Nos convencen de percibir
qué mundo es el
capitalista
y atender propuestas de cambio
de los
pueblos o sus organizaciones.
Apreciemos:
La actualidad de
los bienes comunes
23 de
febrero de 2015
Entre lo privado y lo público está lo común y
este redescubrimiento de lo común nos conduce a un nuevo encuentro entre lo
político, lo económico, lo social y lo natural. La apelación a los bienes
comunes es una reivindicación de democracia económica.
Por Luis
Enrique Alonso - Economistas Sin
Fronteras
20/02/2015
En los últimos años ha surgido en el debate
público internacional un interés notable por el tema de los bienes comunes como
formas no convencionales de regulación y gestión de la propiedad de los recursos
socioeconómicos. Este interés sobrepasa con mucho el ámbito estrictamente
académico para entrar en el vocabulario de los movimientos sociales actuales. Se
ha introducido el discurso de lo común -en
todas sus dimensiones (cívicas, económicas, sociales, antropológicas, etc.)- en
el proceso de construcción de unas nuevas identidades reivindicativas que se
conecten con transformaciones profundas del mismo concepto de ciudadanía.
Los movimientos indignados han rescatado el discurso de lo común, tratando de encontrar un espacio entre el omnipresente y omnipotente avance de la privatización mercantil global en el ciclo histórico neoliberal y un sector público percibido como burocratizado y distante, cada vez más dependiente de los grandes poderes financieros y gobernado por políticos y técnicos absolutamente sumisos a los dictados de esos poderes mercantiles, presentados como inapelables y máximamente racionalizados.
Pero no sólo en la protesta ha tenido un sitio
importante la apelación al procomún y
los bienes comunes. Muchas prácticas sociales han recurrido a formas de
supervivencia y gestión de sus recursos así como a la creación de espacios de
intercambio, que se basan en una filosofía económica popular muy alejada de la
de la privatización mercantil al uso y abuso o de la de la formación de bienes
públicos estatales: consumos colaborativos, recursos informáticos y contenidos
de uso no privativo, formas de intercambio no monetario local y vecinal, usos
comunitarios y no mercantiles del territorio y la naturaleza, bancos de tiempo,
monedas virtuales o populares, fórmulas avanzadas de crowdfunding y
micromecenazgo, nuevas cooperativas de producción y consumo de alimentos y
bienes de proximidad, etc.
De esta forma, hemos venido conociendo un buen
número de experiencias que, protagonizadas por comunidades ciudadanas activadas,
tratan de diseñar vínculos que, como el añorado David Anisi sugirió en su día,
no están vinculados fundamentalmente por los precios o por las normas derivadas
de la burocracia estatal, sino por los valores de las comunidades reales que se
empeñan en resolver colectivamente sus problemas y organizar sus recursos. Es la
solución colaborativa de la gente corriente para sus problemas cotidianos, que
no pasa por la entrega de su soberanía ni al mercado ni al Estado.
Además, no son pocos los hitos intelectuales
que han legitimado el uso del concepto de lo común como forma cooperativa y
activa de generación y gestión de recursos. La economía académica ha dado la
figura de la Premio Nobel Elinor Ostrom y sus tesis sobre el gobierno racional y
plausible de las unidades económicas comunes, demostrando analíticamente la
posibilidad de su gestión, frente a la tesis tradicional, extrapolada del
clásico trabajo de Garrett Hardin. Esta tesis sobre la tragedia de los bienes
comunes, tan utilizada por el neoliberalismo, es una especie de anuncio de una
ley inexorable que concluye que lo que es de todos no es de nadie y por lo tanto
caerá en el descuido y la ineficacia del que sólo se salvará si se vuelven a
establecer derechos de propiedad (individual y privada, por supuesto) sobre los
bienes públicos, o comunales.
Los historiadores, como el gran Edward Thompson
o el inclasificable Karl Polanyi, nos han hecho el relato de la enorme
importancia que las costumbres y modos económicos comunales han tenido en la
supervivencia de la humanidad; y, paralelamente, del esfuerzo y la violencia
privatista que supuso la primera acumulación histórica de capital, con
resultados máximamente pauperizadores y depredadores para las masas (o sea, para
“la gente común”). La filosofía política radical de Hard y Negri encuentra,
derivada de la noción de lo común, una forma
constituyente que, surgiendo de
la resistencia, es capaz de conectarse con modos de vida que utilizan su capital
intelectual para plantear mapas de necesidades (y deseos) alternativos y
emancipadores.
Finalmente, la antropología nos ha legado
suficientes testimonios, desde Marcel Mauss a la escuela anti utilitarista
actual, sobre la centralidad del don, la gratuidad y los intercambios simbólicos
y reales horizontales, como para desmontar cualquier tesis sobre la pretendida
esencia mercantil del ser humano y la dominación universal del homo
economicus.
En todo caso, aunque con un tono que algunos
han tachado de “nostálgico”, en el sentido de que vuelve a resucitar una
mentalidad mítica de lo comunal precapitalista, lo cierto es que este tema ha
abierto una enorme línea de pensamiento sobre cómo gestionar recursos en ámbitos
donde ni la definición de derechos de propiedad privativos y excluyentes ni la
estatalización clásica parecen ser ni eficientes ni equitativos: la gestión de
recursos naturales, el ámbito de los cuidados, la gestión de los contenidos en
las redes informáticas, la creación cultural y las formas propiedad intelectual,
la producción y distribución cooperativa, etc.
Lo mismo que en los orígenes del capitalismo
histórico un conjunto de cercamientos fue
expropiando y convirtiendo en propiedad privada y mercantil los recursos de las
comunidades locales históricas, en los últimos años, con la hegemonía
neoliberal, hemos asistido a una auténtica política de cercamiento de los bienes
públicos, privatizándolos y disolviéndolos en el capital financiero, a la vez
que haciéndolos inasequibles para importantes sectores de unas clases medias
descendentes, a las que -en una especie de analogía un tanto macabra con el
período histórico de expulsión de los comunes- también se las ha expropiado de
buena parte de un capital social colectivo que se había formado en la era
keynesiana y en sus extensiones.
No es de extrañar, por tanto, que en las
movilizaciones sociales en defensa de lo público haya aparecido un fuerte
comunitarismo como reivindicación de fondo. Y así, a las demandas de
mantenimiento de lo público se une una desconfianza radical de los tipos
actuales de gestión (destrucción) de lo colectivo, que desemboca en una
solicitud expresa de mayor participación y control en la gestión de los recursos
económicos que se generan en la sociedad, porque, de hecho, su gobierno se ha
hecho cada vez más opaco-privativo y apartado de la más elemental lógica
democrática.
Éste es el principal interés del
discurso emergente de los bienes comunes: plantea una llamada a la ciudadanía activa, al
control directo por la comunidad y por colectivos de los recursos naturales y
económicos, a la apertura de espacios autogestionados, cooperativos y de
intercambios horizontales. Más que “la gran alternativa” con mayúsculas -como ha
sugerido Jeremy Rifkin desde una postura más tecnocrática que política y casi
exclusivamente asociada a los nuevos recursos tecnológicos, la apelación a los
bienes comunes es una reivindicación de democracia económica, que limita el
pensamiento único, obligatorio e impuesto en esta última época del
individualismo radical asociado al homo
economicus y a la
mercantilización de todo.
Pero es también una enorme llamada de atención a los
excesos de la burocratización estatal y a la usurpación de los gobiernos
públicos por los agentes políticos de los poderes económicos y financieros. Entre lo privado y lo público está lo común y
este redescubrimiento de lo común nos conduce a un nuevo encuentro entre lo
político, lo económico, lo social y lo natural. Mirando al pasado podemos trazar
un futuro en el que, en vez de sumergirnos en una cruel era postdemocrática y de pérdida de soberanía de los
ciudadanos, podemos construir nuevos encuentros entre el individuo, la comunidad
y el Estado.
(A toda esa compleja problemática se dedica el
último número de la publicación trimestral de Economistas sin Fronteras Dossieres
EsF , que lleva por título “El
procomún y los bienes comunes” y
sobre el que se celebrará un coloquio el 25 de febrero, a las 18,30, en el
Espacio Abierto FUHEM, Duque de Sesto 40, Madrid).
Este artículo refleja la opinión y es
responsabilidad de su autor.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/La_actualidad_de_los_bienes_comunes
Descubrimos
concepciones, creadas desde abajo y a la izquierda, de otra sociedad y otro
mundo posibles pero silenciadas e invisibilizadas tanto por los gobiernos
progresistas como los neoliberales a causa de privilegiar el avance del
capitalismo o de sus negocios fabulosos a costa de los pueblos. Estos
últimos expresan sus problemas e ideas de solución sólo a través de
organizaciones de los diversos de abajo. Reflexionemos sobre:
DECLARACIÓN
AMPAP
manifiesta
su total repudio a
la política minera
nacional y
provincial
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura,
reunidas en San Carlos (Mendoza) el día 13 de mayo de 2017, declaran su total
repudio al Acuerdo Federal Minero y a la Política Minera de Mendoza surgida del
Espacio de Diálogo Minero.
Porque
- Proponen el desarrollo de un modelo minero de enclave y extractivista en distintas regiones del país.
- Estarían violando los principios de protección ambiental y derechos sobre los Bienes Comunes de pueblos, provincias y muchísimas comunidades originarias.
- Existe una clara intención de avasallar las autonomías provinciales, sobre todo en aquellas jurisdicciones que cuentan con legislaciones que prohíben el uso de sustancias tóxicas en la industria minera metalífera que además usa voluminosas cantidades de agua pura.
- El 16 de diciembre de 2015, por unanimidad los 7 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza dictaminaron que la Ley 7722 es CONSTITUCIONAL.
- La vigencia de esta ley estuvo amenazada por los pedidos de inconstitucionalidad de: Minera San Jorge; Concina Raúl; Desarrollo de Prospectos Arg.S.A. (DEPROMISA); El Portal del Oro S.A., Minera del Oeste; Minera Agaucu; Cognito Limited; Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear; Minera Rio de la Plata S.A.; Vector Argentina S.A.
- La política minera provincial pretende zonificar y dividir el territorio con el propósito de transformar a algunos MUNICIPIOS en verdadera zonas de sacrificio para la Megaminería hidrotóxica, radioactiva y extracción de hidrocarburos No convencionales por FRACKING, intentando lograr licencia social con contrataciones engañosas y promesas falsas de Mano de Obra y “Desarrollo Local”.
- Mientras el 85% de la población japonesa se están manifestando para el desmantelamiento de los 54 reactores nucleares, como consecuencia del gravísimo desastre de Fukushima, el presidente Macri se encuentra en China para firmar un contrato marco para la construcción de dos nuevas centrales nucleares en el país: Atucha III (Bs.As.) y una quinta central nuclear probablemente en Sierra Grande (Rio Negro).
- El desarrollo del PLAN NUCLEAR NACIONAL implica aumentar el abastecimiento con mineral de uranio para las nuevas plantas y centrales existentes, por ello, se estaría intentando la REAPERTURA DEL ESTABLECIMIENTO FABRIL MINERO URANIFERO DE SIERRA PINTADA en San Rafael (Mza.) sin haberse concluido el Plan de Remediación Total. Actualmente la planta se encuentra paralizada por la Justicia.
- Conscientes de la necesidad y urgencia de un PLAN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PPOT), consideramos una total falta de respeto no haberse tenido en cuenta nuestra propuesta con aportes y correcciones, presentado oportunamente a la Cámara de Diputados, en la gestión del gobierno anterior, en agosto de 2014. Por otra parte, si se trata de un nuevo PPOT se estaría violando la ley 8051 por no haberse realizado la AUDIENCIA PUBLICA correspondiente.
A pesar del
lobby de las Empresas Mineras, Corporaciones Transnacionales y funcionarios
públicos ligados al sector, hoy celebramos los 10 años de la conquista y
promulgación de la Ley 7722, en defensa del AGUA Y DE LA VIDA DE TODOS LOS
MENDOCINOS.
San Carlos, 13 de
mayo de 2017
CONTACTOS
Alberto: 2625-400837
Daniel: 2622-439048
Sergio: 261-5415222
ASAMBLEAS
MENDOCINAS POR EL AGUA PURA (AMPAP)
Integrantes
de Regional Cuyo NOA - UAC
Unión de
Asambleas Ciudadanas (UAC)
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> https://goo.gl/c6AkmJ
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