El
gobierno-Estado K ha reducido el debate sobre YPF (como siempre que
busca interpelar a las mayorías) a un enfoque dicotómico para ocultar las
decisiones tomadas en desmedro de necesidades e intereses populares y acortar la
deliberación pública. Por el
contrario, en vez de circunscribirlo
a si el Estado debe
intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la recuperación de la renta
petrolera,
el
Observatorio Petrolero Sur ( OPSur)
ante
el proyecto de ley de Soberanía Hidrocarburífera(19-04-2012)
declara:
"(...)Si bien celebramos la medida
creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético,
que se ha circunscripto a un abordaje económico. Consideramos que aún hay mucha
tela para cortar".
Propone instalar debates
como los planteados por las siguientes preguntas:
porqué la
soberanía energética no es asegurada por la expropiación del 51% de
YPF; cómo no hay cambio estructural del sector
energético por priorizar el modelo de acumulación monopólica sobre la vida
mayoritaria y qué grado de avasallamiento de los pueblos supone impulsar la
extracción de hidrocarburos no convencionales
Raúl Zibechi,
en "Ecuador:
la construcción de un nuevo modelo de dominación" aporta a nuestra
comprensión de cómo gobiernos-estados imponen la concentración y
transnacionalización tanto económica como territorial: "(...) control de las organizaciones sociales y expulsión del
aparato estatal. Pero la Revolución Ciudadana fija un nuevo mecanismo de
participación, ya no anclado en los movimientos que eligen a sus
representantes para participar en determinadas instituciones, sino en
base a la selección de ciudadanos por concurso de méritos. Como el
discurso oficial dice que el Estado es de todos, se apela al ciudadano
individual no organizado para ocupar esos espacios. El Estado se cierra
a los sectores organizados (porque son portadores de corporativismo y
por lo tanto de ineficiencia y corrupción) y en su lugar elige, o
coopta, a personas por goteo sin que tengan la menor representatividad
social y política. Quienes los eligen conforman la alianza de
funcionarios y tecnócratas que sustenta la Revolución CIudadana. El
investigador Pablo Ospina concluye: “El gobierno ciudadano parece
querer sustentarse en el puñado de intelectuales que forman su núcleo
dirigente. Un núcleo cada vez más dependiente del liderazgo, la
autoridad y el apoyo electoral de la intelectual y académica figura del
Presidente de la República”
(...)
Si la financierización del sistema puso fin al Estado benefactor, en el Sur la acumulación por desposesión frena y revierte el proceso de desarrollo por sustitución de importaciones. Más allá del color político de quienes administran el aparato estatal, son los megaemprendimientos mineros, los monocultivos y la explotación de los hidrocarburos lo que devuelve centralidad Estado. Pero no cualquier Estado, ni cualquier centralidad, sino aquella capaz de convertir a los movimientos en terroristas. O, en el menos agraviante de los casos (Lula, Mujica, Kirchner…), en obstáculos al progreso. En cualquier caso, enemigos a derrotar.
No
sólo. También
un Estado capaz de controlar e integrar, de infiltrar la
sociedad y sus organizaciones autónomas, un “Estado capilar” complemento
del “Estado fuerte”.
El gobierno ecuatoriano creó el Registro
Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), vinculado al
registro impositivo. El registro obliga a todas las organizaciones a
inscribirse de modo que el régimen tiene ahora información detallada y
ha sido capaz de advertir a dirigentes campesinos e indígenas por no
haber pagado los impuestos de sus organizaciones (...)".
Fuente:
http://www.lahaine.org/index.php?p=54891
El
desafío a la otra comunicación es facilitar la instalación de espacios
en común de deliberación y su articulación en todo el país-mundo que
derrote al Estado fuerte y al capilar.
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