Introduzcámonos en significados del «progresismo»: seguir delegando la soberanía
popular en organismos internacionales que, en verdad, dominan desde los
intereses imperialistas. En este caso pretende el convencimiento popular que
el sistema hecho para las transnacionales puede regularlas o 'suavizarlas' en su
saqueo y contaminación ambiental, social. Aún más negando la tiranía o
imposición de la derrota abajo en la lucha de clases se esmeran hacer creer que
esos oligopolios imperialistas "devuelvan
la soberanía y autodeterminación a los estados y a los pueblos, así como el
respeto de los principios de multilateralidad y supremacía de los derechos
humanos".
El impacto
de la acción de las transnacionales
para el campesinado
27 de septiembre de 2016
27 de septiembre de 2016
"Ni esta declaración ni el importante acervo
normativo internacional elaborado sobre los derechos humanos tendrá ninguna
eficacia si no se regula de manera vinculante la actividad de las empresas
transnacionales y se devuelve la soberanía y autodeterminación a los estados y a
los pueblos, así como el respeto de los principios de multilateralidad y
supremacía de los derechos humanos."
Segunda Sesión
OEIGWG – Ginebra, Octubre de 2016 - CETIM - LVC
La Vía Campesina
muestra su compromiso con la elaboración con el Tratado Vinculante. Exposición
de Federico Pacheco, SAT- Vía Campesina.
La Vía Campesina, como organización
internacional de las personas campesinas y trabajadoras rurales en general,
viene defendiendo desde hace más de dos décadas la superveniencia de la
agricultura y ganadería campesinas en todo el planeta, así como la pesca
artesanal, las comunidades indígenas y la sustentabilidad en el uso de los
recursos naturales y energéticos.
Venimos sufriendo desde mediados del siglo pasado una progresiva desaparición de las pequeñas explotaciones agrarias en favor de un sistema agroindustrial basado en la producción y comercialización a gran escala, la contaminación de la naturaleza, el derroche energético y el calentamiento climático, así como la explotación laboral de los trabajadores/as. La desarticulación y destrucción del mundo rural trae aparejado desempleo, miseria, hambre, y desplazamientos y emigración forzada en todo el planeta.El papel de las Empresas Transnacionales ha sido y es determinante en este proceso. Desde la llamada revolución verde, en que los abonos y pesticidas químicos comenzaron a envenenar las tierras, las aguas y a las personas, a la par que producían enormes beneficios a las grandes compañías internacionales, hasta las más de doscientos millones de hectáreas acaparadas en los últimos años por fondos de pensiones y sociedades multinacionales.
Asistimos también a un proceso de
concentración imparable en el que muy pocas corporaciones controlan los mercados
mundiales de semillas, plaguicidas y agroquímicos entre otros, así como la
determinación de los precios.
Los Tratados de Libre Comercio han venido a facilitar aún más su accionar al
limitar y anular cualquier política pública que perjudique sus intereses. La
imposición de la aperturas de fronteras, paraísos fiscales y tribunales de
arbitraje, ha supuesto un entramado jurídico-político que garantiza su impunidad
y hace imposible lograr reparaciones frente los desastres medioambientales y
sociales que producen.
Aún en esta difícil
situación constatamos que la mayor parte de la población mundial vive en el
medio rural y que es la agricultura campesina, a través de la distribución
local, la que provee la mayor parte de los alimentos a la población, generando
empleo y protegiendo la biodiversidad. Desde La Vía Campesina y muchas otras
organizaciones, venimos apostando por la primacía de los derechos humanos de los
pueblos y de las personas, por sobre los intereses y las ganancias de las
grandes empresas. En ese sentido estamos impulsando en el marco de las Naciones
Unidas la Declaración de Derechos Campesinos a fin de garantizar, defender y
promover los derechos a la soberanía alimentaria, el acceso a los recursos
naturales y productivos, a los mercados locales, a ingresos y servicios dignos
para productores y trabajadores rurales en general.
Sin embargo, ni
esta declaración ni el importante acervo normativo internacional elaborado sobre
los derechos humanos tendrá ninguna eficacia si no se regula de manera
vinculante la actividad de las empresas transnacionales y se devuelve la
soberanía y autodeterminación a los estados y a los pueblos, así como el respeto
de los principios de multilateralidad y supremacía de los derechos humanos. Los
campesinos y campesinas de todo el mundo estamos sufriendo la impunidad de estas
empresas ante la privación y contaminación de nuestras semillas, el
desapoderamiento de nuestras tierras, la intoxicación de nuestras poblaciones y
la criminalización y asesinato de nuestros dirigentes cuando se enfrentan a las
mismas , denuncian sus crímenes o exigen reparaciones.
Y esto es así,
porque estas corporaciones, con más poder que muchos estados, utilizan
eficazmente mecanismos de todo tipo para evitar el cumplimiento de las leyes e
incluso de sentencias judiciales de nivel nacional e internacional. Hemos
experimentado también cómo los compromisos sociales y ambientales asumidos por
estas grandes empresas de manera voluntaria funcionan como un elemento de
marketing y lavado de imagen con el objetivo de evitar pérdidas o ampliar
mercados y beneficios.
Necesitamos de
manera urgente un instrumento, específico para las empresas transnacionales,
vinculante y de obligado cumplimiento, que permita a los estados y a las
Naciones Unidas de controlarlas, limitarlas y hacerles respetar los derechos
humanos. Desde la Vía Campesina alentamos a los estados a retomar el espíritu de
la Carta de las Naciones Unidas y defender los intereses y derechos de sus
poblaciones, incluidas las del mundo rural, por sobre las presiones e intereses
de las grandes corporaciones.
Fuente: www..biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_impacto_de_la_accion_de_las_transnacionales_para_el_campesinado
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Avanza el consenso en la ONU sobre tratado
vinculante para transnacionales
28 de octubre de 2016
28 de octubre de 2016
Por
Sol Trumbo Vila
Alainet
Durante esta semana tiene lugar en la sede de Naciones Unidas en
Ginebra la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición
Abierta para la elaboración de un instrumento internacional, jurídicamente
vinculante, sobre empresas transnacionales (ETNs) y otras empresas de negocios
con respecto a los derechos humanos.
Estos trabajos se iniciaron a raíz de la
Resolución A/HRC/26/9 de junio de 2014, un logro histórico después de varios
intentos fallidos en las últimas cuatro décadas para construir un instrumento
jurídico vinculante sobre ETNs en Naciones Unidas.
Un aspecto particular de estas negociaciones,
reconocido por los propios Estados participantes, es la fuerte presencia de la
sociedad civil, tanto dentro como fuera del Palacio de las Naciones de Ginebra.
Siguiendo el éxito del año pasado, la Campaña Global para Desmantelar el Poder
Corporativo y Poner fin a la Impunidad (1), una coalición de 200 movimientos
sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades
afectadas por las ETNs, ha organizado una semana de movilización durante esta
semana con un exhaustivo programa de actividades.
Esta Campaña Global no sólo ha sido capaz de
movilizar decenas de delgados de todo el mundo que hacen llegar las voces de
millones de afectados a la sala plenaria donde se está discutiendo el contenido,
alcance, naturaleza y forma del futuro instrumento internacional. Por dos días,
la Campaña Global ha tenido su propio espacio de trabajo divulgativo y de
planificación estratégica en la Plaza de las Naciones, justo en frente del
Palacio de las Naciones Unidas.
Esta forma de acción de las luchas contra la impunidad, en Ginebra
recoge las experiencias de los Foros Sociales Mundiales y la ocupación de las
plazas ocurridas desde el año 2011. La acción directa en el espacio público como
práctica política que impide ocultar la problemática social, y la creación de
espacios auto-gestionados donde desarrollar proyectos comunes independientes.
Gracias a ello se han presentado y discutido trabajos sobre la privatización del
agua, la industria militar y la misma democracia; examinar los efectos de la
industria extractiva; y cómo trabajar de manera conjunta en el futuro en materia
de investigación y comunicación.
Sin embargo, los miembros de la Campaña no se han limitado a la
acción directa en el espacio público, han presentado conjuntamente 6
propuestas para ser incluidas en el tratado en discusión .
Y participan de acciones de incidencia y acción ante las delegaciones oficiales
junto con el conjunto de ONGs de la Alianza
por el Tratado ,
de la cual también es parte e impulsó su fundación.
Las propuestas inciden desde el marco general el enfoque y
alcance del Tratado, hasta mecanismos muy concretos para hacer frente a la
impunidad existente. En los primeros días de trabajo, los Estados y
panelistas invitados han repasado la adecuación de los instrumentos
internacionales existentes. La opinión general de los Estados y actores sociales
participantes es que los marcos voluntarios sin obligaciones no son suficientes
para hacer frente a las violaciones derechos humanos en las que las ETNs son las
principales responsables. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha sido un
fracaso, como se ha recordado en la sala exponiendo ejemplos paradigmáticos como
el de Chevron (antes Texaco) en la Amazonía Ecuatoriana que, entre otros
crímenes cometidos durante décadas, han hecho desaparecer a dos pueblos
originarios. Otro trágico ejemplo es el desastre de Rana Plaza en Bangladesh,
donde resultaron muertas más de mil personas que trabajaban para las mayores
transnacionales del sector textil, como la española Zara.
Los modelos de negocio de estas ETNs con complejas cadenas de valor con múltiples subcontrataciones, constatan la necesidad de legislar las obligaciones extraterritoriales de los gobiernos en relación a las ETNs y los derechos humanos, y la responsabilidad solidaria y mancomunada de las ETNs con sus directores y cadenas de valor, dos de las propuestas concretas de la Campaña Global. Uno de los caballos de batalla de aquellos que se oponen a los instrumentos vinculantes son los Principios Guía de Ruggie, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2011 y en proceso de implementación. Estos principios han sido tan cuestionados como la RSC en Ginebra, al evidenciarse la falta de acceso a la justicia de comunidades afectadas por violaciones cometidas por ETNs que no implementan voluntariamente medidas efectivas. Frente a ello, la Campaña Global propone la creación de un Tribunal Internacional sobre ETNs y derechos humanos.
La necesidad de tomar en consideración el rol de
Instituciones Financieras Internacionales (como el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial) no escapa a las propuestas y el análisis de la Campaña
Global. El rol de estas instituciones en la
financiación de grandes proyectos llevados a cabo en su gran mayoría por ETNs
merece una consideración especial, y se propone que estén obligadas a asegurar
que los proyectos financiados respeten los derechos humanos, y de no ser así,
puedan ser juzgadas de acuerdo a los términos del nuevo tratado.
En las últimas décadas, la actuación de las
ETNs ha venido de la mano de un incremento sin precedentes de la firma de
Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión. El mensaje de la
Campaña Global es claro, los derechos humanos deben primar sobre los derechos
comerciales, conocidos como Lex Mercatoria. Uno de los momentos que ha
evidenciado la desconexión con la realidad o falta de argumentos de los
opositores al nuevo tratado vino de la mano del representante de los negocios
internacionales de empresas estadounidenses, afirmando que los Tratados de Libre
Comercio son "una forma de protección de los derechos humanos".
Aunque falta varios días para finalizar la
sesión, la presencia de más Estados que el año anterior augura un buen futuro a
este proceso. No llama la atención la ausencia de estados relevantes como
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, cuyo compromiso con opciones que no
obliguen a sus transnacionales les impide participar, a pesar de que habría
espacio para que se unan al proceso. La entrada de la Unión Europa, aunque
presenta grandes reservas y reitera la necesidad de involucrar a los actores
empresariales, es también positiva. Especialmente cuando los pueblos afectados
por las ETNs, organizados para este proceso, están demostrando su capacidad de
marcar la agenda del nuevo Tratado.
Nota:
Sol Trumbo Vila es investigador en el
Transnational Institute (TNI) y activista en varias redes internacionales como
la “Campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la
impunidad".
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