miércoles, 17 de febrero de 2016

II. A 40 años urge enfocar qué país orientan a construir las luchas abajo por justicia y la vida.

Nosotros, los de abajo, debemos y podemos decidir
 
concretar nuestros buenos vivires que
 
el poder real prohíbe, sobre todo, desde los 70 hasta hoy.
 
Derrotarlo es ir por el Nunca Más a su dictadura.



 "Porque somos comunidad; al devolvernos el sentido de comunidad, nos ha sido devuelto el sentido de humanidad. Nuestra lucha es por la vida; eso es lo que nos hace más solidarios, más justos, pero, también, más responsables, es decir, más humanos. Eso es lo que hay que agradecer: la oportunidad histórica que tenemos de redimir, ya no sólo a un país sino a lo humano en general. Por eso, si no desarrollamos este nuestro proceso de transformación, le estaremos privando, a nosotros y al mundo entero, de la posibilidad de un mundo mejor, más humano y más justo. De nuestro triunfo o fracaso depende, en última instancia, el triunfo o fracaso del planeta entero. Si la vida toda está en peligro, no nos sirve producir para nosotros un arca para salvarnos. La salvación, o es de todos o no es de nadie".Leer
 

El Nunca Más al poder real (tiranía tras bambalinas o desembozada como hoy) nos interpela a  revertir nuestro empobrecimiento desde los setenta que implica muerte (genocidios ya reconocidos como tales y silenciosos e invisibilizados) y destrucción de las condiciones de vida y trabajo tanto del presente como del futuro. Se trata de posibilitar que una creciente mayoría se comprometa con las luchas por la vida.
 
Demos algunos ejemplos de cómo funciona la democracia tutelada y cómo los de abajo unidos en diversidad se autoorganizan para erradicar la impunidad de priorizar la seguridad jurídica o clima de negocios de esos grandes capitales y esforzarse en solucionar problemas fundamentales a otro país posible.
 
"Los Vecinos Autoconvocados de la cuenca del Río Juramento, formado por vecinos de Metán, El Galpón, El Tunal y Joaquín V. González mantienen desde el 14 de marzo de 2012 el tranquerazo, un campamento en las puertas del predio de 800 hectáreas donde está instalada la empresa, que en sus inicios y por más de un mes fue un bloqueo total al acceso a la planta. En julio de 2013 los mismos vecinos, motivados por el conjunto de irregularidades encontradas, presentaron una acción de amparo ambiental colectiva ante la justicia.(...)Actualmente la causa se encuentra en espera de ser tratada por la Corte Suprema de Justicia".

 
Nitratos Austin: la próxima catástrofe evitable
30 de diciembre de 2015

El 17 de octubre la localidad de El Galpón, Salta, sufrió las consecuencias del sismo más grave en los últimos cinco años en Argentina. La situación volvió a poner en alerta a los vecinos por el peligro que representa el funcionamiento de la planta de nitrato de amonio en la zona, un emprendimiento que no cuenta con licencia social pero sí con una historia llena de irregularidades.

Por #‎FueraAustin
El epicentro del sismo que el pasado 17 de octubre sacudió la provincia de Salta fue a tan sólo 15 kilómetros de donde Nitratos Austin S.A. construye una planta que pretende poner en funcionamiento y que produciría toneladas de nitrato de amonio por día, un compuesto químico altamente peligroso y que es el principal insumo para la fabricación de explosivos usados para minería. La sustancia puede explotar por un golpe mecánico o al ser mezclado con un combustible derivado del petróleo, desde gasolinas a aceites de motor, entre otros.
El lugar donde se emplaza el proyecto se encuentra en zona sísmica de nivel III. El prestigioso doctor en geología Ricardo Alonso reveló que la falla occidental del cerro Colorado que se activó y provocó el sismo podría ser la misma que destruyó la ciudad de Esteco en 1962. Además, el proyecto se encuentra dentro de la cuenca del Río Pasaje o Juramento, una de las cuencas hídricas más importantes del país, y a 10 kilómetros del dique El Tunal.
La instalación de la empresa Nitratos Austin ha generado controversia y resistencia en los vecinos de las ciudades aledañas desde el comienzo, quienes mantienen desde 2012 un campamento en la entrada del predio. Fueron los mismos vecinos quienes han alertado a la población las irregularidades del emprendimiento, la antigüedad de los equipos que se pretenden usar, las relaciones de parentesco entre el presidente de la empresa y el gobernador de la provincia y las deficiencias del estudio de impacto ambiental.
Según el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que analizó el documento a raíz de la presentación de un recurso de amparo por parte de los vecinos autoconvocados, el mismo “no cumple con los requisitos establecidos por el Art 44 de la ley 7070” de Protección de Medio Ambiente, y concluye que “por tratarse de una industria de alto impacto ambiental y alto índice de riesgo se hace menester proceder a una reevaluación del estudio de impacto ambiental con la ingeniería de detalle”. (…)
 
 

Llegada al país y estudio de impacto ambiental

La planta ingresa al país sin la evaluación técnica del INTI (Instituto Nacional Tecnológico Industrial), condición exigida en la Resolución 55/100del Ministerio de Economía de la Nación que exige para bienes usados importados una antigüedad igual o inferior al 50% de su vida útil.
Por el contrario, la empresa presentó un informe de la Universidad Tecnológica Nacional dirigido por el ingeniero Héctor Sanzi . En el informe, Sanzi asume como prueba suficiente los dichos de Pat Percy, la persona que dirigió el proyecto de Petroquímica Boliviana S.A. en su intento de instalación en Bolivia: “el ingeniero Percy me ha manifestado que, una vez realizados los reacondicionamientos (…) la vida útil remanente de los mismos será del orden de los 50 años”.
El 5 de marzo de 2010 se firma el contrato de gas entre Nitratos Austin S.A. y Recursos Energéticos y Mineros S.A. por un valor de U$S 2,60 por millón de BTU. El presidente de Nitratos Austin y firmante del contrato es Juan Ignacio Rigou, tío político de José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El expediente de la empresa enviado para Audiencia Pública fue recibido el día viernes 8 de junio de 2012, quedando disponible para consulta sólo 4 días antes de la fecha fijada para la Audiencia, impidiendo a profesionales en la materia y mucho menos a los ciudadanos en general leer el complejo y extenso documento. Según testimonios de los mismos asistentes la Audiencia Pública “se redujo a una exposición, proyector incluido, por parte de la empresa de su emprendimiento”, quedando desvirtuado el sentido de la misma. El estudio de impacto ambiental presentado por Nitratos Austin fue coordinado por la ingeniera en recursos naturales María Laura Ríos, y entregado al Gobierno de la provincia el 15 de abril de 2011. Días antes de la entrega, Ríos había sido nombrada jefa de Fiscalización Ambiental de la Dirección de Industria de la Provincia, convirtiéndola parte de la evaluación de dicho estudio y del organismo encargado de fiscalizar las actividades desarrolladas por la empresa.

 

El recurso de amparo

Los Vecinos Autoconvocados de la cuenca del Río Juramento, formado por vecinos de Metán, El Galpón, El Tunal y Joaquín V. González mantienen desde el 14 de marzo de 2012 el tranquerazo, un campamento en las puertas del predio de 800 hectáreas donde está instalada la empresa, que en sus inicios y por más de un mes fue un bloqueo total al acceso a la planta. En julio de 2013 los mismos vecinos, motivados por el conjunto de irregularidades encontradas, presentaron una acción de amparo ambiental colectiva ante la justicia. El 9 de septiembre el juez Fucho de la ciudad de Metán desestima la acción. El fallo fue apelado ante la Corte de Justicia de Salta y llegó al despacho del fiscal de Corte Nº 2, Alejandro Saravia, quien requirió una intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El Departamento Técnico-Científico del CIF devolvió un informe contundente, que llama la atención en 24 puntos del Estudio de Impacto Ambiental y concluye que “no cumple con los requisitos establecidos por el Art 44 de la ley 7070” de Protección de Medio Ambiente, y considera menester la reevaluación del estudio de impacto ambiental con la ingeniería de detalle necesaria. En este contexto, Saravia se pronunció a favor de que la Corte convoque a una audiencia pública revisora.
Sin embargo, la Corte ratificó el fallo de primera instancia del juez Fucho y estableció que no hay daño ambiental y que Nitratos Austin S.A. cumple con los parámetros ambientales y de seguridad requeridos por las distintas normativas locales, provinciales, y nacionales.
Actualmente la causa se encuentra en espera de ser tratada por la Corte Suprema de Justicia.
 

El nitrato de amonio y su fatídico historial

Según la producción indicada en el Estudio de Impacto Ambiental, la planta de nitrato de amonio produciría 824 toneladas por día, y según el régimen de funcionamiento se traduce en 263.680 toneladas por año.
El nitrato de amonio viajaría hasta Santa Fé para producir el producto final, ya sea fertilizantes o explosivos para minería. Suponiendo el transporte en acoplados de máxima capacidad permitida, la producción especificada significaría 18 acoplados por día, cada uno transportando 45 toneladas de nitrato de amonio por rutas nacionales. El miedo y reclamo de los vecinos no es caprichoso, sólo en los últimos 20 años han ocurrido grandes explosiones por el manejo de nitrato de amonio, ya sea en etapas de almacenamiento o de transporte.
Xingping, China: el 6 de enero de 1998 explosiones en una planta de nitrato de amonio acabaron con la vida de 22 personas e hirieron a otras 56.
Toulouse, Francia: el 21 de septiembre de 2001 se produjo la explosión de entre 200 y 300 toneladas de nitrato de amonio en una fábrica de fertilizantes. Murieron 31 personas y resultaron heridas 2.442. La onda expansiva destrozó ventanas hasta a 3 kilómetros de distancia. La causa exacta aún se desconoce.
Mihăileşti, Rumania: el 24 de mayo de 2004 un camión que transportaba 20 toneladas de nitrato de amonio volcó en la ruta. Poco después se inició un incendio en la cabina, el camión acabó explotando y mató a 18 personas e hirió a 13 más.
Ryongchon, Corea del Norte: el 22 de abril de 2004 un tren de carga que llevaba nitrato de amonio explotó matando a 162 personas e hiriendo a más de 3.000. La estación quedó destruida, así como la mayoría de los edificios a menos de 500 metros; otras 8.000 viviendas resultaron dañadas.
Monclava, México: el 10 de septiembre de 2007 un remolque cargado con 22 toneladas de nitrato de amonio se estrelló contra un camión dejando tres muertos en el accidente. Un incendio se inició en la cabina del remolque y unos 40 minutos después se produjo una explosión, resultando 37 muertos y alrededor de 150 heridos.
West (Texas), Estados Unidos: El 17 de abril de 2013 una planta de fertilizantes de similares características a la que se está instalando en El Galpón estalló. La explosión dejó 15 muertos, 252 heridos y un pueblo literalmente destruido. “Ha sido como una bomba nuclear”, dijo a la prensa el Alcalde de West, Tommy Muska. La explosión provocó un temblor de tierra de 2,1 grados en la escala de Richter, según ha registrado el Servicio Geológico de Estados Unidos y fue percibida a 20 km. del lugar. La planta pertecenía a la West Fertilizer Company, la misma que retiró de servicio los equipos que hoy quieren instalarse en Salta. Las causas del incidente son aún desconocidas
Tianjin, China: el 15 de agosto de 2015 un incendio iniciado en el puerto donde se almacenaban químicos peligrosos, incluyendo nitrato de amonio, generó una explosión que dejó el saldo de 173 muertos y más de 700 heridos. Las explosiones fueron percibidas en un radio de 10 kilómetros, ocasionando graves daños hasta 2 km a la redonda.
Sin embargo, la Corte ratificó el fallo de primera instancia del juez Fucho y estableció que no hay daño ambiental y que Nitratos Austin S.A. cumple con los parámetros ambientales y de seguridad requeridos por las distintas normativas locales, provinciales, y nacionales.
Actualmente la causa se encuentra en espera de ser tratada por la Corte Suprema de Justicia.

Realidad y futuro

Qué habría sucedido de haber estado en funcionamiento la planta de Nitratos Austin el pasado 17 de octubre nadie puede responderlo. Según la visita de funcionarios de ambiente de la provincia de Salta no hay daños estructurales en la obra en progreso. ¿Brinda esto alguna certeza? ¿Qué sucedería con la planta en funcionamiento en caso de un terremoto de mayor intensidad?.
Ojalá nunca tengamos la respuesta.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11279
 
"El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada.
El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la desaparición de Luciano: el entonces intendente Fernando Espinoza decidió no sólo desoír por nuestros pedidos sino fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de gestión no nos depara algo diferente: la intendenta Verónica Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia.
La política llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los médicos que son cómplices, el poder judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en democracia".

A SIETE AÑOS DE SU DESAPARICIÓN

Luciano Arruga: documento unificado a siete años de su desaparición
27 de enero de 2016

 

La Izquierda Diario difunde el documento unificado que se leerá en la jornada cultural que se realizará el próximo sábado 30/01 en Lomas del Mirador.

Nuestro recorrido

Hace siete años, la policía bonaerense secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a Luciano Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos de izquierda y medios alternativos nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza que lleva su nombre. Hemos demostrado que con la militancia organizada no sólo pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino que también pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los Tribunales, condenar pública y políticamente a funcionarios de gobierno e instituciones que integran alguna de las fases de la desaparición forzada de personas.
Cuando empezamos a buscar a Luciano, La desesperante pérdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad estratégica posterior a la desaparición retardaron aún más los tiempos habituales para cualquier investigación, pero -sobretodo- fueron la justificación para la amenaza, la agresión y la persecución. Por eso, porque el Estado está organizado para encubrir y esto es manifestado por sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia, cuando buscamos a Luciano aquel 31 de enero de 2009 dos veces en el hospital Santojanni, la respuesta fue no. Ningún NN coincidía con la descripción y no podíamos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos de que estaba ahí, por eso también pasó meses en una morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires con la nómina administrativa de una persona sin identidad mientras exigíamos su aparición con vida.
El poder judicial es indispensable para completar el círculo de impunidad. Con la desaparición de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a la propia fuerza sospechada. También soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condición de pobres: el juez Gustavo Banco aceptó en quince oportunidades a lo largo de un año y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos a escondidas. Ante semejante maltrato, nos dispusimos llevar hasta las últimas consecuencias un jury de enjuiciamento que condenara a los funcionarios que se comportaron como si nuestra condición de clase pudiera demostrar una culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario de la justicia es una trampa, son sus propios compañeros quienes resuelven las denuncias realizadas.
Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigación que debería desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco.
Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros.
La policía no sólo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: también el encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Sólo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder, y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito de torturas al policía Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado en la cocina del destacamento a Luciano Arruga durante más de diez horas en septiembre de 2008. La jurisprudencia asentada con ese juicio que se desarrolló en marzo de 2015 es histórica: no sólo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas sino también porque acreditamos con contundencia el hostigamiento sistemático previo al desenlace. La detención juzgada fue crucial por lo traumática, porque allí comenzó la cuenta regresiva. Luciano soportó y sobrevivió a los meses posteriores con pánico a la policía porque sabía que tenía los días contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos conocidos en La Matanza. Se dedican hace años a defender a la Bonaerense, tienen vínculos directos con el Pro a nivel local y son quienes comandaron la embestida judicial contra nuestro compañero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una imputación por extorsión cuando los defensores de la policía asesina de Gabriel Blanco, asesinado en la comisaría de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los efectivos.
La misma lucha organizada nos permitió caratular esta causa como desaparición forzada y sostener esa figura aún después del hallazgo de Luciano y del intento del entonces gobierno de Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tránsito. El delito de desaparición forzada es de lesa humanidad, no prescribe y se sigue cometiendo a cada momento que la persona no está. En el país no hay un solo funcionario público condenado con esa figura que se tipificó en 2011. La perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de Julio López, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las empresas periodísticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad sembrando dudas sobre las víctimas, relativizando infundadamente las denuncias de las familias y silenciando explícitamente su voz.
Encontramos a Luciano gracias a la presentación de un hábeas corpus a comienzos de 2014. El poder judicial rechazó el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas decisiones hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó dándole curso. Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo: la reapertura de los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009 arrojó que un NN había sido atropellado en General Paz y Emilio Castro, trasladado por el SAME e internado en el Santojanni hasta que murió luego de una operación y permaneció meses en la morgue judicial de la Capital Federal para ser enterrado en mayo de 2009 “sin identidad”.
Nuestra lucha nos llevó al hallazgo histórico, pero también nos permitió sobreponernos a la versión oficial, “que parezca un accidente”, y demostrar de forma contundente que sí, lo había matado la policía bonaerense y lo había desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboración de instituciones de toda índole.
Haberlo encontrado generó medidas probatorias irrevocables: Luciano corría por la General Paz en una zona en que ésta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para llegar allí, tuvo que trepar un terraplén empinado y saltar una baranda o ser arrojado de un auto. La persona que lo embistió asegura que lo vio desesperado, escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corría en diagonal por la vía rápida. Otro testigo declaró que tiene la seguridad de que, en la colectora de General Paz, del lado de Provincia, había un patrullero doble cabina detenido y con las luces bajas. Luciano llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy serviría para demostrar cómo llegó allí, como sus zapatillas y elementos personales, se esfumó. . No es la primera vez que, como método de tortura y forma de exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los jóvenes asesinados a situaciones en las que la muerte es ocasionada por algún factor externo. El caso de Ezequiel Demonty sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al Riachuelo y murió ahogado también fue asesinado por la policía. A Luciano Arruga, en cambio, lo obligaron a correr por la vía rápida de General Paz.
Nuestra Lucha también fue por el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, donde Luciano fue visto con vida por última vez, pero también porque en ese mismo lugar se llevaban adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines de 2011, luego de un acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Desde octubre de 2013, gracias a tomar el lugar durante 68 días, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano se votó en Senadores la ley de expropiación que cede definitivamente el ex destacamento a la personería jurídica de nuestros compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el último día de su gestión esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que necesitábamos para reglamentar la ley. Scioli, siendo coherente con su habitual comportamiento, nos ignoró sin mediar comunicación. La misma reacción tuvo cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tardío del cuerpo de Luciano. Su séquito lo imitó. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia afirmando que la desaparición fue un simple caso hospitalario. Jorge Telerman, entonces vocero del gobierno de la Provincia, también hizo el ridículo emitiendo un comunicado pretendiendo hacernos llegar una solidaridad cínica y dando por sentado que su jurisdicción no tenía incidencia en lo sucedido, aludiendo a “los hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires”, para negar implícitamente la barbarie cometida por su propia policía. Ahora pesa sobre María Eugenia Vidal nuestra exigencia de reglamentar la ley de expropiación y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia.

Nuestra posición

El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada.
El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la desaparición de Luciano: el entonces intendente Fernando Espinoza decidió no sólo desoír por nuestros pedidos sino fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de gestión no nos depara algo diferente: la intendenta Verónica Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia.
La política llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los médicos que son cómplices, el poder judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en democracia. En el caso de Luciano el encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifestado. La política estatal para manipular a los cuerpos “sin identidad” es siniestra, basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundación de abril de 2013 en La Plata: personas enterradas dos veces, cuerpos identificados en fosas comunes, junto a cadáveres de perros o fetos. La única excepción estatal en este crimen fue haber encontrado a Luciano.
El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la emergencia en seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por decreto de las policías locales en “la década ganada”, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que se sumaron más de 25 mil locales. La formación de la represión en las casas de estudios de nuestra juventud no es casualidad, buscan cooptar a esos mismos jóvenes pobres víctimas de la violencia del Estado y enfrentarlos con su propia clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana en La Boca, es muestra contundente de la inclinación del presidente Macri, pero las ya conocidas represiones al hospital Borda, a los terrenos tomados del parque Indoamericano, a la Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento durante su primera gestión de la patota de la UCEP son la muestra cabal de que a la organización y las exigencias por necesidades básicas se responderá con palos y violencia.
La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represión ordenada por Patricia Bulrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la municipalidad de La Plata que reclamaban por el despido de 4500 compañeros. No es casualidad que, en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo permitiendo que, sin motivos, la policía pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera inédita el traspaso de 18 mil policías federales a la órbita de la Metropolitana en Capital Federal. No podría ser de otra manera si hay que someter al silencio y la represión violenta a más de 23 mil trabajadores estatales despedidos. La contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la fuerza.
No podría ser posible, si no, que el presupuesto votado en la provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del Pro, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, incremente un 54% la inversión en “Seguridad” restando en áreas como salud y educación. La intencionalidad es sobradamente clara. La arbitraria detención de la militante Milagro Sala, acusada de incitación a cometer delitos y tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores: cortar calles y hacer acampes y vigilias es la única alternativa que nos queda para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos la liberación inmediata.
No se quedan atrás los prontuarios de los funcionarios a cargo de las Fuerzas: el nuevo jefe de la Bonaerense designado por María Eugenia Vidal, Pablo Bressi, es un ex oficial del Grupo Halcón, responsable de la Masacre de Ramallo. Fernando Díaz, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, es el mismo que gestionaba a la institución durante 2005, cuando ocurrió el motín en la cárcel de Magdalena en el que murieron incendiados 32 reclusos en un estado de abandono criminal. La decisión política en materia penitenciaria es que los presos deben ser tratados como escoria y que las cárceles deben estar pobladas de pobres. Los institutos de menores, las cárceles para niños siempre nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado ya que los organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en instituciones de encierro en la Argentina se mueren, además de asesinadas por las fuerzas penitenciarias, por enfermedades medievales.
La noticia de la triple fuga desmanteló una situación de podredumbre feroz hacia adentro de los uniformados: las instituciones represivas son mafias organizadas.
Hasta el último día de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los militantes de izquierda junto a organizaciones y organismos de derechos humanos pedimos que la mandataria derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. También exigimos el cese de la judicialización con esa u otras leyes represivas y la persecución a los luchadores populares.
Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras reivindicaciones cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos convencidos de que la represión es una característica inherente a cualquier gestión, y como elemento intrínseco para la gobernabilidad es que la repudiamos de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad de movilización para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano tanto como las decenas de organizaciones que firman este documento convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes secundarios, familiares de víctimas de la represión estatal, agrupaciones y partidos de izquierda a la más amplia unidad para salir a la calle con la espalda más ancha que nunca.
EXIGIMOS
- REGLAMENTACIÓN YA DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA LUCIANO ARRUGA
- LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO
- BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL
- BASTA DE PERSEGUIR LA PROTESTA
- DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA
- LIBERTAD A MILAGRO SALA
- BASTA DE GATILLO FÁCIL
- BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS
- NI UNA FAMILIA EN LA CALLE, NI UN PUESTO DE TRABAJO MENOS
- JUSTICIA PARA LUCIANO ARRUGA

 
Convocan
Familiares y amigos de Luciano Arruga - H.I.J.O.S. Zona Oeste - HIJOS La Plata - APDH La Matanza - CORREPI - Justicia por Iara - Comisión de solidaridad con Reina Maraz - SUTEBA La Matanza - Frente Popular Darío Santillán - Partido Obrero - PTS en el Frente de Izquierda - MST - Movimiento Sur - Libres del Sur - Colectivo La Poderosa - Izquierda Socialista - Entre Todos UNLaM - Patria Grande - Frente Popular Darío Santillán CN - El Transformador - Sembrando Rebeldías - Mundanas - Izquierda Revolucionaria - FORA Lomas de Zamora - Colectivo de Fotógrafxs Fotografía a Pedal - Pañuelos en Rebeldía - La Mella en Cárceles - PSTU - Agencia Para la Libertad - Corall - COB La Brecha - Nuevo MAS - Las Rojas - Agrupación Política Hombre Nuevo - Juventud de Hombre Nuevo Fernando Deliens - La Retaguardia-Periodismo Social
Adhieren
Cooperativa La Vaca - Corriente Popular Juana Azurduy - Trabajadores Organizados de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia - Zainuco - Cae Babylon - El Zumbido"
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Luciano-Arruga-documento-unificado-a-siete-anos-de-su-desaparicion

"“En dos años dragaron cientos de metros de Monte, zona que ahora está cubierta por agua, para que puedan girar los barcos. Para Scioli, esto era un pastizal”, dijo uno de los integrantes de la Asamblea durante el paseo, en la zona denominada “cuatro bocas”, señalando la zona arrasada.
En realidad, el ex Gobernador bonaerense se refería de esa forma a los humedales y al Monte Ribereño. Lejos de ser un pastizal, el Delta es uno de los humedales más importantes de América Latina. Tiene la función de albergar diversas especies animales y vegetales, controlar las inundaciones, reponer aguas subterráneas, mitigar cambios climáticos y depurar las aguas.
“Se han destruido más de 100 hectáreas en la Isla Paulino y actualmente se están destruyendo otras 35 sobre el continente en la zona de las cuatro bocas hasta la calle 12 para la ampliación de la terminal de contenedores”, remarcaron desde la Asamblea.
El ex intendente de Berisso, el kirchnerista Enrique Slezack, también había basado en este tipo de obras su propaganda y gastos de gestión en casi 12 años que estuvo al frente del ejecutivo municipal. Desde allí impulsó la sesión de los terrenos para el desmonte y construcción de una explanada de cemento que dejó sin potrero y espacio verde a cientos de vecinos, pero además dificultó el dragado y absorción del agua de lluvias, empeorando las ya endémicas inundaciones de la región".

Humedales en riesgo por la desidia estatal y la ambición empresarial
11 de febrero de 2016

 

En el marco del Día internacional de los humedales, la Asamblea Salvemos al Monte de Berisso realizó el pasado martes 2 de febrero una jornada para visibilizar la importancia de los mismos y el destrozo que han generado el Estado nacional, provincial y municipal en el delta de la región con la instalación del Puerto de Contenedores, megaobra que hoy está en total desuso. A través de una radio abierta realizada por la Red Nacional de Medios Alternativos se difundió a los vecinos la situación y se concretó luego un viaje en lancha para recorrer toda la zona afectada y la que está en riesgo. 
 
Por Red Nacional de Medios Alternativos (Reg. La Plata, Berisso, Ensenada)
Con esta actividad se intentó poner de manifiesto la persistencia de un modelo de extractivismo y dependencia económica que se profundizó desde hace más de 10 años de la mano de los lineamientos del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y que muestra una continuidad aún más explícita en el flamante gobierno.
“Donde antes había un pajonal, hoy se pone en marcha un cambio geopolítico y estratégico. Ésta ha sido mi visión de futuro de la provincia y del país para encarar el desarrollo argentino”, había dicho el Gobernador Daniel Scioli en diciembre de 2014 cuando inauguró la Terminal de Contenedores Tec Plata, con una inversión de 420 millones de dólares.
El pez por la boca muere dice el dicho. Hoy el mega emprendimiento que costó una inversión millonaria está totalmente en desuso, y fue sucesivamente inaugurado por Scioli en el marco del proselitismo del 2015, no generó un solo puesto de trabajo más allá de los involucrados en su construcción. Como agravante, los vecinos y vecinas de Berisso denuncian la pérdida de espacios verdes urbanos, el destrozo de cientas de hectáreas de humedales y la contaminación del Monte Ribereño.
Por esta razón, y en el marco del Día Mundial de los Humedales, la asamblea Salvemos al Monte de Berisso realizó una jornada el pasado martes para visibilizar la importancia de esta zona y el destrozo que han generado el Estado nacional, provincial y municipal en el delta de la región con la instalación del Puerto de Contenedores.
A través de una radio abierta realizada por la Red Nacional de Medios Alternativos (Reg. La Plata, Berisso, Ensenada) sobre el Puente 3 de abril, se explicó a los vecinos y vecinas la gravedad del problema y se los convocó a dar un paseo en lancha para recorrer toda la zona afectada y la que está en riesgo.
Alrededor de las 16:30 partió la lancha por las aguas del el Delta Río Santiago, el canal Génova, pasando por la parte de afuera de la imponente y absolutamente vacía terminal Tec Plata, luego por la península de los Perros, el Astillero Río Santiago, la isla Paulino, hasta llegar a la salida del puerto y luego volver por el mismo camino.
“En dos años dragaron cientos de metros de Monte, zona que ahora está cubierta por agua, para que puedan girar los barcos. Para Scioli, esto era un pastizal”, dijo uno de los integrantes de la Asamblea durante el paseo, en la zona denominada “cuatro bocas”, señalando la zona arrasada.
En realidad, el ex Gobernador bonaerense se refería de esa forma a los humedales y al Monte Ribereño. Lejos de ser un pastizal, el Delta es uno de los humedales más importantes de América Latina. Tiene la función de albergar diversas especies animales y vegetales, controlar las inundaciones, reponer aguas subterráneas, mitigar cambios climáticos y depurar las aguas.
“Se han destruido más de 100 hectáreas en la Isla Paulino y actualmente se están destruyendo otras 35 sobre el continente en la zona de las cuatro bocas hasta la calle 12 para la ampliación de la terminal de contenedores”, remarcaron desde la Asamblea.
El ex intendente de Berisso, el kirchnerista Enrique Slezack, también había basado en este tipo de obras su propaganda y gastos de gestión en casi 12 años que estuvo al frente del ejecutivo municipal. Desde allí impulsó la sesión de los terrenos para el desmonte y construcción de una explanada de cemento que dejó sin potrero y espacio verde a cientos de vecinos, pero además dificultó el dragado y absorción del agua de lluvias, empeorando las ya endémicas inundaciones de la región.
Retomando el recorrido en lancha por la ribera, llegamos al Astillero Río Santiago, donde se podía ver inmenso buque petrolero Eva Perón, barco petrolero construido desde el ARS para el Estado Venezolano. A pesar de su tamaño imponente, desde la Asamblea informaron que la nave mide dos tercios del tamaño de los barcos cargados de contenedores que se pretende que entren al Puerto, por lo que resulta inviable pensar el tráfico naval allí sin generar nuevos destrozos en la topografía y ambientes de la región. Para peor, aún con todo el desmonte realizado, los integrantes de Salvemos al Monte denuncian que no se cumplió con las normas internacionales (ISO) necesarias para que entren este tipo de embarcaciones.
Según relataron, “el primer proyecto que comenzó a destruir los humedales fue el Terraplén Costero, que no respetó la traza original. Luego comenzaron los desmontes y el relleno de tierras con barros contaminados con metales pesados e hidrocarburos producto del dragado del canal de acceso al puerto”. Recordemos que las obras del terraplén costero fueron resistidas por las familias productoras de Vino de La Costa, que debido a esta traza artificial vieron perjudicado su pequeño emprendimiento.
Desde la lancha se podían observar las partes en donde se habían tirado los barros extraídos de la zona dragada, totalmente contaminados, siendo depositados en otras zonas del Monte, quitándoles de esa forma su función como humedales y contaminando todo el sector.
Además, remarcaron que “el desmonte y la contaminación masiva han avanzado arrasando con tierras cultivadas existentes desde la fundación de la ciudad por productores familiares”. Para hacer esto, las autoridades municipales, provinciales y nacionales tuvieron que infringir todas las leyes en materia ambiental, sobre todo teniendo en cuenta que el Monte Ribereño y las Islas están declaradas Paisaje Protegido.
“Se gastaron miles de millones de pesos para hacer un Puerto que no funciona ni genera puestos de trabajo, cuando con menos dinero se podría haber hecho una reserva que diera trabajo a maestros, biólogos, paisajistas, entre muchos otros”, remarcaron integrantes de Salvemos al Monte.

El nuevo Gobierno municipal, conducido por Jorge Nedela, apenas se limitó a declarar de “interés municipal” el Día de los humedales, pero poco dijo sobre qué va a hacer para protegerlos. De hecho, el primer compromiso que había tenido con los vecinos de la Asamblea, de garantizar el sonido para realizar la radio abierta, lo incumplió, por lo que Radio La Charlatana de Berisso garantizó los equipos necesarios para la jornada.
Ante el riesgo de que las autoridades políticas y los conglomerados empresariales avancen todavía más sobre los humedales, con la construcción de la ruta 6 u otros proyectos en danza, la Asamblea continuará durante todo el mes realizando actividades, recorridas, que permitan a los vecinos y vecinas tomar real dimensión de los problemas que trae el modelo de desarrollo económico y urbano que se está instalando en la región.
Esta actividad forma parte de las aún fragmentadas luchas que se están dando contra el modelo actual de producción, que implica el saqueo de los bienes comunes, en la provincia de Buenos Aires diferentes asambleas de vecinxs, productorxs y organizaciones populares, se reúnen para pensar e impulsar acciones conjuntas. Todos estos reclamos se enmarcan en el repudio a un modelo que comprende al mundo desde la lógica del capital y los intereses de los ricos, un esquema donde planes como el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) diseñan las megaobras tendientes a facilitar la depredación.
 
Las luchas de las y los inundadxs, que denuncian cómo gran parte de las causas del colapso de las ciudades tienen que ver con el saqueo, la enorme concentración urbana y la corrupción estatal; los vecinos y vecinas que le dicen NO AL CEAMSE, que propone un tratamiento de la basura que ya se prohibió en el resto del mundo y que significa contaminación y enfermedades; las asambleas que en Pereyra, Villa Elisa y Berisso se pronuncian en contra de las construcción de autopistas y puertos para sacar las riquezas, y que con su construcción lo único que traen es desalojo y desmonte.
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 AUDIOS:
Entrevista a Javier de la Asamblea salvemos al monte
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11464
 
 
"Para esas comunidades la IIRSA es una iniciativa neocolonial, una imposición vertical que nada tiene que ver con sus intereses y que supone una agresión para ellas. Este nuevo colonialismo afecta tanto a comunidades que viven en Brasil como a las que están en otros países de la región y benefician a un bloque de poder financiero e industrial en el cual el empresariado brasileño/paulista ocupa un lugar central. (...)
El académico brasileño Fabio Barbosa dos Santos, destacó que según los números sobre las obras concluidas, en ejecución y proyectadas, la IIRSA va muy bien. Pero, en contraste, la integración no avanza. “Cuando la IIRSA se incorporó al COSIPLAN hubo un cambio al ponerse como objetivos la integración física de los países, las economías de escala y las cadenas productivas”.
Pero la construcción de infraestructura regional forma parte del “proceso de internacionalización de las multinacionales brasileñas, básicamente las grandes constructoras, apoyadas en los préstamos del BNDES que crecieron un 3.000%”.
Cree necesario desmitificar al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, ya que desde el gobierno “neutralizó la ALBA, reproduce el patrón hegemónico en el mundo, no contradice a los Estados Unidos y promueve un desarrollo regional basado en sus empresas”.
Destacó que la IIRSA no promueve la integración regional ya que alimenta a quienes se le oponen, porque la exportación de commodities nunca puede ser la base de la integración sino la complementariedad productiva. Concluyó advirtiendo que “no debemos confundir interconexión con integración”, que los 15 años de IIRSA “corresponden al período en que el Buen Vivir despunta como horizonte civilizatorio alternativo, pero ambos son irreconciliables porque la IIRSA tiene un carácter antipopular que es necesario denunciar y enfrentar”".
 

Interconexión sin integración: 15 años de IIRSA
 23 / septiembre / 2015

Por Raúl Zibechi 
Han pasado 15 años desde la creación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y se impone un balance desde la perspectiva de su aporte a la integración.
Una ciudad de Quito arrasada por los efectos del cambio climático, cobijó el Seminario Internacional 15 Años de IIRSA, “Miradas críticas sobre la integración sudamericana”. El día que comenzaba el encuentro, martes 15 de setiembre, gigantescas nubes envolvían la ciudad que sufría 22 incendios forestales, tres de ellos en la ciudad y el resto en el sector rural colindante. La sequía causa estragos y hasta 18 barrios de la ciudad sufren racionamiento de agua[1].
El seminario fue convocado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, integrada por distintas organizaciones de varios países[2], que se propuso hacer un balance a la mitad del trayecto de un proyecto que fue pensado para su implementación en 30 años.
En estos 15 años el proyecto inicial sufrió algunas transformaciones. Por un lado, pasó a integrarse en la UNASUR en el consejo denominado COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento); por otro, el proyecto avanzó sustancialmente y se expandió de forma vertiginosa, lo que hace necesario un nuevo acercamiento al tema[3].
Un poco de historia
El 29 de agosto de 2000 llegaron a Brasilia los presidentes sudamericanos convocados por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Desde un comienzo la IIRSA se planteaba como un vasto proyecto asociado al ALCA, pero con un perfil regionalista.
El propio Cardoso, partidario del ALCA, manifestaba sus diferencias con los países del norte. “Los países más ricos, los más poderosos, que son los que tienen más barreras comerciales que nos afectan, quieren ir muy rápido, sin percibir que nosotros no podemos, porque nos vamos a caer”[4].
En la reunión participaron los doce presidentes sudamericanos y 350 empresarios latinoamericanos. Cardoso sentó las bases del proyecto IIRSA y definió el objetivo de su país de “trabajar juntos”, liderando sin imponer para “resolver nuestros problemas internos, que son muchos”[5].
El geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves sostiene que el origen teórico y político de la IIRSA y del Plan Puebla Panamá se encuentran en dos estudios. El primero fue Infraestructure for Sustainable Development and Integration of South Americarealizado por Eliézer Batista da Silva en 1996 para la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Vale do Rio Doce, el Business Council for Suastainable Development Latin America, el Bank of America y la Companhia Auxiliar de Empresas de Mineraçâo[6].
El segundo se denominó Estudo sobre Eixos Nacionais de Integraçâo e Desenvolvimento, en 1997, promovido por el BNDES, el ministerio de Planeación, el banco ABN Amro, la multinacional estadounidense Bechtel, Consorcio Brasiliana y Booz Allen & Hamilton do Brasil Consultores. La lectura de quienes financian estos trabajos permite deducir los intereses que encarnan.
El concepto de ejes de integración y desarrollo sustituye al de región como núcleo de la acción gubernamental, privilegiando los flujos por sobre los territorios habitados por pueblos y naciones[7].
La IIRSA es una iniciativa que rompe con la tradición histórica de Latinoamérica como una región con personalidad propia, para situarse en el estrecho marco de América del Sur. El concepto de América Latina había nacido en el siglo XIX en contraposición a la América imperialista, pero ahora asistimos a un paulatino desplazamiento que coloca en el centro del escenario la idea de América del Sur, como destaca con acierto Porto Gonçalves.
Por el contrario, Sudamérica es una espacio geopolítico formulado por los estrategas militares ligados a la dictadura brasileña (1964-1985), como Golbery do Couto e Silva, uno de los principales teóricos de la doctrina de seguridad nacional elaborada en la década de 1950 por la Escuela Superior de Guerra. Fue además creador del Servicio Nacional de Informaciones en 1964, presidió la filial de la multinacional estadounidense Dow Chemical y fue autor del libro “Geopolítica del Brasil”[8].
Con el gobierno Lula, Sudamérica se convierte en “un nuevo espacio de afirmación geopolítica” que coincide con la crisis hegemónica de Estados Unidos[9]. Ese viraje deja de lado el carácter antiimperialista que había generado el concepto de América Latina. El resultado es preocupante: América del Sur es el espacio en el que se expanden las grandes empresas brasileñas financiadas por el BNDES y apoyadas por Brasilia, para la realización de Brasil como potencia regional y global, mientras se acepta de hecho la hegemonía estadounidense en América Central y el Caribe.
Cosiplan y expansión de la IIRSA
 La derrota del ALCA en 2005 y la llegada al gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda impulsó una redefinición de la IIRSA. El COSIPLAN se creó en la cumbre de presidentes de agosto de 2009 en Quito. Desde ese momento, la IIRSA es el Foro Técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física de la UNASUR. El Consejo está integrado por las ministras y los ministros de las áreas de infraestructura o planeamiento.
El organismo se ha dotado de un comité coordinador, grupos de trabajo y un foro técnico, designándose presidencias pro témpore rotativas por países. Hasta 2015 se han realizado seis reuniones de ministros del COSIPLAN. El Comité de Coordinación Técnica (CCT) está integrado por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Sin embargo, lo más notable es la importante expansión que tuvo la cartera de proyectos en los últimos años: de 335 en 2004 con 37.000 millones de dólares debest online casino inversión a 579 proyectos con 163.000 millones de dólares en 2014. La Cartera de Proyectos se amplió en más del 72% y aumentó más de cuatro veces la inversión total estimada[10]. Por otro lado, hay 106 proyectos ya concluidos y 179 en fase de ejecución.
Más de 70% del financiamiento de las obras es público y una parte importante corresponde al brasileño BNDES, aunque la crisis en ese país está disminuyendo ese financiamiento. Casi el 90% de los proyectos son del área de transporte, siendo la mitad en carreteras, que se llevan la mitad de la inversión. Casi un tercio de la inversión total está destinada a energía, en particular usinas hidroeléctricas, que son las obras más criticadas por los pueblos.
El eje con más cantidad de proyectos es Mercosur-Chile con 123 y 55.000 millones de dólares, lo que supone un 25% del total para uno sólo de los nueve ejes multimodales que conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Por países, Argentina supera a todos los demás con un total de 180 proyectos que la involucran, seguida de Brasil con 106.
Las obras de la IIRSA generan resistencias ambientales y sociales, como lo manifiestan los conflictos en torno a las represas de Jirau y Santo Antônio en el río Madera en Brasil, las represas sobre el río Inambari en Perú y la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS en Bolivia[11]. Además muestran una nueva geografía de las luchas sociales que tienen como escenarios los corredores de la IIRSA, que desbordan los marcos del Estado-nación para situarse allí donde los flujos del capital afectan pueblos y medio ambiente.
Un relevamiento del Laboratorio de Estudio de Movimiento Sociales y Territorialidades de la Universidad Federal Fluminense, muestra que en los ejes de la IIRSA existen 1.347 poblaciones territorializadas: 664 comunidades indígenas, 247 comunidades campesinas, 146 de afrodescendientes, 139 comunidades de poblaciones tradicionales (pescadores, mariscadores, junqueros), 60 organizaciones sociales (sin techo, desempleados) y 59 organizaciones ambientales[12].
Para esas comunidades la IIRSA es una iniciativa neocolonial, una imposición vertical que nada tiene que ver con sus intereses y que supone una agresión para ellas. Este nuevo colonialismo afecta tanto a comunidades que viven en Brasil como a las que están en otros países de la región y benefician a un bloque de poder financiero e industrial en el cual el empresariado brasileño/paulista ocupa un lugar central.
Balance: más interconexión que integración
El centro del debate en el Seminario Internacional giró en torno a las consecuencias estratégicas del proyecto. En los diez últimos años, además de los ambientales y sociales han ido apareciendo otros focos de interés y crítica respecto a la IIRSA, como el débil impulso hacia integración generado y la falta de estrategias de largo plazo en las que se incluyan el conjunto de obras.
Jorge Acosta, coordinador de la UNASUR en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, aceptó lo que plantearon otros participantes del Seminario de que “no existe una estrategia para la integración en la región sudamericana”. Agregó que “la estrategia IIRSA aún no ha fracasado pero va mal, con muy bajos impactos y efectividad”, para concluir que si no se logra llegar a una visión general de la región seguirán imperando los marcos nacionales.
El investigador del instituto Ibase, Gerardo Cerdas, señaló que las obras de la IIRSA “se decantaron por las grandes obras de infraestructura en detrimento de infraestructuras sociales de mayor impacto para la población, evidenciando el carácter centrípeto de estas obras enfocadas hacia el comercio internacional de commodities, que hoy en día es la principal relación sudamericana con el mercado global”.
Recordó que ninguna institución de la región y ningún gobierno realizó actos conmemorativos de la creación de la IIRSA para debatir con los pueblos los avances y dificultades del proyecto. Resaltó la necesidad de “encontrar mecanismos de financiamiento autónomos, soberanos y no comerciales para pensar otro tipo de desarrollo y recuperar el debate sobre la nueva arquitectura financiera de la región”.
En su opinión se trata de una necesidad urgente ante la acelerada penetración de capitales chinos que “ponen nuevos desafíos a la autonomía sudamericana” ante su dependencia histórica de capitales externos.
El académico brasileño Fabio Barbosa dos Santos, destacó que según los números sobre las obras concluidas, en ejecución y proyectadas, la IIRSA va muy bien. Pero, en contraste, la integración no avanza. “Cuando la IIRSA se incorporó al COSIPLAN hubo un cambio al ponerse como objetivos la integración física de los países, las economías de escala y las cadenas productivas”.
Pero la construcción de infraestructura regional forma parte del “proceso de internacionalización de las multinacionales brasileñas, básicamente las grandes constructoras, apoyadas en los préstamos del BNDES que crecieron un 3.000%”.
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“No debemos confundir interconexión con integración”
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Cree necesario desmitificar al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, ya que desde el gobierno “neutralizó la ALBA, reproduce el patrón hegemónico en el mundo, no contradice a los Estados Unidos y promueve un desarrollo regional basado en sus empresas”.
Destacó que la IIRSA no promueve la integración regional ya que alimenta a quienes se le oponen, porque la exportación de commodities nunca puede ser la base de la integración sino la complementariedad productiva. Concluyó advirtiendo que “no debemos confundir interconexión con integración”, que los 15 años de IIRSA “corresponden al período en que el Buen Vivir despunta como horizonte civilizatorio alternativo, pero ambos son irreconciliables porque la IIRSA tiene un carácter antipopular que es necesario denunciar y enfrentar”.
Finalmente, se debatió sobre el gran problema que enfrenta un proyecto como la IIRSA: las grandes inversiones en obras de infraestructura, sin definiciones estratégicas, pueden desembocar en “hacer obras por hacerlas”, beneficiando sólo a las grandes empresas y al principal Estado de la región, pero no a los países pequeños ni a los pueblos. La región no debe dejarse arrastrar por los mercados y el capital financiero, ya que corre el riesgo de convertirse apenas en una “periferia de lujo”, como señala el economista José Luis Fiori.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas cipamericas/org/es
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