¿Qué economía desarrolla el capitalismo
desde más de una deKada hasta hoy?
La centrada en el extractivismo
exportador de alta rentabilidad para el polo de privilegios y con graves
consecuencias socioambientales como envenenamientos, destrucción de economías
regionales
y destrucción de vitales subsistemas
ecológicos.
Repitamos la convocatoria de Houtart
a nosotros:
"las fuerzas de la lucha social deben reconstruirse desde la base,
movilizando las energías en un Frente Unido, con metas precisas y propuestas
concretas, donde nadie, en particular los movimientos indígenas, pierda su
identidad. Es urgente. Es posible. Mañana será demasiado tarde".Analicemos
porqué no debemos postergar al desafío y cómo, desde los de abajo sin
fronteras en el mundo, se lo está construyendo:
Monsanto declarado culpable por daños a la
salud, el ambiente y la libertad científica
19 de abril de 2017
19 de abril de 2017
Un Tribunal Internacional, conformado por cinco reconocidos jueces, avaló ayer en La Haya mediante una resolución no vinculante las denuncias que desde hace años sostienen especialistas y movimientos sociales contra la compañía y pidió que se reconozca el crimen de ecocidio.
Por
Lucía Maina Waisman para La tinta
El Tribunal Internacional a Monsanto dio
a conocer este martes en La Haya sus conclusiones en base a un proceso inédito
que incluyó la participación de un millar de organizaciones y treinta testigos
de distintos países. La sentencia, que en este caso consiste en una opinión
consultiva ya que no es vinculante jurídicamente, determinó que la compañía ha
cometido delitos que vulneran el derecho a un ambiente sano, a la salud, la
alimentación y a la libre información e investigación científica. En ese marco,
se declaró que la empresa, actual propiedad de Bayer, ha cometido el crimen de
ecocidio, figura que el tribunal solicita incorporar a los delitos contemplados
por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Este Tribunal de Opinión
fue
convocado por la sociedad civil y se encuentra presidido por la belga Françoise
Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) junto a jueces y
juezas de Canadá, Senegal, Bélgica, México y Argentina, países que a su vez
mantienen conflictos con la multinacional. Los mismos debatieron un análisis
legal de actividades realizadas por la empresa y las consecuencias de sus
productos en base tanto “a la ley ambiental existente como a una ley prospectiva
para mejorar la legislación internacional de derechos humanos y ambiental”, tal
como señala el documento que dieron a conocer ayer.
El estudio de las consecuencias e implicancias legales del accionar de Monsanto se centró en los numerosas pruebas y testimonios de médicos, investigadores y víctimas que se presentaron en audiencias realizadas en octubre pasado en la ciudad holandesa.
El médico Damián
Verzeñassi, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y organizador
de los campamentos sanitarios que relevan poblaciones afectadas por
fumigaciones, fue el único testigo argentino que participó en las audiencias del
tribunal. “Ahora tenemos un documento jurídico de sustento internacional que
dice que los pueblos y movimientos sociales no estaban equivocados cuando
reclamaban estas cosas y que lo que planteábamos los trabajadores de salud y
educación sobre lo que está pasando no eran mensajes alarmistas como decían”,
dijo después de conocer la opinión del tribunal, que se trasmitió en vivo en el
Senado de la Nación.
A su vez, destacó
que esta instancia reafirma la necesidad de que estas corporaciones puedan ser
condenadas por el delito de ecocidio y también “para que los responsables de la
política sepan que no falta mucho para que tengan que ir a rendir cuentas no
solo ante las urnas cada cuatro años sino ante la Justicia”.
Derechos vulnerados
Teniendo en
cuenta los impactos que distintas prácticas de Monsanto han generado en la salud
humana, suelos, plantas, animales y biodiversidad, así como sus consecuencias en
comunidades indígenas y pueblos de diversos países, el Tribunal concluyó que la
empresa “han impactado de forma negativa en el derecho
a un medio ambiente sano “, que tal como destaca el mismo jurado
es un derecho reconocido por la legislación internacional y condición previa
para disfrutar de los derechos humanos.
Asimismo, el
Tribunal evaluó que la compañía estadounidense también ha infringido el derecho
a la alimentación , que las entidades de negocios también son
responsables de respetar según principios establecidos por Naciones Unidas.
“Las actividades de Monsanto afectan la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades, e interfieren con la habilidad de los individuos y comunidades de alimentarse a sí mismos directamente o a elegir semillas no modificadas genéticamente”, señala el documento.
“El Tribunal
concluye que la soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en
los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar
regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta
contaminación”, advierten lxs jueces y destacan el mercadeo agresivo de los
transgénicos que terminan forzando a lxs agricultores a comprar nuevas semillas
cada año.
Otro de los
aspectos analizados en La Haya fue el daño a la salud, uno de los puntos que
cosecha más denuncias contra Monsanto en los últimos años en diversos países,
especialmente en Argentina. Al respecto, la corte concluyó que las prácticas de
la compañía han impactado de forma negativa el derecho
a la salud de la población . Durante las audiencias, distintos
testigos brindaron informes sobre enfermedades congénitas y crónicas, linfomas e
incluso muerte en las poblaciones afectadas por la exposición directa o
indirecta a productos de la empresa. Al respecto, el Tribunal recordó que la
misma ha producido y distribuido muchas sustancias peligrosas, entre ellas los
PCBs, un producto cancerígeno actualmente prohibido que “también causa problemas
con la fertilidad y desarrollo infantil, además de que altera al sistema
inmune”.
El glifosato fue
otro de los productos mencionados por el jurado, quienes recordaron que el mismo
está clasificado como un “carcinógeno probable para humanos” por la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). En cuanto a la supuesta controversia científica que existe tanto en
relación al impacto en la salud humana del glifosato como de los OGMs, lxs
jueces advirtieron que la misma pierde sentido al tener en cuenta los documentos
internos de Monsanto liberados en marzo pasado en San Francisco, ya que los
mismos “ilustran las prácticas de manipulación sistemática de estudios
científicos y la influencia ejercida por Monsanto sobre los expertos”.
En este sentido,
el jurado también concluyó que la conducta de Monsanto afecta de forma negativa
el derecho
a la libertad indispensable para la investigación científica .
Así, mencionó que conductas de la empresa “como intimidación, desacreditación de
investigación científica cuando se formulan preguntas serias sobre la protección
del ambiente y salud pública, soborno de reportes de investigación falsos y
presión sobre gobiernos están transgrediendo la libertad indispensable para la
investigación científica”. Además, destacó que este abuso es exacerbado por la
exposición a riesgos de salud y ambientales, lo cual impide salvaguardar otros
derechos fundamentales.
Este aspecto fue
especialmente denunciado en nuestro país a raíz de la persecución y difamación
que sufrió el científico Andrés
Carrasco por sus
investigaciones sobre los efectos del glifosato. Por su parte, Verzeñassi quien
también se vio afectado el año pasado por las implicancias de sus
investigaciones, valoró que lxs jueces sostuvieran “la veracidad de todos los
testimonios y las pruebas aportadas: fue un reconocimiento internacional al
trabajo que venimos desarrollando con los campamentos”. “Que un tribunal diga
que un equipo de investigación no puede ejercer libremente por estos motivos es
un mensaje para que algunas autoridades locales puedan prestar atención”, dijo.
El ecocidio y los crímenes de guerra
A pesar de los
avances en la ley ambiental internacional y la creciente consciencia sobre las
consecuencias de los daños ambientales para las generaciones presentes y
futuras, aún existe una gran distancia entre los compromisos legales y la
realidad de la protección ambiental, tal como lo demostró este inédito proceso
organizado y garantizado por la sociedad civil. Es por ello que en
el último tiempo se ha impulsado la figura del «ecocidio», crimen que consiste en
causar daño severo o destruir el medio ambiente, para alterar de forma
significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los
cuales ciertos grupos humanos dependen.
“La legislación
internacional debería determinar ahora de forma precisa y clara la protección
del medioambiente y el crimen de ecocidio”, advierte la corte en sus
conclusiones y destaca que de ocurrir esto, las actividades de Monsanto podrían
constituir un crimen de ecocidio. Para demostrarlo, mencionan algunas
actividades de la compañía como la producción y suministro de herbicidas con
base de glifosato a Colombia en el contexto de su plan para aplicación aérea en
cultivos de coca; el uso a gran escala de agroquímicos peligrosos en la
agricultura industrial; el diseño, producción y liberación de cultivos
genéticamente modificados así como la contaminación severa de la diversidad de
plantas, suelos y aguas.
A su vez, a
partir del daño causado a miles de personas por el Agente Naranja, producto
fabricado por Monsanto que fue rociado durante la guerra de Vietnam, la
corte evaluó la supuesta complicidad de la multinacional en crímenes de guerra .
Aunque aclararon que debido al estado actual de la legislación internacional y
la ausencia de evidencia específica, el Tribunal no puede dar una respuesta
definitiva a este asunto, advirtieron que al parecer Monsanto sabía cómo iban a
ser usados sus productos y las consecuencias que tenían para la salud humana y
el ambiente, por lo que estos hechos podrían ser juzgados por la Corte Penal
Internacional si el crimen de ecocidio fuera reconocido.
La responsabilidad corporativa
La importancia
del proceso desarrollado en La Haya también radica en la necesidad de poder
juzgar los delitos cometidos por las corporaciones en el actual contexto. En ese
sentido, de acuerdo al Tribunal, hay un riesgo importante de una brecha
creciente entre legislación internacional de derechos humanos y ambientales y
legislación internacional de comercio e inversión. “Los organismos de la ONU
necesitan tomar acción de manera urgente; de otra manera cuestiones clave serán
resueltas en tribunales privados operando completamente fuera del marco de la
ONU”, advirtieron.
Asimismo,
llamaron a la necesidad de hacer responsables a actores no estatales dentro de
la legislación internacional de derechos humanos y afirmaron que ya
es tiempo de considerar a las empresas multinacionales como sujetos de ley que
pueden ser demandados en caso de infracción de derechos fundamentales.
“La opinión consultiva llama a los organismos de autoridad a proteger la
efectividad de la legislación internacional de derechos humanos y ambientales
contra la conducta de las corporaciones multinacionales”, señalaron.
Acerca del
impacto que la resolución del Tribunal a Monsanto pueda tener a partir de ahora,
Verzeñassi expresó que todo esto permite consolidar las investigaciones que se
vienen desarrollando y que las organizaciones y abogadxs de pueblos fumigados ya
están trabajando en la recuperación de los principios que se plantearon en La
Haya para iniciar acciones legales, e incluso para recuperarlos en aquellas
causas que ya están en marcha.
* Por Lucía
Maina para La tinta / Fotografías: es.monsantotribunal.org
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