sus pueblos (es decir, la posibilidad de producir localmente los alimentos
nativos para el autoconsumo), sino que implica, por la circulación de materias
primas al rededor del mundo, un despilfarro energético sin precedentes (Shiva,
2007). Y bien vale aclarar que las leyes de la termodinámica no se pueden
amoldar a las leyes económicas, cuando en el mundo se acaben los recursos y las
fuentes de energía, no habrá tecnología capaz de remediar el colapso que ello
ha de provocar para la humanidad.
El cambio disruptivo tecnoeconómico de la
agricultura del siglo XXI fue liderado por un nuevo modelo de empresa
agropecuaria reticular (o en red) de intercambio de servicios basada en el
conocimiento del manejo de diversas tecnologías aplicadas a la producción, la
gestión y la logística agrícola. Como afirma Bisang se trata de un proceso de
destrucción creativa en el que conviven dos modelos de organización de la
producción con sus respectivas tecnologías (Bisang 2003:414).
La disrupción
informacional combinó cambios organizacionales a partir de la incorporación de
nuevas tecnologías disruptivas del nuevo paradigma tecnoeconómico,
particularmente biotecnologías y TICs combinadas de nueva forma con los
sistemas tecnológicos heredados. Se trató de la aplicación innovadora y la
difusión amplia de nuevas tecnologías de producto y de proceso, tanto
biotecnologías como semillas transgénicas, el uso experto de agroquímicos y
fertilizantes, nuevas prácticas de labranza como la siembra directa o la
rotación, nuevas formas de acopio como el silo‐bolsa
o las tecnologías de la información aplicadas tanto a la gestión
administrativa como la producción. Este cambio produjo un aumento acelerado del
volumen de producción debido al desplazamiento de la frontera agrícola pero
también al aumento de la productividad, la modificación de los patrones de
especialización y un proceso de internacionalización del sector. (Artopoulos,
2016: 275)
En este sentido, Armando Bartra caracteriza a la revolución de los
transgénicos como un proceso de “colonialismo genético o segunda revolución
verde...., donde los nuevos conocimientos de la ciencia no se basan en los
ecosistemas, como ocurrió tradicionalmente por parte de los agricultores, sino
sobre sus componentes simples... un comportamiento contra natura cuyo resultado
es que el agricultor ya no solo está obligado a trabajar para el capital, sino
también a trabajar como el capital” (2008: 68-69). Con la consolidación de los
cultivos transgénicos, y acompañado por el éxito productivo y económico de la
soja comenzó a crecer exponencialmente el uso de los cultivos transgénicos
(principalmente Soja RR, luego Maíz RR y Maíz BT), junto con el sistema de
siembra directa (no remoción del suelo) que generó aún más expulsiones de
mano de obra agrícola. Así se consolidó un modelo
basado en la concentración de la tierra y la revolución biotecnológica,
siendo la soja el cultivo paradigmático.
El
agronegocio en tanto modelo se encuentra enmarcado en un paradigma tecnológico
que genera dependencia de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas y,
como consecuencia, una mayor dependencia respecto de las inversiones extranjeras
(a través de las empresas multinacionales de semillas y de alimentos) y del
capital financiero y especulativo a través de los “ pools de siembra” que
comenzaron a invertir en un producto que actúa como commodity a nivel
internacional y cuyo precio se define en la bolsa de Chicago. En el año 2004 es
autorizada la semilla transgénica del maíz BT, con lo que la Argentina pasa
del monocultivo sojero a una suerte de oligocultivo transgénico entre el maíz
BT y la soja RR (Barri y Wahren, 2010), que refuerzan la dependencia del
“paquete tecnológico” de las multinacionales de los agronegocios (semillas
transgénicas, maquinarias, agroquímicos, fertilizantes, almacenamiento,
logística, servicios satelitales, etc.) que, aunque disminuyen los costos de
mano de obra, incrementan enormemente el de los insumos (López Monja et al.,
2008).
Este
proceso de crecimiento exponencial de la tecnología transgénica tuvo un fuerte
correlato en la inversión local de I+D con capitales de empresas nacionales (El
tejar, Los Grobo, Don mario, etc.) y con fondos e infraestructura estatal,
principalmente del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT),
donde las investigaciones científicas quedan subsumidas a
la lógica de la ciencia aplicada para el mercado, en este caso de los eventos
transgénicos que luego puedan ser comercializados por las empresas nacionales en
competencia con las multinacionales como Monsanto. Como ejemplo
paradigmático de esto podemos analizar el complejo biotecnológico del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la Provincia
de Santa Fe, el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Rosario (CERIDER),
donde funciona el Instituto de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR) que, con una
inversión de 5 millones de dólares en infraestructura, alberga a más de 400
becarios e investigadores dedicados al desarrollo científico y tecnológico de
la biotecnología (Barri y Wahren, 2010). En este proyecto participan diversas
empresas privadas de biotecnología como Biosidus y Bioceres, que aportan las
inversiones en infraestructura, equipamiento, insumos y funcionamiento general.
El Estado aporta los recursos humanos -formados en las universidades públicas y
en el sistema científico nacional- abonando los salarios de los becarios e
investigadores del CONICET y otras agencias estatales de promoción científica
pero no estableciendo las directrices de las investigacfiones que quedan en la
decisión estratégica de las empresas que aportan el capital (Clarín, 2005;
MINCyT, 2008).
El discurso subyacente a este avance de la tecnología se
encuentra ligado a un relato ya ensayado durante la Revolución verde de las
décadas pasadas: la tecnología permitirá solucionar el problema del hambre en el
mundo. Estos relatos apareen como parte de las promesas incumplidas de la
Modernidad y el Desarrollo que, si bien ahora se reconfiguran con mayor
sutilezas no dejan de constituir un relato hegemónico que es apuntalado por
parte de la comunidad científica del pais y por gran parte de los medios masivos
de comunicación.
De este modo, podemos afirmar junto a
Artopoulos, que además de la batalla cultural y la llegada de la siembra directa
a la agenda pública de la agricultura argentina, el período del despegue estuvo
regido por la resolución de la viabilidad económica de la siembra directa.
Esta viabilidad se alcanzó una vez resueltos los problemas técnicos, uno de los
cuales fue el lanzamiento en Argentina del glifosato, herbicida no selectivo
sistémico, de marca comercial Round-Up de Monsanto en 1980.Este herbicida fue el
primer efectivo complemento de la siembra directa, la pieza del rompecabezas
técnico que hacía falta. De hecho, la compañía Monsanto fue una gran promotora
de la siembra directa durante esta etapa de despegue (Artopoulos, 2016:
285-286).
La difusión abierta de la siembra directa no se dio sino hasta
principios de 1990, cuando la confluencia de una generalización de los problemas
de erosión de suelos en el país, el aumento de los costos operativos y la
accesibilidad económica a los herbicidas no selectivos, permitieron un control
de malezas más efectivo e hicieron de la siembra directa una tecnología
económicamente viable. La difusión abierta se inició entre los productores
medianos a grandes, los cuales podían solventar los costos y tomar riesgos en
comparación con los productores chicos sin conocimiento. este proceso, como
dirían los técnicos de AAPRESID: “el suelo no fue más el suelo, sino un
laboratorio móvil”. La agricultura se volvió una actividad sofisticada,
profesional y de conocimiento tecnológico aplicado a cada contexto (Alapin
2008:52). De este modo, el denominado “paquete tecnológico” asociado a los
cultivos transgénicos, la siembra directa y el uso intensivo de tecnología en
los diferentes momentos productivos del agronegocio así como en su etapa de
financiación/inversión, como de comercialización es clave para comprender el
carácter informacional de esta actividad extractiva. Estos
paquetes tecnológicos provistos por las grandes empresas semilleras y de
tecnología agropecuaria imponen lógicas de producción (utilización de
semillas transgénicas, agrotóxicos, maquinarias, aviones fumigadores,
satélites para la previsión del clima, especialistas y técnicos, maquinaria
específica, etc.) y terminan imponiendo estándares sobre gustos, tamaños y
colores de los alimentos que se consumen e influyendo también sobre el paisaje
rural.
El gobierno de
Macri y la profundización del Modelo de Agronegocio
Podemos afirmar que luego de un año de gobierno de Mauricio Macri,
el Modelo de Agronegocio continuará y se afianzará aún más en los próximos años.
En efecto, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos fue
eliminar el impuesto a las exportaciones agropecuarias (denominadas retenciones)
del maíz y el trigo y reducir en un 5% las retenciones a la soja (que se
mantienen en un 30%) Asimismo, el gobierno presentó una Ley de Semillas donde
las grandes Multinacionales como Bayer-Monsanto vienen presionando para obtener
mayores beneficios con las patentes sobre las semillas genéticamente modificadas
que por la actual ley no pueden obtener . Por ahora esa nueva Ley no pudo
aprobarse debido a la oposición de diferentes actores de los mundos rurales,
inclusive algunas federaciones patronales qeu se oponen a las ventajas que
obtendrían las empresas semilleras transnacionales.
Estas mismas corporaciones
empresariales se encuentran actualmente ocupando cargos de gestión política como
funcionarios de primer nivel en el ministerio de Agroindustria, el INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y otras dependencias estatales
ligadas al sector tanto a nivel nacional como en distintas provincias. Al mismo
tiempo, durante su primer año de gobierno, se ha desmantelado gran parte de la
capacidad operativa de la Secretaría de Agricultura Familiar (que ya venía con
un bajo presupuesto operativo del gobierno anterior) y despidió a una importante
cantidad de trabajadores (técnicos, ingenieros agrónomos, veterinarios,
profesionales de la ciencias sociales, etcétera) que cotidianamente trabajaban
junto a organizaciones campesinas, comunidades indígenas y otros actores
subalternos de los mundos rurales del país.
Resistencias y
alternativas campesinas e indígenas
Como ya se ha
mencionado, en la Argentina esta disputa por los territorios campesinos se
encuentra signada por la aparición del “modelo de desarrollo del agronegocio”
(Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005; Barri y Wahren, 2010) que reconfiguró los
territorios rurales de vastas regiones del país, suplantando al anterior
“modelo agroindustrial”, al tiempo que se conformó como un modelo de desarrollo
excluyente respecto a los mundos rurales campesinos e indígenas (Giarracca y
Teubal, 2008). En ese escenario desde mediados de la década de 1980 –pero
principalmente desde la de 1990– en diferentes puntos del país nacieron
experiencias locales de resistencia y movimientos campesinos con el objetivo de
defender sus territorios y modos de vida.
Con el tiempo y con la articulación de las acciones colectivas de estas organizaciones comenzaron a establecerse relaciones de coordinación a nivel provincial, regional y/o nacional que, en algunos casos, confluyeron en espacios de organización de alcance territorial con presencia en varias provincias de Argentina, como es el caso del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF). Asimismo, se recuperaron estructuras organizativas campesinas que habían sido desarticuladas durante la dictadura militar (1976-1983), principalmente las Ligas Agrarias en el Noreste argentino, cuya continuidad hasta la actualidad se expresa principalmente en el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y en el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), este último integrante del Frente Nacional Campesino. En escenarios caracterizados por disputas territoriales, organizaciones campesinas de diferentes regiones de nuestro país comenzaron a ensayar y poner en práctica experiencias de organización productiva y de construcción de mercados alternativos para sus producciones (García Guerreiro y Wahren, 2014). Experiencias y articulaciones sociales que se fueron construyendo en torno a la producción y comercialización de productos campesinos en una confluencia con espacios urbanos a partir de la propuesta de sostener vínculos más justos y solidarios entre producción y consumo. En algunos casos se habla de “comercio justo” entendiendo al mismo como una manera de contrarrestar las desigualdades e injusticias que se manifiestan en el marco de las relaciones de intercambio capitalistas. La propuesta de generar vínculos más equitativos y justos en los intercambios fue adoptada desde hace algunos años por diferentes movimientos y organizaciones sociales, poniendo en práctica diferentes experiencias que hablan de la construcción de mercados alternativos. Las ferias francas de Misiones constituyen unas de las primeras experiencias que promoviendo las producciones agrícolas locales y familiares han construido un entramado social que se apoya en la producción de alimentos, el encuentro directo entre el productor y el consumidor, la recuperación de saberes y tecnolo gías apropiadas y agroecológicas. La primer experiencia de feria franca fue en Oberá en el año 1995, pero luego la iniciativa fue extendiéndose y asumiéndose en diferentes localidades de Misiones, como también por diferentes organizaciones y regiones del país. Del mismo modo, se han creado redes de comercio justo ligadas a movimientos campesinos, como el caso de la Red de Comercio Justo de Córdoba (RCJC) que nace en 2002 como propuesta de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC) integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y estudiantes del Movimiento de Base de Agronomía (MBA) para vender productos campesinos en la ciudad y así evitar una relación injusta con los intermediarios. Estas experiencias fueron tomadas como ejemplo por otras organizaciones campesinas y populares en la conformación de la Red de Comercio Justo de La Plata del Frente Popular Darío Santillán (2005); Puente del Sur; la Red de Comercio Justo de Mendoza (2006); la Red Tacurú (2006); Caracoles y Hormigas (2010) en la ciudad de Buenos Aires; entre otras articulaciones surgidas en centros urbanos en vínculo con movimientos sociales urbanos y rurales. Estas experiencias, si bien se multiplican y asumen una importancia y visibilidad cada vez mayor, continúan siendo poco significativas si las evaluamos desde una perspectiva meramente cuantitativa o por su nivel de impacto en la escala nacional. Sin embargo, su importancia radica en que dichas propuestas a nivel local o regional implican no sólo la generación de alternativas, sino también una defensa de territorios y modos de vida comúnmente subalternizados e invisibilizados. (…)
Conclusiones
Una publicidad gráfica de Syngenta que
apareció en diferentes periódicos de Argentina en el período de crecimiento del
cultivo de la soja entre fines del siglo XX y comienzos del XXII ilustraba el
proyecto estratégico de territorialización del Modelo de Agronegocio en la
región. El título de la publicidad enunciaba: “La República Unida de la Soja” y
en un mapa de la región sudamericana podía observarse un espacio verde que
atravesaba las fronteras de Argentina, Brasil Paraguay, Uruguay y Bolivia (Ver
gráfico nº 3).
Esta territorialidad se presenta como transfronteriza y como
excluyente frente a otras formas de territorialización de los actores
subalternos de los mundos rurales (campesinos, chacareros, indigenas,
trabajadores rurales, etcétera). En cuanto el Agronegocio precisa de cada vez
mayores extensiones. de tierra para ampliar su universo productivo, este avance
de la frontera agropecuaria despoja comunidades campesinas e indigenas y destuye
montes, bosques y selvas nativos.
Pero al mismo tiempo, encontramos que, frente
a los procesos de modernización capitalista que (re)construyen territorios cada
vez más excluyentes, las redes y articulaciones populares, idígenas y
campesinas habilitan el (re)surgimiento de territorialidades donde la densidad
de las relaciones directas y las experiencias compartidas son posibles. En
efecto, en dicho encuentro se ponen en juego y se desarrollan importantes
procesos subjetivos que fortalecen, a partir del intercambio, una valoración
diferente del trabajo campesino y de sus producciones, así como una manera
particular de producir y vincularse entre consumidores y productores.
De este
modo, mientras la circulación capitalista globalizada despersonifica y
desterritorializa productos, productores y culturas; las ferias francas y los
pequeños mercados locales pueden pensarse como formas de (re)
territorialización de las producciones y las relaciones sociales, donde a su
vez asume importancia la decisión del productor sobre qué y cómo se produce y
del consumidor sobre qué y cómo se consume.
Cabe recordar que el avance de una
agricultura sin agricultores no sólo se concreta vía las innovaciones
tecnológicas y las políticas económicas neoliberales, sino también en base a
la violencia explicita sobre las comunidades rurales. Esto nos demuestra que se
trata de una puja entre modos antagónicos de realizar la agricultura y los
mundos rurales, pero también entre distintos modos de construir la sociedad
humana y su relación con la naturaleza. En suma, el avance del modelo del
Agronegocio ha implicado una nueva territorialidad de los mundos rurales debido
al avance del mismo sobre poblaciones, montes y bosques (pueden observarse
paisajes unificados, homogéneos y monocromáticos, el denominado ”desierto
verde” sojero (Domínguez y Sabatino, 2010) en regiones que hasta hace unos
años eran fuente de biodiversidad como gran parte del monte chaqueño-salteño).
El Agronegocio impone determinados modos de producción obligando a una
reterritorialización de poblaciones enteras que ven imposibilitada la
continuidad de sus modos de vida. En efecto, de lo que se trata es de una “
agricultura sin agricultores”. Esta es la tendencia del Modelo de Agronegocio,
donde los campesinos, indígenas, trabajadores rurales, chacareros, etc. son
desplazados y/o reemplazados por mano de obra altamente calificada (ingenieros y
técnicos agrónomos y veterinarios) o con saberes técnicos complejos (para el uso
de cosechadoras y tractores de última tecnología, gps, computadoras, tractores,
drones, “mosquitos” (fumigadoras), aviones fumigadores, etc. El despliegue
territorial y el uso particular de los bienes naturales por parte de los
movimientos sociales rurales en la Argentina implica prácticas políticas y
económicas que, junto a novedosas formas de acción colectiva, religan a los
diferentes actores sociales excluidos, quienes ensayan la conformación de
nuevos modos de vivir en sociedad. Al mismo tiempo avanza el reordenamiento
territorial que se realiza desde los intereses corporativos de las empresas
multinacionales con sus lógicas extractivas y mercantilizadoras de los bienes
naturales. Esta reterritorialización excluyente expulsa a la mayoría de la
población de los mundos rurales. Así, el sentido último y estratégico de la
territorialidad de los movimientos sociales pareciera ser la conformación de un
nuevo orden social en y desde el territorio en disputa, reconfigurando no sólo
la relación y el uso de la tierra y los recursos naturales, sino reconstruyendo
los lazos sociales y resignificando las lógicas de gobierno y representación
política, es decir, la gestión de la propia comunidad.
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