El
gobierno-estado CFK hace posible el constante
enriquecimiento de los grupos económicos locales a costa de la vida
mayoritaria y su calidad. Continúa con la
"Generación y sostenimiento de un ámbito privilegiado de acumulación en
el transporte ferroviario de pasajeros. (1990-2003)". Verónica Pérez
dice en:
Introducción En el presente trabajo se aborda el caso de la
concesión de los servicios ferroviarios de pasajeros del área
metropolitana de Buenos Aires, que tuvo lugar durante el
primer quinquenio de la década de los noventa como parte del proceso
privatizador de empresas públicas en Argentina El argumento que se
sostiene es que la concesión de los ferrocarriles urbanos
presentó importantes similitudes con los rasgos generales del proceso
privatizador, fundamentalmente en lo que refiere a la orientación de la
intervención económica estatal, la cual configuró condiciones favorables
a la conformación de un ámbito privilegiado de acumulación en el sector
(en adelante APA), si por estos se entiende, tanto por sus
características constitutivas como por su modo de funcionamiento, “una
red integrada por prácticas, actores, actividades económicas y
regulaciones normativas, que permiten la generación y sostenimiento
de diversos mecanismos de obtención de cuasi-rentas de privilegio que
son apropiadas por las firmas privadas involucradas” (Castellani, 2009:
6). En este sentido y en oposición a la concepción según la cual el
período privatizador se caracterizó por un marcado “retiro del Estado”,
aquí se sostiene que uno de sus rasgos principales lo constituye la
fuerte regulación económica estatal dirigida a sostener espacios de nulo
riesgo empresario y obtención de ganancias extraordinarias, tanto para
las empresas que participaron directamente de las privatizaciones, como
para aquellas que quedaron ligadas al proceso privatizador y que fue
justamente este rasgo distintivo del proceso el que posibilitó, para el
caso de la concesión de trenes urbanos, la conformación de un APA.(...)
La
privatización de los servicios públicos se constituyó en un "hito
fundamental" no sólo porque se transfirieron activos subvaluados
sino fundamentalmente porque se transfirió un poder regulatorio decisivo
sobre la economía en su conjunto a un núcleo muy reducido de grandes
actores económicos (Azpiazu, 2002). Se trató, como observan algunos
autores, de una verdadera “prenda de paz”, en la medida en que las
privatizaciones posibilitaron la resolución de las contradicciones entre
la banca acreedora y los grandes grupos económicos locales, las cuales
quedarían transitoriamente saldadas a partir de la convergencia de
intereses en los consorcios que se harían cargo de las empresas
públicas. Por el lado de la banca acreedora, las privatizaciones podían
restablecer el pago de los servicios de la deuda externa mediante la
instrumentación del mecanismo de capitalización de los títulos de la
deuda en la transferencia de los activos estatales; mientras que en lo
concerniente a los grupos económicos locales y los conglomerados
extranjeros radicados en el país, las mismas suponían la apertura de
nuevos mercados y áreas de actividad con nulo riesgo empresario, en la
medida en que se trataba de la transferencia o concesión de activos a
ser explotados en el marco de mercados mono u oligopólicos, con
ganancias extraordinarias garantizadas, en muchos casos, por vía legal (Abeles,
1999). Por su parte, las pérdidas resultantes por la desregulación
económica y la apertura del mercado, se encontrarían más que
compensadas por el acceso a la propiedad de activos estatales de gran
magnitud y altas tasas de rentabilidad. En la propiedad de estos
consorcios convergieron, en la mayoría de los casos,
bancos transnacionales, grupos económicos locales, conglomerados
extranjeros y empresas transnacionales, dando lugar a una forma de
propiedad inédita en la economía local que impulsó la conformación de
una verdadera “comunidad de negocios” con capacidad para influir sobre
el sistema político y el rumbo de la economía en su conjunto (Basualdo,
2000).
Estas oportunidades creadas por la política de privatización de
empresas públicas supusieron la conformación de un nuevo tipo de
empresas, las asociaciones, las cuales se caracterizaron por la
obtención de importantes márgenes de rentabilidad (Basualdo, 2000;
Castellani, 2002). En este esquema, cada fracción capitalista tenía su
función dentro los consorcios asociados, situación que partía de una
visión estratégica: mientras las fracciones extranjeras aportarían
su capacidad tecnológica y los bonos de la deuda, las fracciones
nacionales contribuirían con su capacidad de "lobby". En cuanto al
perfil de inserción estructural de los grupos que participaron de
los consorcios adjudicatarios, se distinguen cuatro tipos de estrategias
que acentuaron el grado de concentración de la propiedad de las empresas
y áreas “desestatizadas” en un muy reducido número de grandes agentes
económicos: concentración, integración vertical, diversificación
y conglomeración (Azpiazu, 1994; Abeles, 1999). Si se atiende al modo
como se llevó a cabo el proceso privatizador todos los autores que
trabajan la temática destacan su celeridad y la creación de marcos
regulatorios que garantizaron reservas de mercado y acceso a
cuasi-rentas de privilegio. Los mecanismos instrumentados consolidaron
el control por parte de los sectores dominantes de los principales
resortes jurídicos e institucionales en los que se basaba el accionar
del aparato estatal, principalmente los vinculados a la determinación
tarifaria y a los marcos regulatorios de las empresas privatizadas.(...)Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/2012/vp.html
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Ferrocarriles:
después de la tragedia
La tragedia
ferroviaria de Once no es un hecho aislado. Por el contrario es la
máxima expresión de una historia de decadencia y deterioro de muchas
décadas, que se expresa más que trágicamente en esta coyuntura.
Por
Eduardo Lucita.
"Finalmente el gobierno le retiró la concesión de las líneas Mitre y
Sarmiento a TBA, el “accidente” de hace tres meses atrás y las
conclusiones a que va arribando la investigación judicial, la presión de
familiares de las víctimas y de los sindicalistas antiburocráticos, no
permitían postergar más la decisión.
Para los especialistas existían numerosos indicadores que mostraban que
una situación así era posible:
a)
Informaciones recientes dan cuenta que en los diez años que van de 1996
a 2006 hubo más de 800 accidentes de distinta envergadura en la línea
Mitre y unos 1.100 en la Sarmiento.
b) Los trenes de carga no le van en zaga: los descarrilos y los inconvenientes en el tráfico son permanentes en este servicio.
c) Los informes de la AGN como los de la CNRT reportan problemas de mantenimiento, inversión y gestión operativa que corroboran las numerosas denuncias oportunamente elevadas por los delegados de base.
b) Los trenes de carga no le van en zaga: los descarrilos y los inconvenientes en el tráfico son permanentes en este servicio.
c) Los informes de la AGN como los de la CNRT reportan problemas de mantenimiento, inversión y gestión operativa que corroboran las numerosas denuncias oportunamente elevadas por los delegados de base.
No
se trata de un destino trágico del modo ferroviario sino de una historia
de decadencia y deterioro de muchas décadas, que se expresa más que
trágicamente en esta coyuntura.
Hace poco más de un siglo y medio el camino de hierro comenzaba a
extenderse por el país, a integrar su geografía, a dar vida a pueblos y
ciudades. El impulso fue estatal, no podía ser de otra manera en un país
como el nuestro. Desde entonces a hoy mucha agua ha pasado, muchos
trenes corrieron por las vías y muchos otros dejaron de correr..."
Eduardo Lucita plantea: ¿Qué hacer?
Los
servicios están colapsados y los subsidios crecen sistemáticamente. El
carácter de servicio público y el interés social general no son tenidos
en cuenta. La privatización ferroviaria ha sido un fracaso y una estafa
en gran escala.
El
quite de las concesiones es un paso adelante pero ninguna solución de
fondo. El Estado debe revertir de inmediato las privatizaciones y
hacerse cargo integralmente de los ferrocarriles, incluidos los
servicios de carga que son los verdaderamente rentables y que en todo el
mundo subsidian a los de pasajeros. Hay suficientes razones jurídicas,
económicas y sociales como para no demorar más esta decisión.
Pero será incompleta si no está integrada en la formulación de un Plan
Nacional de Transporte que articule y complemente los distintos modos
alternativos según sus costos de operación y el beneficio público.
Claro que nadie quiere volver al pasado. Habrá que buscar
la forma jurídica que le asigne carácter de “empresa pública” y una
forma democrática de gestión que contemple la participación y el control
de los trabajadores, de los usuarios y de los diversos sectores de la
ciudadanía. Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=5086
A mi criterio se trata del desafío
de construir voluntad política mediante la unidad en diversidad abajo
para constituir una empresa pública a cargo del
Plan Nacional de Transporte porque el gobierno-Estado CFK
persiste con la comunidad de negocios de las concesiones ferroviarias.
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