Desde abajo y a la izquierda tal tarea nos exige ante todo
revisar conceptos que,
revisar conceptos que,
por nuestra confusión ideológica,
posibilitaron más de una deKada.
Constatemos qué Estado y qué ciencias y tecnologías de avanzada desarrolla el capitalismo. Más de una deKada los fetichizó y ocultó su carácter delictivo e incluso criminal al
ser imprescindibles en el extractivismo, por ejemplo:
ser imprescindibles en el extractivismo, por ejemplo:
Del agronegocio a la agrocensura
20 de mayo de 2017
Por Darío Aranda (La NAN)
La comunicación interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mayor institución “técnica” del agro argentino, es clara: prohíbe a sus trabajadores utilizar el término “agrotóxico” en escritos y publicaciones institucionales. Insta a llamarlos, como proponen las empresas que los venden, “agroquímicos” o “plaguicidas”. Al mismo tiempo, el INTA forma parte e impulsa una campaña para lavar la imagen del agronegocio, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”. Comparte políticas e intereses comunes con Monsanto, Bayer, Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa) y todo el empresariado transgénico. El emisor del correo con la prohibición, Hernán Trebino, defendió su decisión: “Cualquier ingeniero agrónomo sabe que los agroquímicos bien utilizados no producen efectos negativos en la salud”. Y retrucó: “Todo puede ser perjudicial. Si te das una sobredosis de aspirinas, seguro te hace mal”.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue fundado en 1956 y cuenta con presencia en todas las provincias y cientos de localidades de la Argentina profunda. Es un ente autárquico, aunque está en sintonía con las políticas agrarias marcadas por el gobierno nacional. Sus máximas autoridades son cargos políticos. Suele definirse como una entidad “científico-técnica” del campo y existe un gran sentido de pertenencia de ser “intiano”. Autoridades y los más fanáticos suelen hablar de “familia” del INTA y se ufanan de tener “la camiseta puesta”.
Su organización territorial está conformada por quince “centro regionales” en los que se divide el país. Son una suerte de provincias dentro del país INTA. Y tiene sus “gobernadores” (directores regionales). El miércoles 10 de mayo, a las 16.29, uno de esos directores regionales envió un correo a ocho direcciones, autoridades de la institución. El asunto-título señala “directivas sobre la comunicación institucional”. El correo electrónico aparece con la etiqueta de “Importancia: alta”.
“En las comunicaciones de los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA o a alguna de sus unidades, programas, proyectos, o instrumentos de intervención, cualquiera sea su categoría, deberá practicarse una abstención irrestricta (en negrita) del empleo de: 1- El nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias. 2- El término “agrotóxico”, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. Se debe emplear “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” en vez de “agrotóxicos” o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”. Firmado por el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán J. Trebino.
En la misma comunicación argumenta que la orden se debe a “situaciones que se originaron en las últimas semanas (…) que originaron los correspondientes llamamientos desde la Dirección Nacional” del INTA. Finaliza con “se solicita pronta difusión y cumplimiento de esta directiva. Saludos cordiales”.
MODELO
Desde la década del 90, el INTA es uno de los soportes técnicos-científicos para el avance del modelo transgénico, con uso masivo de agrotóxicos. Claro que existen áreas específicas y trabajadores que proponen y trabajan por un modelo cercano a la agricultura familiar, campesina, indígena. Pero, en el mapa general, reconocen que es una institución parte del agronegocio, con amplio apoyo técnico y económico al sector empresario y transgénico. Nunca en las últimas dos décadas autoridades del INTA se hicieron eco de las denuncias de campesinos, indígenas y académicos sobre las consecuencias del modelo. Al contrario, suelen estar presente en todos los eventos las organizaciones “del campo”, como Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), entre otras.
El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, regido por el Presidente del INTA (Amadeo Nicora) y el vicepresidente (Mariano Bosch), ambos designados por el Poder Ejecutivo. El Consejo Directivo cuenta con diez integrantes. Cinco de esas sillas están ocupadas por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro, Federación Agraria y CREA. El agronegocio en pleno.
Aún durante la Resolución 125 (2008), el Gobierno mantuvo a la Mesa de Enlace con sus lugares privilegiados en el manejo del INTA. “De esta manera, se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional”, señala el sitio de internet del Instituto.
El INTA integra la “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, donde confluyen todas las empresas de agrotóxicos y que funciona como espacio de lobby político y técnico para maquillar las consecuencias del modelo basado en uso de químicos. En la red sobresale la Cámara de Sanidad Animal y Fertilizantes (Casafe, integrada por Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow y todas las empresas de agrotóxicos), Asociación de Semilleros de Argentina (ASA, todas las compañías de semillas transgénicas), Argenbio (académicos con vinculaciones con empresas del agronegocio), Aapresid, CREA, Facultad de Agronomía de la UBA y el Ministerio de Agroindustria.
Desde la Red BPA impulsan flexibilizaciones para las fumigaciones. Incluso en base a ensayos con agua (no con químicos) llegaron a afirmar que se puede fumigar hasta a diez metros de las viviendas y que no habrá impacto en la salud de la población . Proponen ordenanzas municipales y leyes (provinciales y nacional) que permitan las fumigaciones a distancias mínimas.Los integrantes de la RED BPA rechazan hablar de “agrotóxicos” (usan los términos de las empresas, “fitosanitarios” y “agroquímicos”). Repudian la palabra “fumigación” y utilizan “aspersión”. El 9 de mayo, en INTA Pergamino, se realizó un megaevento llamado “Jornada Nacional de Malezas”. Auspiciado por el INTA, Aapresid, CREA y la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (Asacim), espacio conformado en 2012 y que busca combatir las plantas no deseadas (“malezas”), que se originan en gran medida por uso masivo de agrotóxicos. La forma de “controlarlas” que proponen suele ser más y nuevos químicos. Un círculo vicioso.
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS
En la propia página web de Asacim existe una apartado que se titula “socio benefactores”. Y figuran Bayer, BASF, DuPont, FMC, Dow, Roundup Ready Plus, Syngenta, Atanor, Casafe, CREA, Aapresid y las radios Mitre, La Red y Continental, entre otros. En la apertura de la jornada en Pergamino habló Hernán Trebino. Dio la bienvenida y se refirió a las malezas. La actividad fue considerada un “éxito” por los organizadores. Al día siguiente, el 10 de mayo, Trebino envió el correo que prohíbe mencionar la palabra agrotóxico.
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