martes, 25 de abril de 2017

El capitalismo avanza por desaparición forzada de campesinos e indígenas que resisten. Su lucha debe involucrarnos a todos los de abajo pues:


 
¿En qué país estamos a consecuencia de 

20 años de transgénicos?
 
 
Percatarnos exige descubrir cómo la alta tecnología no es progreso ni bienestar. Al contrario, ataca mortalmente la salud poblacional e individual y desertifica o destruye las condiciones de vida y trabajo. Por eso, si procuramos generalizar esa ruptura con la percepción inmediata, es hora de esforzarnos por multiplicar los espacios en común donde las llamadas luchas ambientales puedan ser escuchadas, visibilizadas e interpretadas como planteos de problemas a erradicar por construcción de la autodeterminación de los pueblos de nuestro país-continente. Porque el desafío es organizar la sociedad-mundo para atender a las necesidades y aspiraciones de las diversidades de abajo.  Es confrontar con el capitalismo que se centra, casi exclusivamente, en la incesante acumulación oligopólica de riquezas y poder sin importarle ir expandiendo los apartheid sociales. Es destapar la participación en la criminalidad sistémica  tanto de los científicos y tecnólogos como de los políticos y sindicalistas dedicados a viabilizar el constante incremento lucrativo o expoliador. ¿Qué criminalidad de lesa humanidad enfrentamos?
 
 

Argentina: Veinte años de mitos transgénicos
 5 de abril de 2017

Por Franco Segesso
Hace veinte años llegó a la Argentina el primer cultivo genéticamente modificado (GM), auspiciado por promesas de bienestar para la población: la soja Roundup Ready (RR) de Monsanto.
Dos décadas después, las promesas siguen aumentando y los transgénicos no han cumplido ninguna de ellas, pero degradan la biodiversidad del suelo y la alimentación en el país.
Se suponía que la tecnología volvería más sencillos, seguros y eficientes los sistemas alimentarios y agrícolas, que eran la clave para alimentar al mundo y además combatir el cambio climático. Nada de esto ocurrió. Argentina ha llegado a ocupar el tercer lugar entre los países con más obesidad infantil de América Latina; el 29,4% de su población sufre sobrepeso y uno de cada tres adolescentes tiene problemas de obesidad. Los agricultores, por su parte, no logran con este modelo hacer frente a las consecuencias del calentamiento global como las sequías y las inundaciones.
Pero, en cambio, el uso de herbicidas, encabezado por el glifosato, aumentó de manera exponencial: en 1995 se utilizaron en Argentina 42 millones de litros de herbicidas. En 2011 la cifra alcanzó los 252 millones. Muchos yuyos silvestres (considerados malezas) se multiplicaron y desarrollaron tolerancia a este producto químico. De esta manera, en los últimos veinte años, los costos de la agricultura química aumentaron entre cuatro y cinco veces por hectárea.
Los cultivos transgénicos ocupan en la Argentina más del setenta por ciento del territorio cultivable, con la soja como protagonista. El 25% de la cosecha se exporta directamente; el resto se procesa y se utiliza principalmente para alimento animal, biocombustibles o aditivos de alimentos y bebidas industriales (galletitas, gaseosas, margarinas o embutidos). El 15% de la producción es para consumo interno, en su mayoría alimentos que favorecen enfermedades de malnutrición, como la obesidad y la diabetes.
El Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario de Argentina (INTA) sostiene: “El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química controle a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso suelo”. Los suelos no son ecosistemas tan populares como los bosques o los océanos, pero allí vive un cuarto de la biodiversidad global y de su salud depende nuestra alimentación, de allí proviene el 95% de la comida.
En estos veinte años, los emprendimientos de agricultura ecológica han recibido considerablemente menos inversiones y sin embargo alcanzaron rendimientos estables sostenibles, sin riesgos químicos. Se revelaron como medios de vida agrícolas seguros, además de sobrevivir con éxito a los efectos del cambio climático.
Después de dos décadas, está claro que los transgénicos no son el cultivo que nuestra tierra necesita ni el sistema alimentario que requerimos. Una tecnología que promueve los monocultivos transgénicos, intensifica el uso de agrotóxicos, consolida los monopolios corporativos y aumenta la presión económica sobre los agricultores es claramente parte del pasado agroindustrial, no del futuro ecológico.
 
------

CULTIVOS TRANSGÉNICOS, ¿HACIA DÓNDE FUIMOS?
Veinte años después de la liberación de soja en la Argentina
4 de enero de 2017
Por Walter A. Pengue

La República Argentina fue el primer país de América Latina que abrió sus fronteras a la liberación de un evento transgénico: la soja RR.
El objetivo de expansión fue planteado por fuera de sus fronteras en la mesa de discusión global de los grandes grupos semilleros y agroquímicos, que buscaban en primera instancia una expansión rápida y en gran escala, sobre grandes territorios, para la colocación segura de sus nuevos productos.  
Una declamada modernización del agro, una fuerte presión corporativa internacional, sumada a una dependencia política importante y la nula o casi nula participación social, fueron algunos de los factores que permitieron en la Argentina, las condiciones para la llegada inicial de los primeros cultivos transgénicos.
El 25 de marzo de 1996, y sólo a través de una resolución interna del Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Argentina, Número 167/96, Ing. Agr. Felipe Solá, se aprobaba la liberación comercial de la soja RR, resistente al herbicida glifosato, bajo la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem.

El llamado “paquete tecnológico” incluía tres ingredientes: Una nueva soja, resistente a un herbicida, el glifosato, que permitía controlar malezas en un también novedoso sistema de conservación conocido como siembra directa.
Rápidamente, los agricultores adoptaron esta tecnología. En poco menos de cinco años (1996-2001), la tasa de adopción tecnológica de las nuevas semillas transgénicas, alcanzó el 100 %.  Nunca antes, ni siquiera con los mejores híbridos de cultivos muy conocidos como el maíz, sea en los Estados Unidos, sea en la Argentina, los agricultores adoptaron tan rápidamente una nueva tecnología.

Pero, ¿por qué los agricultores argentinos, tomaron tan rápidamente una nueva tecnología?  Varios fueron los factores que coadyuvaron para que las nuevas sojas, fueran adquiridas tan rápidamente en el marco de un conjunto de elementos técnicos y económicos que les “facilitarían” el manejo y además les permitirán obtener mayores ganancias inmediatas.
Con la siembra directa y el control de malezas con glifosato, los agricultores podrían cerrar tres ciclos de cultivos en dos años (trigo-soja, soja, trigo-soja), con lo que prácticamente podrían mejorar sus ingresos al unir más rápidamente los ciclos de producción de uno y otro (Ver Diagrama).
Además, pasaban de utilizar una batería de herbicidas para presiembra, preemergencia, postemergencia temprana, postemergencia tardía y ciclo completo, precosecha y cosecha, con un único herbicida: el glifosato.
 
Otro factor importante, fue la rápida tendencia a la reducción del precio del litro de herbicida que pasó en pocos años de costos poco menos de 30 u$s por litro, a un poco más de 3 u$s.
Comodidad, simplicidad, reducción de costos y luego recién después de inicios del presente siglo, mejores precios en la soja, facilitaron un proceso de adopción técnica importante por parte de los grandes, medianos y pequeños productores.
A ello se suma, una componente importante que es la fuerte inducción que reciben los productores argentinos, de parte de las compañías de semillas y agroquímicos. El papel del Estado a través de sus organismos técnicos (INTA, Ministerios), ha sido ocupado por estos y si bien se tomaron acciones aisladas para analizar más en profundidad los impactos de las nuevas prácticas, estos se vieron sublimados por la presión estatal para promover la producción transgénica por encima del resguardo social, económico u ambiental de su propia sociedad.
Los agricultores eran inducidos, prácticamente bombardeados con información recurrente de las bondades de implementación de los nuevos cultivos, tanto desde la prensa como desde las muestras a campo y los vendedores de productos. Incluso un año antes de los correspondientes permisos oficiales, la compañía Nidera, que incorporaba el gen de resistencia en sus materiales de soja transgénicos, mostraba a campo estas bondades en las reuniones a cielo abierto (Expoagro 1995), e incluso se distribuía material “para probarlo” en sus propios campos, a los productores.
A ello se suma, la propia preparación técnica de estos agricultores y grado de conocimiento de los nuevos cultivos y productos, superior incluso al conocimiento de sus colegas norteamericanos. A la pregunta sobre si adoptarían la nueva tecnología o no, la respuesta de los argentinos, fue siempre superior en cuanto a su adaptación inmediata.

En el caso de la Argentina, la variedad original norteamericana A-5403 y su derivada transgénica 40-3-2-, no tenían buena adaptación a las condiciones ambientales de las regiones argentinas, por lo que se implementó un programa acelerado de cruzamientos y retrocruzamientos (entre Costa Rica y Argentina), para la incorporación del nuevo evento.
Ya en el año 97/98, Nidera comercializó sus primeras cinco líneas conocidas como A5435 RG, A5634RG, A5818RG, A6001 RG, A6401RG, que hoy forman ya parte de la historia agrícola del país. 
Los argumentos planteados en esa etapa inicial de inducción pasaban por comentarios de las compañías interesadas, técnicos empleados, organismos del Estado argentino (INTA, Universidades) y hasta y muy especialmente la propia CONABIA, que prácticamente garantizaban que con la llegada de los transgénicos, se “reduciría” el consumo de herbicidas, se “disminuiría” la deforestación y se incrementaría la “productividad” del cultivo.  CONABIA es la entidad responsable de la bioseguridad en la Argentina, dependiente actualmente del Ministerio de Agroindustria.
Otro comentario que se transmitía en esos momentos, era que la transgénesis se incorporaría en variadas instancias y cultivos y que con ello, se lograría una disminución en el uso de agroquímicos en general, menor cantidad de fertilizantes, adaptaciones importantes a la sequía y otras calamidades.

Vista la realidad, al año 2016, son sólo cuatro cultivos liberados como biotipos transgénicos en la Argentina: soja, maíz, algodón y papa, con la característica que les permiten tolerar la aplicación de herbicidas distintos o al ataque de insectos y en menor cuantía y recién probándose ahora (soja resistente a la sequía y papa tolerante a virus), en 2015.
En la última campaña 2015/2016, fueron 20.300.000 hectáreas de soja sembrada con las características de resistencia a herbicidas y a insectos (el 100 %), 3.800.000 hectáreas de maíz, con resistencia a herbicidas, características insecticidas o apilados con resistencia herbicida e insecticida (96 % de adopción) y 400.000 hectáreas de algodón, con tolerancia herbicida, insecticida o con genes apilados (100 % de adopción).  El total de hectáreas sembradas con transgénicos en la última campaña fue de 24.540.000 hectáreas.
Frente a esta situación de prácticamente enfrentarse al “cultivo perfecto”, fueron muy pocos los que en ese entonces en la Argentina, emergieron con comentarios científicos sólidos sobre los potenciales impactos de las nuevas tecnologías.

Cuando en el año 2000, publicamos Cultivos Transgénicos, ¿Hacia dónde vamos? (Pengue 2000), con el apoyo de UNESCO, fueron varias las preguntas y preocupaciones que se daban frente a una poderosa innovación tecnológica, que avanzaba sin querer considerar otros aspectos relevantes del ser agropecuario. Como dijo alguna vez, un destacado empresario sojero, “Señores, la tecnología atropella”, significaba que entonces habría atropellados…
Es justamente sobre ellos, sobre los aspectos atropellados por la biotecnología moderna, en que nos referíamos en el libro, sobre las tan necesarias y pertinentes preguntas que todo científico agrícola, debería haberse hecho en esos tiempos.
        
Decíamos y preguntábamos décadas atrás: ¿Beneficia la biotecnología, especialmente aquella que se está difundiendo, a un verdadero desarrollo agrícola sustentable?, ¿Cómo afectará a nuestros campos en producción y a los recursos vivos, el cambio de patrón de uso de los herbicidas?, ¿Existe posibilidad de aparición de resistencia de las malezas frente al cambio de patrón?, ¿Cuáles serán los efectos sobre la biodiversidad?, ¿Se han estudiado los efectos deletéreos e indirectos?, ¿Qué cambios producirán sobre ciertos parches de paisaje?, ¿Qué sucederá con los productores que no deseen acceder a la nueva tecnología?, ¿Beneficiará realmente al productor y sus campos la asimilación de las nuevas técnicas?, ¿En el balance de largo plazo, cuáles serán los beneficios y los riesgos para la Región, ¿Existen efectos sobre la salud humana?, ¿Hay diferencias con los productos convencionales, que la población deba conocer?, ¿Las nuevas semillas, generarán más dependencia, aumentando a su vez el consumo de herbicidas?, ¿Qué relaciones tienen con las tecnologías ya aplicadas en la Región?, ¿Mejorarán las condiciones de vida del productor?;¿Se beneficiará la sanidad de los cultivos?,¿Y la del ambiente?, ¿Es pertinente hablar de sustentabilidad y utilizar cada día más químicos derivados del petróleo?, ¿Será factible utilizar un sistema de manejo integrado de plagas – MIP – e integrarlo al uso de herbicidas?, ¿Qué efectos tendrá sobre la flora y sobre la fauna, especialmente la benéfica, este cambio de patrón?... Estas fueron las preguntas que dieron cuenta inicialmente a la investigación plasmada en el libro en cuestión y que a su vez, ciertamente fueron desestimadas como pertinencia e investigación por las instituciones científicas y universidades de la Argentina, que debieron dar cuenta del contralor, previsión, prevención, prospección de fuentes y problemas, a priori y no a posteriori.  La “innovación científica” procedió aquí más como furgón de cola de un proceso y de forma más temeraria que emprendedora.
 
Lamentablemente, prácticamente todas las instancias que se plantearon inicialmente, fueron también desestimadas por quienes debieron controlar todas las etapas y los procesos en la liberación de un nuevo evento transgénico y que le hubieran ahorrado al país y sus ecosistemas y sociedades, los enormes costos socioambientales, las externalidades, que hoy paga toda la sociedad en su conjunto.
        
La constitución de una Comisión Asesora, la CONABIA, conformada por miembros de la Secretaria de Agricultura, las Empresas, CONICET, Asociación Argentina de Ecología, focalizada en el estudio científico del transgen, no permitió realmente entrever los necesarios estudios y ampliaciones sobre los impactos ecológicos y sociales de cada liberación, a pesar de incorporar tecno políticos que igualmente apuntaban con su mirada a las garantías de las exportaciones.  El sesgo cientificista, pero en rigor no científico, al no permitirse la pertinencia de cada pregunta científica, se cerró a la mirada de los posibles impactos por venir, estando simplemente las consecuencias a la vista.   Es llamativo que a pesar de estar ya en democracia, la sociedad civil, no fuera informada en amplitud y clarificación sobre estos procesos, menos aún su participación, como así también la enorme responsabilidad y necesaria participación de otras instancias ministeriales como la Secretaria de Ambiente o del Consumidor, cuyas sillas no estuvieron ocupadas en los momentos más cruciales de las decisiones por tomar (Ver Diagrama).  Hoy devenida en Ministerio, el de Ambiente, tampoco ha mostrado injerencia importante en sus decisiones para involucrarse con la firmeza del caso, en los grandes temas nacionales ambientales que el país necesita. Aquí se trata de ciencia, con conciencia y no sólo de sentido común, que a veces se convierte en las decisiones de políticas, en el menos común de los sentidos.  En “La Argentina fumigada” (Sández, 2016), podrán encontrarse porqué el impacto necesita de un mayor compromiso y trabajo y nunca menos.  La población argentina, en especial la que sufre en silencio en pueblos y ciudades periféricas, así lo estaría demandando.

Un aspecto que también fue llamativo, emulando situaciones similares en los Estados Unidos, fue el flujo de funcionarios y asesores que pasaban del sector público al privado, del gobierno nacional al provincial, de una empresa a otra, o de una empresa con “introgresión” en el sector gubernamental. Recibió y recibe un nombre: “Puertas giratorias” o rolling doors, un sistema muy conocido en EE.UU. como así también en la Argentina.

Veinte años después, los resultados ambientales y sociales han mostrado de manera fehaciente, que prácticamente todos los argumentos presentados por las empresas como por los gobiernos que promovieron sucesivamente cada nuevo evento transgénico, no se cumplieron en la realidad.

Desde el punto de vista ambiental, la enorme expansión de la resistencia y tolerancia al herbicida glifosato y otros herbicidas utilizados en el paquete tecnológico, ha crecido de manera irrefrenable en el país. El consumo de glifosato llegó en la última campaña agrícola a los casi 400.000.000 de litros, lo que significa aproximadamente unos 10 litros por habitante y por año.  En lugar de reducirse, el consumo aumentó drásticamente en valores totales, como así también en su aplicación por hectárea.
La aparición de supermalezas, en especial el SARG (Sorgo de Alepo resistente a glifosato), rama negra y una serie de más de 24 malezas resistentes, demuestra que es el modelo tecnológico mencionado, el que fomentó y expandió esta tremenda y costosa expansión de resistencias.
Entre 1997 y 2015, la extracción de cultivos pasó de 50 millones de toneladas a 137 millones, siendo la soja el cultivo que más creció, saltando de 26,000 toneladas a más de 60 millones de toneladas en el mismo período.
El área cultivada con soja también se vio disparada, pasando de 38,000 Ha en 1970 a 20,5 millones de hectáreas en el 2015, lo que representa más de la mitad de la tierra cultivada. En 2015 la superficie total sembrada con cultivos fue de casi 41 millones de hectáreas.  La pérdida de nutrientes, por extracción selectiva de cultivos como la soja, indican que entre 1970 y 2015 la Argentina, exportó casi 60.000.000 de toneladas de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, Bo, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn).

Entre las principales causas del aumento de los procesos erosivos, se encuentran los de origen antrópico, tales como la pérdida de las rotaciones agrícolo-ganaderas y su concentración sólo en la agricultura y el monocultivo, el desmonte de millones de hectáreas que teniendo abolengo de monte son convertidas a la agricultura (agriculturización), la expansión de la frontera agropecuaria (pampeanización) y la degradación en el periurbano, conurbaciones, áreas de transporte, logística y puertos que derivan en un intenso proceso de cambio de uso del suelo. En la Argentina, por el cambio de uso del suelo, la FAO ha informado que el país tenía 34,7 millones de hectáreas en 1990 de bosques naturales y ahora, 25 años después, esa cifra se redujo a 27,11 millones de hectáreas. Es decir que el país perdió en un cuarto de siglo el 22% de sus bosques, unas 7,6 millones de hectáreas.
 
El actual paso a través de una nueva Ley de Semillas, promovida por la industria y el actual gobierno argentino con el total apoyo de legisladores del partido gobernante anterior, representa un retroceso en cuanto a la defensa de los intereses de los pequeños y medianos agricultores de la Argentina y la región. Ya en el periodo anterior, se había intentado promover fuertemente una legislación que obligara al país a pasar de su estado actual (UPOV 78) a UPOV 91 e hiciera generar una importante renta del productor hacia los sectores concentrados de semillas.
El reciente acuerdo entre las multinacionales de las semillas y agroquímicos como Monsanto y Bayer, potenciará el poder de la industria química-semillera y promoverá seguramente una expansión aún mayor sobre los territorios, para continuar con las ventas crecientes de estos biomoléculas sintéticas y sus productos vinculados, sumado a una increíble acumulación de conocimiento científico tecnológico en el eje agropecuario.
Desde el punto de vista social, la estabilidad en el campo no se logró.  La unidad de escala económica aumentó, pasando de unos 250 hectáreas a principios de los años noventa o poco más de 600 hectáreas en el periodo actual, lo que también representó una expulsión de los productores pequeños y medianos del campo argentino, alcanzando a poco menos de los 180.000 establecimientos agropecuarios. En los momentos de mayor bonanza económica del ciclo sojero y expansión del modelo, la Argentina perdía tres establecimientos agropecuarios por día y los agricultores se veían desplazados de sus propios espacios de vida.
La competencia por la tierra, frente a precios crecientes de la misma, generó una llegada de nuevos capitales que compraron tierras y desplazaron a pequeños agricultores, campesinos e incluso pueblos originarios en las áreas de borde marginal en el chaco seco y húmedo.
La creciente y expansiva aplicación de un coctel de agroquímicos, donde el glifosato era el ingrediente principal pero no el único, fomentó la productividad social de conflictos agroambientales, para intentar detener el avance de las pulverizaciones en la interface urbano rural.  La emergencia de los movimientos de “pueblos fumigados”, sumados a los informes crecientes de médicos que comenzaron a alertar tempranamente sobre estos procesos (Kawsewer, Gianfelice), pusieron sobre la mesa la necesidad de investigación profunda que se inició a partir de medianos de década pasada (Carrasco) o bien se denunció desde las mismas Facultades de Medicina (Rosario, Verzeñazzi).
En resumen, el denominado paquete transgénico, ha tenido costos sociales y ambientales crecientes, que actualmente no ha podido soslayar. Ninguno de los argumentos planteados por los promotores del mismo se cumplió, sino que por el contrario, se validaron las respuestas preocupantes frente a preguntas aún más preocupantes. 
Nuevamente ahora en 2016, la industria y los países y empresas promotores, resaltan nuevos productos y bondades que sí vendrían a resolver los problemas por ellos mismos creados: control de resistencias con nuevas acciones herbicidas e insecticidas, disminución de la expansión con aplicación de procesos relacionados a la agricultura inteligente, bioclimática o la intensificación ecológica, mejora en la absorción en el uso de fertilizantes, agricultura sintética que sería mucho más eficiente en la producción y el control. Si en los noventa (desde 1996), no cumplieron, con ninguna de sus promesas, que más que ciencia residían en deseos y creencias, ¿porque iríamos a creerles o peor aún confiar en su mirada parcial de la ciencia, hoy en día…?
El actual gobierno argentino apuesta prácticamente todas sus fichas a la expansión de las hectáreas sembradas. ¿Pero?, ¿Mirará alguna vez los costos, las externalidades, o condenará a nuestros recursos naturales, al futuro de país y  a las generaciones futuras, a una suerte de silla eléctrica?...En sus manos está hoy día el poder cambiar o no, hacia un país verdaderamente sustentable.
Bibliografía:(...)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Cultivos_transgenicos_hacia_donde_fuimos_Veinte_anos_despues_de_la_liberacion_de_soja_en_la_Argentina
 
------
 
Argentina: La obediencia debida y el agronegocio
11 de noviembre de 2016

 

"Las grandes corporaciones del campo que se van fusionando y así concentrando cada vez más el negocio de la semilla, de los agrotóxicos y de los alimentos, sabían y saben muy bien lo que hacen, lo piensan, lo diseñan y lo ejecutan a través de profesionales y funcionarios que se someten a la obediencia debida con el agronegocio... Un plan siniestro, apoyado por los gobiernos, por la mayoría de las entidades agropecuarias, por los consejos de ingenieros agrónomos y por la obediencia debida con el agronegocio."
Por Ing. Agr. Gabriel Arisnabarreta (Integrante de Ecos de Saladillo y de RENACE)
 
“La Argentina es uno de los países líderes en la utilización en su agricultura de cultivos genéticamente modificados (GM), con más de 22 millones de hectáreas dedicadas a los cultivos de soja, maíz y algodón que utilizan este tipo de tecnologías. El proceso de adopción de las mismas se inició en el año 1996 con la introducción de la primera soja tolerante al herbicida glifosato y ha continuado ininterrumpidamente, con una dinámica de adopción casi sin precedentes a escala mundial y que ha llevado, a que en la actualidad, este tipo de tecnologías se utilicen en prácticamente la totalidad del cultivo de soja, en el 86% del área de maíz y el 99% de la superficie de algodón.”

Con este “optimismo desenfrenado”, Eduardo J. Trigo, asesor agropecuario, escribía en Noviembre del 2011 un informe para Argenbio (Consejo Argentino para la formación y el desarrollo de la biotecnología que trabaja articuladamente con AAPRESID)) titulado “Quince años de cultivos genéticamente modificados en Argentina”.

Así mismo sostiene dicho informe que esta dinámica de adopción del paquete tecnológico siembra directa/ OGM/glifosato no tiene precedentes a escala mundial por la velocidad con la que se adoptó dicho paquete: “Es sólo comparable a la adopción de los híbridos de maíz en el estado de IOWA en 1930 pero mucho más acelerado que en el resto de los estados de USA con respecto a dicha misma tecnología, en plena “revolución verde”.

Es decir que no existe experiencia en el mundo, dicho esto por quienes defienden el modelo del agronegocio, de semejante adopción de una tecnología en un país.

“Aún dentro de la experiencia argentina, la evolución de la incorporación de estas tecnologías biotecnológicas a los procesos productivos, continua diciendo el informe, se compara muy favorablemente con otras situaciones anteriores como la del maíz híbrido y los trigos con germoplasma mexicano que aparecieron con la llamada “revolución verde”. Los maíces híbridos tardaron 27 años en alcanzar el porcentaje de aceptación que hoy tienen los maíces GM después de apenas 13 años, y los trigos mexicanos llegaron en 12 años al porcentaje de adopción que ostentó la soja en sólo 4 campañas (el 90% del mercado)”. 

 ¿Es esto un mérito argentino o en realidad forma parte de un experimento masivo al que es sometido el pueblo argentino y nuestros agroecosistemas?
¿Esa velocidad en adoptar un modelo, es porque somos pioneros en la materia, únicos en el mundo, o por lo contrario se debe a que cumplimos disciplinadamente el rol que el mundo globalizado nos ha impuesto?
En cuanto a los supuestos beneficios ambientales de los OGM y su paquete tecnológico asociado, se menciona que: ”La combinación SD + soja tolerante al herbicida glifosato integra dos conceptos tecnológicos: 1) nuevas tecnologías mecánicas que modifican la interacción del cultivo con el recurso suelo ((siembra directa) y 2) el uso de un herbicida total (glifosato, que genera un menor impacto ambiental que otros herbicidas) altamente efectivo para controlar todo tipo de malezas y sin poder residual. La utilización de tecnologías mecánicas y el uso de herbicidas totales implican una mayor intensidad en el uso de insumos, lo cual usualmente se describe como una intensificación “dura”. Sin embargo, como puede verse en el Gráfico 4.1, esta intensificación “dura” es, al mismo tiempo, “amigable” desde el punto de vista ambiental, porque ha conducido, en forma paralela, a una reducción en términos nominales del consumo de otros herbicidas, como la Atrazina, que poseen mayor poder residual. 

En este sentido, el informe continúa diciendo: “A los aspectos mencionados cabe adicionar otros beneficios de los cultivos GM asociados con el uso de fitosanitarios. En este sentido, el glifosato pertenece, dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (1988), al grupo de herbicidas de toxicidad clase IV (“prácticamente no tóxicos”), y según datos de 2001, la introducción de la soja tolerante a glifosato, si bien significó un aumento en el uso de este herbicida – tanto en volumen total como en número de aplicaciones – también significó una disminución sustantiva de la cantidad aplicada de herbicidas de mayor toxicidad e impacto ambiental (Qaim y Traxler, 2002).
Traduciendo, deberíamos decir que Argenbio sostenía que la llegada de los OGM y su paquete tecnológico, posibilitaría erradicar del agro a todos aquellos agroquímicos más tóxicos como por ejemplo la Atrazina y el 24D, ya que con un herbicida banda verde se podría controlar todo el universo de malezas existentes en el agro argentino.

Convengamos que a esta altura, ya es muy difícil hablar de optimismo, y deberíamos comenzar a mencionar la palabra desconocimiento o para ser más precisos aún, la clara intención de sostener un discurso mentiroso y poco científico, con el único objetivo de incrementar a cualquier costo (aún el de la salud humana de ésta y las próximas generaciones) las ganancias de las corporaciones del agronegocio.
 ¿Por qué decimos esto?
 En primer lugar no se puede desconocer que con respecto al glifosato desde 1988 en que la OMS lo clasifica como banda verde hasta el día de hoy, han pasado muchas cosas. Monsanto lo lanzó al mercado como biodegradable, como parte de su estrategia de imponer un paquete tecnológico supuestamente amigable con el ambiente. Por esto ha tenido que pagar multas, por ejemplo en Francia, ya que el Tribunal de Lyon comprobó que esto no era cierto y que era parte de una publicidad engañosa. Esto ocurrió el 26 de enero del año 2007.

En Argentina, curiosamente en el año 1996, antes de que se aprobara la primer soja transgénica RR, y de acuerdo a lo dictado por la OMS, la clasificación toxicológica de los agroquímicos fue cambiada. Hasta ese momento había 4 bandas de colores, desde el Rojo “Extremadamente tóxico” hasta el verde “Levemente tóxico”. La palabra tóxico aparecía en todas las bandas y de ahí que el concepto de agrotóxico quedaba claramente evidenciado. Eso evidentemente no era coherente con la campaña que Monsanto había pensado para el glifosato y el paquete tecnológico asociado; y mágicamente el texto que definía a la banda verde fue cambiado a:

“Productos que en condiciones normales de uso, probablemente no ofrecen peligro alguno”. Un eufemismo muy difícil de equipararlo a un concepto científico. Desapareció la palabra tóxico de un sablazo.
 
Pero eso es sólo un dato curioso. Lo terrible es que desde 1988 hasta la fecha se han acumulado no menos de 487 evidencias científicas del daño que el glifosato causa sobre la salud. Todos estos trabajos se encuentran recopilados en Antología toxicológica del glifosato, por Eduardo Rossi (ecologista, Técnico en Inmuno Hemoterapia y en Epidemiología, estudiante de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y miembro activo de 'Paren de Fumigar' de Santa Fe, integrante de la ONG Equística de Rosario), e incluyen tanto trabajos científicos nacionales como internacionales.

Los médicos de pueblos fumigados han acumulado una cantidad importante de evidencias en torno a los efectos de los agrotóxicos sobre la salud, en particular a través de los “campamentos sanitarios”, donde médicos, alumnos de medicina, y científicos recorren los pueblos afectados, conversan con la gente y realizan estadísticas epidemiológicas.
No es para nada casual que el Dr. Damián Verseñazzi, que conduce la materia de salud socioambiental y la práctica final de los futuros médicos de la UNR, desde donde se proyectan los campamentos sanitarios, sea ideológicamente perseguido y presionado actualmente, parte de su equipo de trabajo echado de la Universidad y los resultados de las investigaciones realizadas ocultadas por la Universidad de medicina de Rosario.
Todo esto parece ser “desconocido” por Argenbio, por AAPRESID, por los CEO de las distintas corporaciones del campo y por los ingenieros agrónomos que alegremente y con una “obediencia debida llamativa” difundían y construían su vida vendiendo agrotóxicos por todos lados, sin reparar en la información que se iba acumulando tanto científica como directamente de los afectados por la lluvia de agrotóxicos.
 Por otro lado esta campaña orquestada por las corporaciones del campo y AAPRESID, intentando mostrarla como “amigable con el ambiente” se basa en una clasificación toxicológica que no contempla los daños crónicos a la salud y al ambiente, ya que se basa en la DL50 (Dosis letal 50) que sólo tiene en cuenta los impactos agudos o sea aquellos que ocurren dentro de las primeras 24 hras de aplicado el tóxico.

Hoy sabemos que un banda verde puede ser a mediano o largo plazo cancerígeno y esto es lo que los trabajos científicos realizados en distintos países vienen demostrando con el glifosato y otros venenos.

No hay ninguna buena práctica ni tampoco un modelo amigo del ambiente, por lo contrario, existe una campaña pensada y diseñada por las corporaciones del campo, acompañada por gobiernos locales, para incrementar sus ventas cada vez más.

Pero volvamos al tema de las malezas. En el informe de Argenbio se sostiene que el glifosato lograría eliminar a las malezas y reemplazar a otros herbicidas más tóxicos desde el punto de vista agudo.

Después de 20 años de haber aplicado este paquete tecnológico, AAPRESID nos dice ahora que el modelo se encuentra en Alerta roja para una cantidad enorme de plantas que se han convertido en malezas difíciles de controlar por los agrotóxicos ya que han desarrollado diversas resistencias a los mismos.

Por esta razón ya no alcanza con el glifosato sino que hay que combinarlo con los herbicidas que ellos decían que iban a reemplazar porque eran más tóxicos.

Hemos vuelto al punto de partida pero aún peor, ya que hoy, hay muchas más malezas resistentes a los distintos químicos que los que había antes de aplicar este modelo de agronegocio. Eso queda claramente evidenciado por los gráficos que adjuntamos confeccionados por AAPRESID:
Esta resistencia se ha extendido a todos los grupos químicos de herbicidas que hoy se utilizan y también a todo tipo de plantas, tanto de hoja fina como de hoja latifoliada, y tanto a especies anuales como perennes.
¿Puede alguien creer que los CEO de las empresas del campo desconocían esto? ¿Puede alguien creer que los agrónomos que repartían y vendían estos agrotóxicos desconocían esto? Los gráficos muestran claramente el vínculo que existe entre la aparición de la resistencia y el incremento en la superficie sembrada con el modelo del agronegocio y su paquete tecnológico asociado. A partir del año 2004 aproximadamente, se puede ver que nuestros agroecosistemas, se desestabilizan.

La resistencia que generó semejante presión de selección sobre las poblaciones vegetales era algo que ya se sabía que iba a ocurrir. Constituye casi el ABC de cualquier mínimo conocimiento sobre la dinámica de las poblaciones y de cómo dichas poblaciones reaccionan frente a un disturbio que las ataca o afecta (en este caso la lluvia de agrotóxicos).

El DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) se ha venido utilizando desde 1939 hasta la década de los 70. Paul Muller, su descubridor, ganó el premio Nobel por su descubrimiento. En los primeros ataques con DDT moría la mayoría de los insectos, pero unos pocos sobrevivían y se aparearon entre sí. En siguientes fumigaciones, es fácil imaginar lo que ocurría: cada vez se iban seleccionando con mayor eficacia los insectos resistentes.

Esto mismo está ocurriendo ahora con las malezas. ¿No conocían la historia del DDT? Cuando un médico comete una mala praxis se lo denuncia, se lo enjuicia y se lo condena si se comprueba el delito. ¿Qué hay que hacer con los funcionarios, CEOS y agrónomos que realizaron y participaron de un plan orquestado de mala praxis contra la biología, el ambiente y la salud de las personas?

Como bien explica el Ing. Agr. Javier de Souza Casadinho, docente universitario e integrante de Rapall : “Se presentan dos fenómenos que reconocen una misma raíz ecológica: 
1) La aparición de nuevas malezas – vegetales tolerantes al herbicida - dado el espacio libre que queda ante la desaparición de otras plantas – noción de nicho ecológico
2) La aparición de resistencias genéticas, que pueden trasladarse a las nuevas generaciones de plantas – noción de resistencia-. 
De esta manera han aparecido en la zona núcleo sojera de la región pampeana una serie de plantas que históricamente no constituían un problema y que ahora requieren especial control. De la misma manera algunas plantas se han vuelto más difíciles de combatir a partir de características estructurales propias. Esta resistencia genética es transmitida a las próximas generaciones. La adopción masiva de siembra directa, la adopción de cultivares de soja resistentes al glifosato, el monocultivo de soja y la sustitución de herbicidas tradicionales por el glifosato determinó que se ejerza una importante presión de selección sobre la comunidad de malezas , dirigida fundamentalmente a especies adaptadas al no laboreo y relativamente tolerantes al glifosato, lo cual en ciertos casos generó cambios en la abundancia relativa , comenzando a destacarse especies de malezas que antes pasaban desapercibidas. Mientras que una investigación realizada a fines de la década del 90 determinó que se realizaban entre dos y cuatro aplicaciones de glifosato con dosis que van desde los 2 litros a los 4 litros por hectárea, llegando a aplicar hasta 8 litros de producto por cada ciclo de cultivo., en la actualidad los fenómenos de resistencia y de aparición de nuevas malezas determina un incremento en las dosis y en la cantidad de aplicaciones”. (Bocchicchio, A y. Souza Casadinho, J. 2003 )

 Nada del “optimismo desenfrenado” de ARGENBIO ni de AAPRESID, socios locales del agronegocio, se ha cumplido.

Las grandes corporaciones del campo que se van fusionando y así concentrando cada vez más el negocio de la semilla, de los agrotóxicos y de los alimentos, sabían y saben muy bien lo que hacen, lo piensan, lo diseñan y lo ejecutan a través de profesionales y funcionarios que se someten a la obediencia debida con el agronegocio.
Años atrás proyectaron que el gran negocio de los próximos 20 años en América Latina y particularmente en la llamada República Unida de la soja (Argentina, Brasil y Paraguay) sería la venta de herbicidas, dada la enorme resistencia de malezas que ellos mismos provocaron para aumentar sus ventas; con un agregado que no es un tema menor: No han aparecido nuevos grupos químicos de herbicidas, el glifosato aparecido en la década del 70 es quizás de los últimos, significa que el control habrá que hacerlo con los antiguos tóxicos que ellos antes decían que iban a erradicar, ahora mezclados entre sí y en distintas concentraciones . Esto implica que no invertirán en investigación ni tampoco perderán tiempo en estudios de los impactos ni en los estudios necesarios para clasificar su toxicidad ya que todos estos principios activos viejos están “registrados, estudiados y clasificados”…un negocio redondo al que sumarán por ejemplo la aprobación de nuevos transgénicos a dichos herbicidas como lo ocurrido recientemente en Argentina con la soja resistente al glifosato y al 24D de la empresa Dow.
 Un plan siniestro, apoyado por los gobiernos, por la mayoría de las entidades agropecuarias, por los consejos de ingenieros agrónomos y por la obediencia debida con el agronegocio.
 
 
Observemos cómo desde la diversidad de abajo en confrontación con el extractivismo se plantea:
"Es urgente darle horizonte a todas las luchas indígenas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios".
 
“Necesitamos organizarnos  porque los pueblos desorganizados no vamos a obtener victorias frente a un modelo de desarrollo extractivista que sí tiene formas de organización efectivas.
 
Cuando las compañías llegan a nuestros países ellas se organizan y articulan bien con los Gobiernos. Tienen formas de acceder a las comunidades a través de engaños y manipulaciones. Y si nosotros no tenemos un proceso que logre enfrentar esa forma de organización del capital, pues simplemente no vamos a poder resistir esos proyectos, y cada vez más comunidades saldrán de sus territorios e irán a las grandes ciudades a agrandar los círculos de la pobreza, de gente que no tiene trabajo porque no pertenece a esos espacios".
 
 

México: razón de Estado y resistencia de los pueblos
 18 de febrero de 2014


 
Por Magdalena Gómez
Tras dos décadas de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización indígena se transformaron: la mayoría de los pueblos hacen del repliegue una estrategia para fortalecer su autonomía. También las demandas sufren reacomodos y redimensionamiento. Hoy está claro que el proceso de juridicidad de los pueblos indígenas se topa con la indisposición de los Estados a optar por su profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural históricamente negado; en lugar de ello, algunos optan por apropiarse del discurso para diseñar más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein.
 
En esta aparente imposibilidad hay un elemento cierto, que es la profundización de las políticas neoliberales que hicieron de los antiguos Estados Nación una mera ficción. Ahí se asienta el necesario redimensionamiento de las luchas sociales: pelean de cara al Estado pero con la mira puesta en las transnacionales, que no requirieron de proceso constituyente alguno -fuera de los aparatos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros. Conceptos como el de Democracia, o lugares comunes como la llamada Reforma del Estado, aparecen en el escenario anunciando transiciones y transformaciones que repiten el síndrome de la exclusión para los pueblos indígenas al trivializar los reconocimientos constitucionales y legales, reduciéndolos a compilaciones de normas cargadas de expresiones huecas.
Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, encontraremos escenarios comunes, independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Por ejemplo, paradójicamente la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los Estados la tendencia a ubicar la vía para superar la crisis económica en la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Ello sin garantizar siquiera el ejercicio del derecho a la consulta a favor de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que les afecten, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mucho menos aparece viable el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado reconocido por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas.
Si bien aún existen particularidades en los procesos nacionales, éstas se refieren a las maneras en que administran las políticas o a la reacción de las sociedades nacionales o la clase política frente a ellas. En los hechos nos encontramos de cara a las definiciones y programas del BID y del Banco Mundial, que no dejan lugar a dudas sobre su visión acerca del rol actual de los antiguos Estados nacionales -hoy transformados en lógica neoliberal.
Ese es el marco que sustituyó a lo que antaño denominamos “el Estado-Nación” o el proyecto emanado de la Revolución mexicana. El Estado nacional, en la nueva lógica, garantiza la preeminencia del capital y legisla a modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas, pues en los hechos su derecho sobre el territorio se encuentra ausente y ello no se subsana al considerarles retóricamente “preferentes” frente a la competencia con las transnacionales.
En ese contexto, observamos el reforzamiento de la privatización mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad. Se perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público al colocar al Estado como simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas (lo cual no implica la desaparición del Estado, sino el abandono de sus responsabilidades de intervención para garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, particularmente de las grandes mayorías que han sido marginadas y excluidas).
Vale aclarar que no es una ofensiva local. El capitalismo se está recomponiendo a través de esas nuevas maneras de intervenir y ocupar los territorios ancestrales de los pueblos.
Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, “bolsones de resistencia” como les han llamado los zapatistas mexicanos (porque los hay de otros países). Desde ahí y desde las redes que pacientemente se van tejiendo, se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no sólo busca excluirlos, sino virtualmente eliminarlos. Las comunidades y los pueblos son quienes más han encabezado movimientos de resistencia en México y en el resto del continente.
Hoy más que nunca carecemos de bases para concebir a las luchas indígenas de manera aislada respecto al rumbo que toma el perfil neoliberal, pues sus territorios son asediados ya no para lograr su despojo, sino para conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías.
A lo largo y ancho del país encontramos pueblos organizados contra las concesiones mineras, que provocan despojos territoriales y promueven el divisionismo en torno al magno engaño del llamado “progreso”. Así, encontramos en Oaxaca al Congreso Autónomo Cuicateco, que intenta resignificar su identidad y rearticularse; a la Asamblea del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que lucha contra las transnacionales y su mega proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec (y que son apoyadas con un discurso oficial en torno a la supuesta mitigación del cambio climático). Se dice a las comunidades que esta energía es una respuesta al agotamiento de mantos petrolíferos, y se enfatiza la importancia de las energías renovables en el contexto del agotamiento de las energías no renovables. Se entrega el territorio sin siquiera consultar a los pueblos –inclusive, actualmente el territorio ya repartió entre las grandes empresas transnacionales de la energía: Iberdrola, Unión Fenosa, Eléctrica de Francia. Coexisten varios pueblos originarios en esos territorios (winizá, mixes, zoques, chontales). Los intermediarios oficiales llegan a las comunidades para convencerlos de la ocupación de sus tierras, señalando que sus tierras no valen nada y que los proyectos son del Estado mexicano y se realizarán aún en contra de su voluntad, por lo que es preferible aceptar “contratos”, sobre sus tierras ejidales y comunales.
Por otra parte, el pueblo wirrárika -ubicado en Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas- se mantiene en unidad, pues en esta nueva etapa del despojo se enfrentan a la amenaza de mineras, como la First Majestic Silver, a su territorio espiritual. Para ellos, se amenaza con el exterminio de una cultura resguardada por mucho tiempo. Ahora quieren destruir los cimientos, señalan: “Nuestra raíz como pueblo, la pérdida de una cultura milenaria, la sabiduría está en peligro. Wirikuta es uno de los centros sagrados donde vamos año con año porque así nos mandaron”.
Hacia el norte encontramos las batallas del pueblo yaqui contra el Acueducto Independencia y las de los rarámuris de Choreáchi y de Coloradas de la Virgen contra el despojo territorial, sea sobre recursos hídricos o forestales.
Al sur está el ejido Tila, en Chiapas, que continúa defendiendo las resoluciones jurídicas favorables que logró tras varias décadas.
Toda esta serie de amenazas se ciernen sin consentimiento previo de las comunidades afectadas, y el colmo es que el Estado exige a las víctimas del despojo que demuestren con peritajes en qué medida se afectará la tierra en los próximos 60 años, por qué veneran, por qué es importante el lugar sagrado. El Estado no entiende, denuncian los pueblos. Si entendiera un poco se atrevería a indagar si se puede impunemente destruir esos territorios. Si el Estado ataca a los pueblos, señalan, necesitamos la unidad de todos para detener la devastación contra la madre tierra, pues a todos nos corresponde defender el planeta. Y pese a todo, los pueblos insisten en que apuestan tanto a la movilización como a la lucha legal, pues sus territorios están protegidos por un derecho histórico y se disponen a ofrecer peritajes tradicionales y pruebas antropológicas para probar la importancia de los ritos y de los lugares rituales.
Por otra parte, en Chiapas se impulsa el llamado reordenamiento territorial para el despojo. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá y ahora se llama Mesoamérica. Uno de los mecanismos fue el proyecto del ex gobernador Juan Sabines de las ciudades rurales, que son formas de concentrar a la gente, “urbanizarla” y meterla a la lógica del consumo. Mientras, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas resisten frente a la guerra de baja intensidad y la contrainsurgencia: divisionismo promovido igual por los partidos políticos y por los paramilitares, mediante programas y proyectos que no mitigan la pobreza.
Y así podemos enumerar despojos como el que entraña la construcción de la presa El Zapotillo, donde la comunidad de Temacapulín ha dado la batalla legal y pese a sus triunfos, la obra continúa, o Santa María Ostula, en Michoacán, con su cauda de víctimas por defender sus tierras . Mientras, en la Montaña de Guerrero pese a su larga y estratégica lucha mediante la Policía Comunitaria, ahora enfrentan -junto a la deforestación- la amenaza minera en sus territorios. Los núcleos agrarios decidieron el rechazo a las concesiones.
Hoy existen contados casos que han logrado enfrentar y detener la embestida estatal. De manera destacada se encuentra el proyecto de los Caracoles zapatistas con sus autonomías de hecho, así como la oposición a la construcción de la presa La Parota, en Guerrero; y el municipio autónomo en Cherán, Michoacán, que logró instaurar un gobierno propio y arrancar al Estado su legitimación y reconocimiento, lo que les permitirá consolidar la ruta en defensa de sus bosques -y pese a ello con enorme realismo se preguntan ¿hasta dónde podemos caminar con la ley y hasta donde se tuerce?
Por otra parte, las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política está generando una tendencia de criminalización muy grave y creciente, que consiste en valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional, en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie la participación directa de estos pueblos en la definición y ejecución de políticas nacionales. Estamos ciertos que un viraje así es impensable con el actual modelo económico.[1]
Relacionado con este asedio a los territorios indígenas encontramos un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con aquellos igualmente excluidos. Desde esos espacios buscan la reidentificación colectiva dentro de las estrategias de sobrevivencia. En los hechos se forman comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países, aunque la mayoría de ellas mantiene la vista y el interés puesto en ellos. No hay renuncia, se trata de traslados involuntarios definidos por la necesidad de sobrevivencia.
Los pueblos indígenas están dando la batalla jurídica y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales, cuyos organismos tienen mecanismos de control muy débiles o inoperantes, como es el caso de la OIT.
Desde sus diversos espacios, estos pueblos han hecho una contribución importante para plantear el reto por la reforma del Estado. Ante todo se requiere romper la lógica vigente que consiste en reconocer derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los ejerzan.
Por todo ello es urgente darle horizonte a todas estas luchas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios. Urge romper el ciclo de resistencias meramente reactivas y trascender el cerco frente a los otros sectores sociales igualmente afectados como los jóvenes y los trabajadores. Ello entraña superar tanto procesos de autosegregación de los pueblos indígenas como posturas racistas y discriminatorias presentes en sectores sociales que se consideran de izquierda o progresistas.
Hoy más que nunca se hace necesario insistir en que no se puede hablar de democracia en este país sin la plena articulación de los pueblos indígenas con el conjunto de los movimientos sociales en el marco de un proyecto nacional contrahegemónico.
A 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, observamos que han sido la base de las diversas experiencias autonómicas en el país, a contrapelo de la política de Estado que faltó a su palabra y camina en contra para llevar adelante la profundización de su proyecto neoliberal en curso. Estamos conscientes de que no se puede esperar una rectificación de fondo, pues implicaría la renuncia a ese proyecto, lo que no aparece en el horizonte inmediato.
Nota:
[1] Casos planteados en reunión con movimientos indígenas realizada el 30 de noviembre de 2011 en el IIE UNAM.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Mexico_razon_de_Estado_y_resistencia_de_los_pueblos
 
 ------
 
 
Entrevista con Danilo Urrea, facilitador regional de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe
Extractivismo y recursos naturales: ¿existen alternativas?
 21 de abril de 2017
 Por Mónica Baró (Periodismo de Barrio)
Amigos de la Tierra Internacional (ATI) es una federación con una historia que abarca más de cuatro décadas. Surgió en 1971, por iniciativa de cuatro organizaciones ambientalistas de Francia, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. En sus primeros años funcionó como espacio de coordinación de campañas conjuntas en defensa de la naturaleza. Se posicionaba en torno a la energía nuclear o la cacería de ballenas.
Actualmente, ATI es una red que integra a 73 organizaciones ambientalistas de distintos lugares del mundo y es miembro activo del Centro Ambiental Internacional de Intermediación (Environmental Liaison Centre International-ELCI) y de la Unión para la Conservación Mundial (World Conservation Union-IUCN). Además, participa con carácter consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
En su agenda, los principales ejes temáticos son agricultura y alimentación, clima y energía, recursos naturales y residuos, justicia económica y cooperación. Su eslogan: “movilizar, resistir, transformar”.
Danilo Urrea, filósofo colombiano y comunicador popular, es el facilitador regional de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe desde hace casi un año, pero trabaja en la plataforma desde hace unos catorce. En visita a Cuba, durante el XII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios “Berta Cáceres vive”, dedicado a la líder ambientalista hondureña asesinada en 2016, Urrea accedió a dialogar con Periodismo de Barrio acerca de las realidades en las que trabaja.

¿Podrías describir cuál es el contexto medioambiental en América Latina y el Caribe? ¿Qué valoración haces de los conflictos que se viven?
 
Nosotros el análisis que hacemos como Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe es que nos encontramos en un contexto bastante complejo, y esas complejidades tienen que ver principalmente con los avances que ha tenido en los últimos años el modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Y cuando hablamos de extractivismo, encontramos cuatro grandes pilares. Uno: la explotación minera. Dos: la explotación petrolera. Tres: la construcción de grandes represas para la producción energética. Y cuatro: los agrocombustibles (que a veces no suelen ser tenidos en cuenta como parte del modelo extractivo, pero que constituyen una forma de extracción de recursos a gran escala para producir energía y son como comida para los carros). Es en ese modelo donde encontramos la mayor dificultad, en tanto los patrimonios naturales se entienden como fuentes de acumulación de riquezas. Y eso nos lleva a otro escenario, muy complejo, que tiene que ver con la destrucción de territorios y el desplazamiento de comunidades que han vivido históricamente en esos territorios.
 
Pero cuando hablamos de lo ambiental, no hablamos solamente de lo que se conoce como recursos naturales. Hablamos más bien de la interrelación entre los seres humanos y la naturaleza, porque consideramos que los seres humanos somos parte de la naturaleza, aun cuando la división moderna capitalista dice que estamos por fuera y que la función de la naturaleza es entregarnos beneficios a través de la explotación. Y en esa interrelación vemos otras dificultades, que tienen que ver con el patriarcalismo, con la utilización de los cuerpos, sobre todo con la explotación del cuerpo de la mujer para acumular capital. Todo eso nosotros lo implicamos en la cuestión ambiental. No solamente analizamos qué pasa con los ríos, qué pasa con los patrimonios naturales, sino también qué pasa con la vida de los seres humanos.

Una de las discusiones más importantes que hay en la región ahora gira en torno a los modelos socioeconómicos productivos. En este sentido, uno de los argumentos más fuertes de los Gobiernos progresistas para continuar reproduciendo el modelo extractivista es que, antes de cambiarlo, es necesario superar las condiciones de pobreza existentes, que son el resultado de siglos de una redistribución injusta y desigual de las riquezas; es decir, que primero hay que cambiar el sistema de redistribución y luego, el de producción. ¿Hasta qué punto podemos renunciar a las grandes extracciones de recursos naturales para impulsar el desarrollo de los pueblos?
Creo que ahí hay verdades en términos de la necesidad de hacer un proceso en el que haya un equilibrio en la redistribución de la renta. Sin embargo, la historia reciente de varios países progresistas nos ha mostrado que, si bien la redistribución de la renta ha mejorado la calidad de vida de un sector de la población, que es algo que hay que valorar, con eso no es suficiente.
 
Hay que pensar un poco en lo que se conoce hoy como procesos de transición, en cómo hacer la transición de un modelo de alta explotación a uno de extracción necesaria, en el cual la afectación natural no implique la desaparición de culturas, de pueblos originarios o de otros seres que no son humanos y hacen parte de la complejidad de la trama de la vida. No podemos tener una radicalidad tal para afirmar que de la noche a la mañana se va a acabar el modelo extractivo, pero hay que pensar en cómo hacer las transiciones y discutir con los Estados qué se necesita en una población para vivir. Porque necesitamos interactuar con esa naturaleza no humana para obtener beneficios que nos permitan garantizar la vida en el planeta, pero ¿en qué cantidades?
 
A mí me preocupa fuertemente un discurso en el que pareciera que estamos condenados a seguir explotando la naturaleza como única posibilidad de mejoramiento de la condición humana, cuando esas formas responden más a acuerdos comerciales para la acumulación de capital que a las necesidades reales de los pueblos. Hoy explotamos para exportar a Europa. Y pensar la posibilidad de desarrollo de los pueblos a través de la exportación de materias primas es lo que nos lleva a una escala que no está de ninguna manera de acuerdo con la posibilidad de reproducción material de la vida.

Nosotros estamos seguros de que en los cambios pequeños de poblaciones y organizaciones en nuestros países, hay alternativas concretas. Va a ser un proceso muy lento, porque implicaría romper con el modelo de dependencia internacional y una serie de consumos, pero hay que empezar. No puede haber construcción de alternativas si no se empieza con pequeñas experiencias.
 
Pero, ¿qué alternativas se pueden mirar hoy en América Latina y el Caribe para comprobar que efectivamente es posible reproducir la vida de una manera armónica con el medio ambiente?
Hay que mirar la agricultura campesina, con un viraje hacia la agroecología, que es una manera efectiva no solamente de alimentar a la población mundial sino de enfrentar problemas tan grandes como el cambio climático. Hay que mirar el manejo público y comunitario del agua que se ha hecho en Colombia, donde las comunidades organizadas han podido distribuir el agua sin necesidad de una estructura de privatización, y lo puedes encontrar en el Meta, donde más del 50 por ciento de la población urbana se surte de agua comunitaria, y en los departamentos de Antioquia, El Cauca, Santander, Tolima… Hay que mirar el manejo comunitario de bosques, que se hace para asegurar formas de reproducción de las selvas y de bienes naturales, con experiencias muy concretas en Costa Rica y Colombia, donde se ha demostrado que las reservas comunitarias de bosques terminan asociándose con proyectos productivos agrícolas, sin necesidad de monocultivo para acumular capital transnacional. Hay que mirar los proyectos energéticos populares, que existen en México y en Brasil, por ejemplo, donde se producen biodigestores para generar energía en comunidades que no tienen acceso a la electricidad y se construyen hornillas agroecológicas para eliminar problemas de salud asociados a la cocción de alimentos con leña. Y también hay que mirar atrás, a las prácticas históricas de los pueblos, aunque muchas han sido desaparecidas por el modelo actual.
 
Una de las limitaciones para construir alternativas al modelo extractivista es el hecho de que las alternativas que van surgiendo están muy dispersas, poco sistematizadas, y no se conocen lo suficiente fuera de los territorios donde se desarrollan. ¿Qué hace Amigos de la Tierra para socializar todas esas experiencias y prácticas que están proponiendo una relación distinta con la naturaleza?
Nosotros aprovechamos espacios de convergencia internacional ya creados, como foros y cumbres, y cada dos o tres años hacemos la escuela de la sustentabilidad, donde nos reunimos comunidades y organizaciones amigas y discutimos asuntos de comunicación, formación, contexto político. Lo principal es la articulación y el intercambio con otros movimientos, como el Movimiento (de los Trabajadores Rurales) Sin Tierra de Brasil, la Marcha Mundial de Mujeres, la Vía Campesina, la Confederación Sindical de las Américas, Jubileo Suraméricas… Pero también ponemos énfasis en el proceso de construcción de la comunicación.
 
Tenemos un medio que se llama Radio Mundo Real, con el cual tratamos de impulsar tres procesos. Uno: la convergencia de movimientos sociales. Dos: la formación de comunicadores populares en diferentes ámbitos. Y tres: la construcción de una memoria ambiental de los pueblos a través de la documentación radial y audiovisual –que para mí es uno de los procesos más interesantes.
 
¿Qué resultados ha tenido la actuación de Amigos de la Tierra en la región? ¿Cuál ha sido su impacto?
Un logro esencial es haber contribuido a comprender la importancia de la variable ambiental en las luchas y resistencias territoriales de los movimientos sociales. Otro tiene que ver con la defensa de los defensores de territorios, que han sido criminalizados en las últimas dos décadas, y hemos ayudado incluso a salvar las vidas de esas personas en algunos momentos. Otro, la contribución a procesos agroecológicos, sobre todo a la protección del intercambio de semillas en América Latina, que se ha hecho en articulación con Vía Campesina, por ejemplo. Y sin lugar a dudas en la última década el trabajo de Radio Mundo Real ha sido un trabajo de visibilización de las luchas territoriales y de construcción de una nueva mirada de lo ambiental.
 
Con Cuba, ¿cuál ha sido la relación que han mantenido hasta ahora?
Nosotros tenemos una relación de varios años con el Centro Memorial Martin Luther King Jr., y a través de esa relación nos encontramos con el Centro para la Promoción de la Educación y el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO) y con la Red de Educadores Populares y Ambientales, que han sido una guía para la definición pedagógica. Esa relación nos ha permitido una concepción muy diferente de lo que nosotros teníamos entendido por educación en la región y nos ha mostrado un camino metodológico nuevo en la construcción de lo popular hacia la defensa de lo territorial.
Para Amigos de la Tierra, Cuba sigue siendo un modelo de referencia de proceso socialista. Y de un socialismo que tiene todas las dificultades de un modelo histórico, que se renueva permanentemente en la necesidad de los cambios, y para nosotros, que venimos de países capitalistas, donde la posibilidad de compartir ha sido atacada desde los modelos culturales de individualización, todo esto es un aprendizaje muy grande.
 
¿Qué valoración harías de la realidad cubana en lo referente a la protección del medio ambiente?
Nosotros entendemos que en Cuba hay dificultades en términos de lo ambiental, como las hay en muchos otros países, pero también sabemos que la afectación por el modelo o el modo de vida que se lleva acá puede ser menor que el que hay en los países capitalistas de los que provenimos. En el capitalismo tenemos que luchar día a día para que ese modelo no arrase con los pocos patrimonios que siguen garantizando la vida de las poblaciones. No sé en el caso cubano cómo es la relación, si es de disputa o si es de conservación frente a los patrimonios que garantizan la vida, pero sí entendemos que las escalas de destrucción de la naturaleza son diferentes. La escala en que nosotros estamos no es comparable con la escala de Cuba.
 
¿Qué retos consideras que impone actualmente el escenario medioambiental de América Latina y el Caribe?
 
Ante un escenario de explotación de los patrimonios naturales y los seres humanos cada vez mayor por agentes transnacionales, consideramos que las posibilidades están necesariamente en la organización. Eso puede sonar a lugar común, a algo que históricamente se ha dicho: “Necesitamos organizarnos para poder enfrentar los problemas del mundo”. Pero esa organización es sin lugar a dudas necesaria, porque los pueblos desorganizados no vamos a obtener victorias frente a un modelo de desarrollo extractivista que sí tiene formas de organización efectivas.
 
Cuando las compañías llegan a nuestros países ellas se organizan y articulan bien con los Gobiernos. Tienen formas de acceder a las comunidades a través de engaños y manipulaciones. Y si nosotros no tenemos un proceso que logre enfrentar esa forma de organización del capital, pues simplemente no vamos a poder resistir esos proyectos, y cada vez más comunidades saldrán de sus territorios e irán a las grandes ciudades a agrandar los círculos de la pobreza, de gente que no tiene trabajo porque no pertenece a esos espacios.
 
Frente al contexto en que nos encontramos hoy, marcado por el incremento de los conflictos medioambientales, el desplazamiento forzado de comunidades, la pérdida de biodiversidad, la criminalización de la defensa de los territorios y patrimonios naturales, el asesinato de importantes líderes de movimientos sociales y la impunidad con que se cometen tantos crímenes contra la vida, ¿podrías considerarte una persona optimista? ¿No te provoca frustración ver que se avanza por un lado y luego por otro se retrocede?
Para ser completamente honesto, hay días en que pienso que las dificultades son muchas y los frentes de trabajo no alcanzan a enfrentar esas dificultades efectivamente. Pero también, cuando estoy en territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, y veo la fuerza y la tenacidad de la gente que, a pesar de las adversidades y de no tener materialmente muchas cosas que son necesarias para la vida, todos los días se levanta a enfrentar el corporativismo, los paramilitares, la seguridad privada que la quiere sacar de sus territorios, creo que mis frustraciones son estupideces con respecto a esa realidad.
Yo vivo en una ciudad como Bogotá, donde no tengo cosas en abundancia pero no carezco radicalmente de lo que necesito para vivir, y tengo un hijo al que puedo dar de comer y mandar a estudiar. Pero la vida de la gente que lucha, que trabaja en la tierra y que la cultiva, que no se quiere dejar sacar de ahí, eso sí es difícil. Y si la gente sigue parada ahí resistiendo, ¿cómo nosotros no vamos a poder seguir contribuyendo con el trabajo que hacemos? El contexto es adverso, pero la tenacidad de los pueblos latinoamericanos supera las adversidades.
 
 
 
Sabemos que  las organizaciones campesinas e indígenas "impulsan un modelo de desarrollo agrario alternativo en base cuatro proclamas íntimamente relacionadas: la Reforma Agraria Integral, la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y lo que podríamos llamar demanda por Justicia Ambiental".
 
Su visión actual de la Reforma Agraria Integral apunta a reinscribir la cuestión de la democratización del acceso a la tierra y el territorio en la defensa de los modos de vida rural, con sus diversas culturas y formas de conocimiento. Pero a la vez mira por el trabajo conjunto con los pueblos para alcanzar y mantener la soberanía alimentaria.
 
Estima que es necesaria tanto para el campo como para la ciudad.


 

Argentina - 17 de abril: Día Internacional de la lucha campesina

21 de abril de 2017
"La “reforma agraria integral” apunta a reinscribir la cuestión de la democratización en el acceso a la tierra y el territorio, incluyendo la defensa de los modos de vida rural, con sus diversas culturas y formas de conocimiento. Sin embargo, como nos comentaba una dirigente campesina, no se trata de “una Reforma Agraria para un pedacito, que sea Integral con los pueblos, que podamos trabajar en el conjunto” para mantener la soberanía alimentaria de todo el pueblo."
 
Por Pablo Barbetta y Diego Domínguez*
Los 17 de abril la Vía Campesina, alianza internacional de campesinos e indígenas y pescadores, recuerda la masacre de 19 Sem Terra en el año 1996, ejecutada por la policía militar brasilera en El Dorado Dos Carajas (Pará, Brasil). Este ejercicio de la memoria consagra la reivindicación de la lucha por la tierra de los campesinos y campesinas de todo el mundo. En nuestro país, así como en otras partes del mundo, están planificadas actividades para esta conmemoración. Como homenaje en esta breve nota, invitamos a una reflexión sobre el significado del campesinado en nuestros países ya entrado el siglo XXI. Proponemos un breve instante detenernos en el mensaje de quienes aún viven en y de la tierra.
En primer lugar, decimos que se trata de una presencia que ha ido cambiando y a la vez persistido, a pesar de los pronósticos de su desaparición, que valió también para los pueblos indígenas.
En segundo lugar, su importancia radica en que el campesinado alerta sobre puntos clave de nuestra época, que trascienden los problemas exclusivos de estas poblaciones, interpelando a los no campesinos, que por primera vez en la historia universal, componen la mayoría de la humanidad. En efecto, sus discursos públicos, pero también en sus prácticas cotidianas, los campesinos ponen en cuestión el tipo de crecimiento económico que propugnan los apologistas de una agricultura de monoculturas industriales o del agronegocio que delinea un sistema agroalimentario global regido por un puñado de transnacionales, que poco tiene que ver con eliminar el hambre en el mundo. En este contexto, las agrupaciones de campesinos a nivel internacional pero también las organizaciones campesinas e indígenas de Argentina, que en pleno conflicto “campo-gobierno” de 2008 declaraban “no somos el campo, somos la tierra”, impulsan un modelo de desarrollo agrario alternativo en base cuatro proclamas íntimamente relacionadas: la Reforma Agraria Integral, la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y lo que podríamos llamar demanda por Justicia Ambiental.
La “reforma agraria integral” apunta a reinscribir la cuestión de la democratización en el acceso a la tierra y el territorio, incluyendo la defensa de los modos de vida rural, con sus diversas culturas y formas de conocimiento. Sin embargo, como nos comentaba una dirigente campesina, no se trata de “una Reforma Agraria para un pedacito, que sea Integral con los pueblos, que podamos trabajar en el conjunto” para mantener la soberanía alimentaria de todo el pueblo. Ésta última trata de instalar la discusión sobre el qué, el cómo y el para quién de la producción agroalimentaria. Implica recuperar al campesinado en su rol histórico de productores directos de alimentos, tendiendo lazos a partir del comercio justo y ferias locales hacia las poblaciones urbanas, sobre todo a las que tienen problemas de acceso a los alimentos en las condiciones que impone el supermercadismo.
A su vez, la Agroecología pone en discusión la relación entre producción, tecnología y naturaleza. La propuesta agroecológica es presentada como una alternativa a la agricultura industrial de gran escala, sobre-mecanizada, con uso intensivo de agroquímicos, semillas transgénicas, etc., a la que responsabilizan por ser una de las causantes del calentamiento global con la emisión de gases de efecto invernadero. Por el contrario los modelos tradicionales de agricultura campesina e indígena en diálogo con la agroecología son recuperados hoy como estrategias de “enfriamiento del planeta” y preservación de la biodiversidad. La autonomía con respecto a los insumos, la integración de actividades productivas diversas, la generación y adopción de tecnologías apropiadas, la revalorización de los conocimientos locales, son elementos con gran potencial y que vienen a poner en cuestión el imperio de la racionalidad económica, ligada a la estrategia propia de la globalización del capital, y la consecuente degradación ecológica y deterioro de las condiciones de sustentabilidad de la existencia humana. Por último, la Justicia Ambiental aborda la dimensión ambiental de la injusticia social. Aquí las voces campesinas hacen énfasis en el derecho humano a un medio ambiente seguro, sano y productivo para todos. Explicitan la necesidad como humanidad de dar un giro en el acceso inequitativo a los bienes naturales, cuestionando los patrones de consumo compulsivo y superfluo y las concepciones que entienden a la naturaleza como un ente a dominar o conjunto de recursos a exprimir.
En este contexto, rememorar el Día Internacional de la Lucha Campesina pone en valor una reciente declaración de Noam Chomsky frente a la crisis global en la cual afirma que "Es bastante irónico que la llamada gente "menos avanzada" [en referencia a los indígenas y nosotros agregaríamos a los campesinos y campesinas] son los que toman la iniciativa para tratar de protegernos a todos nosotros, mientras que los más ricos y poderosos entre nosotros son los que están tratando de llevar a la sociedad hacia la destrucción".
Los autores son Docentes de Sociología Rural (cátedra Giarracca) –FSOC-UBA, Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_-_17_de_abril_Dia_Internacional_de_la_lucha_campesina
 
------
 
Paraguay - Reforma Agraria: Una necesidad para el campo y la ciudad
21 de abril de 2017
"Las y los presentes arribaron a la conclusión de que los derechos campesinos son un instrumento para exigir la instauración de la Reforma Agraria en el país y la región, una forma de encauzar nuevamente las fuerzas populares a nivel internacional hacia el combate a la criminalización de la lucha social".
En el marco del día de las Luchas Campesinas, que se conmemora el 17 de abril, se realizó este martes 18 en la ciudad de Asunción la “Plenaria por la Reforma Agraria y los Derechos Campesinos”, convocada por la CLOC-Vía Campesina Paraguay y el IALA Guaraní.
La CLOC-Vía Campesina Paraguay está trabajando, junto a otras organizaciones aliadas, sobre la propuesta de relanzar la Campaña por la Reforma Agraria, y las reflexiones surgidas de esta plenaria servirán como insumo para el sustento político de dicha acción.
El encuentro inició con una mística en la que se representaba a campesinos y campesinas trabajando la tierra junto a sus hijos e hijas y que fueron atacados por las fuerzas del orden, las cuales, además de atemorizar a los niños y las niñas con armas de fuego, expulsaron y encarcelaron a los adultos.
La presentación de la mística, como elemento disparador, hizo referencia a una realidad muy íntima que viven las comunidades campesinas e indígenas, una experiencia cotidiana que, por otro lado, se constituye en un alimento para las luchas y, sobre todo, para la jornada de reflexión colectiva, al colocar componentes para la discusión a través de lo simbólico. En este caso, la mística finalizó con una interrogante: Frente a esto, ¿qué hacemos?
Luis Rojas, investigador de Base IS, planteó una serie de elementos para el análisis de coyuntura, haciendo hincapié en que nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre, donde se disputa la hegemonía de poder, enfatizando que detrás de la enmienda hay una puja intra-oligárquica, similar a las disputas entre Stroessner-Rodríguez, Wasmosy-Argaña, Wasmosy- Oviedo.
Esto supone un gran desafío para la construcción del poder popular que debe ser asumido políticamente en un escenario muy adverso, donde la derecha no sólo controla el Estado y concentra los medios de producción y comunicación, sino que además se disputa los negocios ilegales, que no son otra cosa que un síntoma más del sistema capitalista y su capacidad de dinamizar sus estrategias en momentos de crisis, evidenciándose así la ausencia del Estado de Derecho. Esas disputas instalan una agenda mediática que concentra la atención, mientras tanto hay importantes recursos y negocios que acontecen en el más absoluto y cómplice silencio.
Esa simple pregunta planteada en la mística de apertura proyectó muchas otras interrogantes que se desplegaron como una invitación a reflexionar sobre los grandes desafíos del campesinado en Paraguay y conduciendo hacia la necesidad, cada vez más urgente, de una Reforma Agraria integral y popular.
Se analizó, así también, el documento de la Declaración de los Derechos Campesinos que se está discutiendo actualmente en la ONU, por impulso de La Vía Campesina entre otras organizaciones, movimientos e instituciones afines.
En ese sentido, las y los presentes arribaron a la conclusión de que los derechos campesinos son un instrumento para exigir la instauración de la Reforma Agraria en el país y la región, una forma de encauzar nuevamente las fuerzas populares a nivel internacional hacia el combate a la criminalización de la lucha social.
Esto se configura en una necesidad no ya circunscripta al campo, sino que trasciende a las ciudades desde el momento en que con la Reforma Agraria se garantiza la producción de alimentos sanos y se tiende a frenar la migración interna, lo cual termina beneficiando a toda la sociedad.
Estuvieron presentes delegados y delegadas de la CLOC-Vía Campesina Paraguay: Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri; además estudiantes y Coordinación del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní, la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC), la Organización Campesina del Norte (OCN), la Central de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del Paraguay (CCVAMP), Base Investigaciones Sociales, Movimiento Desde Abajo, Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (Maipy) y el Movimiento 138 (Argentina).
 
 
Otras luchas amplían y profundizan conceptos para concretar la «reforma agraria integral» como poder de los pueblos de garantizar todos  los derechos básicos a la vida y el trabajo propios de la dignidad humana a lo largo de las generaciones e internacionalmente.
 
En ese arraigo territorial es prioritaria la comunalidad. Arturo Escobar señala:  "El objetivo de la autonomía es la realización de lo comunal, entendida como la creación de las condiciones para la autocreación continua de las comunidades (su autopoiesis) y para su acoplamiento estructural exitoso con sus entornos cada vez más globalizados. Las nociones de comunidad están reapareciendo en diversos espacios epistémico-políticos, incluyendo las movilizaciones de indígenas, afrodescendientes y campesinos, sobre todo en México, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Cuando se habla de comunidad se usa en varios sentidos: comunalidad, lo comunal, lo popular-comunal, las luchas por los comunes, comunitismo (activismo comunitario). La comunalidad (la condición de ser comunal) constituye el horizonte de inteligibilidad de las culturas de la América profunda e igualmente de luchas nuevas, aun en contextos urbanos; es una categoría central en la vida de muchos pueblos, y continua siendo su vivencia o experiencia más fundamental. Todo concepto de comunidad en este sentido se entiende de forma no esencialista, comprendiendo ‘la comunidad’ en toda su heterogeneidad e historicidad, siempre surtiéndose de la ancestralidad (el tejido relacional de la existencia comunal), pero abierta hacia el futuro en su autonomía". Leer
 

En procura de rumbos emancipatorios es clave nuestro cambio radical de enfoque implícito en reconocer:

Bienes Comunes, ni privados, ni públicos

 Vanesa Vicente
La inmensa variedad de Bienes y Recursos está repartida entre sólo dos conceptos: privados y públicos, atendiendo a la lógica del MERCADO. Pero ésta no es aplicable a los que ahora consideramos BIENES COMUNES. Definirlos es clave para virar hacia un mundo sustentable, basado en la fraternidad y la justicia social. “El comportamiento acorde a estos Bienes Comunes es el de Reciprocidad: dar sin perder y recibir sin quitar. Todo lo contrario al comportamiento del individuo oportunista que genera el MERCADO” según palabras del economista italiano Stefano Samagni.
 
El debate de los BIENES COMUNES
 
Hoy se definen los bienes entre privados y públicos. Pero hay un nuevo término captando la atención: los BIENES COMUNES. En líneas generales lo que usualmente se llaman recursos naturales – desde un pre concepto de utilidad en el USO de actividades humanas – son casi en su totalidad “bienes comunes”, estamos hablando de las extensiones de suelo, de los minerales, los glaciares, la vegetación, el agua, estamos refiriéndonos a la biodiversidad del Planeta Tierra que existe gracias a una maravillosa evolución de la vida a lo largo de miles de siglos. También como resultado de esa evolución nos encontramos con mentes humanas que pueden tener ideas, con mucha información que es la sumatoria del cruce de otras miles de informaciones anteriores, con semillas que se van adaptando a su entorno y son capaces de aprender en cada floración…
 
Los bienes comunes son mucho más que recursos y pertenecen a un concepto de vida y evolución de la cual el ser humano es parte y no dueño. Debemos comprender que además la vida tal cual la conocemos se da gracias a todos esos condimentos que a veces nos atrevemos a llamar simplemente “recursos” catalogados limitadamente ente privados y públicos.
En el debate mundial sobre los Bienes Comunes se ha llegado a la conclusión de que tienen 3 características básicas que sirven para identificarlos:
 
– Se usan colectivamente – pueden ser utilizados por todos. Son transgeneracionales.
– No pueden ser gestionados en términos de racionalidad individual ni tener como objetivos las “ganancias”.
– No pueden ser propiedad privada, ni pública, debe buscarse una forma de “propiedad comunitaria o colectiva”, por ende una estructura de debate – decisión también colectiva y mundial.
 
 
Nos cuesta imaginarnos o comprender el mundo con una tercera categoría de bienes. Surgen muchas incógnitas.
 
“La manera más útil de entender los  bienes comunes – según propone el Tomales Bay Institute – es pensarlos como la suma de todo lo que heredamos en conjunto y debemos transferir, sin merma, a nuestros herederos”
 
Hasta ahora todo viene siendo blanco o negro, público o privado, de los Estados y de un dueño particular, ya sea una persona o un grupo de ellas. Las responsabilidades están claras y los alcances de las decisiones también por mal que nos pese. Y si un Estado, una persona o una corporación toma una decisión desacertada sobre un “recurso” poco pueden hacer incluso las Leyes a favor de lo COMÚN y entonces a la larga: a favor de la vida.
 
Este comentario no apunta a desmerecer la importancia de las Leyes, sino que ellas – hechas por el ser humano contemporáneo – también tienen en cuenta ESO que llamamos recurso como “algo disponible que sirve” y son también bienes privados o públicos. Las leyes hablan del “bien común” para con los seres humanos como ciudadanos, hablan de preservar los recursos para el futuro, hablan incluso de fomentar el cuidado de la naturaleza, pero nunca mencionan la existencia de “bienes comunes” como categoría de bienes con todo lo que ello implica en cuestión de reglamentación, procesos de decisión, limitaciones, fiscalización, multas, sanciones, obligaciones, etc. El concepto de bienes comunes no tiene mención explícita en las leyes. (*1)
 
Definamos cuáles son los Bienes Comunes
 
De acuerdo con la socióloga alemana Silke Helfrich, en el prefacio al libro “Un mundo patentado: la privatización de la vida y del conocimiento” (*4), el debate sobre los bienes comunes denuncia la relación entre la privatización de la vida por medio de la ingeniería genética aplicada a las plantas, animales y a los seres humanos – y la privatización del conocimiento generado por las tecnologías de la información y la comunicación. Ella afirma que los Bienes Comunes son nuestra herencia colectiva…
 
Por ejemplo “el agua” es un Bien Común, la biodiversidad, la energía, los bosques, el conocimiento también lo son, así como la información genética que acarrean las semillas como resultado de su evolución. Pueden ser tanto recursos naturales, como recursos logrados en una construcción social y comunitaria a lo largo del tiempo y que se suman de alguna manera a los “recursos” de la sociedad, por eso el conocimiento y las IDEAS serían – si bien los debates continúan – Bienes Comunes, aquí para terminar de comprender los términos cabe aclarar que el mercado legal de las “patentes” prohíbe el uso masivo o avances de determinadas tecnologías, medicamentos, nuevas energías, entre otras, en pos de maximizar las ventas de lo ya producido, o en beneficio de Corporaciones, o para eliminar competidores, etc. Además comercializar bajo la idea de “escasez” tiene sus frutos. En muchos rubros hay realmente poco interés por demostrar al consumidor (*2) la variedad de alternativas que realmente son posibles para resolver necesidades y deseos, muchas de ellas no son rentables y están al alcance de todos.
 
 
Cómo entran los Bienes Comunes en el mercado Monetario y Financiero de hoy
 
El rumbo actual de la economía marcada por lo que llamamos “mercado”: capitalismo extremo, crecimiento ilimitado, bases en el consumo ilimitado también, la virtualidad de las finanzas, etcétera, nos acerca cada vez más a poner en verdadero peligro la subsistencia de la vida humana y en general la vida del planeta. En el debate que se presenta en el mundo, los temas más críticos son el avance de las privatizaciones y las patentes, profundizando la exclusión de gran parte de los seres humanos al acceso a los BIENES COMUNES, es decir a los elementos que posibilitan la vida: el agua, el mar, los bosques, la tierra, el aire, las plantas y  semillas. Pero también este sistema aleja los elementos que son resultados de la evolución de la sociedad, manifestaciones de la vida, como las culturas, el arte, la sabiduría y el conocimiento, las tecnologías, las prácticas, las relaciones que construimos con el entorno. Yendo más lejos: la capacidad de diálogo, de lograr la paz y educar bajo nuevos paradigmas. Todo está entrelazado.

¿Qué hacemos con estos recursos / bienes que parecen ser de todos?
 
Se viene tratando de resolver a lo largo de la historia el tema de los Bienes Comunes, es claro para los entendidos que hay un conjunto de Bienes y Recursos que son “especiales”. Un intento fue transformar los Bienes Comunes en Commodities pero esto ha guiado al mercado hacia la facilidad de la “privatización”, un camino absolutamente contrario al buscado y que desliga responsabilidades de los Estados y de las Sociedades Civiles, generando – claro – altísimas ganancias.
 
Otra forma de tratarlos es cuando un Bien Común pasa a ser de dominio PUBLICO – del Estado – puede transformarse en un Monopolio pero Público, argumentando que las ganancias son también públicas, aunque esto sigue relacionándose con las ganancias y no siempre con su preservación o cuidado, pero bajo el ala Pública también puede morir en los cajones de la burocracia, las reuniones, las indecisiones, los debates eternos, leyes sin aprobar, etc. Puede mencionarse como excepción de nuestros tiempos las nuevas Constituciones de Ecuador y Bolivia que explicitan la aceptación de la TIERRA como un sistema vivo: por lo tanto obtiene derechos frente a la Ley. El Estado, cuando sus representantes se esmeran, puede generar grandes beneficios para la humanidad en función de los Bienes Comunes, pero siempre se corre el riesgo de que los representantes del siguiente turno político invaliden lo logrado, o que los estudios legales supranacionales pasen por encima de las Constituciones de un País para abusar de los “recursos”. Los Bienes Comunes no pueden estar ligados a la fiebre del poder político, por los mismos riesgos que corren al estar ligados a las Leyes del Mercado.
ESTADOS:
Si creemos que los recursos naturales son elementos que constituyen la riqueza o la potencia de una nación, qué mejor que la definición de ésta última, tal como proviene del latín “natio”: “sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común.” Sus recursos pertenecen a ese destino común, a ellos y a las generaciones futuras. (*3)
 
Elinor Ostrom (Premio Nobel de Economía 2009) formula que si un bien o recurso es BIEN COMUN, entonces, siguiendo su forma, debe ser administrado y gestionado por las comunidades, en algún formato de gestión comunitaria.
 
Aquí es donde la Economía del Bien Común propone innovaciones en la articulación entre las Empresas, el Estado y las Sociedades Civiles. La EBC habla de una Democracia Tridimensional justamente para ampliar el concepto de democracia, sugiere anteponer los “valores” a la especulación y medir los resultados económicos a través de un Balance del Bien Común (ya desarrollado y en ejercicio) y no solo por un Balance Financiero o PBI que poco tienen que ver con los verdaderos intereses de la humanidad (Christian Felber, libro LA ECONOMIA DEL BIEN COMUN)

¿Quién los administraría?
Los pueblos. Los comunes.
Los Bienes Comunes requieren de la participación de ciudadanos del todo el mundo.
 
Los mayores cuestionamientos cuando se comienzan a desarrollar estos conceptos (Bienes Comunes en referencia a la lógica deducción de que deberían ser administrados de manera “comunitaria”) tienen que ver con el vacío inmenso que se genera alrededor de la “Confianza, la capacidad de diálogo y de consenso”, en otras palabras, queda a la vista la falta de esperanza en la raza humana para debatir y consensuar. Pero también aparecen los condimentos políticos, las conspiraciones corporativas, y el miedo.
 
¿Cómo haremos para definir y gestionar los BIENES COMUNES – indispensables para nuestro sustento y supervivencia – si no podemos CREER en nosotros mismos como gran comunidad?
Si pensamos que buscar el Bien Común es imposible, no por incapacidad sino por falta de confianza y por carencia de diálogo productivo, nunca daremos un primer paso.
 
Es difícil imaginar semejante error en el pensamiento humano por generaciones, pero una vez presentado el planteo que sigue, muchos nos daremos cuenta que estamos basando nuestra idea de “IMPOSIBILIDAD de cambio” en un convencimiento presupuesto que puede estar muy errado, al menos reflexionemos sobre este punto, empoderemos al HOMBRE, ya que nuestras capacidades son también fruto de la evolución y quizás sean nuestras capacidades comunes, conjuntas, unidas las que logren un verdadero y profundo cambio.
 
El sistema de mercado en el que vivimos supone siempre que el INDIVIDUO buceará por su propio beneficio, y además pondrá siempre en ejercicio su ROL de oportunista. Dicho esto muchos de los lectores están pensando que por supuesto ES y SERÁ siempre así.
Existen teorías como “el modelo de Hardin – el juego del dilema del prisionero” (1968) o “problemas de la acción colectica de Olson” (1965) que han instalado un pre concepto de cómo reaccionamos. En todas estas observaciones de la realidad del comportamiento humano o bien se separa a las personas y se les hace un planteo de manera individual, no permitiendo que se junten hasta que no hayan resuelto qué hacer. O bien a ambos se les dan consignas idénticas pero LIMITADAS, y ya no importa si conversan o no entre ellos, la información limitada les permitirá optar solo por el beneficio propio. De alguna triste manera, están siendo manipulados para utilizar su lógica racional en una dirección individualista en lugar de tener una reacción basada en su libre albedrío.
 
Pensemos cómo tomamos las decisiones hoy. Pensemos en cuánto se acerca nuestro intercambio de información al de los experimentos mencionados. ¿Le avisamos a la otra persona realmente cuáles son todas nuestras intenciones o hemos aprendido a tan solo informarle algunas para lograr su apoyo, quizás sin censura y además a cambio de algo?
 
El Mercado se mueve de esa manera también: con comunicación e información limitadas o articuladas por solo determinadas personas o entes. Ni hablar de las publicidades. Ni hablar de los Medios de Comunicación…
 
Difícil desarmar lo andado.
 
Puede ser posible que los medios de comunicación, las letras chicas de los contratos e incluso algunas leyes (*1) con sus recovecos se aprovechen buscando a veces que la información sea limitada, sesgada o que las partes no se hablen. Hay mucho negocio detrás del “no encuentro” entre las partes, cualquier abogado sabe de ello.
 
Desconfiamos de nuestra capacidad de resolución y UNIÓN a través del diálogo. Suponemos que el otro se va a comportar también de manera mezquina, entonces tratamos de sacar ventaja de nuestro increíble razonamiento. Aun siendo conscientes de que nos falta información, con dudas que nos encantaría consultar con el otro, con variantes posibles que podríamos llevar al diálogo, preguntas, en definitiva: con una verdadera negociación o mediación. Pero sentimos que si abrimos el juego se verán nuestras debilidades, o simplemente le estaremos dando información al otro para que sea él quién toma la postura ventajosa.
 
De esta forma, todas las teorías – que extrañamente hemos llevado a la práctica de una manera religiosa – interpretan al ser humano como un INDIVIDUO indefenso – víctima y a la vez tratando de sacar propio provecho – dentro de un sistema que marcha hacia la autodestrucción de sus recursos y por ende de la raza. Nos la hemos creído de principio a fin y hemos renunciado a muchas capacidades naturales.
 
¿Cómo avanzar?
 
Los Bienes Comunes deben ser tratados como tales de principio a fin, y todas las decisiones que se tome sobre ellos deben ser “comunes”: comunitarias. Para eso es necesario – además de volver a confiar en nosotros mismos como COMUNIDAD:
 
–          Definir exactamente qué vamos a entender a nivel mundial – consensuado – como Bienes Comunes
 
–          Definir la nueva figura de “propiedad comunitaria sobre Bienes Comunes”
 
–          Definir COMUNIDAD en relación a los Bienes comunes: ver en qué casos la “comunidad que debe tomar decisiones” corresponderá a la región circundante al Bien Común en cuestión, al país, al continente o al mundo.
 
–          Limitar las decisiones y acciones que se pueden ejercer sobre los Bienes Comunes.
 
–          Asentar los mecanismos Comunitarios de debate, consenso y decisión (x ej. democracia directa, asambleas), sería indispensable poner plazos lógicos para las decisiones catalogadas como Urgentes.
 
–          Redactar en las Constituciones esta nueva forma. No solo como mención, sino a su vez limitando acciones Estatales y Privadas sobre los nuevos Bienes Comunes.
 
–          Incluir en la Justicia las PENAS al quebrantamiento de lo acordado sobre Bienes Comunes.
 
–          Como los PAÍSES y sus Gobernantes no tienen “derecho” sobre los Bienes Comunes de maneras unilaterales, queda fuera de su incumbencia la decisión bélica sobre las regiones por cuestiones relacionadas con Bienes Comunes. Por decisión MUNDIAL las áreas donde se encuentran reservas naturales de Bienes Comunes deben quedar fuera de las zonas bélicas, libres del uso de contaminantes, y toda decisión sobre esos suelos pasa a ser una Decisión Comunitaria sobre Bienes Comunes. Esto no puede leerse entre líneas sino que debe quedar explicitado en las Constituciones de cada País, en los términos que la COMUNIDAD lo indique, luego de los debates a que haya lugar.
 
(*1) No se utiliza la palabra “justicia” sino “leyes” bajo el concepto de que están hechas por seres humanos, son cambiantes y corregibles dentro de los procesos previstos para tales fines.
 
(*2) Mientras permitamos que se trate al ser humano como “consumidor” no lograremos reorientar los esfuerzos por humanizar las políticas, la economía y todas las relaciones formales.
 
 

Fuentes diversas:
Participación en el Seminario de Bienes Comunes y Bien Común http://www.bienescomunes2013.com/bienes-comunes.html
Fuente: http://www.periodicodelbiencomun.com/bien-comun/bienes-comunes-ni-privados-ni-publicos/
 
------

La actualidad de los bienes comunes
23 de febrero de 2015
Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos conduce a un nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural. La apelación a los bienes comunes es una reivindicación de democracia económica.
Por Luis Enrique Alonso - Economistas Sin Fronteras
20/02/2015
En los últimos años ha surgido en el debate público internacional un interés notable por el tema de los bienes comunes como formas no convencionales de regulación y gestión de la propiedad de los recursos socioeconómicos. Este interés sobrepasa con mucho el ámbito estrictamente académico para entrar en el vocabulario de los movimientos sociales actuales. Se ha introducido el discurso delo común -en todas sus dimensiones (cívicas, económicas, sociales, antropológicas, etc.)- en el proceso de construcción de unas nuevas identidades reivindicativas que se conecten con transformaciones profundas del mismo concepto de ciudadanía.
Los movimientos indignados han rescatado el discurso de lo común, tratando de encontrar un espacio entre el omnipresente y omnipotente avance de la privatización mercantil global en el ciclo histórico neoliberal y un sector público percibido como burocratizado y distante, cada vez más dependiente de los grandes poderes financieros y gobernado por políticos y técnicos absolutamente sumisos a los dictados de esos poderes mercantiles, presentados como inapelables y máximamente racionalizados.
Pero no sólo en la protesta ha tenido un sitio importante la apelación al procomún y los bienes comunes. Muchas prácticas sociales han recurrido a formas de supervivencia y gestión de sus recursos así como a la creación de espacios de intercambio, que se basan en una filosofía económica popular muy alejada de la de la privatización mercantil al uso y abuso o de la de la formación de bienes públicos estatales: consumos colaborativos, recursos informáticos y contenidos de uso no privativo, formas de intercambio no monetario local y vecinal, usos comunitarios y no mercantiles del territorio y la naturaleza, bancos de tiempo, monedas virtuales o populares, fórmulas avanzadas de crowdfunding y micromecenazgo, nuevas cooperativas de producción y consumo de alimentos y bienes de proximidad, etc.
De esta forma, hemos venido conociendo un buen número de experiencias que, protagonizadas por comunidades ciudadanas activadas, tratan de diseñar vínculos que, como el añorado David Anisi sugirió en su día, no están vinculados fundamentalmente por los precios o por las normas derivadas de la burocracia estatal, sino por los valores de las comunidades reales que se empeñan en resolver colectivamente sus problemas y organizar sus recursos. Es la solución colaborativa de la gente corriente para sus problemas cotidianos, que no pasa por la entrega de su soberanía ni al mercado ni al Estado.
Además, no son pocos los hitos intelectuales que han legitimado el uso del concepto de lo común como forma cooperativa y activa de generación y gestión de recursos. La economía académica ha dado la figura de la Premio Nobel Elinor Ostrom y sus tesis sobre el gobierno racional y plausible de las unidades económicas comunes, demostrando analíticamente la posibilidad de su gestión, frente a la tesis tradicional, extrapolada del clásico trabajo de Garrett Hardin. Esta tesis sobre la tragedia de los bienes comunes, tan utilizada por el neoliberalismo, es una especie de anuncio de una ley inexorable que concluye que lo que es de todos no es de nadie y por lo tanto caerá en el descuido y la ineficacia del que sólo se salvará si se vuelven a establecer derechos de propiedad (individual y privada, por supuesto) sobre los bienes públicos, o comunales.
Los historiadores, como el gran Edward Thompson o el inclasificable Karl Polanyi, nos han hecho el relato de la enorme importancia que las costumbres y modos económicos comunales han tenido en la supervivencia de la humanidad; y, paralelamente, del esfuerzo y la violencia privatista que supuso la primera acumulación histórica de capital, con resultados máximamente pauperizadores y depredadores para las masas (o sea, para “la gente común”). La filosofía política radical de Hard y Negri encuentra, derivada de la noción de lo común, una forma constituyente que, surgiendo de la resistencia, es capaz de conectarse con modos de vida que utilizan su capital intelectual para plantear mapas de necesidades (y deseos) alternativos y emancipadores.
Finalmente, la antropología nos ha legado suficientes testimonios, desde Marcel Mauss a la escuela anti utilitarista actual, sobre la centralidad del don, la gratuidad y los intercambios simbólicos y reales horizontales, como para desmontar cualquier tesis sobre la pretendida esencia mercantil del ser humano y la dominación universal del homo economicus.
En todo caso, aunque con un tono que algunos han tachado de “nostálgico”, en el sentido de que vuelve a resucitar una mentalidad mítica de lo comunal precapitalista, lo cierto es que este tema ha abierto una enorme línea de pensamiento sobre cómo gestionar recursos en ámbitos donde ni la definición de derechos de propiedad privativos y excluyentes ni la estatalización clásica parecen ser ni eficientes ni equitativos: la gestión de recursos naturales, el ámbito de los cuidados, la gestión de los contenidos en las redes informáticas, la creación cultural y las formas propiedad intelectual, la producción y distribución cooperativa, etc.
Lo mismo que en los orígenes del capitalismo histórico un conjunto de cercamientos fue expropiando y convirtiendo en propiedad privada y mercantil los recursos de las comunidades locales históricas, en los últimos años, con la hegemonía neoliberal, hemos asistido a una auténtica política de cercamiento de los bienes públicos, privatizándolos y disolviéndolos en el capital financiero, a la vez que haciéndolos inasequibles para importantes sectores de unas clases medias descendentes, a las que -en una especie de analogía un tanto macabra con el período histórico de expulsión de los comunes- también se las ha expropiado de buena parte de un capital social colectivo que se había formado en la era keynesiana y en sus extensiones.
No es de extrañar, por tanto, que en las movilizaciones sociales en defensa de lo público haya aparecido un fuerte comunitarismo como reivindicación de fondo. Y así, a las demandas de mantenimiento de lo público se une una desconfianza radical de los tipos actuales de gestión (destrucción) de lo colectivo, que desemboca en una solicitud expresa de mayor participación y control en la gestión de los recursos económicos que se generan en la sociedad, porque, de hecho, su gobierno se ha hecho cada vez más opaco-privativo y apartado de la más elemental lógica democrática.
Éste es el principal interés del discurso emergente de los bienes comunes: plantea una llamada a la ciudadanía activa, al control directo por la comunidad y por colectivos de los recursos naturales y económicos, a la apertura de espacios autogestionados, cooperativos y de intercambios horizontales. Más que “la gran alternativa” con mayúsculas -como ha sugerido Jeremy Rifkin desde una postura más tecnocrática que política y casi exclusivamente asociada a los nuevos recursos tecnológicos, la apelación a los bienes comunes es una reivindicación de democracia económica, que limita el pensamiento único, obligatorio e impuesto en esta última época del individualismo radical asociado al homo economicus y a la mercantilización de todo.
Pero es también una enorme llamada de atención a los excesos de la burocratización estatal y a la usurpación de los gobiernos públicos por los agentes políticos de los poderes económicos y financieros. Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos conduce a un nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural. Mirando al pasado podemos trazar un futuro en el que, en vez de sumergirnos en una cruel era postdemocrática y de pérdida de soberanía de los ciudadanos, podemos construir nuevos encuentros entre el individuo, la comunidad y el Estado.
(A toda esa compleja problemática se dedica el último número de la publicación trimestral de Economistas sin Fronteras Dossieres EsF , que lleva por título “El procomún y los bienes comunes” y sobre el que se celebrará un coloquio el 25 de febrero, a las 18,30, en el Espacio Abierto FUHEM, Duque de Sesto 40, Madrid).
Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor.

 
En una síntesis de prácticas, saberes y posicionamientos por otra sociedad y otro mundo posibles surge:
 
 

Una experiencia de la Comuna Socialista en Venezuela
La agricultura familiar comunal
1 de agosto de 2014

Por Del Rosario Ignacio Denis (Rebelión)
El 2014, declarado el año internacional de la Agricultura Familiar por la Organización de Naciones Unidas ONU, Venezuela es un país que van aportando en la región de manera muy decidida en la creación de un Nuevo Modelo Económico Socialista, el Eco Socialismo como principios y filosofía de vida, el Poder Popular como principios políticos, organizativos, económicos, ideológicos, culturales, es un país que van concretando la suprema felicidad social, en la región reavivaron a lo que llamo Bolívar “el impulso de la revolución”, en cuanto a la reducción del hambre y la pobreza la Revolución Bolivariana aporto y siguen apostando en esa dirección, la meta para el 2019 según el Plan de la Patria y las grandes misiones emprendida por el Presidente Obrero Nicolás Maduro, es “Hambre Cero”.
El tema de la crisis alimentaria en el mundo no está ausente del modelo capitalista en decadencia, el modelo de la agroindustria de la grandes Transnacionales proyecta decididamente controlar el mundo por la comida, su mayor interés en el continente Suramericano, es seguir expandiendo su destructivo modelo de monocultivo con semillas transgénicas, desplazando comunidades campesinas e indígenas, imponiendo una hegemonía del agronegocio. En este nuevo ciclo de la revolución bolivariana el papel histórico de los campesinos y campesinas, indígenas venezolanas, desde la «agricultura comunal» tienen grandes retos, luchas y esperanzas, desde esa utopía concreta es capaz de contribuir significativamente como una contra hegemonía con su modelo agrícola, es terminar de consolidar desde la experiencia de la Comuna un verdadero modelo agrario socialista.
Las acciones emprendidas por el Comandante Chávez en esta materia dieron sus primeros pasos y es eminentemente humano, es la esencia ética del Socialismo a lo Venezolano, satisfacer las necesidades y los derechos de los pueblos de alimentar, la misión alimentación, MERCAL, PEDVAL, REDES BICENTENARIA aportes para satisfacer a las deudas sociales históricas dejada por la Cuarta República, sin ser suficiente y plenamente soberano, asumió como gobierno la seguridad alimentaria como derecho y deber del estado revolucionario, resultado a esa gran inversión según estadística y reconocimiento de la FAO, Venezuela es unos de los países que más aporto en esta materia, tales así que el director para Latino América y el Caribe de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Rafael Benítez el plan de erradicación del hambre que adelanta el organismo para el 2014 llevará el nombre de Hugo Chávez.
En el marco de las grandes líneas propuesto por el presidente Nicolás Maduro para la profundización de la Ofensiva Económica, es necesario un “Sacudón” y sentar las bases hacia el nuevo modelo agrario Socialista, la Agricultura Familiar Comunal tienen grandes fortalezas para derrotar definitivamente la guerra económica de la extrema derecha, es redimensionar el desafío ambicioso de alcanzar la Soberanía Alimentaria, como está señalada en el plan de la patria. Este reto imprescindible del gobierno Bolivariano no se puede improvisar, mucho menos pretender desde la lógicas fraccionadas del estados burgués parasitaria, diseñada con el portafolio tecnológico de la revolución verde, del monocultivo desarrollista, destructivo de la naturaleza y la sociedad, la política agraria no está ausente de una fuerte presión política, ideológica, tecnológica, cultural de la lógica industrial empresarial Cadivista en decadencia, en el marco de una planificación centralizada en ausencia del sector campesinado, el patrón predominante en la visión del modelo de agricultura siguen desde la base de la dicotomía occidental del progreso y el atraso, afectando directamente al pequeño productor, conuquero, agricultura familiar, cooperativa, afecta y degrada culturalmente, tecnológicamente, productivamente, ambientalmente, socialmente someten a una identidad esencial para alcanzar la soberanía alimentaria.
En la Agricultura Familiar Comunal en este momento en Venezuela, si se hace una revisión profunda a la política agraria, es posible ir definiendo desde la organización popular un propio modelo de agricultura, que sea políticamente soberana, económicamente viable, socialmente integrador, digna y con justicia, culturalmente reconocido, tecnológicamente apropiado y ecológicamente armónico. Es concretar las bases materiales para la refundación de la agricultura Eco Socialista para la patria nueva, la experiencia productiva agrícola y pecuaria en las Comunas, la organización popular es la más genuina y auténtica de las familias, esta nueva forma organizativa de invención permanente, hacia un nuevo estado comunal naciente, el saber, ser y hacer es de forma participativa y protagónica, comunitaria, tiene un peso jurídico, político, organizativo para el ejercicio de la verdadera democracia, el pueblo organizado realiza sus diagnostico comunal y plan de desarrollo comunal tejiendo lo nuevo en el territorio, consolidando un sistema económico comunal, plasmado en la ley orgánica del poder popular, acompañado con un modelo de gestión igual de manera participativa y protagónica, endógena y liberador.
En esa misma dirección con el gobierno revolucionario y el pueblo organizado en comuna, asumiendo como uno de los legados más importante del comandante supremo Hugo Chávez, el plan de la patria, hay un firme compromiso de seguir empujando y profundizando la concreción de sus Objetivos, política y programas, en cuanto a la agricultura, esta nueva ley plantea como Objetivos históricos, Nacionales, estratégicos y generales lo siguiente:
Objetivos Históricos
V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana
El quinto de los grandes objetivos histórico se traduce en la necesidad de construir un nuevo modelo económico productivo Eco-Socialista, basada en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.
Objetivos Nacionales
1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo.
Objetivos estratégicos y Generales
1.4.1. Eliminar definitivamente el latifundio. Realizar un proceso de organización y zonificación agro-ecológica en base a capacidades de uso de la tierra y crear un sistema de catastro rural para garantizar el acceso justo y uso racional del recurso suelo.
Política:
58. Garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria sobre la base del bienestar social de la población rural y el desarrollo y ocupación armónica del territorio, en el marco del modelo agrario socialista.
Programas:
·         Producción agrícola.
·         Organización del poder popular (productores y productoras), para fortalecer diversas formas de organización.
·         Investigación e innovación.
·         Sistematización agrícola para la planificación, organización, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las actividades del sector agro-alimentario nacional.
La característica esencial de profundizar una nueva propuesta agrícola comunal en Venezuela, está en sus basamento jurídico y en la organización popular establecida en el territorio, con una conciencia política enfatizada en el Eco Socialismo y lo más ambiciosos la soberanía agro-alimentaria, es decir los objetivos históricos, nacionales, estratégicos, generales del plan de la patria, tiene un alcance político, jurídico, social, cultural, económico y ambiental claro para la consolidación de un nuevo modelo agrario soberano, productivo, ecológico y de derechos de los pueblos.
La agricultura familiar comunal rompe abiertamente la visión peligrosa de las transnacionales del agronegocio, donde engañosamente pretenden conectar las pequeñas y medianas empresas familiares de la agricultura con la empresas multinacionales, con la agricultura familiar actuar de manera recíproca y buscar beneficios y productividad en conjunto para reducir el hambre en el mundo, la gran pregunta que los movimientos campesinos, campesinas, indígenas, cooperativas agropecuaria, pequeños productores se preguntan es que: ¿Será que la familia puede resistir armónicamente con un modelo monopólico, avasallador, privatista, especulador, arrollador en la agricultura?.
Ante está clara disputa de dos modelos antagónicos, la propuesta de la agricultura familiar comunal, organizada en comunas en Venezuela, se apega en la política del plan de la patria reseñada al comienzo en su numeral:
58. Garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria sobre la base del bienestar social de la población rural y el desarrollo y ocupación armónica del territorio, en el marco del modelo agrario socialista.
La propuestas de la agricultura comunal pasan en defender la agricultura familiar, pero en el marco del poder comunal, las comunas productivas y participativas, exigen la necesidad de incidir fuertemente en las políticas públicas, es posible solamente en un verdadero sistema de gobierno popular, es para combatir y no convivir con el modelo empresarial de la agricultura, el monocultivos, los transgénicos, la agroindustria especuladora rentista, capitalistas, que defiende solamente a las transnacionales y latifundista, convirtiendo el derecho de los pueblos en simple mercadería. Según Miguel Altieri: “Cuando se crea la revolución verde en los años 1950-60, se crea un modelo de agricultura maltusiano, que percibe el problema del hambre como un problema de mucha población y poca producción de alimentos; y que había que cerrar la brecha trayendo tecnologías del Norte al Sur, como las variedades mejoradas, los fertilizantes, los pesticidas, etcétera.
El desafió permanente de los campesinos y campesinas y el gobierno bolivariano es salir de ese modelo, es la consolidación de un nuevo modelo agrario socialistas, el presidente Nicolás Maduro llaman a la unidad del sector con el primer Congreso Nacional Campesinos, es para abrir y unificar debates sobres los grandes retos en materia agraria, dar formas para la concreción del plan de la patria, la agricultura familiar comunal o la agricultura desde la comunas puede jugar un papel fundamental para derrotar la guerra económica y consolidar definitivamente un nuevo modelo económico productivo socialista.
Eco Patria Comunal, una propuesta de producción de producto y conocimiento para la refundación del nuevo modelo de agricultura Eco Socialista de la patria nueva.
La tierra, la agricultura, en la cosmovisión campesina e indígenas es una madre, es una cultura, es una vida, luchar y defender a ella sobrepasan hasta la lógica de preservar y consolidar la soberanía como un simple recurso natural estratégico para la producción, la lucha por la tierra y territorio de los campesinos e indígenas van más allá de la lógica economicista de desarrollo, de ahí la convicción firme de eliminar el latifundio al primer presidente arañero campesino de Sabaneta Hugo Chávez, es de justicia y dignidad de la patria nueva, la patria grande y socialista.
La propuesta del “Eco Patria Comunal” es una experiencia agroecológica en la Comuna, es un centro de producción de productos y de conocimientos, surgen la idea a partir de varios debates, asambleas, planes, diagnostico hecho entre los comuneros y comuneras.
Las dificultades para la producción siguen siendo la falta de algunos insumos, semillas, fertilizantes, maquinaria, control de enfermedades de la planta, entre otros. La soberanía agroalimentaria tiene una base política, económica, social, cultural que solo podemos concretar nuevas experiencia con un modelo agroecológico, es romper definitivamente la lógica de la revolución verde, es crear bases estructurales soberanas para la producción, transformación, distribución y consumos, estos exigen una visión y una misión endógena de manejo del territorio.
En el marco del quinto lineamiento anunciado por el presidente Nicolás Maduro es la construcción y el fortalecimiento de las comunas, en esa misma dirección en la zona rurales se pueden concretar estas iniciativas de los comuneros y comuneras, la de refundar la Agropatria, con la Eco Patria Comunal, en este espacio la juventud, hombres, mujeres y niños asumirán el papel de producir productos y conocimiento, elaborando diferentes tipos de insumos agroecológicos para la Agricultura Familiar Comunal, sólidos y líquidos, manejo, producción, reproducción, guardián y distribución de la semillas nativas, investigación y sistematización de la agricultura Eco Socialista en cada Comuna, acompañar los patios productivos, apoyar en producto y conocimiento a la agricultura Urbana y periurbana, es convertir en un espacio de aprendizaje y de reconocimiento político, técnicos y productivos entre campo y la ciudad rescatando la identidad y la cultura de sembrar su propio alimento, sano, seguro, sabroso y soberano, que se sienta el arraigo del campo adentro desde la agricultura familiar campesinas en las comunas y dar bases materiales, espirituales, culturales, al gran objetivos histórico número cinco del plan de la patria.
En el marco de las propuestas de debate del Proyecto de Ley de Empleo Productivo para la Juventud como líneas de acción política del nuevo sistema de gobierno popular, la gran misión saber y trabajo, la propuestas del “Eco Patria Comunal” se pueden incluir dentro del debate a un instrumento legal, que se prevé aprobar entre los meses de agosto y septiembre “Vía Habilitante”.
Para juventud campesinos y campesinas su arraigo cultural está avasallado por falta de un programa especial en el tema formativo y productivo, existen un fenómeno en el campo, donde en su mayoría los jóvenes prefieren abandonar sus raíces del campo y dedicar a ser Moto taxista, sin desmerecer este trabajo, pero la juventud campesina necesita de políticas agraria para sentir arraigado en su territorio y de esta manera contribuir con la segunda línea de la profundización de la Ofensiva Económica en las áreas de producción, abastecimiento y precios justos “para terminar de derrotar todos los mecanismos de guerra económica” y alcanzar la plena soberanía alimentaria.
Contra la guerra económica del gran capital, Agricultura Familiar Comunal.
Del Rosario Ignacio Denis. Ingeniero Agroecológico graduado en Instituto Latinoamericano de Agroecologia Paulo Freire (IALA)
Twitter: @yiyoparaguay
 
Notas:


Publicado por en No hay comentarios:
Suscribirse a: Entradas (Atom)