Entonces los de abajo hoy
debemos ypodemos decidir
qué país necesitamos.
Reflexionemos
porqué la batalla de ideas no es nuestro desafío abajo y a la izquierda. Fue
promovida e implementada con todo el poder del Estado por los gobiernos K
para la conciliación y no la lucha de clases contra la alianza genocida y
acaparadora de todos los bienes comunes hasta el extremo de quitarnos el
agua, desertificar y envenenar. Modelaron, a través de ella, un amplio
consenso para reprimir, silenciar e invisibilizar tanto a los desposeídos de
todo por el capitalismo como a las organizaciones sociales en lucha contra el
avasallamiento de derechos humanos.
Comprobemos significados de la autodenominada "década ganada"
y de
"autodefinirse
como “el
gobierno de los derechos humanos”, promocionando con ello la
idea de que su política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha
tenido tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de
los que disienten con el conjunto de la política del gobierno nacional
tienden a naturalizar este enunciado":
Leé el Informe de la situación represiva durante el gobierno kirchnerista
22.Jul.13 :: Novedades
10 años de
kirchnerismo, una década ganada ¿Para quién?
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La década kirchnerista y
las violaciones de derechos humanos -
(Resumen)
Diciembre de 2013
En el análisis de la década de los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner
tanto el oficialismo como quienes colaboran en la elaboración de la
fundamentación de sus políticas y acciones, tienden a colocar el tema de los
derechos humanos en un lugar central. Ciertamente, el gobierno nacional se
autodefine como “el
gobierno de los derechos humanos”, promocionando con ello la idea de
que su política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido
tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de los que
disienten con el conjunto de la política del gobierno nacional tienden a
naturalizar este enunciado.
Desde Plataforma
2012 consideramos
que este enunciado debe ser cuestionado en la medida en que se contradice con
dimensiones y aspectos muy importantes de la realidad.
Por un lado, la política iniciada en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner,
vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos
y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, no
debe ser leída de modo exclusivo como producto de la acción de un gobierno
determinado, sino también como el resultado de la historia y la acumulación de
luchas de un amplio abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los
derechos humanos. Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy
en día existen elementos importantes que dan cuenta de la persistencia de la
impunidad. La desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el
represor Miguel Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006, es el ejemplo
paradigmático de esa persistencia.
Por otro lado, desde Plataforma
2012 consideramos
que, a pesar de su obturación y denegación por parte del oficialismo, en la
última década
los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el entramado legal que
sostiene la recurrente y creciente violación de los derechos humanos en el país
mediante políticas de criminalización de las luchas sociales. De este modo, se
ha ido consolidando una política de judicialización de la protesta y de la
pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos sociales y
comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado número de muertos en
manos de las fuerzas represivas del Estado.
Así, la década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un saldo de militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios y campesinos.
La nómina de los asesinados con motivo de la protesta social en defensa de
derechos y del avasallamiento de las poblaciones originarias desde 2003 es la
siguiente:
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)- Sandra Cabrera (2004,
Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) - Esteban Armella (2004, Jujuy)-
Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte (2008, Neuquén)- Juan Carlos
Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar (2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y
Sergio cárdenas (2010, Bariloche, Río negro)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) -
Mariano Ferreyra (2010, CABA)- Roberto López y Mario López (2010, Formosa)-
Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (2010, Parque
Indoamericano, CABA) – Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy)-
Mártires Lopez (2011, Chaco)- Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero) –
Diego Jáuregui (2011, Avellaneda, Pcia Bs. As)- Geremias Trasante, Claudio
Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí
(2012, Escobar, Pcia Bs. As)- Miguel Galván (2012, Santiago del Estero) –
Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)- Imer Flores (2013,
Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa).
Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río Negro,
secuestrado el 5 de noviembre de 2011.
Asimismo, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la política de
criminalización y judicialización, entre ellos:
-Judicialización de la protesta
social, a través del procesamiento de militantes populares, que ha incluido
desde las organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades indígenas,
organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas,
partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.
-La
judicialización ha apelado a las siguientes
figuras penales:
Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de ruta (a esos
fines, se invoca el art. 194 del Código Penal); Imputación de usurpación (contra
pueblos originarios y campesinos), Imputación del delito de sedición (en estos
casos se invoca el art. 230 del Código Penal); Imputación del delito de
intimidación pública; Imputación del delito de resistencia o desobediencia a la
autoridad; Imputación del delito de coacción o extorsión; Imputación del delito
de daños, e incluso imputación de homicidio, entre otros.
Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la responsabilidad exclusiva de la represión y criminalización a los gobiernos provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un gobierno “unitario” en su estilo de conducción política), sino también porque aquellas están ligadas a la implementación de modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado. Así, la represión y la política de criminalización dan cuenta de la estructura de alianzas políticas que el gobierno nacional alienta y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores económicos.
Desde Plataforma
2012 consideramos
que el umbral de violencia política que una sociedad es capaz de tolerar es
siempre una construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su
historia nacional y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el gran trauma
social producido por la dictadura militar impactó sobre el modo en cómo la
sociedad procesa, comprende y tolera la violencia política ejercida desde el
aparato represivo estatal. Este es uno de los grandes legados de las
organizaciones defensoras de derechos humanos, resumido en la fórmula del “Nunca
más”, que con el correr de los años apuntaló un cierto consenso respecto de los
límites de la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma
de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio político
de los ciudadanos.
Desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó hacerse eco de esta
representación social –el rechazo a la represión abierta y selectiva contra
militantes sociales o políticos-, retomando
y apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Sin
embargo, pese a esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista
abre enormes cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia entre el
discurso oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes acerca del umbral de
violencia estatal que nuestra sociedad está dispuesta a tolerar y permitir.
En suma, pese a la defensa del derecho de protesta, la criminalización de la protesta social se ha multiplicado y consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra prolongación en una serie de medidas sumamente preocupantes. En esta línea, no podemos dejar de mencionar dos inflexiones que revelan de manera directa la fractura misma de la política de derechos humanos y muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el caso de las dos leyes antiterroristas promovidas por el ejecutivo y votadas por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general César Milani al mando del ejército, sobre quien pesan graves acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última dictadura militar. A esto hay que sumar el nombramiento de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el Plan de Espionaje X y la utilización del ejército para la represión en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto valor emblemático y simbólico.
La precariedad y el notorio deterioro de los transportes públicos (servicios
ferroviarios, especialmente), potenciados por los negociados entre empresarios y
agentes estatales, ha
mostrado que la corrupción también mata y por lo tanto también termina violando
derechos humanos. La denuncia de la precarización laboral y los reclamos
salariales –en
los más diversos ámbitos- han derivado, en varios casos, en el asesinato de
militantes.
La
política de criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de “gatillo
fácil” hoy
aparecen desplegados en la totalidad del territorio nacional, a lo cual se suman
situaciones de “nuevo conflicto social”, ligadas al avance del trabajo esclavo,
la trata de personas y el narcotráfico.
Aunque no ha sido parte de este informe, no se puede obviar la importancia
creciente de estas tres problemáticas, que cuentan con la participación
necesaria de diferentes sectores de poder (político, económico, judicial,
policial).
Incentivados y promovidos por políticas públicas nacionales, la megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta pública ni licencia social, segando el camino de territorios y cuerpos sacrificables. Desde la lógica de esos modelos excluyentes, ya no son –como sucedía en los `90- los desocupados la “población sobrante” (para ellos el poder político prevé planes sociales masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión del capital.
Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los derechos humanos, tal como
han venido afirmando los gobiernos del matrimonio Kirchner a lo largo de estos
diez años,
ilustran la permanencia y profundización de una política de violación de los
derechos individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.
En el siguiente resumen enunciamos los temas que son desarrollados en el
documento principal.
I-Un recorrido por la década (pag.2)
- La persistencia de la impunidad (pag.4)
II. El derecho a la Protesta (pag.5)
- La legislación represiva desde 2003 (pag 6.)
- Las leyes Antiterroristas (pag.6)
III. La criminalización y represión de la protesta (pag.9)
- El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos (pag.11)
- Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados (pag.13)
- Las luchas socio-ambientales: megaminería, fracking y agronegocios. (pag.16)
- Protesta en reclamo por tierra y Vivienda (pag. 21)
IV. Criminalización de la pobreza, precariedad y crímenes sociales (pag.21)
- Precariedad, corrupción y crímenes sociales (pag.23)
A modo de síntesis (pag.24)
Contactos: plataforma2012@plataforma2012.org.ar
Grupo Promotor:
Acerbo Osvaldo, Antonelli Mirta, Baldiviezo Jonatan, Bidonde Héctor, Brega
Jorge, Burucúa José Emilio, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galán Mónica,
Gargarella Roberto, Genta Adriana, Gonzalez Analía, Kordon Diana, Lagos Darío,
Levinas Gabriel, Lissidini Alicia, Lo Vuolo Rubén, Massuh Gabriela, Pinus
Alberto, Plana Marcelo, Rodríguez Daniel, Svampa Maristella, Tauber Sanz
Nicolás, Tcherkaski Osvaldo, Tieffenberg Jaco, Viale Enrique, Zangaro Patricia.
Recordemos que la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales se valieron del terrorismo de estado para derrotar a la clase obrera en los '70. Observemos para qué el Estado represor de los setenta continuó afianzándose y perfeccionándose durante el período constitucional.El salario en las últimas décadas:en los ’90 era más alto que en la era K11 de enero de 2015Si bien a partir de 2003 el salario se recompuso, lo hizo a partir de un piso muy bajo. En la última década del siglo XX el salario promedio era de $ 6.126 y entre 2003 y 2014 fue de $ 5.368.
Por Nicolás Villanova para Los Andes / Dr. en Historia, miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales
En la última década, la recomposición salarial de los trabajadores argentinos no llega a los niveles promedio que rigieron durante los años '90. Mucho menos si se lo compara con los años previos a la última dictadura militar. En este sentido, la escasa recomposición del salario se ha constituido como condición del “modelo” de crecimiento kirchnerista.
En efecto, el relanzamiento del ciclo económico a partir del año 2003 tiene como base el salario más bajo de los últimos 70 años de historia argentina, sumado al elevado precio de la soja. Luego, la propia dinámica económica llevó a una mayor demanda de empleo, las remuneraciones aumentaron y la actividad tendió a incrementarse.
No obstante, a seis años de dicho crecimiento, la economía comenzó a estancarse y, junto con ella, el salario y la tasa de empleo. A partir del año 2012, el ciclo de descenso salarial y su disminución en la capacidad de compra comenzó a manifestarse nuevamente. ¿Por qué asistimos otra vez en esta fase de caída salarial? ¿Cómo evolucionó el salario históricamente?
El salario argentino en el siglo XX
El salario constituye la principal fuente de ingreso de la población en Argentina. En los últimos 40 años, el promedio de la población asalariada en relación al total de ocupados es del 70%, cifra que se incrementó en los últimos años al 75%.
Si a eso se suma que un elevado porcentaje de quienes aparecen contabilizados en las estadísticas como cuentapropistas son trabajadores cuyo salario aparece bajo la forma del monotributismo o del trabajo a destajo, la cifra es aún mayor. En este sentido, el peso de quienes viven del salario se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas, incluso ha crecido. Esto no significa que no haya habido profundas transformaciones en el mercado de trabajo.
El hecho más destacado es la caída del poder de compra del salario (aunque se mejore la diversidad de bienes que se pueden adquirir por los cambios tecnológicos). Desde 1974 hasta la actualidad la caída del salario real es cercana al 40%.
Si repasamos brevemente la historia del salario argentino observarnos que en las primeras décadas del siglo XX los trabajadores tenían un elevado nivel salarial que se acercaba al de los trabajadores de Estados Unidos o Inglaterra, pero con grandes oscilaciones marcadas por subas y caídas muy profundas. El salario va a estar determinado según las características de los capitales que empleen esa fuerza de trabajo.
En el período previo a 1920, la demanda de fuerza de trabajo se caracterizó en un primer momento por la necesidad de atraer inmigración en un contexto de escasez de asalariados. Hacia finales de la década de 1910 y principios de 1920 estos elevados niveles salariales alcanzados comenzaron a deteriorarse, dando inicio a un ciclo de conflictividad obrera.
Con posterioridad, se produjo una recuperación salarial con la expansión económica previa a la crisis del '30 motorizada por una breve pero fuerte suba de la renta diferencial de la tierra agrícola, para luego volver a caer a niveles bajos. Un siguiente momento estará marcado por la expansión de la industria mercado-internista sostenida gracias a la transferencia de la renta de la tierra durante el gobierno peronista.
En 1943, impulsado por movilizaciones obreras y de la mano de las políticas desarrolladas por Perón, desde la Secretaría de Trabajo y luego desde su gobierno, el poder de compra de los asalariados se elevó alcanzando, en términos de su poder adquisitivo, los niveles históricamente más altos y marcando los siguientes 30 años.
¿Qué permitió esta suba? Principalmente, la fuerte expansión de la actividad industrial como consecuencia del incremento en la renta diferencial de la tierra gracias al denominado "boom" de demanda de productos agropecuarios durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra.
La ineficiencia de la economía argentina se debe a la escasa productividad del trabajo y a la baja escala de producción en relación al resto del mundo. No obstante, dicha ineficiencia ha sido compensada entre los años 1950 y 1974 por subas salariales por detrás de países como los Estados Unidos (es decir un abaratamiento relativo en términos internacionales) y, a partir de 1974, con bajas absolutas del salario real.
A partir del Rodrigazo en 1975 y el golpe de Videla en 1976, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, aunque importante, no marca una tendencia novedosa, sino que profundiza una perspectiva que ya estaba instalada (ver infografía).
Por otra parte, la fuente de transferencia de renta diferencial destinada al proteccionismo industrial comenzó a achicarse en función de la magnitud del capital que se acumulaba en el país. Es decir, al crecer la economía las transferencias de renta a la industria representaban un menor porcentaje. Frente a esta pérdida de la renta, el conjunto de los empresarios buscó aumentar sus ganancias a costa de los obreros.
Por esta razón, el poder de compra de los obreros argentinos empezó a retroceder en forma sostenida en relación a sus pares de otros países y comenzó a constituir una fuente de ganancia extraordinaria para los capitalistas radicados en el país, sobre todo a partir de inicios de la década de 1950. Sin embargo, para este período todavía no se expresa en una gran pérdida absoluta del nivel de vida alcanzado durante el peronismo. Algo que sí veremos a partir de 1975.
Una caída escalonada y profunda
En Argentina, el mecanismo más frecuente de baja salarial es la inflación. Existen escasos períodos en la historia donde se produzcan caídas nominales del salario (‘95, ‘96, ‘99, 2000 y 2002). El Rodrigazo marca el inicio del descenso absoluto del salario en la medida en que los precios de los productos crecen a un ritmo más elevado que las remuneraciones.
Si tomamos como referencia el salario real, es decir, extrayéndole la variación de los precios y tomando como base el valor del peso en el año 2013 (o sea, el salario nominal deflactado), se observa que el año con mayor poder adquisitivo fue en 1974 ($ 9.717,05). La dictadura militar instaurada en 1976 marca una caída salarial de más del 36% para el conjunto de la economía ($ 5.987,38). En 1982, la caída salarial nuevamente se profundiza respecto del año anterior y disminuye un 18% (de $ 6.926,11 a $ 5.687,34 -siempre en pesos de 2013-).
No obstante, en las décadas posteriores hay momentos en los cuales el salario se recompone aunque no se sostiene en el tiempo (ascenso en el período 1983-1984, descenso hasta la híper del ‘89; ascenso entre 1990 y 1994, caída hasta la crisis de 2001). En valores constantes, en los años 1983 y 1984 el salario real del conjunto de los trabajadores argentinos fue de $ 7.544,75 y $ 8.388,42, aunque posteriormente el poder de compra descendió hasta llegar a los $ 4.857,04 en el año 1989. En general, la disminución salarial ha sido acompañada por elevados niveles de desempleo, sobre todo a fines de los ‘90.
A partir de la crisis de 2001, la economía se recompuso pero sobre bases endebles. Sin modificar la estructura económica que dio lugar a la pérdida de poder adquisitivo en las décadas previas, el ciclo económico post crisis tiene un carácter relativo. Si bien el salario se recompuso en el período post crisis, el piso salarial desde el cual parte dicha recomposición fue el más bajo de los últimos 70 años de historia: en el año 2003, el salario real (a pesos de 2013) fue de $ 4.111,40.
Además, durante la última década, el salario no llega a los niveles que rigió durante el menemismo: entre 2003 y 2014, el promedio salarial ($ 5.368,45) representa el 88% respecto del nivel salarial que rigió durante el período 1991-1999 ($ 6.126,42).
A su vez, el crecimiento del empleo en el sector registrado se efectuó en las ramas con peores salarios, las cuales constituyen el 61% del total de trabajadores en blanco. Se trata, sobre todo, del empleo en el comercio, construcción, hoteles y restaurantes. En los últimos años, incluso, la no actualización del mínimo no imponible operó como un freno a la paritaria y un tope al incremento salarial (situación que ha dado lugar a la ruptura del moyanismo con el gobierno kirchnerista).
Por otra parte, la consolidación del empleo no registrado (que desde 2010 se estancó en un 33% y que en el segundo trimestre de 2014 se compuso de 4 millones de asalariados) también actúa como mecanismo de baja salarial. El salario de los empleados no registrados constituye en promedio la mitad de lo que se obtiene en blanco.
La evasión en el pago de las cargas sociales y aportes jubilatorios crea ganancias extraordinarias para los empresarios que no registran a sus empleados. Si multiplicamos la cantidad de trabajadores no registrados por el porcentaje de cargas sociales que se ahorran los empresarios que contratan "en negro", el resultado da un ahorro que, sólo en el año 2013, constituyó más de 10.500 millones de dólares.
A su vez, durante la última década, un porcentaje cada vez más elevado de asalariados es empleado por el Estado. El mayor peso se concentra en las administraciones provinciales y municipales. El Estado, al igual que los empresarios que emplean "en negro", también se nutre de una de las capas de la población asalariada peor paga. Se estima que en el año 2013 el 12,2% de los empleados públicos en el país no se encontraban registrados. Este fenómeno tiene un impacto en la tendencia a la baja salarial y la escasa capacidad de compra comienza a afectar el consumo.
Por último, también se consolida una transformación del gasto social. Como expresión del salario indirecto (es decir, aquella parte de la reproducción de los trabajadores que paga el Estado), el cambio se muestra en la contracción en términos relativos del gasto destinado a salud, educación y vivienda, para dar lugar al crecimiento del componente asistencial de la política social. Por lo tanto, al tener una peor calidad en la atención en salud y en educación, el salario, de forma indirecta, se empeora.
En síntesis, el modelo de crecimiento económico del kirchnerismo reproduce tendencias de largo plazo en la Argentina. En este sentido, con los mismos mecanismos que operaron en los años '75, '82, '89 y 2001, es decir, la devaluación seguida de la inflación, el Gobierno Nacional avanza en su intento por sostener un modelo sobre la base del ajuste, la precarización laboral, el empobrecimiento y el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores.
La pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años es expresión de este proceso que, como vimos, lleva décadas. No se trata tanto de un problema de gestión política de los diferentes gobiernos de turno. El problema salarial hay que buscarlo en el corazón de la estructura económica argentina.
Los que se plantean suceder al gobierno con mayores chances electorales no proponen un camino alternativo, ya que se apoyan en quienes necesitan de la baja salarial para crecer. Los únicos que pueden transformar aquello que los empuja a la precariedad absoluta son los trabajadores, quienes deben confiar en sus propias fuerzas para cambiar el curso de la historia.
1974
El año con mayor poder adquisitivo. Si tomamos como referencia el salario real, es decir, extrayéndole la variación de los precios y tomando como base el valor del peso en el año 2013 (o sea, el salario nominal deflactado), se observa que el año con mayor poder adquisitivo fue 1974 ($ 9.717,05).
60%
Más empleo en sectores con peores salarios.
El crecimiento del empleo en el sector registrado entre 2003 y 2011 se efectuó en las ramas con peores salarios, las cuales constituyen el 61% del total de trabajadores en blanco. Se trata, sobre todo, del empleo en el comercio, construcción, hoteles y restaurantes.88%
Promedio salarial. Entre 2003 y 2014, el promedio salarial ($ 5.368,45) representa el 88% respecto del nivel salarial que rigió durante el período 1991-1999 ($ 6.126,42).
Cuesta abajo. Si multiplicamos la cantidad de trabajadores no registrados por el porcentaje de cargas sociales que se ahorran los empresarios que contratan “en negro”, el resultado da un ahorro que, sólo en el año 2013, constituyó más de 10.500 millones de dólares.
Además, desde 1974 hasta la actualidad la caída del salario real es cercana al 40%.40%
Peor salario indirecto. Como expresión del salario indirecto, el cambio se muestra en la contracción en términos relativos del gasto destinado a salud, educación y vivienda; así entonces, el salario, de forma indirecta, se empeora.
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/el-salario-en-las-ultimas-decadas-en-los-90-era-mas-alto-que-en-la-era-k
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