Cuestionar la
economía y naturalización de la existencia de poderes fácticos encamina a
posibilitar el imprescindible Nunca Más
al capitalismo.
Es evidente que la lógica del
capital-Estado despliega un crecimiento económico que no es el del país y
menos de la inmensa mayoría de los de abajo. Causa empobrecimiento cada vez
más extendido y estructural. Porque tiende al totalitarismo de la completa
desposesión de bienes comunes tanto sociales como naturales y de la
sobreexplotación laboral. Es una destrucción de comunidades, países,
continentes en aras del lucro oligopólico y de quienes se enriquecen
perfeccionando su corrupción. Que sigue profundizándose sin importar arrasar
con la habitabilidad de regiones e incluso del país-continente. En efecto, expande los agrocombustibles vs. los alimentos
y extrema tamaña desertificación mediante acaparamiento oligopólico de las semillas.
Argentina: desertificación, lado escondido del boom granario
19 de junio de 2013
Por Comunicación Ambiental
"En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola
se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o
ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos. Es por ello que las
más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de
bosques donde sufren grave riesgo de desertificación."
Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación, un problema del que poco se habla, a pesar de que amenaza
la sustentabilidad en la producción de alimentos. En Argentina, por el
imaginario del país "granero del mundo", se trata también de un tema oculto,
subordinado al éxito del modelo agroexportador. Asimismo, un problema
relacionado es la degradación de los suelos fértiles, porque también afecta
la capacidad de producir. En tal sentido, un reciente estudio del INTA,
difundido por la Secretaría de Ambiente de la Nación, concluye que el suelo
pierde nutrientes. Incluso contabiliza esta pérdida en casi 4 mil millones
de dólares, para la campaña 2010- 2011.
El trabajo "Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la
Argentina", elaborado por Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de
Suelos del INTA fue publicado por el Observatorio Nacional de la Degradación
de Tierras y Desertificación, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de
la Nación. Allí se alerta: "Se registra una elevada extracción de nutrientes
no repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro progresivo en la
fertilidad de los suelos poniendo en peligro la sustentabilidad de los
sistemas productivos".
Desde la visión de la Economía Ecológica, siempre se cuestionó la rentabilidad del modelo agroexportador. Incluso el biólogo Raúl Montenegro de FUNAM, lo llama una "agricultura minera" puesto que extrae minerales sin reponerlos. Por lo cual, un recurso renovable como el suelo, se está convirtiendo en no renovable. De esto se trata el proceso de desertificación, el fenómeno por lo cual los suelos no pueden volver a ser fértiles que sucede en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Sin embargo, en las zonas húmedas, la degradación también es un problema grave.
"Las cifras correspondientes al balance entre la extracción de nutrientes
por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan
siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina", así describe
la situación el trabajo. En tal sentido, detalla que para la campaña 2010/11
se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio,
sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas.
Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de
casi el 65 por ciento.
El informe detalla además que el fósforo disminuye a razón de 1 a 2 partes
por millón por año. Del mismo modo, la materia orgánica del área núcleo
(Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) sufrió un descenso de 0,5 por ciento en
las últimas tres décadas. Y destaca: "Esta especie de “subsidio” que la
riqueza natural de nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al
estado, en realidad no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital
suelo".
Así entonces, haciendo bien las cuentas, el negocio no es tan negocio. "En términos económicos, se observa que la exportación neta de nutrientes en grano, correspondiente a la campaña agrícola 2010/11, fue de alrededor de 2.57 millones de toneladas, lo que representa una cifra de U$S 3.63 mil millones", cuantifican los investigadores del INTA. No estaban tan equivocados entonces los movimientos sociales que plantean de la soja: "Pan para hoy, hambre para mañana".
Es decir, como bien analizan los autores:
"Si en los márgenes brutos de las
explotaciones agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de
nutrientes extraídos por las cosechas, la rentabilidad de los cultivos
sufriría variaciones en función del sistema de rotación elegido. Serviría
además para demostrar la dificultad de obtener planteos sustentables tanto
desde el punto de vista físico como económico, cuando la visión es
estrictamente cortoplacista".
La problemática de la pérdida de fertilidad es más aguda con el avance de la
deforestación. Según aclaran los investigadores:
"En forma simultánea al
incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia
zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos
ocupadas por montes nativos". Es por ello que las más de 200 mil hectáreas
por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave
riesgo de desertificación. Y la gran responsable allí es la sojización, que
cuadriplicó la superficie en las últimas dos décadas.
Según los investigadores del INTI: “La situación descripta indica la
existencia de sistemas productivos que no son sostenibles, afectando
negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los procesos de
degradación de los suelos y, por ende, limitando el crecimiento de la
producción agrícola nacional".
La discusión
superada.
Por Eduardo Soler
En medio del conflicto por la resolución 125, los efectos perjudiciales de
la sojización fueron puestos en debate por actores sociales ligados al
kirchnerismo. Esto, aunque la
Presidente de la Nación acuñó la
frase "la soja es en términos científicos un yuyo, porque crece
prácticamente sin cuidados". Lo cierto es que crece sin cuidados, con poca
mano de obra, por el paquete tecnológico del cultivo transgénico, preparado
para ser resistente al glifosato, otro término técnico divulgado en la
época.
En aquel tiempo, caracterizábamos al
conflicto como
apropiación de la renta agraria, no discusión del modelo. En la palabra del
ingeniero agrónomo Walter Pengue, investigador universitario: "El gobierno
sólo se basa en una politica coyuntural de altos precios y rentabilidad
interna, pero debería analizar el tema con una visión de sustentabilidad de
los recursos, y manejar estos fondos para ello y no para su propia caja".
Por ello mismo proponía instaurar "retenciones ambientales".
Así, el tiempo pasó, y el conflicto por las retenciones fue superado en gran
medida, a pesar de la insistencia esporádica de dirigentes de la Mesa de
Enlace, como registramos en la actualidad. En
el cambio al agrobierno, la propia Presidente se convirtió en
una de los mayores defensores de la biotecnología, apoyada explícitamente
por el Estado Nacional a través del Ministerio de Ciencia. Al mismo tiempo,
también cerró filas con la corporación Monsanto, sobre todo con las nuevas
inversiones en Córdoba.
Hoy mismo, la Presidente, junto con los Ministros de Agricultura, de
Industria y de Economía, recibió la visita oficial del empresario Gustavo
Grobocopatel, quien anunció una inversión de 400 millones, que serán
destinadas en buena medida a la compra de una empresa de agroquímicos. El
así llamado "Rey de la Soja" es uno de los símbolos del agronegocios en el
país. El comunicado destaca que de esta forma "la compañía vuelve a
nacionalizarse".
No es noticia para
quienes siguen de cerca las novedades del sector la cercanía del empresario
con el gobierno nacional. Ambos trabajan en conjunto en la "creación" del
primer trigo transgénico en el país, a través de un acuerdo entre el CONICET,
el organismo científico estatal, junto con la compañía privada Bioceres,
fundada por Grobocopatel. EL CEO es Federico Trucco, hijo de un dirigente de
AAPRESID, quien fue uno de los impulsores de la introducción de la soja
transgénica en Argentina, en la década de los noventa.
Fuente original: Comunicación
Ambiental
Veamos:
"Muchas
de las alternativas exitosas enfocadas al aprovisionamiento local, eficiencia
energética y bienestar humano, están actualmente produciendo alimentos y energía
en formas tales que no amenazan los sistemas alimentarios, el ambiente ni la
sobre-vivencia.
La pregunta no es si el etanol o el bio-diesel tienen un
espacio en nuestro futuro; sino, si es que vamos o no vamos a permitir que
un puñado de corporaciones globales transforme nuestros sistemas
alimentarios y energéticos, destruyendo la biodiversidad del planeta y
empobreciendo a la mayoría de sus habitantes. Para evitar esta trampa
debemos promover un estado de transición agraria estable, basada en la
re-distribución de la tierra de tal forma que re-pueble y estabilice las
comunidades rurales deprimidas. Esto incluye una reconstrucción y
fortalecimiento de nuestros sistemas alimentarios locales y la creación de
las condiciones para la re-inversión de la riqueza rural. Poner a la gente y
el medio ambiente – en lugar que a las mega-ganancias corporativas – al
centro del desarrollo rural requiere de soberanía alimentaria: El derecho de
la gente de establecer sus propios sistemas alimentarios".
Bio-combustibles: mitos de la transición de los agro-combustibles
4 de septiembre de 2007
Eric
Holt-Giménez*
Los defensores de los agro-combustibles nos aseguran que debido a
que los cultivos son renovables, los agro-combustibles son ambientalmente
amigables, pueden reducir el calentamiento
global
y promover el desarrollo rural. Pero el tremendo poder de
mercado de las corporaciones globales de agro-combustibles, junto con la
débil voluntad política de los gobiernos en regular sus actividades, es la
receta para un desastre ambiental e incremento del hambre en el Sur.
Los biocombustibles
evocan una imagen de abundancia renovable que permite a la industria,
políticos, Banco Mundial, Naciones Unidas e incluso al Panel
Intergubernamental del Cambio Climático, presentar a los combustibles
producidos a partir del maíz,
caña de azúcar, soya y otros cultivos como una suave transición
de la cúspide de una economía del petróleo hacia
otra basada en combustibles renovables. Los mitos sobre la abundancia
desvían la atención lejos de los poderosos intereses económicos que se
benefician de esta transición, evitando la discusión sobre el creciente
precio que los ciudadanos del Sur están comenzando a pagar para mantener el
estilo de vida consumista del Norte basada en el petróleo. La obsesión por
los biocombustibles obscurece las profundas consecuencias de la industria de
transformación de nuestros alimentos y sistemas energéticos.
El boom de los agro-combustibles(...)
Agro-combustible corporativo: ¿Una nueva revolución industrial?
La Agencia Internacional de Energía estima
que en los siguientes 23 años, el mundo podría producir 147 millones de
toneladas de agro-combustibles. Esta producción estará acompañada de la
generación de bastante carbón, óxido nitroso, erosión y producción de más de
2 billones de toneladas de aguas de desecho. Sorprendentemente, este
combustible a duras penas podrá reducir el incremento anual de la demanda
global de petróleo, actualmente calculada en 136 toneladas por año – y no
reducirá nada de la demanda existente.
La transición hacia los agro-combustibles está basada en una relación de 200
años entre la agricultura y la industria que comenzó con la Revolución
Industrial. El invento de la energía a
vapor prometió el fin del trabajo pesado. A medida que los gobiernos
privatizaron las tierras comunitarias, despojan a los campesinos del
aprovisionamiento de predios y jornales accesibles. Los fertilizantes
petroquímicos baratos han abierto la agricultura a la industria. La
mecanización ha intensificado la producción, manteniendo los precios bajos y
el apogeo de la industria. El segundo siglo ha visto el triple cambio global
hacia la vida urbana con mayor gente viviendo en las ciudades que en el área
rural.[10] La masiva transferencia de riqueza de la agricultura a la
industria, la industrialización de la agricultura y el cambio urbano-rural
son parte de la “Transición Agraria”, que trasforma la mayor parte de los
sistemas de combustibles y alimentos; y estableciendo un petróleo no
renovable como el cimiento de la actual multi trillonaria industria
agroalimentaria.
Los pilares de la industria agro-alimenticia son las grandes corporaciones de granos que incluye a ADM, Cargill y Bunge. De igual forma, ellos están rodeados por una estructura formidable de compañías de agro-químicos, semilla y maquinaria, por un lado; y procesadores de alimentos, distribuidores y cadenas de supermercados, por el otro. En conjunto, estas industrias absorben cuatro de cada cinco dólares del mercado de alimentos. Sin embargo, el margen de sus ganancias se ha estancado por un tiempo.
Los subsidios gubernamentales y objetivos establecidos para los
agro-combustibles son por la reducción de las ganancias del agronegocio;
creciendo a medida que se reduce el petróleo y concentrando el poder de mercado
en las manos de los actores más poderosos de la industria de alimentos y
combustibles. Similar a la original Transición Agraria,
la Transición
Corporativa de los agro-combustibles “atrapará a los bienes comunes” mediante la
industrialización de lo que queda de los bosques y praderas del mundo.
Esto hará que los restantes pequeños propietarios, agricultores familiares e
indígenas se dirijan a las ciudades.
La
complicidad entre los gobiernos y la industria tiene el potencial de canalizar
los recursos rurales hacia los centros urbanos en forma de combustible,
concentrando la riqueza industrial. Pero esto puede empujar a millones de
personas dentro de la pobreza e incrementar las muertes por inanición de forma
dramática.
La transición de los agro-combustibles padece de un defecto fatal – no
existe “nueva” revolución industrial. No hay una nueva expansión del sector
industrial que pudiera recibir comunidades indígenas, pequeños propietarios
y trabajadores rurales desplazados. No existen avances en la producción
esperando a inundar el mundo con comida barata. Esta vez, los combustibles
no subsidiarán la agricultura con energía de
bajo costo. Al contrario, los combustibles competirán con los alimentos por
tierra, agua y recursos. Los agro-combustibles van a colapsar el vínculo
entre alimentos y combustibles. La inherente entropía de la agricultura
industrial ha sido invisible todo el tiempo que el petróleo ha sido
abundante. Ahora, los sistemas alimentarios y de combustibles deben cambiar
de una cuenta de ahorros a una de cuenta corriente. Los agro-combustibles
nos dirigen hacia un sobre giro. “Renovable” no significa “ilimitado”.
Mientras que los cultivos pueden ser re-plantados, la tierra, el agua y los
nutrientes son limitados. Pretender lo contrario sirve a los intereses de
aquellos que monopolizan dichos recursos.
La propuesta de los agro-combustibles se basa en su potencial de prolongar
un sistema industrial basado en petróleo. Con un estimado de un trillón de
barriles de reserva de petróleo restantes en el planeta, el precio de $100
por barril no está alejado. [11] Mientras mayor sea el precio del petróleo,
el costo del etanol puede incrementar en cuanto se mantenga competitivo. A
medida que el petróleo sea más caro, la primera generación de los
agro-combustibles será más lucrativa, desmotivando al desarrollo de la
segunda generación de los bio-combustibles. Si el petróleo alcanza un valor
de $80 por barril, los productores de etanol tendrán la capacidad de pagar
$5 por aproximadamente 127 kg (ó 32 L) de maíz,
haciéndola competitiva con la caña de azúcar. La crisis energética del
planeta significa una bonanza de $80 a 100 trillones de dólares para las
corporaciones de alimentos y combustibles.
Las limitantes – no los incentivos – deben ser aplicados en la industria
corporativa de los agro-combustibles. Si los agro-combustibles van a ser
amigables con el bosque y la alimentación, la industria de granos, caña y
palma aceitera requieren un manejo, regulación y cumplimiento global
estrictos. Estándares fuertes y aplicables basados en la limitación de las
áreas plantadas de agro-combustibles son una necesidad urgente, así como
suficientes leyes anti-monopolio para prevenir la concentración corporativa.
Los beneficios a largo plazo para el área rural, serán construidos sólo si
los agro-combustibles complementan los planes de desarrollo rural sostenible
a nivel local, regional y nacional.
Construyendo la soberanía alimentaria y energética
La Transición Corporativa de los Agro-Combustibles no es inevitable.
No existe una razón inherente para sacrificar los sistemas y equidad de
alimentos y combustibles por la industria.
Muchas de las
alternativas exitosas enfocadas al aprovisionamiento local, eficiencia
energética y bienestar humano, están actualmente produciendo alimentos y energía
en formas tales que no amenazan los sistemas alimentarios, el ambiente ni la
sobre-vivencia. La pregunta no es si el etanol o el bio-diesel tienen un
espacio en nuestro futuro; sino, si es que vamos o no vamos a permitir que
un puñado de corporaciones globales transforme nuestros sistemas
alimentarios y energéticos, destruyendo la biodiversidad del planeta y
empobreciendo a la mayoría de sus habitantes. Para evitar esta trampa
debemos promover un estado de transición agraria estable, basada en la
re-distribución de la tierra de tal forma que re-pueble y estabilice las
comunidades rurales deprimidas. Esto incluye una reconstrucción y
fortalecimiento de nuestros sistemas alimentarios locales y la creación de
las condiciones para la re-inversión de la riqueza rural. Poner a la gente y
el medio ambiente – en lugar que a las mega-ganancias corporativas – al
centro del desarrollo rural requiere de soberanía alimentaria: El derecho de
la gente de establecer sus propios sistemas alimentarios.
En ambas áreas, el Norte industrializado y el Sur, cientos de miles de
productores y consumidores están activamente organizados para la defensa de
sus derechos en la salud y de alimentos culturalmente apropiados producidos
de manera ecológica y por métodos sostenibles. Ellos también están
reconstruyendo un sistema local de alimentos de forma que la mayor parte los
ingresos económicos y beneficios de estos sistemas se mantengan a nivel
local – no en los cofres corporativos de las agroindustrias inmensas y
distantes. Ellos están haciendo a las corporaciones agroindustriales
responsables por las externalidades que sus industrias imponen sobre las
personas en forma de hambre, destrucción ambiental y salud debilitada por
los alimentos procesados baratos. Los movimientos sociales de reforma
agraria, derechos de los indígenas, agricultura sostenible campesino a
campesino, comercio ético, mercados campesinos, agricultura apoyada por las
comunidades, agricultura urbana y desarrollo de sistemas alimentarios en los
barrios, son unos cuantos ejemplos de los amplios y multifacéticos esfuerzos
por la soberanía alimentaria. Organizaciones como Vía Campesina, el
Movimiento Sin Tierra (MST) del Brasil, la Federación de Cooperativas del
Sur de Agricultores Afro-Americanos, y la Coalición Comunitaria por
Alimentos y Justicia (Estados Unidos) están transformando la voluntad social
desde estos movimientos rurales y urbanos en voluntades políticas – creando
un cambio en sus visiones.
Los movimientos defensores de la soberanía alimentaria están ya reclamando justicia al boom de los agro-combustibles. Cuando el presidente de los Estados Unidos, George Bush visitó Brasil para establecer una alianza sobre etanol con el presidente Lula, 700 mujeres de Vía Campesina protestaron ocupando el molino de caña de Cargill en Sao Paulo. Pero el desmantelamiento de la perversidad de los agro-combustibles implica cambiar la Transición Corporativa de los agro-combustibles por una transición agraria que beneficie a las comunidades rurales – una transición que no drene el bienestar del área rural; pero que ponga recursos en las manos de las personas rurales. Este es un proyecto de largo impacto. Un buen siguiente paso sería una moratoria global en la expansión de los agro-combustibles corporativos. Tiempo y debate público son necesarios para asesorar el impacto potencial de los agro-combustibles y desarrollar estructuras reguladoras, programas e incentivos para la conservación y alternativas de desarrollo de alimentos y combustibles. Necesitamos tiempo para fraguar una mejor transición – una transición agraria la soberanía alimentaría y energética.www.ecoportal.net
* Eric Holt-Giménez, Ph.D., Director Ejecutivo, Food First / Institute for Food and Development Policy, Oakland, CA, Estados Unidos. Traducido por Georgina Catacora V., Tierra Viva, Cochabamba, Bolivia
Notas:Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/Bio-combustibles_mitos_de_la_transicion_de_los_agro-combustibles
Consideremos:
"Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta
de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada
(campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del
campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos
modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural,
territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la
pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de los
agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el
gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación
del modelo agro-biotecnológico.".
No nos patenten la Vida: Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina
Gacetilla de Prensa Buenos
Aires, Argentina 4 de Septiembre, 2014.
Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante
la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de
semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado
por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría
en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser
enviado al Congreso Nacional para su tratamiento. En un contexto mundial
marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la
producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-,
la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles
ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una
ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en
la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido
ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales
iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y
corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos
gracias al accionar de las resistencias sociales. A pesar de la crisis
económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del
extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La
devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a
principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a
obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la
superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la
historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del
agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su
beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera
internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que
incide sobre los ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y
ecológicas de los agronegocios también se profundizan.
El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las
corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo
agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de
sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta
con
destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola
devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las
fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas
sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron
la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los
suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del
monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato).
Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones,
consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa
desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y
desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a
migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en
los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de
miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la
evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al
afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte
de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por
el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar
una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente
soja) en un plazo de seis (6) años,
supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las
actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de
una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las
actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo
que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América
Latina. Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno
nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la
aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través
de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió
autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y
algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto,
Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y
Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos
transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal
beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las
aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin
controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio
precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos
eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados
por las propias empresas. En este contexto general, luego de aprobar las
nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el
gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para
favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse
por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas
alimentarias.
El anteproyecto para reformar la ley de semillas
El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan
armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro
de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las
expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley
de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los
parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones
vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual. En
nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la
protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho
del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema
de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572).
Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas. Es importante
destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades
que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme
esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos
sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso
propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva
siembra. Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de
patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto
para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente
restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento,
selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de
semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de
los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la
creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el
intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así
como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se
adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el
apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de
semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la
posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades
vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las
prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que
varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años,
iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo
de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas
agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar
patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la
sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del
Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo
directorio se encuentran
Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los
responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento
transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y
cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de
propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde
que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores
agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a
experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las
diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un
consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y,
por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del
productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser
considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor
parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas
familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los
Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas
semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las
variedades de semillas desarrolladas en el dominio público. En 1936 se
establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una
protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos
países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los
agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u
obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una
legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e
inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras
privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la
generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme
primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su
producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos
por ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta
de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada
(campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del
campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas,
dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social,
cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el
texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de
los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del
discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva
estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo
está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley
de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de
las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores
familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a
actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De
cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado
tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia
quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las
principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los
asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de
arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras. La llamada “coexistencia”
orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo”
convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que
reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más
importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional
Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue
resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del
diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder
político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de
ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores
cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y
abultadas rentas. Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo
de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales)
se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base
campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es
un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la
Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia
de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de
mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de
cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013).
Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del
capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante
entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios
documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que
actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las
medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios.
Pareciera que todo ello forma parte del pasado. Estos mandatos
internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las
instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias
Científicas, el INTA, etcétera.
A modo de conclusión
De
aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en
relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que
marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta
iniciativa de privatización de la vida en muchos países. En definitiva, el
avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una
ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la
Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de
un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus
variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería
contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria;
se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria
pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a
contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética
alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático-
prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la
construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares.
Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o
fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo
de YPF con la transnacional Chevron el año pasado. Afortunadamente, no todo
es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las
resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden
nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del
capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas
contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones;
la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance
sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de
Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la
radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de
Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de
nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco
para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la
juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad
basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento,
nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las
adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la
igualdad y profundamente identificada con la naturaleza. Por
lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
–
No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los
pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta. –
No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar
la ley de semillas en todas sus versiones.
– No la tramposa operación
política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura
familiar con el agronegocio”.
– Nos pronunciamos por un modelo alternativo
de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana,
energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques
artificiales y papeleras.
– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria.
Prohibición de la modificación genética de alimentos.
-Por el repoblamiento
del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los
ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
– Por
encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos
para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas,
organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles
y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización
y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo
capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar
aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.
Las adhesiones son recibidas en semillabiencomun@gmail.com Firmas: Organizaciones y espacios: Acción
Reverdeciente Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA Cultivarte Frente de Lucha
por la Soberanía Alimentaria Argentina: Agrupación Visión Sostenible – CTA –
Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán – Fundación Che
Pibe – Grupo de Reflexión Rural (GRR) – Mishkila Alimentos – Red Tacurú –
Sopita Ropita- Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía
Alimentaria – Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y
sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER) – Centro de
Educación Agroecológico ASHPA de Guernica – Proyecto Sur Pcia. de Bs.As. en
Corriente Nacional Emancipación Sur – La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya
en Corriente Nacional Emancipación Sur- Sobre Rieles UnLa – Los Pies en La
Tierra – Oro del Inca Cooperativa – Reforestala “Proyecto Compartir” –
Colectivo desde el Pie – Bandera Negra UNQ. Red Ecosocialista
(MST+Independientes) Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto La Revolución
de la Cuchara Argentina Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la
Sexta iniciativa del EZLN)” Individuales: Nora Cortiñas – Mirta Baravalle –
Félix Diaz – Miguel Teubal – Norma Giarracca – Jorge E. Rulli – Jorge
Falcone – Alejandro Bodart – Vilma Ripoll – Laura Isod – Lucila Díaz Rönner
– Patricia Langlais – Maristella Svampa – Miguel Bonasso – Enrique Viale –
Soledad Barruti – Eduardo González. Internacionales: Raúl Prada Alcoreza.
Grupo Comuna, Bolivia.
Fuente:
http://nonospatentenlavida.org/
Es prioritario, para el Nunca Más al capitalismo, una reforma agraria
integral como rebelión (tanto en medios urbanos como rurales) frente a que:
(...)Las
corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y
buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución,
pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción
independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de
nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado
de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.(...)
El
agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las
corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe
fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y
común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el
entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al
que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos
saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no
serían sino sitios, serían paisaje nomás.
El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación
con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras
tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros
modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras formas de
cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la
alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.
Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra
vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues
el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en
tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en
la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos
aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con
conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de
influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los
intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la
gente busque y logre la justicia.(...)
Leer
Pero reconociendo que el desafío de virar
el trabajo desde concretar el actual privilegio lucrativo de una minúscula minoría de
la humanidad hasta la producción de buenos vivires abajo consiste ante todo
en:
Movimiento Sin
Tierra
Disputa agraria, disputa
integral, disputa global
19 de
febrero de 2014
Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (Rebelión)
El pasado viernes 14 de febrero concluyó en Brasilia el 6º Congreso
Nacional del MST, que presentó públicamente el resultado de los intensos
debates desarrollados por el movimiento a lo largo de estos dos últimos
años. De esta manera, más de 15.000 militantes, acompañados por unos 300
delegados y delegadas internacionales, tuvimos la oportunidad de debatir en
torno al gran eje estratégico propuesto por los
y las sin tierra para los próximos años: la «reforma agraria popular».
Este
concepto hace referencia no sólo a la prioridad de que los y las campesinas
brasileñas -quienes realmente alimentan al mundo- accedan a una tierra que
históricamente se les niega, sino que además incide en la necesidad de
avanzar en un modelo social, económico, político y cultural alternativo
basado en la soberanía alimentaria y en la agroecología. En este sentido, se
apuesta por la alimentación como un derecho y no como una mercancía; por la
capacidad democrática del pueblo para decidir qué y cómo producir,
atendiendo en primer lugar a sus propias necesidades; por las economías
campesinas como sujeto de producción; por el control social de los bienes
naturales; y por una alimentación sostenible, sana y culturalmente
apropiada.
Lamentablemente, esta apuesta por la reforma agraria popular choca frontalmente con la realidad actual de la alimentación, tanto en Brasil como en todo el mundo, dominada por el agronegocio. En un ejercicio de síntesis podríamos decir que la alimentación se ha convertido globalmente en una mercancía en vez de en un derecho, controlada por la alianza entre el capital especulativo, las empresas transnacionales y los grandes productores capitalistas. Así, el agronegocio se caracteriza por la primacía absoluta de la ganancia como principio regulador; por la prioridad del mercado global capitalista frente a lo local y frente a las necesidades humanas; por la intensificación productiva, incluyendo el uso de químicos y transgénicos; por el acaparamiento y privatización de los bienes naturales; por la explotación laboral; y por el ataque a los campesinos y campesinas en defensa de la tierra y del territorio.
Lamentablemente también para el MST, Brasil es uno de los máximos exponentes
mundiales de este modelo,
produciendo para el mercado global soja, maíz,
caña -tanto para producir azúcar como agrocombustibles-, eucalipto o carne,
en base a monocultivos que acaparan el 85% de la tierra cultivada,
intensificando la propiedad en manos de empresas transnacionales (en torno a
30 millones de hectáreas), y generando un modelo brasileño de desarrollo
basado en la apropiación privada de bienes naturales -agua, tierra,
minerales, etc.- y en la producción de commodities.
El resultado del mismo, además de la vulnerabilidad directamente vinculada a
una apuesta estratégica por la explotación de materias primas, es el
ahondamiento de las desigualdades sociales, la imposibilidad de acceso al
mercado de tierra por parte de los y las campesinas, el control privado y no
popular de los bienes naturales, la destrucción y pauperización del empleo
agrario, y la incapacidad de Brasil para alimentar a su población.
Precisamente este modelo de intensificación del agronegocio
y de privatización de los bienes naturales se ha producido bajo los
gobiernos progresistas de Lula y Dilma Roussef.
Éstos han aprovechado la
crisis de reproducción del capital en el Norte Global desde 2008, atrayendo
a los capitales especulativos para la inversión en el sector primario
brasileño -como han hecho otros países de la región, como Argentina o
Uruguay-. De esta manera, se favoreció al agronegocio con todo tipo de
políticas públicas, a la vez que se paralizó completamente el acceso
campesino a la tenencia de la tierra, y se negó la posibilidad de poner en
marcha política integral de apoyo a las economías campesinas.
Esta realidad de un gobierno cercano por un lado, pero a su vez favorecedor
del enemigo de la economía campesina -el agronegocio-, ha generado intensos
debates en el MST, y le plantea una serie de desafíos estratégicos para este
nuevo período: hasta qué punto concertar o confrontar con el gobierno
actual; hasta qué punto retomar o no la ocupación como lógica de acción
política; hasta qué punto priorizar el papel de lobby e incidencia política
o el trabajo interno de movilización y formación. Estos han sido algunos de
los nudos de este 6º Congreso, y veremos en el futuro cómo el MST consigue
avanzar en su apuesta por la reforma agraria popular en este contexto tan
complejo y adverso.
En todo caso, lo que sí es seguro que el MST iniciará esta nueva etapa
sostenido sobre tres de sus principales señas de identidad.
·
En primer lugar, sale fortalecido del Congreso
por su renovado compromiso por la dinámica colectiva y comunitaria,
demostrada en la histórica movilización del 12 de febrero a lo largo de
Brasilia.
·
En segundo lugar, el MST seguirá incidiendo en
la necesidad de ampliar la agenda de la reforma agraria popular a la
integralidad de la clase trabajadora, del campo y de la ciudad, prestando
especial atención a esta alianza así como a las diferentes formas de
movilización social que se vienen desarrollando últimamente en Brasil, como
el Passe Livre y
muchos otros.
·
En tercer lugar, el MST entiende que su lucha
es una lucha global y que los parámetros que definen al agronegocio precisan
de una lucha articulada globalmente. En este sentido, no cejarán en su
apuesta internacionalista, como ya han demostrado por ejemplo en brigadas a
Palestina o Haití, en su liderazgo en la ALBA Movimientos Sociales o en su
apertura de la Escuela Nacional Florestán Fernandes para militantes de
movimientos de todo el mundo.
Estas tres señas de identidad del MST nos ofrecen la principal enseñanza que
nos llevamos los y las delegadas internacionales presentes en el Congreso:
la necesidad de articular la lucha integral y globalmente. El agronegocio es
un fenómeno global que nos impacta a todos y todas, en diferentes
intensidades pero bajo los mismos parámetros, y la lucha por la soberanía
alimentaria no es por tanto ni un asunto campesino ni exclusivo de los
países empobrecidos.
Por ello, nuestra mayor aportación a la reforma agraria
popular del MST es luchar por la soberanía alimentaria en nuestros pueblos y
territorios, y articularnos con éste en dicha lucha. En este sentido, en
2017 se celebrará en Euskal Herria la 7º Conferencia Internacional de la Vía
Campesina, principal impulsor de la propuesta por la soberanía alimentaria.
Aprovechamos estos tres años, al igual que ha hecho el MST con su Congreso,
para ampliar la base social y política de la agenda de la soberanía
alimentaria, apoyando al movimiento campesino vasco, favoreciendo su
articulación con el resto de movimientos, incidiendo en la derogación de la
PAC, impidiendo la mercantilización de la tierra, el agua y las semillas,
construyendo agroecología desde la práctica. Contextos diferentes, agendas
comunes, ese es el camino. Como corea el MST, la lucha prevalece, aquí y
allá, es el momento.
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, internacionalista vasco.
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