Hace nueve años que el kirchnerismo construye hegemonía para hacer
posible la legitimación de la ocupación y devastación de los territorios
mediante el tan elogiado crecimiento económico. No sólo induce la creencia
mayoritaria en que estamos en un presente promisorio y participamos de una
gesta patriótica. Sino también, ante las graves consecuencias del modelo
extractivo pone todo el Estado para estigmatizar, criminalizar o invisibilizar las resistencias, también para convencer del bienestar que habrá y si no lo consigue ataca intimando a pueblos e individuos desobedientes.
De ahí la importancia de
programar la unidad de voluntad emancipatoria de las organizaciones y los
pueblos que asumen las banderas (trabajo, dignidad y cambio social) por las que
lucharon Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki. Pero ¿rumbear hacia dónde? La disyuntiva se
da entre construir otro Estado desde abajo y hacia la izquierda para asumir el
desafío planteado por el Encuentro Internacional de Seguridad Alimentaria
con Soberanía en las Américas o articular la afirmación de la autonomía de
los diversos de abajo frente al Estado en la construcción de la soberanía
alimentaria. Prefiero la última alternativa que ya está en marcha como
oposición al extractivismo y como lucha campesina e indígena. Por ejemplo:
Declaración de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe
Nuestro país
está inmerso en un proceso de agriculturización intensiva, industrial,
basada en la utilización de químicos que produce la concentración de
capitales y propiedades, la desaparición de la agricultura familiar y de
pequeños y medianos productores. Las migraciones internas, el incremento
de refugiados ambientales concentrados en villas miserias, como también
la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo,
son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población.
En las
arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras de
Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en
Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los
niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en las alfombras verdes en
que se han convertido los mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se
observa la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos,
muertos y tierra arrasada. Los más de 350 millones de litros de
agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja,
revolotean sobre nuestras cabezas y además de contaminar el ambiente en
que vivimos, son aspirados, absorbidos o simplemente consumidos junto
con los alimentos.
Independientemente de la aventura que significa someter la política
agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero
internacional que ha tomado a las materias primas como objeto de su
especulación, el reciente Plan Estratégico Agroalimentario (PEA)
propone, entre otras cosas, el aumento de la superficie cosechada en un
20% cuando la mayoría de las provincias, inclusive la nuestra, se
encuentran al límite de uso de sus tierras productivas. En Santa Fe,
donde se produce el 80% del biodiesel del país, el Estado Provincial ha
asumido seriamente la producción de agrocombustibles proliferando las
plantas, principalmente, en el cordón industrial de Rosario lo que
significará seguir destinando cada vez más hectáreas que darán de comer
a los tanques de los vehículos antes que a la gente. Los gobiernos
provinciales, municipales y comunales pueden convertirse en vasallos y
rehenes del Fondo Sojero y ser parte del problema, o ponerse al lado de
sus poblaciones en defensa de la salud y la vida, mientras tanto, las
tasas de mortalidad y de morbilidad se incrementan en los pueblos
fumigadas.
Por todo
esto, llamamos a los pueblos fumigados a ponerse en movimiento en
defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado que
garantice el desarrollo humano de esta generación sin comprometer a las
generaciones futuras. Para cada ciudadano argentino, la Constitución
Nacional nos brinda este derecho pero también nos obliga a preservarlo
así como obliga al Estado a la protección de ese derecho, a la
utilización racional del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica. La participación activa del Estado -en todos sus
niveles- en políticas como las mencionadas lo ubica directamente del
lado de las corporaciones a las que muy poco les interesa la salud de
los argentinos (...)".
saludelospueblosargentina@gruposyahoo.com.ar
Fuente: Boletín de Noticias de Movida Ambiental
Fuente: Boletín de Noticias de Movida Ambiental
A su vez, los pueblos indígenas andinos y sus
organizaciones señalan:"
Estamos convencidos de que en el marco del
sistema capitalista no es posible hallar soluciones a la crisis climática. Los Estados toman acuerdos en las
conferencias internacionales para luego hacer exactamente lo contrario
en sus países. Entre su obligación de proteger derechos y salvaguardar
la vida y servir a los intereses de las corporaciones multinacionales,
optan por lo segundo.
En la Cumbre de la Tierra Río’92, 178 países
aprobaron la Agenda 21, un conjunto de medidas a aplicarse en todos los
ámbitos en los que los seres humanos afectan a la Madre Tierra. Veinte
años después, los Estados, antes de tomar nuevos acuerdos, deben evaluar
autocríticamente cuánto se ha cumplido de la Agenda 21.
Ahora, en Río+20, retoman el tema del
desarrollo sostenible e introducen el de economía verde. La agenda está
marcada por los negocios y se orienta a la mercantilización de la Madre
Tierra, solo busca fortalecer el capitalismo. Pretenden imponernos un
pensamiento único, cuando hoy más que nunca es indispensable incorporar
todos los pensamientos, todas las cosmovisiones y todas las culturas al
debate y la construcción de propuestas.
En las cumbres de desarrollo sostenible y las
conferencias de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas los
países ricos eluden su responsabilidad, se niegan a modificar sus
patrones de consumo, a reducir sus voluminosas emisiones de gases de
efecto invernadero y solo acuerdan falsas soluciones basadas en los
mecanismos de mercado.
Los Estados andinos carecen de políticas
públicas para la protección de los glaciares, los páramos, el agua y la
biodiversidad andina. Esto es producto de la presión de las
corporaciones multinacionales que imponen las políticas económicas
extractivistas que los gobiernos implementan. La minería se instala en
nuestras cabeceras de cuenca, acaparando y destruyendo nuestras fuentes
de agua.
Para facilitar el saqueo de los bienes
naturales por las actividades extractivas, los Estados acuerdan
megaproyectos como los de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y firman con los países
industrializados tratados de libre comercio que impactan sobre los
derechos de los pueblos y sobre la naturaleza. Las protestas ante estos
atropellos son respondidas con la criminalización y con la
militarización de los territorios (...)".
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151026