Gobierno-Estado CFK. Hipótesis en Otro país-mundo reflexiona sobre la importancia de programar la unidad de voluntad emancipatoria de las organizaciones y los pueblos que asumen las banderas de: trabajo, dignidad y cambio social

Hace nueve años que el kirchnerismo construye hegemonía para hacer posible la legitimación de la ocupación y devastación de los territorios mediante el tan elogiado crecimiento económico. No sólo induce la creencia mayoritaria en que estamos en un presente promisorio y participamos de una gesta patriótica. Sino también, ante las graves consecuencias del modelo extractivo pone todo el Estado para estigmatizar, criminalizar o invisibilizar las resistencias, también para convencer del bienestar que habrá y si no lo consigue ataca intimando a pueblos e individuos desobedientes.

De ahí la importancia de programar la unidad de voluntad emancipatoria de las organizaciones y los pueblos que asumen las banderas (trabajo, dignidad y cambio social) por las que lucharon Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Pero ¿rumbear hacia dónde? La disyuntiva se da entre construir otro Estado desde abajo y hacia la izquierda para asumir el desafío planteado por el Encuentro Internacional de Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas o articular la afirmación de la autonomía de los diversos de abajo frente al Estado en la construcción de la soberanía alimentaria. Prefiero la última alternativa que ya está en marcha como oposición al extractivismo y como lucha campesina e indígena. Por ejemplo:

 

Declaración de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe

Nuestro país está inmerso en un proceso de agriculturización intensiva, industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración de capitales y propiedades, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores. Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales concentrados en villas miserias, como también la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población.

En las arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras de Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en las alfombras verdes en que se han convertido los mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se observa la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada. Los más de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja, revolotean sobre nuestras cabezas y además de contaminar el ambiente en que vivimos, son aspirados, absorbidos o simplemente consumidos junto con los alimentos.

Independientemente de la aventura que significa someter la política agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero internacional que ha tomado a las materias primas como objeto de su especulación, el reciente Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) propone, entre otras cosas, el aumento de la superficie cosechada en un 20% cuando la mayoría de las provincias, inclusive la nuestra, se encuentran al límite de uso de sus tierras productivas. En Santa Fe, donde se produce el 80% del biodiesel del país, el Estado Provincial ha asumido seriamente la producción de agrocombustibles proliferando las plantas, principalmente, en el cordón industrial de Rosario lo que significará seguir destinando cada vez más hectáreas que darán de comer a los tanques de los vehículos antes que a la gente. Los gobiernos provinciales, municipales y comunales pueden convertirse en vasallos y rehenes del Fondo Sojero y ser parte del problema, o ponerse al lado de sus poblaciones en defensa de la salud y la vida, mientras tanto, las tasas de mortalidad y de morbilidad se incrementan en los pueblos fumigadas.

Por todo esto, llamamos a los pueblos fumigados a ponerse en movimiento en defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado que garantice el desarrollo humano de esta generación sin comprometer a las generaciones futuras. Para cada ciudadano argentino, la Constitución Nacional nos brinda este derecho pero también nos obliga a preservarlo así como obliga al Estado a la protección de ese derecho, a la utilización racional del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. La participación activa del Estado -en todos sus niveles- en políticas como las mencionadas lo ubica directamente del lado de las corporaciones a las que muy poco les interesa la salud de los argentinos (...)". saludelospueblosargentina@gruposyahoo.com.ar
 Fuente: Boletín de Noticias de Movida Ambiental

 

A su vez, los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones señalan:" Estamos convencidos de que en el marco del sistema capitalista no es posible hallar soluciones a la crisis climática. Los Estados toman acuerdos en las conferencias internacionales para luego hacer exactamente lo contrario en sus países. Entre su obligación de proteger derechos y salvaguardar la vida y servir a los intereses de las corporaciones multinacionales, optan por lo segundo.

En la Cumbre de la Tierra Río’92, 178 países aprobaron la Agenda 21, un conjunto de medidas a aplicarse en todos los ámbitos en los que los seres humanos afectan a la Madre Tierra. Veinte años después, los Estados, antes de tomar nuevos acuerdos, deben evaluar autocríticamente cuánto se ha cumplido de la Agenda 21.

Ahora, en Río+20, retoman el tema del desarrollo sostenible e introducen el de economía verde. La agenda está marcada por los negocios y se orienta a la mercantilización de la Madre Tierra, solo busca fortalecer el capitalismo. Pretenden imponernos un pensamiento único, cuando hoy más que nunca es indispensable incorporar todos los pensamientos, todas las cosmovisiones y todas las culturas al debate y la construcción de propuestas.

En las cumbres de desarrollo sostenible y las conferencias de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas los países ricos eluden su responsabilidad, se niegan a modificar sus patrones de consumo, a reducir sus voluminosas emisiones de gases de efecto invernadero y solo acuerdan falsas soluciones basadas en los mecanismos de mercado.

Los Estados andinos carecen de políticas públicas para la protección de los glaciares, los páramos, el agua y la biodiversidad andina. Esto es producto de la presión de las corporaciones multinacionales que imponen las políticas económicas extractivistas que los gobiernos implementan. La minería se instala en nuestras cabeceras de cuenca, acaparando y destruyendo nuestras fuentes de agua.

Para facilitar el saqueo de los bienes naturales por las actividades extractivas, los Estados acuerdan megaproyectos como los de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y firman con los países industrializados tratados de libre comercio que impactan sobre los derechos de los pueblos y sobre la naturaleza. Las protestas ante estos atropellos son respondidas con la criminalización y con la militarización de los territorios (...)". Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151026